Hace algo más de dos años la Unión Europea declaraba que el ancho de banda de 1 Mb había de estar incluido en el servicio universal que ofrecen los operadores de telefonía para el año 2010. Ante esto el Gobierno español, por boca de su Ministro de Industria, se había comprometido a que esto fuera cierto el 31 de diciembre de 2010 pero el propio Ministro hubo de reconocer la imposibilidad de lograrlo, retrasando la aplicación de esta instrucción al menos un año alegando la necesidad de aprobar las normas necesarias y la resolución del concurso para elegir el operador que debía facilitar este servicio universal.
Yo me pregunto si el servicio es universal ¿no habría de EXIGIRSE a todos los proveedores de telefonía que dieran dicho servicio en lugar de convocar un concurso para ver quien se lo queda? Que responda quien pueda; no creo yo que se presenten muchos operadores a ese concurso, de manera similar a lo que ocurrió en su día con el ADSL rural. Sinceramente opino que es una patata caliente ¡y muy caliente!
Además de resolverse ese concurso con una o dos empresas, y por más que los precios fueran fijados por el Gobierno de turno, desaparecería totalmente la ya escasa competencia que existe en el campo de la telefonía y volveríamos si no a un monopolio al menos a un oligopolio.
¿Una red de humo?
En esto últimos días ha surgido una noticia relacionada en cierta medida con lo anterior que sólo viene a demostrar cuan lejos están quienes dictan las normas de la realidad. La agencia Europa Press publicaba este titular el pasado día 10 de marzo: El Gobierno obligará a los operadores a ofrecer banda ancha de 30 megas al 98% de la población antes de 2020.
¡Genial! Todavía no han resuelto el problema que ellos mismos han creado al retrasar la ampliación del servicio universal incluyendo el acceso de banda ancha, por más que el mínimo sea más bien escaso, y con esta propuesta se plantean que dentro de menos de 10 años ese servicio universal sea treinta veces superior a lo que fija la normativa comunitaria, porque hablar de una cobertura del 98% de la población es decir que esos 30 Mb serán el servicio universal. ¿Es una postura razonable?
No puedo opinar sobre como se ha decidido esa cifra de 30 megas, pero antes de obligar a los operadores a dar un ancho de banda determinado es imprescindible hacer que los mismos cumplan con las condiciones contratadas. Si yo pago por 10 Mb de ancho de banda es razonable que en mi máquina reciba una parte importante de lo que estoy pagando. En muchos casos se está cobrando por algo que ni remotamente pueden facilitar y basta con ampararse luego en las condiciones técnicas de la línea para justificar el incumplimiento de lo contratado.
Se me hace muy duro leer que se va a obligar a algo que en muchísimos casos no va a ser posible cumplir porque la cuestión no es tanto que se ofrezcan unas determinadas características en la conexión si no que esas condiciones se cumplan en el destino de la oferta. En este momento es normal ver ofertas en las que el proveedor X dice facilitar 20 Mb y, en letra pequeña, lo de sujeto a condiciones técnicas.
Me resulta sangrante, sobre todo para mi bolsillo, que esté pagando una conexión que muchos días no me da ni el 20% de lo contratado (la última prueba que hecho con el medidor de mi compañía me dice que tengo contratados 6 Mb y la prueba me dice que me llegan 530 Kb) y se plantee que la oferta estándar dentro de no tantos años sea 5 veces más de lo que ahora me ofrecen.
¿Impulso tecnológico?
Otra noticia que he encontrado ha sido en el diario El Mundo: Las nuevas viviendas deberán tener instalada red de fibra óptica. Interesante norma aprobada en el Consejo de Ministros del día 11 de marzo. Pero hay algunas cosas que me rechinan en esta norma.
Primero: Las viviendas de nueva construcción situadas en zonas con cobertura de fibra óptica deberán tener instalado el cableado para el acceso a esta tecnología. Si, como se dice, con esta normativa se pretende facilitar la introducción de las infraestructuras de acceso ultrarrápido en los edificios de nueva construcción, e impulsar de este modo su despliegue por parte de los operadores, al limitar el ámbito de aplicación a donde ya existe cobertura difícilmente va a impulsar el despliegue de esta tecnología. Si lo que se busca es que las nuevas tecnologías se difundan más lo razonable es imponer esta norma al menos donde sea previsible que va a llegar la misma en un plazo de tiempo razonable.
Segundo: ¿Cómo se valoran los costes de esta nueva normativa? Porque es evidente que ese dinero que han de gastarse ahora las constructoras nos lo van a cobrar a quienes adquiramos esas nuevas viviendas. Y dado que la inmensa mayoría desconocemos cuanto puede costar cablear una vivienda, las constructoras podrán cobrarnos lo que se les ocurra. ¿Quién les va a discutir que el tendido en una vivienda no cueste 5.000 ?
