Una directiva europea pone posible fecha de caducidad a la Ley de Propiedad Intelectual
Concebida como una de las púas de ese tridente jurídico que es la Ley de Seguridad Ciudadana, la LPI ha sabido incendiar los ánimos de casi todos ante un horizonte hasta ahora poco explorado por novedoso, el de la regulación de Internet. Aprobada exclusivamente con la mayoría absoluta del partido de Gobierno, el PP, los primeros resultados de esta reforma a solo unas semanas de su puesta en práctica ya han sido calificados por el titular de Cultura, José Ignacio Wert, como muy positivos.
"Muchas webs han retirado contenidos que vulneran derechos de propiedad intelectual, han desaparecido páginas enteras de enlaces a contenidos ilegales y lo que vemos es que el tráfico hacia esas páginas y esas webs ha disminuido considerablemente", afirmó el ministro en una entrevista con RNE, para agregar que, en el caso del cierre de Google News, se trata de una decisión puramente empresarial, y como tal nosotros no tenemos que entrar en ella?; aunque a su juicio, esta se ha puesto en práctica de manera prematura.
Europa prepara su directiva.
Ambas cuestiones mencionadas por Wert, el cierre de páginas de enlaces y la clausura de Google News, responden a dos vertientes diferentes del ámbito que cubre la reforma de la LPI. El primero atañe a la criminalización del enlace prevista por la ley que, como novedad, introduce sanciones de entre 150.000 y 600.000 euros a los responsables de las webs que proporcionen listados ordenados de links que redirijan a contenidos protegidos por los derechos de autor. Estas multas se imponen desde la llamada Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que tiene potestad para clausurar publicaciones virtuales sin la necesidad de una orden judicial, hecho hasta ahora inédito.
Si antes de este 1 de enero aún estábamos a la espera de la redacción de un conjunto pormenorizado de reglas que detallaran exactamente cómo, cuándo y cuánto se impondrían estos castigos, varias semanas después la situación continúa en el mismo punto que entonces. Hay una absoluta opacidad por parte del Ministerio de Cultura, que no ha proporcionado ninguna información sobre el reglamento que debía redactarse, explica Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. La situación es de parálisis total y a la expectativa.
Aunque un buen número de páginas como se jactaba Wert- han cerrado o retirado sus contenidos para evitar futuros castigos, lo cierto es que por el momento la Sección Segunda no ha ejecutado ninguna medida, algo que en cualquier caso era de esperar, ya que los tiempos de resolución de los expedientes se situaban desde antes en alrededor de un año. Por otro lado, como añade Domingo, hay un montón de agregadores sectoriales (los afectados por la 'tasa Google', no por los enlaces) que están cerrando o tomando medidas, por si el reglamento que se presente tiene carácter retroactivo al 1 de enero.
La buena noticia a la que se remite tanto el portavoz de los internautas como otros expertos consultados para este reportaje es que desde Europa se está haciendo una directiva sobre la ley de copyright que, dados los visos que está tomando su redacción, hace que esta LPI tenga los días contados. La gran lucha para la sociedad civil ahora mismo es estar presente en el frente de influencia en esa directiva de la UE, sostiene Simona Levi, de la plataforma XNet (antes Exgae), que trabaja por la democracia en Red, y que ya en 2010 elaboró la Carta para la Innovación, la Creatividad y el Acceso al conocimiento, con extensas recomendaciones sobre cómo gestionar la propiedad intelectual en la era digital. Ante una mayoría absoluta obtusa, retrógrada e incompetente, es fundamental actuar al nivel de Europa.
El enlace conforma los cimientos de Internet
Prevista para su aprobación el próximo 20 de mayo, la citada directiva de la UE se encuentra en estos momentos en fase de borrador. Es por ello que tanto Levi como Domingo insisten en dar la batalla en Bruselas, algo que ambos aseguran estar haciendo ya desde sus respectivas atalayas. La eurodiputada a cargo de la elaboración del documento base a partir del cual la Comisión Europea elaborará su reforma es la alemana Julia Reda, del Partido Pirata. De 28 años, y como representante de una formación política internacional que sitúa a Internet en la centralidad de la organización social, su participación convence a los detractores de la LPI española.
En el texto, que en principio aspira a armonizar la situación entre los diferentes países de la Unión, Reda apunta que la fragmentación está ahora exacerbada por la reciente introducción por parte de algunos Estados miembro de ciertos derechos conexos enfocados particularmente en los usos online (por ejemplo, en 2013 y 2014, Alemania y España introdujeron las llamadas leyes de copyright 'secundarias' para los editores de prensa, concentradas en los agregadores de noticias), y más generalmente por la inadecuación de las actuales leyes de derechos de autor de la UE para el aumento del intercambio cultural transfronterizo facilitado por Internet.
( ) No podemos asumir que la futura legislación Europea se mantendrá al día con respecto a los desarrollos tecnológicos, agrega el documento. En realidad, lo más probable es que la legislación se quedará atrasada frente a esos desarrollos. Por tanto, deben introducirse cambios legales para permitir la adaptación de nuevas e imprevistas formas de expresión cultural. Esta flexibilidad podría alcanzarse a través de la introducción de una norma abierta que pudiera aplicarse a la lista de excepciones y limitaciones ( ). La principal objeción planteada contra la introducción de un norma abierta es que podría resultar en una interpretación fragmentaria por parte de los tribunales nacionales.
