Para concretar que soportes y aparatos de reproducción subirán de precio por el canon, y en qué cuantía pasará a engrosar las arcas a las asociaciones de autores, el Gobierno está meditando como arreglárselas para no perder el apoyo que éstas le vienen brindando en sus campañas electorales. Y es que teniendo en cuenta el crispado momento político y social que vive el PSOE, no se van a arriesgar enfrentándose a intelectuales.
Desde hace mucho, mucho tiempo, la Asociación de Internautas, junto con la Plataforma Todoscontraelcanon, viene denunciando el abuso indiscriminado que supone esta imposición económica a los soportes y equipos digitales, hasta el punto de tener presentada la pertinente denuncia ante la Comisión Europea. Los argumentos para oponerse al canon explican que, en un 99,9% (por estadística del sentido común) de los casos, las cámaras digitales se utilizan por sus dueños para hacer fotografías de contenido privado, que los teléfonos móviles se utilizan para hacer llamadas de teléfono o mandar sms de contenido privado, que los CDs, las impresoras, faxes, ordenadores y ADSL, son utilizados en el entorno empresarial, para realizar tareas íntimamente relacionadas con la actividad empresarial o, en el entorno del sector público, son utilizados para realizar tareas de servicio público, de obligado cumplimiento por Ley. Es decir, que en un 99% de los casos, no hay ni siquiera una remota posibilidad de que se realice una copia privada de una obra protegida por derechos de autor (si acaso, por derechos del particular, de la empresa o de la Administración Pública y sus administrados).
En el caso de las Administraciones Públicas, el tema es más sangrante si cabe, pues Gobierno y oposición han reconocido públicamente que su cometido es en exclusiva realizar tareas para la prestación de un servicio público, y por tanto, sin que quepa la más mínima posibilidad de que se utilicen los recursos y fondos públicos para hacer copias privadas de obras protegidas para uso doméstico.
Pues bien, el Gobierno por una parte trabaja su Proyecto del Ley para fomentar el acceso de los ciudadanos a una administración electrónica (que exigirá obligatoriamente el uso de soportes y equipos para tramitar asuntos privados), PERO como contrapartida y caramelo para a las asociaciones gestoras de derechos de autor, trabaja en la redacción de un documento para aplicar un impuesto a herramientas digitales que obliga a usar con fondos públicos . ¿por si acaso se usan para otros fines como realizar copias privadas de derechos de autor? Por lo grotesco y especulador de la cuestión, se omite la respuesta.
La oposición tampoco se queda corta y, amén de apremiar el impulso de la Administración Electrónica, reconoce literalmente que es un entorno de trabajo al servicio de los ciudadanos. En su momento el PP planteó una enmienda a la nueva Ley de Propiedad Intelectual, justificada por la evidencia de que en las Administraciones Públicas por su propia naturaleza y por la naturaleza de los documentos y ficheros que maneja en los expedientes y procedimientos administrativos, no se realizan copias privadas en el sentido del artículo 31.2 del Texto Refundido de la ley de Propiedad Intelectual. Exactamente decía:
Conforme a lo establecido en el artículo 25.7.d) del texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el Gobierno mediante Real Decreto, podrá exceptuar del pago de la compensación equitativa y única por copia privada, a los equipos, aparatos y soportes materiales utilizados por las Administraciones Públicas para la realización de copias de documentos y ficheros administrativos, cuando quede suficientemente acreditado que el destino o uso final de dichos equipos, aparatos o soportes materiales no sea la reproducción prevista en el artículo 31.2
Incluso alabando lo racional de esta enmienda, aún resulta chocante ver que lo que habría que acreditar suficientemente es el uso habitual, obligado por ley, y no el uso eventual que, en un remoto supuesto, se diera para copias privadas. Igualmente, resulta chocante que no incluyese en esta excepción a las empresas, que trabajan con sus medios privados y para producir sus recursos privados, como factor esencial del crecimiento de la economía española, y no para hacer por sistema copias privadas de uso doméstico.
En cualquier caso, el PP antes veía que (tal y como exige el derecho interno español) la Administración tiene una finalidad pública y, sólo puede usar los fondos públicos que a ella se destinan, para cumplir dicho cometido. Ahora, ni lo ve ni lo quiere ver, ¿para evitar males mayores? ¿Temen que insistir en su postura signifique ponerse en contra a las asociaciones gestoras de los derechos de autor, y así dar un paso atrás en su carrera electoral por conseguir puntos de popularidad?.
Lo único cierto e indiscutible, se callen o hablen los políticos, es que si una ley obliga a usar la tecnología en exclusiva para unos fines concretos (destinando los fondos públicos para prestar servicios públicos), no tiene sentido cobrar un impuesto por si se usan para otra cosa, principalmente porque esa otra posibilidad (sería la copia privada) no está permitida. PERO la vergonzosa realidad es que un grupo de presión como las asociaciones gestoras de derechos de autor, venden impunemente que (digan lo que digan las leyes) la Administración dedica el dinero de los españoles a comprar tecnología para hacer copias privadas de sus obras y, lo GRAVE: Gobierno y oposición lo aceptan decidiendo que ¿nuestra Administración Pública se dedica a hacer copias privadas de obras protegidas? Qué creativo autor habrá ideado semejante trama especulativa ....
