Ana Zarzuela - Capital News.- Da un paso atrás. Por ahora. O eso hace ver la ministra de Cultura: por primera vez renuncia oficialmente a la penalización al usuario y amenaza con pisarles los talones a los proveedores, para empezar a una lista negra de 200 webs a las que la Coalición de Creadores les ha puesto apellido con ayuda de Industria y a los que Sinde acusa del 80% de las descargas. Mira con envidia a Suecia: quiere ser la capitana de su propio abordaje pirate bay ibérico.
Moncloa ha vuelto a leerle la cartilla y tendrá que conformarse con las leyes que ya existen. Nada de los "ajustes" en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), o en la Ley de Enjuiciamiento que le había pedido la Coalición. Menos aún la grieta de las sanciones sin juez, por la vía administrativa que la Coalición trataba de colar en la Ley General Audiovisual, en los predios de la CMT o en el perímetro del nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Moncloa deja a Sinde dar en público otra vez contra el muro de los imposibles en su guerra contra las descargas.
El barco antipirata de Sarkozy -los cortes a los usuarios de internet- no tiene capitán, el buque inglés -restricciones de velocidad y cortes esporádicos- navega aún en aguas lejanas y no tiene sitio en España. Por eso Sinde se sube a una tercera nave, la del abordaje a las webs de descargas que ha fletado la Coalición de Creadores, creyendo que es el que mejor fluye. Nadie le advirtió a la ministra que nadará a contracorriente del entorno legal y judicial: la vía administrativa no encuentra quien la abra: sin ánimo de lucro, en España las descargas no son delito y tanto la vía penal como la civil han dejado hasta ahora un rastro de denuncias fallidas contra portales de internet. Sinde busca alternativas a su propia bitácora. Se ha convertido en protagonista de un guión que le ha ayudado a escribir -no lo oculta- la Coalición y que a medio plazo guarda sorpresas: el abordaje de las 200 páginas de enlaces de descargas y de contenidos será sólo por un año, lo justo para determinar que el sistema no funciona si no reduce un 70% las descargas- y que se puede volver a desempolvar el plan de recortes directos a los usuarios.
Será, si dejan a González Sinde, después de haber aplicado todas sus lanzas y haber reabierto el debate que le interesa, el de las compensaciones económicas y su propia red de descargas bajo control. Todos sus caminos conducen al euro. La industria y el Ministerio de Cultura quieren hacer caja: eso es todo lo que podrían conseguir de la vía civil contra las webs de enlaces de descargas. Y eso es todo lo que busca su mirada, a medio plazo, con la puerta que comienza Sinde a entreabrirle al plan de un canon por el adsl como el que Gran Bretaña estrenará este año. Ya avisa la ministra que en 2010 volverá a poner el debate en la mesa de la Comisión de Propiedad Intelectual del Congreso.
Francia ya no va a marcar el paso en Europa de la lucha contra las descargas en Internet. No, desde luego a España. Hasta la ministra Ángeles González Sinde ha tenido que acabar reconociendo que su modelo de tres avisos y corte de conexión sin decisión judicial no tiene adeptos, ahora que el Constitucional galo ha obligado al Elíseo a dejar sus cortes en manos de los tribunales y que hasta el Reino Unido opta por una tercera vía: la Digital Britain que acaba de ver la luz sólo contempla la reducción de la velocidad de acceso a la red, o desconexiones puntuales (segundos o minutos) para interrumpir las descargas. Los planes para combatir la piratería en Reino Unido se frenaron tras una consulta elaborada por el Departamento de Negocios Corporativos y Reformas Regulatorias (BERR) que mostró que no había consenso entre los operadores y la industria musical como para justificar una actuación contra los 7 millones de usuarios de internet británicos que comparten archivos en las redes de intercambio P2P. Y ese plan B británico de los cortes esporádicos y las rebajas de velocidad tampoco tiene quien lo compre entre las operadoras españolas.