La clave fundamental que guarda esta potencial directiva europea en lo que respecta a España tiene que ver, en cualquier caso, con la cuestión de la criminalización de los enlaces. En ese sentido, el escrito subraya que la capacidad de enlazar libremente de una fuente a otra es uno de los pilares fundamentales de Internet. De ahí el llamamiento que lanza la eurodiputada a clarificar que la referencia a trabajos por medio de un hiperenlace no está sujeta a derechos exclusivos, ya que esta no da lugar a una comunicación a un nuevo público. Tal afirmación se fundamenta en la jurisprudencia sentada tras la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión europea sobre el caso BestWater, que afirma que colocar links (o embeber vídeos) no significa hacer público un contenido, porque este ya era público en origen, lo que exime de toda responsabilidad por tales enlaces.
Los enlaces viajan al extranjero
Con la misma rapidez con que han desparecido las páginas de enlaces españolas a películas o series, han empezado a florecer las webs extranjeras que proporcionan links a contenidos en español. El quid de la cuestión reside en ese 'español', que marca el alcance geográfico de la LPI. Menéame, a través de su socio fundador, Ricardo Galli, ya ha afirmado en diversas ocasiones que se plantea salir del país para ofrecer su servicio aquí pero desde fuera, decisión que mantiene a la espera de la publicación del reglamento ya citado.
En la presentación esta misma semana del documento marco La cultura que Podemos, que contiene los grandes ámbitos de actuación que el partido de Pablo Iglesias se plantea en materia cultural, los representantes de la formación incidieron en la idea de que la legislación de propiedad intelectual debe hacer que el acceso legal (a la cultura online) sea fácil y deseable. La cuestión, sin duda, queda lejos de ser baladí. Si bien existen en España diferentes plataformas para el acceso conforme a la ley a películas o series en línea léase Wuaki.tv, Yomvi, Filmin o Filmotech, entre otras varias- lo cierto es que la oferta es innegablemente limitada.
De acuerdo con un estudio elaborado por la Asociación de Internautas en 2010, los usuarios habían digitalizado entonces 1.229 series de todos los tiempos para compartir en redes P2P (auditaron exactamente 54.915 capítulos repartidos en 2.267 temporadas). De ellas, estaban disponibles a la venta solo unas 400?. Si por ejemplo quiero ver Bonanza, solo puedo encontrarla en Internet, ilustra Domingo. Esto es ilegal, pero es que simplemente no hay otra posibilidad. De ahí la expectación general ante el posible desembarco en España de la estadounidense Netflix, que sí cuenta con un amplio catálogo. Pero las entidades de gestión les ponen tarifas imposibles, sentencia Levi, ?porque les conviene defender un statu quo obsoleto pero que da dinero.
¿Hacia dónde van las entidades de gestión?
Ante los escándalos de corrupción destapados en torno a las entidades de gestión de derechos de autor, principalmente el caso Saga, que afectó a la SGAE y a su entonces presidente ejecutivo Eduardo Teddy Bautista, la reforma de la LPI prevé una mayor fiscalización y control de la transparencia y las buenas prácticas de estas sociedades. Con respecto a las tarifas que cobran por hacer uso de materiales con copyright, como explica el abogado especialista Pablo Hernández, del bufete Elzaburu, queda pendiente la aprobación de una orden ministerial que fije las cantidades. El ministerio ha circulado una suerte de cuestionario para tener un cuerpo de opiniones, pero aún no se ha aprobado.
Desde XNet, en todo caso, abogan, si no por su desaparición, sí al menos por una redimensión de las capacidades de estas entidades. Son absolutamente inútiles y obsoletas: ahora mismo todo se puede monitorizar desde Internet para el reparto de los beneficios comerciales, argumenta Levi. El statu quo se basa en un cuello de botella, porque todos los derechos de autor acaban en sus manos, y el reparto es totalmente injusto: el dinero va a parar mayoritariamente a una élite vinculada a lo comercial.
La Tasa Google, en punto muerto
La situación con Google News es la misma que desde diciembre.Por ahora no se ha desarrollado el reglamento de la ley, por lo tanto no tenemos más información sobre si se podría o no restablecer el servicio en España?. Así contestan desde la empresa de Internet a la pregunta de cómo evoluciona la coyuntura relativa a la denominada Tasa Google. Impulsada por el lobby de las grandes cabeceras periodísticas, AEDE, esta medida implica que los agregadores de noticias (Google News y otros como Yahoo News o Menéame), deben pagar un canon por publicar listados de enlaces que redirigen a noticias de medios de comunicación, no solo los adscritos a AEDE, sino todos, que por ley no pueden renunciar a esa remuneración.
Dado que la respuesta de Google ha sido no claudicar, sino directamente marcharse, es por eso que se montó la que se montó, como dice Domingo. El ministerio se ha quedado paralizado sobre cómo solucionar esto, y es un tema que nos tiene absolutamente preocupados. Lo que esconde esta tasa es que los ciudadanos podemos ser perseguidos por citar?, subraya Levi, pero ante esto nos ampara el Convenio de Berna, que es una ley de rango superior que esta LPI no respeta, y que dice (en el artículo 10.1) que no se puede cobrar ni perseguir la cita. Por lo tanto, esto se puede impugnar a nivel jurídico?.