O. Tejerina. "Defensor del Internauta". Asociación de Internautas
Desde hace mucho, mucho tiempo, la Asociación de Internautas, junto con la Plataforma Todoscontraelcanon, viene denunciando el abuso indiscriminado que supone esta imposición económica a los soportes y equipos digitales, hasta el punto de tener presentada la pertinente denuncia ante la Comisión Europea. Los argumentos para oponerse al canon explican que, en un 99,9% (por estadística del sentido común) de los casos, las cámaras digitales se utilizan por sus dueños para hacer fotografías de contenido privado, que los teléfonos móviles se utilizan para hacer llamadas de teléfono o mandar sms de contenido privado, que los CDs, las impresoras, faxes, ordenadores y ADSL, son utilizados en el entorno empresarial, para realizar tareas íntimamente relacionadas con la actividad empresarial o, en el entorno del sector público, son utilizados para realizar tareas de servicio público, de obligado cumplimiento por Ley. Es decir, que en un 99% de los casos, no hay ni siquiera una remota posibilidad de que se realice una copia privada de una obra protegida por derechos de autor (si acaso, por derechos del particular, de la empresa o de la Administración Pública y sus administrados).
En el caso de las Administraciones Públicas, el tema es más sangrante si cabe, pues Gobierno y oposición han reconocido públicamente que su cometido es en exclusiva realizar tareas para la prestación de un servicio público, y por tanto, sin que quepa la más mínima posibilidad de que se utilicen los recursos y fondos públicos para hacer copias privadas de obras protegidas para uso doméstico.
Pues bien, el Gobierno por una parte trabaja su Proyecto del Ley para fomentar el acceso de los ciudadanos a una administración electrónica (que exigirá obligatoriamente el uso de soportes y equipos para tramitar asuntos privados), PERO como contrapartida y caramelo para a las asociaciones gestoras de derechos de autor, trabaja en la redacción de un documento para aplicar un impuesto a herramientas digitales que obliga a usar con fondos públicos . ¿por si acaso se usan para otros fines como realizar copias privadas de derechos de autor? Por lo grotesco y especulador de la cuestión, se omite la respuesta.
La oposición tampoco se queda corta y, amén de apremiar el impulso de la Administración Electrónica, reconoce literalmente que es un entorno de trabajo al servicio de los ciudadanos. En su momento el PP planteó una enmienda a la nueva Ley de Propiedad Intelectual, justificada por la evidencia de que en las Administraciones Públicas por su propia naturaleza y por la naturaleza de los documentos y ficheros que maneja en los expedientes y procedimientos administrativos, no se realizan copias privadas en el sentido del artículo 31.2 del Texto Refundido de la ley de Propiedad Intelectual. Exactamente decía:
Conforme a lo establecido en el artículo 25.7.d) del texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el Gobierno mediante Real Decreto, podrá exceptuar del pago de la compensación equitativa y única por copia privada, a los equipos, aparatos y soportes materiales utilizados por las Administraciones Públicas para la realización de copias de documentos y ficheros administrativos, cuando quede suficientemente acreditado que el destino o uso final de dichos equipos, aparatos o soportes materiales no sea la reproducción prevista en el artículo 31.2
Incluso alabando lo racional de esta enmienda, aún resulta chocante ver que lo que habría que acreditar suficientemente es el uso habitual, obligado por ley, y no el uso eventual que, en un remoto supuesto, se diera para copias privadas. Igualmente, resulta chocante que no incluyese en esta excepción a las empresas, que trabajan con sus medios privados y para producir sus recursos privados, como factor esencial del crecimiento de la economía española, y no para hacer por sistema copias privadas de uso doméstico.
En cualquier caso, el PP antes veía que (tal y como exige el derecho interno español) la Administración tiene una finalidad pública y, sólo puede usar los fondos públicos que a ella se destinan, para cumplir dicho cometido. Ahora, ni lo ve ni lo quiere ver, ¿para evitar males mayores? ¿Temen que insistir en su postura signifique ponerse en contra a las asociaciones gestoras de los derechos de autor, y así dar un paso atrás en su carrera electoral por conseguir puntos de popularidad?.
Lo único cierto e indiscutible, se callen o hablen los políticos, es que si una ley obliga a usar la tecnología en exclusiva para unos fines concretos (destinando los fondos públicos para prestar servicios públicos), no tiene sentido cobrar un impuesto por si se usan para otra cosa, principalmente porque esa otra posibilidad (sería la copia privada) no está permitida. PERO la vergonzosa realidad es que un grupo de presión como las asociaciones gestoras de derechos de autor, venden impunemente que (digan lo que digan las leyes) la Administración dedica el dinero de los españoles a comprar tecnología para hacer copias privadas de sus obras y, lo GRAVE: Gobierno y oposición lo aceptan decidiendo que ¿nuestra Administración Pública se dedica a hacer copias privadas de obras protegidas? Qué creativo autor habrá ideado semejante trama especulativa ....
O. Tejerina. "Defensor del Internauta". Asociación de Internautas