La ministra se autoinvita de nuevo a una escena de la que ya la invitaron a salir el silencio de Moncloa, el repudio de las operadoras de telefonía y los usuarios de internet y las gestiones directas del Secretario de Estado Francisco Ros. Se enfunda el uniforme de mediadora y deshoja de nuevo la margarita de las propuestas para Redtel -que aúna a Telefónica, Vodafone, Orange y Ono-. No son otras que las de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos -que engloba a las sociedades de gestión de derechos de autor, productoras, discográficas y distribuidoras-. Pero barajan las mismas fichas que ya rechazaron las principales operadoras de telefonía y que ha tratado -sin éxito- de colarle a la Ley General Audiovisual supervisada por la vicepresidencia Fernández de la Vega con la CMT como rehén: el corte a las webs de enlaces de descargas, aunque ya no serán 70, sino 200. Una lista negra que la Coalición ha elaborado con la ayuda del Ministerio de Industria y a la que le achacan el 80% de las descargas de contenido protegido por copyright (películas, videojuegos y música). Según sus planes, el responsable de la web recibirá un primer aviso para cesar la actividad. Si no hay rectificación se interrumpirá el alojamiento en España o se bloquearía el enrutado si está alojada en otro país. Un atajo que no tiene quien lo transite en España. No, mientras la ministra no consiga que el eco de sus propuestas cale en una reforma legal, o al menos un cambio vía decreto de Moncloa.
CONTRA LOS MUROS LEGALES
González Sinde sólo tiene ojos para EEUU. Washington le ha marcado el guión. Y busca el acuerdo para la venta entre las empresas de telecomunicación con los que fabrican los contenidos, ahora que un estudio de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard hace añicos su teoría de los daños del P2P a la producción cultural: el peer to peer no provoca descensos en las ventas. Al menos no en el mercado estadounidense. Si en 2000, meses después de la creación del programa Napster, se publicaron 35.515 álbumes, en 2007 -cuando el programa P2P BitTorrent había superado en eficacia y velocidad al anterior rey de las descargas, eMule- se editaron 79.695 y se realizaron 4.989 filmes, un 30% más en todo el mundo.
La justicia sueca ha condenado a los cuatro responsables del portal 'The Pirate Bay' -el tracker de bittorrent más grande del mundo-, a un año de cárcel y a una indemnización 30 millones de coronas (2,7 millones de euros) por violar los derechos de la propiedad intelectual. Pero The Pirate Bay, con más de 20 millones de usuarios, sigue funcionando, a pesar de las condenas. Sus cuatro creadores siguen en libertad. Y la compra del portal por parte de Global Gaming Factory X le marca a sus homólogas en la UE la vía alternativa, si la necesitan: impulsar el lanzamiento de un nuevo modelo de negocio que incluya "compensación" a los suministradores de contenido y los dueños de la propiedad intelectual.
La Corte Regional de Hamburgo (Alemania) ha condenado al servicio de alojamiento de archivos Rapidshare con 24 millones de euros y ha pedido que empiece a filtrar proactivamente contenido protegido por copyright, a instancia de la sociedad de autores GEMA. Pero los 24 millones de euros no eran una multa sino la estimación del lucro cesante en música subida al hosting. Y, como recuerdan los expertos técnicos, es imposible aplicar un filtro a los ficheros que se suben protegidos por contraseña, hasta el punto de que en Belgica ya hubo una sentencia similar (contra un ISP al que también se le exigió que filtrase lo que circula por su red), y los tribunales rectificaron posteriormente esa decisión por ser impracticable.
En España, el bloqueo o la intervención de las páginas webs sólo pueden ser decididos por un juez. Una línea roja que sintoniza con la última decisión del Parlamento Europeo con el paquete telecom: para Bruselas, sólo la autoridad judicial puede intervenir las páginas o cortar la conexión a Internet. Además, las descargas de archivos por Internet hoy -incluyendo las sujetas a derechos de autor- son legales bajo la legislación española siempre que no se demuestre el ánimo de lucro. Por lo penal, la mayoría de procesos contra las páginas de enlaces han acabado con el sobreseimiento, como en el emblemático caso de Sharemula. Los jueces han considerado que estas páginas no almacenan archivos y da igual si tienen o no ánimo de lucro, ya que no existe comunicación pública. Además, es un requisito que no suele darse (y menos demostrarse) con nitidez. Y en los escasos procedimientos civiles que se han adelantado en España, los jueces han negado los procedimientos cautelares al considerar que no hay indicios a priori de que se esté infringiendo la ley de propiedad intelectual.
