Ahora ya sabemos en que consistían las innovadoras ideas escondidas detrás de tan elocuentes palabras.
Demos un repaso, hemos visto, los renovados esfuerzos para establecer una especie de impuesto privado llamado canon compensatorio a la usanza medieval, hijo de gracia de reyes y privilegios, con el que se pretende recompensar a las sociedades de gestión de los derechos de autor y por si faltase algo, la LISI les instituye en nuevos Torquemadas, confiándoles la censura en Internet, aunque por el momento desde la RED y tras la denuncia de la Asociación de Internautas, se ha podido parar el intento. pero solo por el momento, nos acabamos de enterar de que vuelven a la carga en la próxima reunión del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones.
En esta legislatura también el Gobierno ha, regulado mediante un Reglamento el DNI-e, impidiendo que el Parlamento se pronuncie en algo tan básico para un Estado de Derecho como cuales deben ser los criterios para identificar a sus ciudadanos.
Días pasados, ha sido presentado un proyecto de Ley al Congreso, que permite el almacenamiento de los datos de trafico de las comunicaciones electrónicas (TIC). por un periodo de un año pero que puede ser ampliado a dos años, salvo que por orden judicial los datos hayan sido cedidos a la policía, en este caso, según el art 5 del proyecto la policía podrá guardarlos indefinidamente. El ámbito de aplicación abarca tanto a la telefonía fija o móvil, como a Internet, la telefonía a través de Internet y al correo electrónico, incluso cuando la llamada haya sido infructuosa. Esto es preocupante, ya que por esos datos se puede saber donde hemos estado, con quien hablamos, al menos el numero del teléfono que nos llama, o , al que llamamos, cuanto tiempo dura esa conversación, donde se localiza físicamente nuestro interlocutor, en que lugar físico nos encontrábamos en esos momentos durante que tiempo y donde estaba nuestro interlocutor en ese periodo de tiempo...
En definitiva se trata de datos, que si bien es cierto no afectan al contenido de la comunicación, y solo pueden ser cedidos bajo autorización judicial en ocasiones pueden ser extraordinariamente comprometidos para nuestra intimidad. Pero, lo peor es que toda esta información quedara bajo la custodia de las operadoras de telefonía; esto a parte de ser carísimo, lo que sin duda repercutirá en la factura del teléfono, supone convertir a las (ISP), en custodios de nuestra intimidad.
A parte de estas objeciones, existen otras formales y no por eso menos importantes, al fin y al cabo bajo el Imperio de la Ley, la libertad es esclava de las formas, tales como la falta de rango de la norma, debería tratarse de una Ley Orgánica al establecer limitaciones a un derecho fundamental, como es la intimidad art 18 de Constitución, o, la inconcreción de términos fundamentales, tales como los agentes facultados, quienes son?, o ese cese de la obligación de destruir los datos cedidos a los agentes facultados, o lo que es lo mismo la policía podrá mantener indefinidamente los datos cedidos?.
Pero lo mas grave es, que ahora también se custodia esta clase de datos, pero que norma lo autoriza?, por que periodo de tiempo?, cual es el procedimiento de cesión de datos? Que garantías y que mecanismo de protección y seguridad de los datos existen? Esperemos que la respuesta no remita al Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones, el mismo que regula Sitel, ya que se refiere a la conservación como garantía de la facturación, o la actual LSSI, se refiere solo a Internet y carece de desarrollo reglamentario en este aspecto. Esta cuestión ya ha sido denunciada pero iura novit curia, el Tribunal que juzga el 11-M lo sabrá.
También en esta legislatura se ha avanzado mucho en el terreno de las interceptaciones de las comunicaciones los programas espías, como OSEMINTI y SITEL. Recientemente se ha publicado que el Ministerio de Defensa español esta colaborando con Francia e Italia en el desarrollo de un programa de espionaje de las comunicaciones electrónicas denominado OSEMINTI, Infraestructura de inteligencia semántica operacional". y que es un paso más en la evolución de los sistemas de espionaje telemático, cuyo representante más popular en el campo civil fue Carnivore, usado durante años por el estadounidense Federal Bureau of Investigation (FBI) para monitorizar comunicaciones a través de Internet.
