Se trata de una alternativa a la penalización del intercambio de archivos en la Red y a la inútil formulación de un canon digital que parece tener los meses contados, pero de una alternativa que, lejos de afrontar el problema de forma profunda, sensata y positiva, reitera el mismo error de considerar que la difusión gratuita de obras artísticas perjudica a la industria y al creador.
Una alternativa, además, que atenta contra derechos fundamentales, como son los relativos a la privacidad y la protección de datos, y que amenaza con agravar aún más una situación cuya única solución posible pasa por asumir los cambios provocados por la irrupción de las nuevas tecnologías, la necesaria reconversión del mercado y una política de protección del autor basada en la relación directa entre éste y el usuario y la implantación de sistemas de licencias copyleft (abanico de condiciones que no restringen de forma absoluta la libre distribución de las obras, sino que plantean términos ventajosos tanto para el autor como para el ciudadano).
En este estado de cosas, la pregunta que se formulan en estos momentos los internautas de media Europa es evidente: ¿logrará el 'modelo Sarkozy' exportarse al resto de estados de la UE? Condiciones para ello, desde luego, no faltan.
Las sociedades gestoras de diversos países, con la SGAE a la cabeza, y las industrias discográfica y cinematográfica ya han expresado el deseo de que sus respectivos gobiernos opten por esta vía en detrimento de una persecución legal que hasta ahora no ha dado resultado alguno, sobre todo porque, en países como España, compartir cultura sin ánimo de lucro no constituye delito alguno.
La fórmula francesa, que utiliza a las operadoras para detectar a los usuarios de las redes P2P y proceder a suspenderle la conexión, resulta mágica a los ojos de un sector anclado en el inmovilismo y en los sabrosos dividendos que reporta el interés particular.
La situación en España es particularmente propicia, si tenemos en cuenta que la campaña contra el canon ha puesto contra las cuerdas al Gobierno y que la Justicia se muestra remisa a criminalizar a la ciudadanía por la simple descarga de una obra cultural.
Sin embargo, la implantación del modelo Sarkozy en nuestro país no sería tarea fácil. Por un lado, contaría con la firme oposición de una ciudadanía a la que se le recortarían derechos elementales. Y, en caso de ver la luz, muy probablemente acabaría sucumbiendo en los tribunales siendo, como es, un atentado contra la letra y el espíritu de nuestra Constitución.
Artículo de Manuel Almeida en Canarias 7
Una alternativa, además, que atenta contra derechos fundamentales, como son los relativos a la privacidad y la protección de datos, y que amenaza con agravar aún más una situación cuya única solución posible pasa por asumir los cambios provocados por la irrupción de las nuevas tecnologías, la necesaria reconversión del mercado y una política de protección del autor basada en la relación directa entre éste y el usuario y la implantación de sistemas de licencias copyleft (abanico de condiciones que no restringen de forma absoluta la libre distribución de las obras, sino que plantean términos ventajosos tanto para el autor como para el ciudadano).
En este estado de cosas, la pregunta que se formulan en estos momentos los internautas de media Europa es evidente: ¿logrará el 'modelo Sarkozy' exportarse al resto de estados de la UE? Condiciones para ello, desde luego, no faltan.
Las sociedades gestoras de diversos países, con la SGAE a la cabeza, y las industrias discográfica y cinematográfica ya han expresado el deseo de que sus respectivos gobiernos opten por esta vía en detrimento de una persecución legal que hasta ahora no ha dado resultado alguno, sobre todo porque, en países como España, compartir cultura sin ánimo de lucro no constituye delito alguno.
La fórmula francesa, que utiliza a las operadoras para detectar a los usuarios de las redes P2P y proceder a suspenderle la conexión, resulta mágica a los ojos de un sector anclado en el inmovilismo y en los sabrosos dividendos que reporta el interés particular.
La situación en España es particularmente propicia, si tenemos en cuenta que la campaña contra el canon ha puesto contra las cuerdas al Gobierno y que la Justicia se muestra remisa a criminalizar a la ciudadanía por la simple descarga de una obra cultural.
Sin embargo, la implantación del modelo Sarkozy en nuestro país no sería tarea fácil. Por un lado, contaría con la firme oposición de una ciudadanía a la que se le recortarían derechos elementales. Y, en caso de ver la luz, muy probablemente acabaría sucumbiendo en los tribunales siendo, como es, un atentado contra la letra y el espíritu de nuestra Constitución.
Artículo de Manuel Almeida en Canarias 7
