El PP, de la mano del diputado Teodoro García Egea, ha recurrido a una estrategia que ya ha utilizado otras veces en sede parlamentaria: asimilar el fenómeno de la desinformación al concepto de ciberguerra para, con la excusa de aumentar la seguridad de las instituciones y los ciudadanos, promover medidas que en la práctica suponen amenazas directas a libertades fundamentales.
Una noticia falsa no constituye por si sola un acto de ciberguerra. Ni siquiera si ha sido falseada deliberadamente, con la voluntad de manipular la opinión pública. Actos de ciberguerra son los ataques dirigidos contra infraestructuras digitales estratégicas, como los sistemas de comunicación satelitales o los programas informáticos del sistema de salud, con el objetivo de tumbarlos o de robar información. Estas acciones pueden estar acompañadas, o no, de campañas de desinformación que confundan a la opinión pública y la polaricen mientras se consigue el objetivo principal del ciberataque.
No obstante, el PP ha vuelto a poner las fake news en el centro del debate, a pesar de que ayer mismo el grupo de expertos en desinformación de la UE advirtió que no sabemos lo suficiente sobre ellas y no pueden ser la excusa para promulgar leyes que amparen la "censura" de determinados medios o sus contenidos. Para los conservadores, las noticias falsas están destinadas a "fomentar la desestabilización de las democracias occidentales". "Mediante el arte del engaño, muchos crean bulos, difunden información manipulada, multiplican noticias falsas con apariencia de verosimilitud y que, aprovechando la viralidad de su contenido, se difunden rápidamente", aseguraba García Egea: "Atacan el sistema democrático desde la raíz, manipulando al elector y a la opinión pública en un sentido concreto".
¿Censura directa de comentarios en redes sociales?
Prueba de la confusión de la que se ha intentado servir el PP para sacar adelante la censura son los ejemplos de noticias falsas que ha puesto su diputado. García Egea, en un alarde de escenificación en la tribuna como los que tanto han criticado de otros grupos parlamentarios, ha roto dos folios en los que había impreso dos comentarios de usuarios en redes sociales que no se correspondían con la verdad. El problema es que ninguno de ellos promocionaba noticia o contenido alguno, por lo que en teoría no podrían ser objeto del "sellado" del Gobierno, a no ser que este pretendiera utilizar esa facultad para censurar directamente comentarios de los ciudadanos.
Salvo Ciudadanos, que ha recordado que la ciberseguridad es un aspecto transversal que afecta también a la economía y que cada año hace perder billones de euros a las empresas, el resto de grupos se han mostrado muy críticos con la PNL.
El PSOE ha remarcado que el PP pretendía hacer que el Congreso aprobara que "el Gobierno, por vía administrativa y sin control judicial censure una información en base a una falsedad que el propio Gobierno determina". Algo inaceptable para los socialistas, ha reafirmado José Ignacio Sánchez Amor, que ha advertido a García Egea de que la idea de su grupo atentaba contra los derechos fundamentales: "Cuando uno rompe una hoja de una noticia falsa puede estar rompiendo una página de la Constitución".
Unidos Podemos, por su parte, ha optado por recordar que uno de los fundadores de Alianza Popular y más tarde del PP fue Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo durante la dictadura franquista. "Lo que se está planteando es una ley mordaza 2.0, un ministerio de la verdad", ha afeado el diputado morado Rafael Mayoral, asegurando que Fraga "estaría muy orgulloso de las argumentaciones que está haciendo el PP en esta cámara intentando instituir la censura, que es un delito en nuestro ordenamiento jurídico".