El sistema Carnivore provocó muchas controversias por sus fallos, como espiar a la persona equivocada, y porque se usó sin permiso judicial, según los grupos de libertades civiles. La ley USA Patriot acabó con la discusión, al decretar que el FBI podía monitorizar redes sin orden de un juez ni sospechas fundadas, mientras sólo captase la información del tráfico y no su contenido.
En España ya se levantan voces que con el pretexto de que la policía necesita mas poderes para combatir el terrorismo islamista, invocan una solución similar a la Ley USA Patriot. Sin embargo no olvidemos que carnívoro no impidió el 11-S, mantengámonos vigilantes.
SITEL es un primer paso en el desarrollo de estas tecnologías dirigidas a la interceptación de las comunicaciones. Se trata de un programa informático, cuyo titular es el Ministerio del Interior que esta instalado en los proveedores de servicios de redes de telecomunicación (ISP) y en los llamados Centros de Interceptación, para interceptar las comunicaciones que se efectúan mediante los teléfonos móviles cuando los jueces lo autorizan.
Los trabajos para el desarrollo de este software se iniciaron en el año 2000 y paralelamente, por la Secretaria de Estado de Justicia, para darle cobertura jurídica, fue elaborado un proyecto de Reglamento sobre, procedimientos y medidas técnicas para la interceptación legal de las telecomunicaciones, que tras ser sometido a consultas. Fue informado el 29 de diciembre de 2000, por Ministerio de Defensa diciendo que el Proyecto de Real Decreto se extralimitaba, ya que de la obligación de garantizar el secreto de las comunicaciones no se deriva la obligación de interceptarlas y que no se puede establecer limites a un derecho fundamental mediante un Reglamento, posteriormente el Consejo General del Poder Judicial, del 24 de octubre de 2002; planteando serias objeciones, al proyecto por la falta de precisión en cuestiones básicas.
Ante estos informes el Ministerio de Justicia desistió del proyecto. Sin embargo en marzo de 2004, SITEL entro en servicio en pruebas, y a los a pocos meses se implanto con carácter general a pesar de su falta de cobertura jurídica. Para salvar este vacio, esta vez, es el Ministerio de Industria quien promulga el 15 de abril de 2005 el Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones en el que dedica un capitulo a la interceptación legal de las comunicaciones, que es, casualmente el mismo texto que fue abandonado por el Gobierno anterior , y ahora se presenta encartado en un Reglamento esencialmente técnico, y es aprobado por el Consejo de Ministros sin pasar ningún control jurídico.
El Real Decreto fue recurrido por la Asociación de Internautas alegando la falta de rango de la norma, el Tribunal Supremo en breve tendrá que decidir el recurso.
El desprecio del Gobierno hacía la aportación de la comunidad internauta, solo tiene una excepción, la reforma del Plan Nacional de dominios.es, a petición expresa de la Asociación de Internautas ha supuesto un revulsivo en la concesión de los dominios .es, en menos de dos años España ha pasado de tener 40.000 dominios .es a los 500.000 dominios .es, un éxito sin precedentes. La excepción que confirma la decepcionante regla que su Gobierno aplica.
Todo lo dicho esta pasando en esta legislatura que pretendía sacar a España del secular retraso tecnológico, fomentar la creatividad y terminar con la fractura tecnológica. Sin embargo no se han abordado cuestiones tan relevantes para el futuro como que la banda ancha forme parte del servicio universal, de forma que cualquier persona, independientemente de su ubicación geográfica o su capacidad adquisitiva pueda acceder a este necesario servicio , única forma real de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento o el empleo y desarrollo del Software Libre, y la distribución de los contenidos bajo licencias copyleft, entre otras cuestiones tan reiteradamente repetidas por las comunidades internautas.
Por eso aunque sea una experiencia aislada resulta encomiable el proyecto emprendido por el Presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra en el empleo y desarrollo del software libre y licencias copyleft, para superar la brecha digital, de forma que ante el temor de que las operadoras de telefonía no llevaran la banda ancha al mundo rural, se emprendió el desarrollo de un sistema operativo basado en LINUX (software libre) que dio lugar a Linex, y ( software que bajo licencia Copyleft, se esta exportando a otros Países como Brasil) y una intranet propia que, en la actualidad cuenta con mas 1400 puntos de banda ancha y 78.000 ordenadores, Linex en la escuela, lo que equivale a un ordenador por cada dos alumnos muy por encima, del uno por ocho, que es la media de la Unión Europea.
