AITOR RIVEIRO EL País.- La denuncia, presentada por el abogado Josep Jover en nombre de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE), parte de una premisa: si un DVD soporta un canon de "hasta 1,2 euros", el millón repartido por CiU durante la campaña hubiera significado el pago de 1.200.000 euros en concepto de canon, lo que representaría un tercio del presupuesto declarado por el partido para dicha campaña.
Según la denuncia, dicha cantidad "no consta en la liquidación correspondiente al proceso electoral" ni tampoco está contabilizada en los informes de gestión de las entidades de gestión de derechos de autor.
Jover, en nombre de sus representados, asegura que la ley obliga a desglosar en cada factura el gasto correspondiente al producto en sí (un DVD, en este caso), al IVA y al canon digital al que está sujeto y que los partidos, en tanto que entidades públicas, también deben presentar dicho desglose en sus cuentas.
"Tienen la obligación de presentar ese desglose", asegura Jover, "y si lo han pagado y no les han dado una factura desglosada, de reclamarla". El abogado concede que los partidos pueden haber abonado el canon al comprar los DVD, pero también cree que ellos son los primeros que deben cumplir con la ley.
Diez millones por 15 años
El caso de CiU es sólo un ejemplo. Jover, en su denuncia, va más allá. "El PSOE ha actuado y actúa como una verdadera fábrica de DVD en todos los niveles de sus estructuras: local, regional, autonómico y estatal" lo que significaría, sólo a nivel municipal, "diez millones de DVD al año"... y eso multiplicado por 15.
Y es que el derecho de autor tiene un carácter "civil, irrenunciable y reclamable por parte de los autores y de las entidades que representan con un plazo de prescripción de 15 años".
Multipliquen ustedes. Y luego, sumen, porque ningún partido se libra en la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas del Reino. Así, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, repartió 998.000 vídeos en DVD para promocionar las obras de soterramiento de la M30 con un coste declarado de 420.000 euros cuando, según los denunciantes, sólo en concepto de canon deberían haberse abonado 1.119.760 euros (más IVA).
Mitin: 87,46 euros
La denuncia, sin embargo, no se queda ahí. Las entidades de gestión de derechos de autor cobran a los partidos políticos un canon por la organización de mítines que, según rezan las tablas publicadas por la propia SGAE, puede ir desde los 30 euros en ciudades pequeñas hasta los 87,46 euros en grandes capitales.
Esta cantidad representa para los denunciantes una "financiación encubierta" de los partidos políticos, que aprovechan su poder para conseguir precios "50 veces más bajos que los que recibiría un ciudadano en las mismas condiciones".
Jover expone como ejemplo un acto de solidaridad celebrado en Málaga en beneficio de niños saharauis para recaudar dinero que sería destinado a construir escuelas en el Sahara. Los organizadores del evento, el sindicato CC OO, tuvo que abonar a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) la nada desdeñable cifra de 3.262,60 euros.
Las fundaciones, también
Pero no acaba ahí la búsqueda de supuestos beneficiados por las entidades de gestión de las asociaciones denunciantes. Las fundaciones de los partidos políticos reciben financiación por parte de dichas entidades.
Así, según se asegura en la denuncia, en el listado de entidades subvencionadas por SGAE del año 2005 aparecen, entre otras, Fundación FAES (vinculada al PP) y la Fundación Carolina, Indalecio Prieto, Jaime Vera, Largo Caballero y Pablo Iglesias, todas ellas vinculadas al PSOE.
En el trasfondo de la denuncia, basada en algunos momentos en formalismos o tecnicismos, está la indignación de los denunciantes, cuyos asociados están sufriendo el acoso de las entidades de gestión.
Ana María Méndez, fundadora de APEMIT, asegura que sus asociados se enfrentan a demandas de 120.000 ó 125.000 euros en concepto de canon por los productos que sus tiendas compraron (no los que vendieron) entre 2000 y 2002.
Según denuncia, el 40% de las pequeñas tiendas de informática se han visto obligadas a cerrar.
Además, tal y como denuncia el propio Josep Jover, la cosa no acaba cuando pagas a una entidad de gestión, ya que, al existir múltiples de estas entidades, "nunca sabes cuándo va a aparecer otra por la puerta a pedirte su particular portazgo".