Por eso, agotadas la penal y la civil, la industria de los creadores se aferra a la vía administrativa. Pero incluso ese atajo -el cierre por vía no judicial de las páginas- requerirá cambios legislativos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), en un artículo de la ley de enjuiciamiento civil o, en su defecto, una gatera en la nueva Ley General Audiovisual. Ni los recelos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a la que apuntaba la Coalición- a convertirse en sheriff de internet (menos aún ahora que sabe que quedará huérfana de competencias audiovisuales) ni el empeño de Moncloa y el Ministerio de Industria por dar a luz el nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) lo más inmaculado posible obran a favor de los planes de la ministra de Cultura.
SIN ALIADOS EN MONCLOA
Su nombre es ya tabú en el Consejo de Ministros. Las caras de sus favores se han vuelto. Sólo se ha encontrado con el silencio de Moncloa ante la denuncia de la Asociación de Internautas por Conflictos de Intereses y la noticia, desvelada por Negocios, de que continúa figurando como administrador único de una empresa de producción cinematográfica -Alcalá Producciones S.L-. Otra vez, González-Sinde está sin voz oficial. Las negociaciones entre la industria de contenidos y los operadores vuelven a Francisco Ros, el horizonte de las propuestas a Washington y Londres, las esperanzas a los altares judiciales. El único guiño de De la Vega para su compañera de gobierno es que las descargas autorizadas en Internet computarán para las ayudas a la amortización del cine español.
El ministerio de Sinde y las intereses de los productores han tenido menos sitio del que les hubiera gustado en el borrador de la Ley General Audiovisual bajo la batuta de De la Vega: sólo un del 5% de los ingresos anuales de las cadenas deberán dedicarse a contenidos europeos-no hasta el 15% como pretendía la ministra- y, para alegría de la Uteca y disgusto de la industria cinematográfica y Sinde, de ese 5%, un 40% puede estar destinado a series, dibujos animados y documentales. A cambio, los financiadores para el cine español serán más y, entre ellos, por primera vez, compañías como Telefónica (propietaria de Imagenio), Ono (Ono TV), Orange (Orange TV) y Jazztel (Jazztelia), que de aprobarse la Ley General Audiovisual en los términos que define su borrador- deberán también contribuir con el 5% de sus ingresos a las ayudas a la producción cinematográfica española y europea.
ÚLTIMA ESTACIÓN: EL CANON DEL ADSL
Los representados en la Coalición tratan de hacer de la necesidad virtud: generar su propia competencia y neutralizar a las descargas con las mismas armas que ahora repudian. Siguen el guión inglés. Demasiadas coincidencias: rebajar en un 70%, dejar en manos del regulador Ofcom tanto el sistema de avisos como los recortes tecnológicos; dar un año de margen antes de comenzar los cortes definitivos y potenciar webs de contenidos de pago que cuenten con el aval de la industria y el impulso de las operadoras. Miran al canon del adsl que el regulador británico acaba de liberar, con un nuevo impuesto de 6 libras anuales sobre las líneas fijas de telefonía. Y quieren lo mismo: sus deseos apuntan a que no sólo los usuarios, sino las telecos paguen por las arterias de los contenidos que los creadores apadrinan. Disparan a todo. Lo esconden aún bajo la mesa. Olcese, el portavoz de la Coalición de Creadores (que representa los intereses de la SGAE y Promusicae, entre otros), ha tendido una mano a las telecos, a la fuerza ahorcan, pero con el otro brazo les carga el padrinazgo de las webs ilegales -Olcese dixit- con su publicidad y les acusa de lucrarse de la piratería ya que esta aumenta el tráfico de sus redes".
Envenena su cuarta vía la creación de una web, que ofrecería a precio asequible un catálogo "casi ilimitado" y de calidad de películas, música y videojuegos, y en el que estarían integrados tantos los operadores de telecomunicaciones como las industria de contenidos. Redtel pide contenidos atractivos a precios competitivos para frenar las descargas, un marco de colaboración entre los creadores de contenidos y los operadores de telecomunicaciones y campañas publicitarias de concienciación sobre el "respeto a la propiedad intelectual. Pero los recelos de la Coalición para convertir una oferta atractiva de contenidos en una tienda de contenidos digitales en la red no ayudan a recomponer unos puentes que, hoy por hoy, sólo se levantan con unos ladrillos comunes: la coincidencia en una campaña educativa para los usuarios de internet.
