Justifican esta propuesta en el hecho de que la amenaza más seria a la estabilidad de nuestra industria cultural y al estímulo de la creatividad proviene de la piratería en el entorno digital. Internet ofrece magníficas posibilidades para el acceso a la creación y el disfrute de la cultura. También abre nuevas y muy interesantes oportunidades para la industria de la cultura en España. Pero es preciso favorecer un orden en la circulación de contenidos compatible con la debida protección a la propiedad intelectual y, aunque España se ha convertido durante los últimos años en una referencia internacional por su despliegue de medios en defensa de la propiedad intelectual, no está siendo suficiente
.
Pues bien, es incuestionable que hay que empezar a plantearse una nueva estrategia para defender los intereses de la cultura, porque Internet ha revolucionado el mundo en todos los sentidos, incluyendo todo lo que concierne a la propiedad intelectual, pero no está ahí su mayor amenaza, sino que está en el modelo de negocio que se empecinan en mantener vivo artificialmente.
Es evidente que la tecnología ha traído efectos negativos para la industria del cine y de la música y que, a pesar de ese despliegue de medios, de todas las medidas adoptadas hasta hoy por el Gobierno para paliarlos, tales como obsequiar a los titulares de la cultura con millones de euros conocidos como canon digital, facultar a indefinidos órganos competentes y agentes facultados a controlar contenidos de Internet sin intervención judicial, obligar a las salas de cine y televisiones a financiar la producción de cine español independientemente de sus beneficios, emprender campañas publicitarias y policiales de intimidación contra los internautas, etc., no ha sido suficiente, el sector sigue en crisis y va sin freno.
Con este panorama, el Grupo Socialista pone de manifiesto la necesidad de una estrategia que permita ordenar la circulación de contenidos en Internet ¿ordenar el infinito desde España? Esto suena ligeramente pretencioso y marcadamente utópico, y basta con echar un vistazo al nivel actual de desarrollo de la tecnología para poder llegar a la conclusión objetiva de que, al menos, el problema de la industria de la cultura no se va a solucionar crucificando desde España (ni siquiera desde Europa) los contenidos de la Red.
La crisis económica que supuestamente ha provocado la llegada de Internet para el sector de los creadores, se ha intentado paliar desde el Gobierno con inyecciones millonarias de dinero, con controles extrajudiciales, con campañas publicitarias y el resultado es que, tras más de 10 años de uso ciudadano de Internet, la cosa no avanza, el sector cada día acumula más pérdidas económicas . Esto ciertamente llama a la reflexión, y más si lo ponemos en relación con el hecho de que en la calle los conciertos se multiplican y se llenan, los musicales están de moda, los teatros ponen el cartel de no hay entradas, las series españolas se solapan en televisión, la reproducción de obras originales se puede hacer con costes casi cero, los cantantes y actores noveles se dan a conocer por su trabajo en pocos días, multiplicando con ello sus oportunidades, etc. Es decir, la cultura como tal nunca tuvo a su alcance unos medios de desarrollo más eficientes que los que hoy le ofrece la digitalización de contenidos y su comunicación a través de Internet.
Aún así, es innegable que hace falta una estrategia para proteger la Propiedad Intelectual. Pero lo que realmente hace falta para el desarrollo de la industria cultural, es una estrategia de carácter mercantil, no una estrategia marcada por intervenciones estatales indiscriminadas y politizadas, cuyos recursos disponibles sin duda Internet ya ha desbordado, imponiéndose a cualquier previsión gubernamental.
Es más, legislativamente hablando, los contenidos ya están tan ordenados en Internet, igual que lo están en la calle. Las leyes regulan ya la propiedad privada, los límites para terceros y, los derechos económicos que puede generar. Regulan igualmente la propiedad intelectual, los límites para terceros y los derechos económicos que puede generar, y está claro, que se cometerá un ilícito cuando se vulnere alguna de esas normas, independientemente del medio que se utilice para ello (al margen de que, en su caso, esto pueda ser una agravante de la sanción).
Es decir, que tan ilícito es vender copias de obras no autorizadas obtenidas a través de Internet, como vender copias no autorizadas obtenidas a través de Correos y Telégrafos, porque lo ilícito en estos casos es realizar el comportamiento prohibido por la ley (obtener un lucro comercial de la venta de copias de obras protegidas, que no han sido autorizadas por el autor o por la propia ley), independientemente del medio por el que se manifieste.
