La respuesta la da Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. "Los derechos digitales no son más que una extensión de los derechos civiles de los ciudadanos", dice el responsable de este organismo, que forma parte del Grupo de Trabajo sobre Derechos Digitales de los Ciudadanos que acaba de poner en marcha el Gobierno, y cuyo objetivo es "abrir el debate sobre los derechos y obligaciones de los ciudadanos en el entorno digital", tal y como ha explicado el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que dirige Álvaro Nadal.
"Los usuarios deben tomar conciencia del valor que tienen los datos personales, que son el 'oro negro' de Internet", asegura el presidente de la Asociación de Internautas
Domingo señala que hay una "absoluta desprotección legal" de los ciudadanos en el mundo digital, donde entre otras cosas se viola el derecho a la privacidad y se hace un mal uso de los datos personales de los usuarios. Eso sin contar que existe una brecha digital importante en España, que hace necesario garantizar el derecho de acceso a las telecomunicaciones para que sea algo "universal, accesible y asequible". Pero también reconoce que muchos de los problemas que se producen vienen por el "desconocimiento" de los propios internautas. "Los usuarios deben tomar conciencia del valor que tienen los datos personales, que son el 'oro negro' de Internet", asegura el presidente de la Asociación de Internautas, que también afirma que es ahora cuando se está empezando a entender cuan importantes son los derechos en el mundo digital y la necesidad de defenderlos y protegerlos.
En el grupo de trabajo creado por el Gobierno participan personalidades como José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad CEU-San Pablo y director de la Cátedra de Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación, que además fue director de la Agencia Española de Protección de Datos; Tomás de la Quadra-Salcedo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid y profesor del Máster Universitario en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de la Información, y exministro en el primer Gobierno de Felipe González; Ricard Martínez, profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universitat de València y director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft, que fue presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad; o Diego Naranjo, Senior Policy Advisor de la asociación European Digital Rights.
También están Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Christoph Steck, director de políticas públicas e Internet de Telefónica; y Ofelia Tejerina, abogada y secretaria general y responsable del servicio Defensor del Internauta en la Asociación de Internautas. Todos ellos, expertos del ámbito académico y de la sociedad civil, trabajarán durante un año para ?establecer los fundamentos para los futuros desarrollos normativos tanto por parte del Ejecutivo como del Legislativo en este área?, señala el gabinete de Mariano Rajoy.
Este colectivo va a hacer un "diagnóstico de la situación actual sobre la protección de los derechos y obligaciones de los ciudadanos" y abordará algunas de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, como la libertad de información y comunicación, la privacidad, la propiedad intelectual, el derecho al olvido, la igualdad y la protección del menor. Precisamente la creación de este grupo de trabajo ha coincidido con la presentación en el Congreso de los Diputados por parte del PSOE de una proposición no de ley sobre protección de los derechos digitales de la ciudadanía, para su debate en Pleno.
Los socialistas explicaron que su intención con esta iniciativa es "fomentar la adecuación" del marco jurídico actual a lo que es una "realidad digital, presente y futura imparable" y con ello, "hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital". Asimismo, el PSOE insistió en que "España tiene que ponerse al día en el reconocimiento de los derechos digitales como han hecho otros países" como Francia e Italia, "que ya han legislado con el objetivo de reforzar los derechos digitales de la ciudadanía".
LEGISLACIÓN ESPAÑOLA Y EUROPEA
Pese a esta crítica del Partido Socialista, desde el Gobierno remarcan que España es actualmente uno de los países europeos más avanzados en materia de protección de los derechos de los ciudadanos en Internet. Y así lo indica también Paz Martín, abogada y directora del departamento de Derecho Digital del bufete Herrero y Asociados, aunque recuerda que la ley europea que regula la protección de datos online es de 1995 y que desde entonces "ha llovido bastante en materia digital", por lo que hace falta una revisión. En este sentido, Martín señala que en 2018 el Parlamento Europeo aprobará un nuevo reglamento de protección de datos para dar más control a los ciudadanos sobre su información privada, en un mundo de teléfonos inteligentes, redes sociales, banca por Internet y transferencias globales.
A juicio de la abogada, lo principal es actuar en dos frentes: por un lado, en la "sensibilización del ciudadano, y sobre todo de los menores, que son los más desprotegidos", con el objetivo de hacer una mayor labor de prevención; y por otro, en realizar un mayor control de todos aquellos que están en Internet. Por ello, la letrada ve con buenos ojos las últimas iniciativas que se han puesto en marcha, tanto por parte del Gobierno como por parte del PSOE.
"Si se crean normas adecuadas que permitan un Internet más seguro, será mejor", dice Martín. Y aunque reconoce que se han hecho avances en los últimos años en materia de protección de derechos en el mundo digital, como en el ámbito de la protección de datos, insiste en que lo principal es hacer una mayor labor informativa para que los ciudadanos sepan "a qué se exponen en cada momento". También apunta que la ciberdelincuencia es un tema cada vez más preocupante y que es necesario hacer más para frenar este problema. Por ejemplo, señala, podría combatirse creando una "policía de Internet".
DESCONEXIÓN FUERA DEL TRABAJO
La oposición aboga por garantizar por ley la desconexión fuera del horario laboral, un derecho que está en vigor en Francia desde el 1 de enero
Asimismo, en los últimos días también se ha hablado mucho del derecho de desconexión fuera del trabajo. Hace unas semanas el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró una proposición no de ley en el Congreso que exigía al Gobierno que legislase para garantizar por ley la desconexión fuera del horario laboral, un derecho que, por ejemplo, está en vigor en Francia desde el 1 de enero.
Tal es el revuelo que ha provocado esta posibilidad que el propio ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital aprovechó la presentación del mencionado grupo de trabajo para hablar de ello. En concreto, Nadal abogó por hacer una "reflexión de nivel técnico elevado" sobre el derecho de los trabajadores a la 'desconexión digital' una vez finalice su jornada laboral, para conseguir que la regulación al respecto sea ?la mejor y la más avanzada del mundo?.
La propia Secretaría de Estado de Empleo reconoció este lunes que está estudiando la posibilidad de elaborar una regulación que reconozca este derecho. No obstante, Víctor Domingo cree que en este asunto el Gobierno "tiene poco que decir" porque este asunto se enmarca dentro de las relaciones del trabajador con la empresa. "Habría que ver la vida personal y el ámbito de trabajo, y no que el Ejecutivo diga lo que hay que hacer. Tendría que ser responsabilidad de cada uno", concluye eñ presidente de la Asociación de Internautas.
