Las descargas de P2P son perseguibles sólo si el usuario pretende enriquecerse
Asà se ha expresado la Brigada de Investigación Tecnológica de la PolicÃa, BIT en la crónica que a continuación reproducimos completa de Fátima MartÃn en El Confidencial.
POLÉMICA EN LA RED: 38 EMPRESAS DE `SOFTWARE´ DENUNCIAN A 95.000 USUARIOS DE REDES DE INTERCAMBIO DE ARCHIVOS
La Red anda revuelta a cuenta de la encarnizada lucha de las empresas de software contra los usuarios de redes de intercambio de ficheros Peer to Peer (P2P). Este sistema, controvertido ya desde tiempos de la difunta Napster, significa `de igual a igual´ y se basa en el canje mutuo y gratuito de material digital (canciones, pelÃculas, videojuegos, programas de ordenador, fotografÃas...) de PC a PC. En el mundo real, el P2P serÃa equiparable a fotocopiar un libro, pero esta práctica, trasladada al mundo virtual, reduce exponencialmente las ventas y pone de manifiesto la colisión de dos derechos: el de la propiedad intelectual frente al de la privacidad de las comunicaciones. La polémica está servida.
Todo empezó el pasado jueves, cuando el despacho de abogados Landwell-PriceWaterhouseCoopers (PwC), anunció una denuncia común de 32 compañÃas del sector, cuyo nombre se mantiene en secreto, contra “quienes reproduzcan y distribuyan ilegalmente software profesional”.
La Asociación de Internautas (AI) respondió `colgando´ en su página web un artÃculo titulado España es un Estado de Derecho y las actividades tipo Gestapo no caben, donde informan de que el sistema de comunicaciones P2P es completamente legal; ponen a disposición de los usuarios sus servicios jurÃdicos para defenderles, llegado el caso; y llaman la atención sobre el posible espionaje de que pudieran ser objeto recordando que “el secreto de las comunicaciones sigue siendo un derecho fundamental”.
La AI ponÃa el grito en el cielo al descubrir que la demanda -ya presentada ante la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) del Cuerpo Nacional de PolicÃa, pero que llegará a los jueces en septiembre- tenÃa por objeto 95.000 usuarios de P2P, de los cuales se elegirÃan los 4.000 que se han descargado más archivos, y les acusaba de espionaje masivo. Landwell-PwC se defendió explicando que se limitaron a introducirse como usuarios anónimos en las redes de pares para ver qué productos descargan los internautas y conocer asà sus nicknames (apodos).
Paralelamente, la Asociación que preside VÃctor Domingo puso a disposición de sus lectores de forma gratuita un programa denominado PeerGuardian que “impide el espionaje” al bloquear las direcciones IP solicitadas.
Al calor de la polémica, el socio de Landwell-PwC, Javier Ribas, anunció que si en un principio eran 32, a fecha del miércoles 23 de julio, ya eran 38 las empresas unidas a la causa, y no descartaba que su número aumentara. En ningún momento el nombre de las empresas ha sido hecho público, según Ribas, por miedo a represalias: "Estamos recibiendo amenazas directas e incluso nos están lanzando ataques y bloqueos a nuestro sitio web".
A raÃz de la alarma generada en torno al tema, la AI ha publicado que desde que estalló la noticia, más de 200.000 internautas han visitado, en busca de información, las páginas de la IV Campaña de Seguridad en la Red, iniciativa patrocinada por el Ministerio de Ciencia y TecnologÃa junto con Telefónica, Camerfirma, Microsoft, Jazztel y Symantec.
Según Landwell-PwC, los 95.000 usuarios denunciados han realizado cerca de 25 millones de descargas durante la primera mitad del año, lo que ha supuesto un perjuicio económico para las compañÃas denunciantes de 85 millones de euros.
La AI explica a sus asociados que “los supuestos denunciantes no han obtenido pronunciamiento alguno en los Tribunales de Justicia españoles sobre la ilicitud o ilegalidad” del intercambio Peer to Peer si no hay ánimo de lucro, y los recriminan perseguir “notoriedad pública” y/o “fines crematÃsticos”.
La Brigada de Investigación Tecnológica de la PolicÃa, por su parte, ha manifestado a este diario que "las descargas de P2P son perseguibles sólo si el usuario pretende enriquecerse con ellas".
El Confidencial
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Todo empezó el pasado jueves, cuando el despacho de abogados Landwell-PriceWaterhouseCoopers (PwC), anunció una denuncia común de 32 compañÃas del sector, cuyo nombre se mantiene en secreto, contra “quienes reproduzcan y distribuyan ilegalmente software profesional”.
La Asociación de Internautas (AI) respondió `colgando´ en su página web un artÃculo titulado España es un Estado de Derecho y las actividades tipo Gestapo no caben, donde informan de que el sistema de comunicaciones P2P es completamente legal; ponen a disposición de los usuarios sus servicios jurÃdicos para defenderles, llegado el caso; y llaman la atención sobre el posible espionaje de que pudieran ser objeto recordando que “el secreto de las comunicaciones sigue siendo un derecho fundamental”.
La AI ponÃa el grito en el cielo al descubrir que la demanda -ya presentada ante la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) del Cuerpo Nacional de PolicÃa, pero que llegará a los jueces en septiembre- tenÃa por objeto 95.000 usuarios de P2P, de los cuales se elegirÃan los 4.000 que se han descargado más archivos, y les acusaba de espionaje masivo. Landwell-PwC se defendió explicando que se limitaron a introducirse como usuarios anónimos en las redes de pares para ver qué productos descargan los internautas y conocer asà sus nicknames (apodos).
Paralelamente, la Asociación que preside VÃctor Domingo puso a disposición de sus lectores de forma gratuita un programa denominado PeerGuardian que “impide el espionaje” al bloquear las direcciones IP solicitadas.
Al calor de la polémica, el socio de Landwell-PwC, Javier Ribas, anunció que si en un principio eran 32, a fecha del miércoles 23 de julio, ya eran 38 las empresas unidas a la causa, y no descartaba que su número aumentara. En ningún momento el nombre de las empresas ha sido hecho público, según Ribas, por miedo a represalias: "Estamos recibiendo amenazas directas e incluso nos están lanzando ataques y bloqueos a nuestro sitio web".
A raÃz de la alarma generada en torno al tema, la AI ha publicado que desde que estalló la noticia, más de 200.000 internautas han visitado, en busca de información, las páginas de la IV Campaña de Seguridad en la Red, iniciativa patrocinada por el Ministerio de Ciencia y TecnologÃa junto con Telefónica, Camerfirma, Microsoft, Jazztel y Symantec.
Según Landwell-PwC, los 95.000 usuarios denunciados han realizado cerca de 25 millones de descargas durante la primera mitad del año, lo que ha supuesto un perjuicio económico para las compañÃas denunciantes de 85 millones de euros.
La AI explica a sus asociados que “los supuestos denunciantes no han obtenido pronunciamiento alguno en los Tribunales de Justicia españoles sobre la ilicitud o ilegalidad” del intercambio Peer to Peer si no hay ánimo de lucro, y los recriminan perseguir “notoriedad pública” y/o “fines crematÃsticos”.
La Brigada de Investigación Tecnológica de la PolicÃa, por su parte, ha manifestado a este diario que "las descargas de P2P son perseguibles sólo si el usuario pretende enriquecerse con ellas".
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