Por todo lo que Usted ha hecho, en esta legislatura, le damos las gracias, pero si esa es su visión del progreso tecnológico, del modo de salir de la brecha digital, de a la sociedad del conocimiento, de Internet como espacio de libertad global, le pedimos que no se esfuerce más y descanse, nos da pánico imaginar el futuro que tienen proyectado.
Asociación de Internautas
Demos un repaso, hemos visto, los renovados esfuerzos para establecer una especie de impuesto privado llamado canon compensatorio a la usanza medieval, hijo de gracia de reyes y privilegios, con el que se pretende recompensar a las sociedades de gestión de los derechos de autor y por si faltase algo, la LISI les instituye en nuevos Torquemadas, confiándoles la censura en Internet, aunque por el momento desde la RED y tras la denuncia de la Asociación de Internautas, se ha podido parar el intento. pero solo por el momento, nos acabamos de enterar de que vuelven a la carga en la próxima reunión del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones.
En esta legislatura también el Gobierno ha, regulado mediante un Reglamento el DNI-e, impidiendo que el Parlamento se pronuncie en algo tan básico para un Estado de Derecho como cuales deben ser los criterios para identificar a sus ciudadanos.
Días pasados, ha sido presentado un proyecto de Ley al Congreso, que permite el almacenamiento de los datos de trafico de las comunicaciones electrónicas (TIC). por un periodo de un año pero que puede ser ampliado a dos años, salvo que por orden judicial los datos hayan sido cedidos a la policía, en este caso, según el art 5 del proyecto la policía podrá guardarlos indefinidamente. El ámbito de aplicación abarca tanto a la telefonía fija o móvil, como a Internet, la telefonía a través de Internet y al correo electrónico, incluso cuando la llamada haya sido infructuosa. Esto es preocupante, ya que por esos datos se puede saber donde hemos estado, con quien hablamos, al menos el numero del teléfono que nos llama, o , al que llamamos, cuanto tiempo dura esa conversación, donde se localiza físicamente nuestro interlocutor, en que lugar físico nos encontrábamos en esos momentos durante que tiempo y donde estaba nuestro interlocutor en ese periodo de tiempo...
En definitiva se trata de datos, que si bien es cierto no afectan al contenido de la comunicación, y solo pueden ser cedidos bajo autorización judicial en ocasiones pueden ser extraordinariamente comprometidos para nuestra intimidad. Pero, lo peor es que toda esta información quedara bajo la custodia de las operadoras de telefonía; esto a parte de ser carísimo, lo que sin duda repercutirá en la factura del teléfono, supone convertir a las (ISP), en custodios de nuestra intimidad.
A parte de estas objeciones, existen otras formales y no por eso menos importantes, al fin y al cabo bajo el Imperio de la Ley, la libertad es esclava de las formas, tales como la falta de rango de la norma, debería tratarse de una Ley Orgánica al establecer limitaciones a un derecho fundamental, como es la intimidad art 18 de Constitución, o, la inconcreción de términos fundamentales, tales como los agentes facultados, quienes son?, o ese cese de la obligación de destruir los datos cedidos a los agentes facultados, o lo que es lo mismo la policía podrá mantener indefinidamente los datos cedidos?.
Pero lo mas grave es, que ahora también se custodia esta clase de datos, pero que norma lo autoriza?, por que periodo de tiempo?, cual es el procedimiento de cesión de datos? Que garantías y que mecanismo de protección y seguridad de los datos existen? Esperemos que la respuesta no remita al Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones, el mismo que regula Sitel, ya que se refiere a la conservación como garantía de la facturación, o la actual LSSI, se refiere solo a Internet y carece de desarrollo reglamentario en este aspecto. Esta cuestión ya ha sido denunciada pero iura novit curia, el Tribunal que juzga el 11-M lo sabrá.
