J. A. HERNÁNDEZ - Madrid - El País.es.- ESte sistema esta regulado por una ley que permite conservar durante dos años la localización de quien llama a traves de un móvil y de quien recibe la comunicación, así como el contenido de los mensajes que se ponen a traves de email de Internet. Esa ley se está desarrollando ahora, pero "de tapadillo y de una forma que ladea la publicidad, pese a tratar de asuntos de gran trascendencia y derechos fundamentales", señala la Asociación.
Las internautas denuncian "el secretismo" con que se puso en marcha en 2004 el sistema Sitel, coincidiendo con los atantados del 11-M. Asegura que Sitel entró en funcionamiento con una cobertura legal insuficiente, mediante un reglamento, a pesar de que lo que estaba en juego era el secreto de las comunicaciones (un derecho fundamental), y que ello debía regularse mediante una ley de rango superior, una ley orgánica. No obstante, tres años más tarde ese reglamento fue sustituido por una ley ordinaria, de mayor rango, el cual difería el desarrollo de la misma a un futuro reglamento. Lo que el Gobierno pretende ahora es, según la Asociación de Internautas, "mantener el secretismo inicial de Sitel" y desarrollarlo con meras ordenes ministeriales, ni siquiera mediante un reglamento, lo que habría obligado a un dictamen previo y obligatorio del Consejo de Estado y alobligado trámite de información pública.
La Asociación de Internautas ha puesto el grito en el cielo frente a lo que considera una ilegalidad y ha presentado objeciones ante el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, de carácter público y exige que el desarrollo normativo de la ley que regula Sitel debe hacerse mediante un reglamento. "Queremos resaltar ante la opinión publica que se está imponiendo una filosofía de la vigilancia que tiene por objetivo el controlar al ciudadano, no la seguridad, ni la protección de la infancia, ni tan siquiera los derechos de autor", señala la Asociación, que preside Víctor Domingo. "Exigimos que los poderes públicos sean transparentes, y que las medidas a utilizar, además de respetuosas con el régimen de garantías, sean públicas y conocidas, pues es la única forma que tiene el ciudadano para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto de sus derechos. Y no queremos que se utilicen vías legales torticeras para ocultar a la opinión los sistemas de escucha de comunicaciones". La Asociación añade: "Un asunto de este tipo exige una regulación acorde con el rango legal de la norma y las exigencias de publicidad que impone. Por tanto, debe someterse al control del Consejo de Estado y debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, no bastando en ningún caso una Orden Ministerial, que es lo que se está haciendo".
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