Jover no tiene mucha confianza en que su denuncia sea atendida y cree que acabará en un silencio administrativo. "Si ocurre, iremos a un contencioso administrativo. Y tenemos todas las de ganar".
Según la denuncia, dicha cantidad "no consta en la liquidación correspondiente al proceso electoral" ni tampoco está contabilizada en los informes de gestión de las entidades de gestión de derechos de autor.
Jover, en nombre de sus representados, asegura que la ley obliga a desglosar en cada factura el gasto correspondiente al producto en sí (un DVD, en este caso), al IVA y al canon digital al que está sujeto y que los partidos, en tanto que entidades públicas, también deben presentar dicho desglose en sus cuentas.
"Tienen la obligación de presentar ese desglose", asegura Jover, "y si lo han pagado y no les han dado una factura desglosada, de reclamarla". El abogado concede que los partidos pueden haber abonado el canon al comprar los DVD, pero también cree que ellos son los primeros que deben cumplir con la ley.
Diez millones por 15 años
El caso de CiU es sólo un ejemplo. Jover, en su denuncia, va más allá. "El PSOE ha actuado y actúa como una verdadera fábrica de DVD en todos los niveles de sus estructuras: local, regional, autonómico y estatal" lo que significaría, sólo a nivel municipal, "diez millones de DVD al año"... y eso multiplicado por 15.
Y es que el derecho de autor tiene un carácter "civil, irrenunciable y reclamable por parte de los autores y de las entidades que representan con un plazo de prescripción de 15 años".
Multipliquen ustedes. Y luego, sumen, porque ningún partido se libra en la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas del Reino. Así, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, repartió 998.000 vídeos en DVD para promocionar las obras de soterramiento de la M30 con un coste declarado de 420.000 euros cuando, según los denunciantes, sólo en concepto de canon deberían haberse abonado 1.119.760 euros (más IVA).
Mitin: 87,46 euros
La denuncia, sin embargo, no se queda ahí. Las entidades de gestión de derechos de autor cobran a los partidos políticos un canon por la organización de mítines que, según rezan las tablas publicadas por la propia SGAE, puede ir desde los 30 euros en ciudades pequeñas hasta los 87,46 euros en grandes capitales.
Esta cantidad representa para los denunciantes una "financiación encubierta" de los partidos políticos, que aprovechan su poder para conseguir precios "50 veces más bajos que los que recibiría un ciudadano en las mismas condiciones".
Jover expone como ejemplo un acto de solidaridad celebrado en Málaga en beneficio de niños saharauis para recaudar dinero que sería destinado a construir escuelas en el Sahara. Los organizadores del evento, el sindicato CC OO, tuvo que abonar a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) la nada desdeñable cifra de 3.262,60 euros.
Las fundaciones, también
Pero no acaba ahí la búsqueda de supuestos beneficiados por las entidades de gestión de las asociaciones denunciantes. Las fundaciones de los partidos políticos reciben financiación por parte de dichas entidades.
Así, según se asegura en la denuncia, en el listado de entidades subvencionadas por SGAE del año 2005 aparecen, entre otras, Fundación FAES (vinculada al PP) y la Fundación Carolina, Indalecio Prieto, Jaime Vera, Largo Caballero y Pablo Iglesias, todas ellas vinculadas al PSOE.
En el trasfondo de la denuncia, basada en algunos momentos en formalismos o tecnicismos, está la indignación de los denunciantes, cuyos asociados están sufriendo el acoso de las entidades de gestión.
Ana María Méndez, fundadora de APEMIT, asegura que sus asociados se enfrentan a demandas de 120.000 ó 125.000 euros en concepto de canon por los productos que sus tiendas compraron (no los que vendieron) entre 2000 y 2002.
Según denuncia, el 40% de las pequeñas tiendas de informática se han visto obligadas a cerrar.
Además, tal y como denuncia el propio Josep Jover, la cosa no acaba cuando pagas a una entidad de gestión, ya que, al existir múltiples de estas entidades, "nunca sabes cuándo va a aparecer otra por la puerta a pedirte su particular portazgo".
Jover no tiene mucha confianza en que su denuncia sea atendida y cree que acabará en un silencio administrativo. "Si ocurre, iremos a un contencioso administrativo. Y tenemos todas las de ganar".