En consecuencia y, comprobado que el intervencionismo estatal de la última década, en materia de propiedad intelectual, no ha servido para nada, no ha evitado la crisis del mercado de la cultura, si no que más bien al contrario ha contribuido muy eficientemente a estancar su modelo de negocio y, por ende, a su incapacidad para generar recursos propios, lo que desde los grupos políticos se debería promover ya de una vez es la inversión en I+D para conseguir actualizar ese modelo de negocio obsoleto, de forma que permita a la industria de la cultura subsistir principalmente con los beneficios que obtenga de su actividad, y promover así su desarrollo económico en el sistema mercantil que español, no al margen de éste, es decir, previa valoración de las pérdidas/ingresos, de las preferencias de los destinatarios del producto, de la evolución industrial del mercado, del nivel de obsolescencia de los modelos de negocio y recursos que vienen usando hasta ahora, etc.
Es necesario plantearse la situación de la industria musical en términos de mercado, de microeconomía, precisamente porque ni la producción ni la difusión de la cultura están en crisis, pues nunca hubo más creadores ni sus obras llegaron tan lejos, sino que lo que está en crisis es el negocio que la cultura puede mover.
Solucionar este problema de la industria de la propiedad intelectual es, paradójicamente, una cuestión de creatividad, cómo remodelar el negocio de la cultura dirigiéndolo hacia entornos en los que se puedan obtener con ella beneficios económicos de forma eficiente, y por ejemplo, se puede empezar reduciendo sus costes al mínimo y, favoreciendo un reparto justo de los beneficios ¿de qué manera? Pues partiendo de un absoluto respeto a las fuerzas de la oferta y la demanda y, aprovechando, los recursos y las ventajas que precisamente hoy ofrecen Internet y la tecnología digital. En este sentido, el Gobierno debería también plantearse cuestiones como, por ejemplo, si hacen falta intermediarios en una sociedad como la actual, que tiene los conocimientos y recursos materiales suficientes para que sus miembros puedan gestionar de forma eficiente, autónoma y directa, sus propios derechos de propiedad intelectual. ¿Hacen falta hoy las sociedades gestoras de derechos de autor tal y como se concibieron hace décadas? ¿No bastaría con meras corporaciones de derecho público de carácter gremial, que regulasen el ejercicio del oficio del creador y, sin más privilegios que los de cualquier Colegio profesional o, meras asociaciones de usuarios? La respuesta es contundentemente si, tecnológicamente es posible y, económicamente sería eficiente. Hoy existen suficientes medios tecnológicos para la autogestión de la cultura y existen también figuras jurídicas que permitirían aunar los esfuerzos de los creadores o los titulares de la propiedad intelectual, sin menoscabar ni sus derechos ni los de los demás.
Defensor del Internauta - Asociación de Internautas
Pues bien, es incuestionable que hay que empezar a plantearse una nueva estrategia para defender los intereses de la cultura, porque Internet ha revolucionado el mundo en todos los sentidos, incluyendo todo lo que concierne a la propiedad intelectual, pero no está ahí su mayor amenaza, sino que está en el modelo de negocio que se empecinan en mantener vivo artificialmente.
Es evidente que la tecnología ha traído efectos negativos para la industria del cine y de la música y que, a pesar de ese despliegue de medios, de todas las medidas adoptadas hasta hoy por el Gobierno para paliarlos, tales como obsequiar a los titulares de la cultura con millones de euros conocidos como canon digital, facultar a indefinidos órganos competentes y agentes facultados a controlar contenidos de Internet sin intervención judicial, obligar a las salas de cine y televisiones a financiar la producción de cine español independientemente de sus beneficios, emprender campañas publicitarias y policiales de intimidación contra los internautas, etc., no ha sido suficiente, el sector sigue en crisis y va sin freno.
Con este panorama, el Grupo Socialista pone de manifiesto la necesidad de una estrategia que permita ordenar la circulación de contenidos en Internet ¿ordenar el infinito desde España? Esto suena ligeramente pretencioso y marcadamente utópico, y basta con echar un vistazo al nivel actual de desarrollo de la tecnología para poder llegar a la conclusión objetiva de que, al menos, el problema de la industria de la cultura no se va a solucionar crucificando desde España (ni siquiera desde Europa) los contenidos de la Red.