Reproducido de Capital News
Moncloa ha vuelto a leerle la cartilla y tendrá que conformarse con las leyes que ya existen. Nada de los "ajustes" en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), o en la Ley de Enjuiciamiento que le había pedido la Coalición. Menos aún la grieta de las sanciones sin juez, por la vía administrativa que la Coalición trataba de colar en la Ley General Audiovisual, en los predios de la CMT o en el perímetro del nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Moncloa deja a Sinde dar en público otra vez contra el muro de los imposibles en su guerra contra las descargas.
El barco antipirata de Sarkozy -los cortes a los usuarios de internet- no tiene capitán, el buque inglés -restricciones de velocidad y cortes esporádicos- navega aún en aguas lejanas y no tiene sitio en España. Por eso Sinde se sube a una tercera nave, la del abordaje a las webs de descargas que ha fletado la Coalición de Creadores, creyendo que es el que mejor fluye. Nadie le advirtió a la ministra que nadará a contracorriente del entorno legal y judicial: la vía administrativa no encuentra quien la abra: sin ánimo de lucro, en España las descargas no son delito y tanto la vía penal como la civil han dejado hasta ahora un rastro de denuncias fallidas contra portales de internet. Sinde busca alternativas a su propia bitácora. Se ha convertido en protagonista de un guión que le ha ayudado a escribir -no lo oculta- la Coalición y que a medio plazo guarda sorpresas: el abordaje de las 200 páginas de enlaces de descargas y de contenidos será sólo por un año, lo justo para determinar que el sistema no funciona si no reduce un 70% las descargas- y que se puede volver a desempolvar el plan de recortes directos a los usuarios.
Será, si dejan a González Sinde, después de haber aplicado todas sus lanzas y haber reabierto el debate que le interesa, el de las compensaciones económicas y su propia red de descargas bajo control. Todos sus caminos conducen al euro. La industria y el Ministerio de Cultura quieren hacer caja: eso es todo lo que podrían conseguir de la vía civil contra las webs de enlaces de descargas. Y eso es todo lo que busca su mirada, a medio plazo, con la puerta que comienza Sinde a entreabrirle al plan de un canon por el adsl como el que Gran Bretaña estrenará este año. Ya avisa la ministra que en 2010 volverá a poner el debate en la mesa de la Comisión de Propiedad Intelectual del Congreso.
Francia ya no va a marcar el paso en Europa de la lucha contra las descargas en Internet. No, desde luego a España. Hasta la ministra Ángeles González Sinde ha tenido que acabar reconociendo que su modelo de tres avisos y corte de conexión sin decisión judicial no tiene adeptos, ahora que el Constitucional galo ha obligado al Elíseo a dejar sus cortes en manos de los tribunales y que hasta el Reino Unido opta por una tercera vía: la Digital Britain que acaba de ver la luz sólo contempla la reducción de la velocidad de acceso a la red, o desconexiones puntuales (segundos o minutos) para interrumpir las descargas. Los planes para combatir la piratería en Reino Unido se frenaron tras una consulta elaborada por el Departamento de Negocios Corporativos y Reformas Regulatorias (BERR) que mostró que no había consenso entre los operadores y la industria musical como para justificar una actuación contra los 7 millones de usuarios de internet británicos que comparten archivos en las redes de intercambio P2P. Y ese plan B británico de los cortes esporádicos y las rebajas de velocidad tampoco tiene quien lo compre entre las operadoras españolas.