Antes de dar saltos cuánticos en la oferta y en las condiciones técnicas de nuestras viviendas hay que lograr que los proveedores acerquen los datos reales al producto comercializado. Y para ello es imprescindible que se invierta en nuevas redes o, al menos, en actualizar adecuadamente las que ahora existen. La red no puede ser una red de humo tras la que oculten las carencias de legisladores y empresas.
Ángel Matilla es miembro de la Junta directiva de la Asociación de Internautas.
Yo me pregunto si el servicio es universal ¿no habría de EXIGIRSE a todos los proveedores de telefonía que dieran dicho servicio en lugar de convocar un concurso para ver quien se lo queda? Que responda quien pueda; no creo yo que se presenten muchos operadores a ese concurso, de manera similar a lo que ocurrió en su día con el ADSL rural. Sinceramente opino que es una patata caliente ¡y muy caliente!
Además de resolverse ese concurso con una o dos empresas, y por más que los precios fueran fijados por el Gobierno de turno, desaparecería totalmente la ya escasa competencia que existe en el campo de la telefonía y volveríamos si no a un monopolio al menos a un oligopolio.
¿Una red de humo?
En esto últimos días ha surgido una noticia relacionada en cierta medida con lo anterior que sólo viene a demostrar cuan lejos están quienes dictan las normas de la realidad. La agencia Europa Press publicaba este titular el pasado día 10 de marzo: El Gobierno obligará a los operadores a ofrecer banda ancha de 30 megas al 98% de la población antes de 2020.
¡Genial! Todavía no han resuelto el problema que ellos mismos han creado al retrasar la ampliación del servicio universal incluyendo el acceso de banda ancha, por más que el mínimo sea más bien escaso, y con esta propuesta se plantean que dentro de menos de 10 años ese servicio universal sea treinta veces superior a lo que fija la normativa comunitaria, porque hablar de una cobertura del 98% de la población es decir que esos 30 Mb serán el servicio universal. ¿Es una postura razonable?
No puedo opinar sobre como se ha decidido esa cifra de 30 megas, pero antes de obligar a los operadores a dar un ancho de banda determinado es imprescindible hacer que los mismos cumplan con las condiciones contratadas. Si yo pago por 10 Mb de ancho de banda es razonable que en mi máquina reciba una parte importante de lo que estoy pagando. En muchos casos se está cobrando por algo que ni remotamente pueden facilitar y basta con ampararse luego en las condiciones técnicas de la línea para justificar el incumplimiento de lo contratado.
Se me hace muy duro leer que se va a obligar a algo que en muchísimos casos no va a ser posible cumplir porque la cuestión no es tanto que se ofrezcan unas determinadas características en la conexión si no que esas condiciones se cumplan en el destino de la oferta. En este momento es normal ver ofertas en las que el proveedor X dice facilitar 20 Mb y, en letra pequeña, lo de sujeto a condiciones técnicas.
Me resulta sangrante, sobre todo para mi bolsillo, que esté pagando una conexión que muchos días no me da ni el 20% de lo contratado (la última prueba que hecho con el medidor de mi compañía me dice que tengo contratados 6 Mb y la prueba me dice que me llegan 530 Kb) y se plantee que la oferta estándar dentro de no tantos años sea 5 veces más de lo que ahora me ofrecen.
¿Impulso tecnológico?
Otra noticia que he encontrado ha sido en el diario El Mundo: Las nuevas viviendas deberán tener instalada red de fibra óptica. Interesante norma aprobada en el Consejo de Ministros del día 11 de marzo. Pero hay algunas cosas que me rechinan en esta norma.
Primero: Las viviendas de nueva construcción situadas en zonas con cobertura de fibra óptica deberán tener instalado el cableado para el acceso a esta tecnología. Si, como se dice, con esta normativa se pretende facilitar la introducción de las infraestructuras de acceso ultrarrápido en los edificios de nueva construcción, e impulsar de este modo su despliegue por parte de los operadores, al limitar el ámbito de aplicación a donde ya existe cobertura difícilmente va a impulsar el despliegue de esta tecnología. Si lo que se busca es que las nuevas tecnologías se difundan más lo razonable es imponer esta norma al menos donde sea previsible que va a llegar la misma en un plazo de tiempo razonable.
Segundo: ¿Cómo se valoran los costes de esta nueva normativa? Porque es evidente que ese dinero que han de gastarse ahora las constructoras nos lo van a cobrar a quienes adquiramos esas nuevas viviendas. Y dado que la inmensa mayoría desconocemos cuanto puede costar cablear una vivienda, las constructoras podrán cobrarnos lo que se les ocurra. ¿Quién les va a discutir que el tendido en una vivienda no cueste 5.000 ?
Antes de dar saltos cuánticos en la oferta y en las condiciones técnicas de nuestras viviendas hay que lograr que los proveedores acerquen los datos reales al producto comercializado. Y para ello es imprescindible que se invierta en nuevas redes o, al menos, en actualizar adecuadamente las que ahora existen. La red no puede ser una red de humo tras la que oculten las carencias de legisladores y empresas.
Ángel Matilla es miembro de la Junta directiva de la Asociación de Internautas.