La crisis económica que supuestamente ha provocado la llegada de Internet para el sector de los creadores, se ha intentado paliar desde el Gobierno con inyecciones millonarias de dinero, con controles extrajudiciales, con campañas publicitarias y el resultado es que, tras más de 10 años de uso ciudadano de Internet, la cosa no avanza, el sector cada día acumula más pérdidas económicas . Esto ciertamente llama a la reflexión, y más si lo ponemos en relación con el hecho de que en la calle los conciertos se multiplican y se llenan, los musicales están de moda, los teatros ponen el cartel de no hay entradas, las series españolas se solapan en televisión, la reproducción de obras originales se puede hacer con costes casi cero, los cantantes y actores noveles se dan a conocer por su trabajo en pocos días, multiplicando con ello sus oportunidades, etc. Es decir, la cultura como tal nunca tuvo a su alcance unos medios de desarrollo más eficientes que los que hoy le ofrece la digitalización de contenidos y su comunicación a través de Internet.
Aún así, es innegable que hace falta una estrategia para proteger la Propiedad Intelectual. Pero lo que realmente hace falta para el desarrollo de la industria cultural, es una estrategia de carácter mercantil, no una estrategia marcada por intervenciones estatales indiscriminadas y politizadas, cuyos recursos disponibles sin duda Internet ya ha desbordado, imponiéndose a cualquier previsión gubernamental.
Es más, legislativamente hablando, los contenidos ya están tan ordenados en Internet, igual que lo están en la calle. Las leyes regulan ya la propiedad privada, los límites para terceros y, los derechos económicos que puede generar. Regulan igualmente la propiedad intelectual, los límites para terceros y los derechos económicos que puede generar, y está claro, que se cometerá un ilícito cuando se vulnere alguna de esas normas, independientemente del medio que se utilice para ello (al margen de que, en su caso, esto pueda ser una agravante de la sanción).
Es decir, que tan ilícito es vender copias de obras no autorizadas obtenidas a través de Internet, como vender copias no autorizadas obtenidas a través de Correos y Telégrafos, porque lo ilícito en estos casos es realizar el comportamiento prohibido por la ley (obtener un lucro comercial de la venta de copias de obras protegidas, que no han sido autorizadas por el autor o por la propia ley), independientemente del medio por el que se manifieste.
En consecuencia y, comprobado que el intervencionismo estatal de la última década, en materia de propiedad intelectual, no ha servido para nada, no ha evitado la crisis del mercado de la cultura, si no que más bien al contrario ha contribuido muy eficientemente a estancar su modelo de negocio y, por ende, a su incapacidad para generar recursos propios, lo que desde los grupos políticos se debería promover ya de una vez es la inversión en I+D para conseguir actualizar ese modelo de negocio obsoleto, de forma que permita a la industria de la cultura subsistir principalmente con los beneficios que obtenga de su actividad, y promover así su desarrollo económico en el sistema mercantil que español, no al margen de éste, es decir, previa valoración de las pérdidas/ingresos, de las preferencias de los destinatarios del producto, de la evolución industrial del mercado, del nivel de obsolescencia de los modelos de negocio y recursos que vienen usando hasta ahora, etc.
Es necesario plantearse la situación de la industria musical en términos de mercado, de microeconomía, precisamente porque ni la producción ni la difusión de la cultura están en crisis, pues nunca hubo más creadores ni sus obras llegaron tan lejos, sino que lo que está en crisis es el negocio que la cultura puede mover.
Solucionar este problema de la industria de la propiedad intelectual es, paradójicamente, una cuestión de creatividad, cómo remodelar el negocio de la cultura dirigiéndolo hacia entornos en los que se puedan obtener con ella beneficios económicos de forma eficiente, y por ejemplo, se puede empezar reduciendo sus costes al mínimo y, favoreciendo un reparto justo de los beneficios ¿de qué manera? Pues partiendo de un absoluto respeto a las fuerzas de la oferta y la demanda y, aprovechando, los recursos y las ventajas que precisamente hoy ofrecen Internet y la tecnología digital. En este sentido, el Gobierno debería también plantearse cuestiones como, por ejemplo, si hacen falta intermediarios en una sociedad como la actual, que tiene los conocimientos y recursos materiales suficientes para que sus miembros puedan gestionar de forma eficiente, autónoma y directa, sus propios derechos de propiedad intelectual. ¿Hacen falta hoy las sociedades gestoras de derechos de autor tal y como se concibieron hace décadas? ¿No bastaría con meras corporaciones de derecho público de carácter gremial, que regulasen el ejercicio del oficio del creador y, sin más privilegios que los de cualquier Colegio profesional o, meras asociaciones de usuarios? La respuesta es contundentemente si, tecnológicamente es posible y, económicamente sería eficiente. Hoy existen suficientes medios tecnológicos para la autogestión de la cultura y existen también figuras jurídicas que permitirían aunar los esfuerzos de los creadores o los titulares de la propiedad intelectual, sin menoscabar ni sus derechos ni los de los demás.
Defensor del Internauta - Asociación de Internautas