La ministra se autoinvita de nuevo a una escena de la que ya la invitaron a salir el silencio de Moncloa, el repudio de las operadoras de telefonía y los usuarios de internet y las gestiones directas del Secretario de Estado Francisco Ros. Se enfunda el uniforme de mediadora y deshoja de nuevo la margarita de las propuestas para Redtel -que aúna a Telefónica, Vodafone, Orange y Ono-. No son otras que las de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos -que engloba a las sociedades de gestión de derechos de autor, productoras, discográficas y distribuidoras-. Pero barajan las mismas fichas que ya rechazaron las principales operadoras de telefonía y que ha tratado -sin éxito- de colarle a la Ley General Audiovisual supervisada por la vicepresidencia Fernández de la Vega con la CMT como rehén: el corte a las webs de enlaces de descargas, aunque ya no serán 70, sino 200. Una lista negra que la Coalición ha elaborado con la ayuda del Ministerio de Industria y a la que le achacan el 80% de las descargas de contenido protegido por copyright (películas, videojuegos y música). Según sus planes, el responsable de la web recibirá un primer aviso para cesar la actividad. Si no hay rectificación se interrumpirá el alojamiento en España o se bloquearía el enrutado si está alojada en otro país. Un atajo que no tiene quien lo transite en España. No, mientras la ministra no consiga que el eco de sus propuestas cale en una reforma legal, o al menos un cambio vía decreto de Moncloa.
CONTRA LOS MUROS LEGALES
González Sinde sólo tiene ojos para EEUU. Washington le ha marcado el guión. Y busca el acuerdo para la venta entre las empresas de telecomunicación con los que fabrican los contenidos, ahora que un estudio de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard hace añicos su teoría de los daños del P2P a la producción cultural: el peer to peer no provoca descensos en las ventas. Al menos no en el mercado estadounidense. Si en 2000, meses después de la creación del programa Napster, se publicaron 35.515 álbumes, en 2007 -cuando el programa P2P BitTorrent había superado en eficacia y velocidad al anterior rey de las descargas, eMule- se editaron 79.695 y se realizaron 4.989 filmes, un 30% más en todo el mundo.
La justicia sueca ha condenado a los cuatro responsables del portal 'The Pirate Bay' -el tracker de bittorrent más grande del mundo-, a un año de cárcel y a una indemnización 30 millones de coronas (2,7 millones de euros) por violar los derechos de la propiedad intelectual. Pero The Pirate Bay, con más de 20 millones de usuarios, sigue funcionando, a pesar de las condenas. Sus cuatro creadores siguen en libertad. Y la compra del portal por parte de Global Gaming Factory X le marca a sus homólogas en la UE la vía alternativa, si la necesitan: impulsar el lanzamiento de un nuevo modelo de negocio que incluya "compensación" a los suministradores de contenido y los dueños de la propiedad intelectual.
La Corte Regional de Hamburgo (Alemania) ha condenado al servicio de alojamiento de archivos Rapidshare con 24 millones de euros y ha pedido que empiece a filtrar proactivamente contenido protegido por copyright, a instancia de la sociedad de autores GEMA. Pero los 24 millones de euros no eran una multa sino la estimación del lucro cesante en música subida al hosting. Y, como recuerdan los expertos técnicos, es imposible aplicar un filtro a los ficheros que se suben protegidos por contraseña, hasta el punto de que en Belgica ya hubo una sentencia similar (contra un ISP al que también se le exigió que filtrase lo que circula por su red), y los tribunales rectificaron posteriormente esa decisión por ser impracticable.
En España, el bloqueo o la intervención de las páginas webs sólo pueden ser decididos por un juez. Una línea roja que sintoniza con la última decisión del Parlamento Europeo con el paquete telecom: para Bruselas, sólo la autoridad judicial puede intervenir las páginas o cortar la conexión a Internet. Además, las descargas de archivos por Internet hoy -incluyendo las sujetas a derechos de autor- son legales bajo la legislación española siempre que no se demuestre el ánimo de lucro. Por lo penal, la mayoría de procesos contra las páginas de enlaces han acabado con el sobreseimiento, como en el emblemático caso de Sharemula. Los jueces han considerado que estas páginas no almacenan archivos y da igual si tienen o no ánimo de lucro, ya que no existe comunicación pública. Además, es un requisito que no suele darse (y menos demostrarse) con nitidez. Y en los escasos procedimientos civiles que se han adelantado en España, los jueces han negado los procedimientos cautelares al considerar que no hay indicios a priori de que se esté infringiendo la ley de propiedad intelectual.
