1º.- Que en noviembre de 2016 el Tribunal Supremo anulo el canon digital aprobado por el Gobierno en 2012 y que preveía el pago, con cargo a los Presupuestos del Estado, de una compensación a los autores por las copias de sus obras por los particulares. El principal argumento por el que el Supremo anula la norma de 2012 es porque no se ha evaluado el impacto que tiene la copia privada y por tanto no se puede asignar una cantidad para compensar un daño que no ha sido evaluado previamente.
2º.- Que el gobierno no nos ha permitido participar en el debate y exponer nuestros argumentos a pesar de ser los ciudadanos la parte más afectada ya que somos nosotros quienes finalmente vamos a soportar este gravamen al comprar los equipos y a pesar de haberlo solicitado por escrito en varias ocasiones tras conocer la sentencia del Supremo. Argumento que justificamos en base a estos hechos:
2.1. Las asociaciones firmantes solicitamos por escrito en dos ocasiones ante el Ministerio de Cultura (Registro 202103 el 14/11/2016 13:01 y el 13 de Marzo de 2017) y también ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Registro: 225e1600043944 del 14/11/2016 y del 13:de Marzo de 2017) participar en los debates sobre este asunto peticiones que no fueron atendidas mientras que se publicaban las reuniones del ministerio con las entidades beneficiarias del Canon Digital.
3.- Que las asociaciones firmantes solicitaron el 6 de marzo al Ministerio de Educación Cultura y Deporte, por escrito y en virtud de la ley de transparencia, tener acceso a los estudios de impacto de la Copia privada que ya había realizado el Ministerio de Cultura hasta 2012 ( Expediente 000-12532) petición que también nos fue denegada a pesar de ser estudios pagados con el dinero de todos los españoles (Se adjunta la respuesta del Ministerio en el que se reconoce la existencia de estos estudios de impacto ) decisión ante la cual se ha interpuesto un recurso de Revisión.
4º Qué estas organizaciones manifiestan su oposición al real decreto aprobado por el Gobierno que grava los soportes y equipos tecnológicos con cánones indiscriminados en base a estos razonamientos:
4.1. No se ha evaluado el daño a compensar: Se ha establecido primero el importe de Canon de los dispositivos sin tener en cuenta la evaluación del mismo algo que va en contra del sentido común lo cual provocará que los tribunales rechacen de nuevo esta solución tal y como sucedió con el Canon de 2012
4.2. La copia privada de obras legalmente adquiridas está desapareciendo: Se quiere compensar la copia privada en un momento en que esta es prácticamente inexistente tal y como demuestran los hábitos y costumbres de los ciudadanos actuales.
4.3. Perjudica a los todos creadores y tan solo beneficia a los intermediarios y a unos pocos creadores: según los datos de las épocas en las que hubo este Canon, el 8% de los socios de las entidades de gestión cobraban el 90% de lo que se repartía a los creadores en materia de Canon y el grueso se quedaba en las propias entidades de gestión lo que propicio situaciones de corrupción que están en este momento en los tribunales de Justicia. Sin embargo todos los creadores, todos, van a pagar más por su equipos, teléfonos móviles y dispositivos electrónicos.
4.4 Existen soluciones alternativas más sencillas y más justas
5º.- El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un nuevo Canon Digital que graba de forma indiscriminada a diferentes dispositivos electrónicos incurriendo, en opinión de los firmantes, en los mismos errores que en el anterior: falta de diálogo con los afectados, falta de transparencia en el proceso y precipitación en el procedimiento.
Por todo ello SOLICITAMOS
1º Que se haga llegar este escrito a todos los grupos parlamentarios del Congreso antes de que se debata el Decreto Ley aprobado por el Gobierno
2º Que se solicite al Ministerio de Cultura que presente o que muestre los estudios de impacto que han servido para fijar las tarifas del Canon aprobado ya que de no existir estaríamos ante un presunto fraude de ley
3ª Qué se rechace el Real Decreto en tanto no haya un debate en el que participen todas las partes interesadas y se cumpla con los requisitos manifestados por el Supremo.