Por eso, agotadas la penal y la civil, la industria de los creadores se aferra a la vía administrativa. Pero incluso ese atajo -el cierre por vía no judicial de las páginas- requerirá cambios legislativos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), en un artículo de la ley de enjuiciamiento civil o, en su defecto, una gatera en la nueva Ley General Audiovisual. Ni los recelos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a la que apuntaba la Coalición- a convertirse en sheriff de internet (menos aún ahora que sabe que quedará huérfana de competencias audiovisuales) ni el empeño de Moncloa y el Ministerio de Industria por dar a luz el nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) lo más inmaculado posible obran a favor de los planes de la ministra de Cultura.
SIN ALIADOS EN MONCLOA
Su nombre es ya tabú en el Consejo de Ministros. Las caras de sus favores se han vuelto. Sólo se ha encontrado con el silencio de Moncloa ante la denuncia de la Asociación de Internautas por Conflictos de Intereses y la noticia, desvelada por Negocios, de que continúa figurando como administrador único de una empresa de producción cinematográfica -Alcalá Producciones S.L-. Otra vez, González-Sinde está sin voz oficial. Las negociaciones entre la industria de contenidos y los operadores vuelven a Francisco Ros, el horizonte de las propuestas a Washington y Londres, las esperanzas a los altares judiciales. El único guiño de De la Vega para su compañera de gobierno es que las descargas autorizadas en Internet computarán para las ayudas a la amortización del cine español.
El ministerio de Sinde y las intereses de los productores han tenido menos sitio del que les hubiera gustado en el borrador de la Ley General Audiovisual bajo la batuta de De la Vega: sólo un del 5% de los ingresos anuales de las cadenas deberán dedicarse a contenidos europeos-no hasta el 15% como pretendía la ministra- y, para alegría de la Uteca y disgusto de la industria cinematográfica y Sinde, de ese 5%, un 40% puede estar destinado a series, dibujos animados y documentales. A cambio, los financiadores para el cine español serán más y, entre ellos, por primera vez, compañías como Telefónica (propietaria de Imagenio), Ono (Ono TV), Orange (Orange TV) y Jazztel (Jazztelia), que de aprobarse la Ley General Audiovisual en los términos que define su borrador- deberán también contribuir con el 5% de sus ingresos a las ayudas a la producción cinematográfica española y europea.
ÚLTIMA ESTACIÓN: EL CANON DEL ADSL
Los representados en la Coalición tratan de hacer de la necesidad virtud: generar su propia competencia y neutralizar a las descargas con las mismas armas que ahora repudian. Siguen el guión inglés. Demasiadas coincidencias: rebajar en un 70%, dejar en manos del regulador Ofcom tanto el sistema de avisos como los recortes tecnológicos; dar un año de margen antes de comenzar los cortes definitivos y potenciar webs de contenidos de pago que cuenten con el aval de la industria y el impulso de las operadoras. Miran al canon del adsl que el regulador británico acaba de liberar, con un nuevo impuesto de 6 libras anuales sobre las líneas fijas de telefonía. Y quieren lo mismo: sus deseos apuntan a que no sólo los usuarios, sino las telecos paguen por las arterias de los contenidos que los creadores apadrinan. Disparan a todo. Lo esconden aún bajo la mesa. Olcese, el portavoz de la Coalición de Creadores (que representa los intereses de la SGAE y Promusicae, entre otros), ha tendido una mano a las telecos, a la fuerza ahorcan, pero con el otro brazo les carga el padrinazgo de las webs ilegales -Olcese dixit- con su publicidad y les acusa de lucrarse de la piratería ya que esta aumenta el tráfico de sus redes".
Envenena su cuarta vía la creación de una web, que ofrecería a precio asequible un catálogo "casi ilimitado" y de calidad de películas, música y videojuegos, y en el que estarían integrados tantos los operadores de telecomunicaciones como las industria de contenidos. Redtel pide contenidos atractivos a precios competitivos para frenar las descargas, un marco de colaboración entre los creadores de contenidos y los operadores de telecomunicaciones y campañas publicitarias de concienciación sobre el "respeto a la propiedad intelectual. Pero los recelos de la Coalición para convertir una oferta atractiva de contenidos en una tienda de contenidos digitales en la red no ayudan a recomponer unos puentes que, hoy por hoy, sólo se levantan con unos ladrillos comunes: la coincidencia en una campaña educativa para los usuarios de internet.
Reproducido de Capital News