También en esta legislatura se ha avanzado mucho en el terreno de las interceptaciones de las comunicaciones los programas espías, como OSEMINTI y SITEL. Recientemente se ha publicado que el Ministerio de Defensa español esta colaborando con Francia e Italia en el desarrollo de un programa de espionaje de las comunicaciones electrónicas denominado OSEMINTI, Infraestructura de inteligencia semántica operacional". y que es un paso más en la evolución de los sistemas de espionaje telemático, cuyo representante más popular en el campo civil fue Carnivore, usado durante años por el estadounidense Federal Bureau of Investigation (FBI) para monitorizar comunicaciones a través de Internet.
El sistema Carnivore provocó muchas controversias por sus fallos, como espiar a la persona equivocada, y porque se usó sin permiso judicial, según los grupos de libertades civiles. La ley USA Patriot acabó con la discusión, al decretar que el FBI podía monitorizar redes sin orden de un juez ni sospechas fundadas, mientras sólo captase la información del tráfico y no su contenido.
En España ya se levantan voces que con el pretexto de que la policía necesita mas poderes para combatir el terrorismo islamista, invocan una solución similar a la Ley USA Patriot. Sin embargo no olvidemos que carnívoro no impidió el 11-S, mantengámonos vigilantes.
SITEL es un primer paso en el desarrollo de estas tecnologías dirigidas a la interceptación de las comunicaciones. Se trata de un programa informático, cuyo titular es el Ministerio del Interior que esta instalado en los proveedores de servicios de redes de telecomunicación (ISP) y en los llamados Centros de Interceptación, para interceptar las comunicaciones que se efectúan mediante los teléfonos móviles cuando los jueces lo autorizan.
Los trabajos para el desarrollo de este software se iniciaron en el año 2000 y paralelamente, por la Secretaria de Estado de Justicia, para darle cobertura jurídica, fue elaborado un proyecto de Reglamento sobre, procedimientos y medidas técnicas para la interceptación legal de las telecomunicaciones, que tras ser sometido a consultas. Fue informado el 29 de diciembre de 2000, por Ministerio de Defensa diciendo que el Proyecto de Real Decreto se extralimitaba, ya que de la obligación de garantizar el secreto de las comunicaciones no se deriva la obligación de interceptarlas y que no se puede establecer limites a un derecho fundamental mediante un Reglamento, posteriormente el Consejo General del Poder Judicial, del 24 de octubre de 2002; planteando serias objeciones, al proyecto por la falta de precisión en cuestiones básicas.
Ante estos informes el Ministerio de Justicia desistió del proyecto. Sin embargo en marzo de 2004, SITEL entro en servicio en pruebas, y a los a pocos meses se implanto con carácter general a pesar de su falta de cobertura jurídica. Para salvar este vacio, esta vez, es el Ministerio de Industria quien promulga el 15 de abril de 2005 el Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones en el que dedica un capitulo a la interceptación legal de las comunicaciones, que es, casualmente el mismo texto que fue abandonado por el Gobierno anterior , y ahora se presenta encartado en un Reglamento esencialmente técnico, y es aprobado por el Consejo de Ministros sin pasar ningún control jurídico.
El Real Decreto fue recurrido por la Asociación de Internautas alegando la falta de rango de la norma, el Tribunal Supremo en breve tendrá que decidir el recurso.
El desprecio del Gobierno hacía la aportación de la comunidad internauta, solo tiene una excepción, la reforma del Plan Nacional de dominios.es, a petición expresa de la Asociación de Internautas ha supuesto un revulsivo en la concesión de los dominios .es, en menos de dos años España ha pasado de tener 40.000 dominios .es a los 500.000 dominios .es, un éxito sin precedentes. La excepción que confirma la decepcionante regla que su Gobierno aplica.
Todo lo dicho esta pasando en esta legislatura que pretendía sacar a España del secular retraso tecnológico, fomentar la creatividad y terminar con la fractura tecnológica. Sin embargo no se han abordado cuestiones tan relevantes para el futuro como que la banda ancha forme parte del servicio universal, de forma que cualquier persona, independientemente de su ubicación geográfica o su capacidad adquisitiva pueda acceder a este necesario servicio , única forma real de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento o el empleo y desarrollo del Software Libre, y la distribución de los contenidos bajo licencias copyleft, entre otras cuestiones tan reiteradamente repetidas por las comunidades internautas.
Por eso aunque sea una experiencia aislada resulta encomiable el proyecto emprendido por el Presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra en el empleo y desarrollo del software libre y licencias copyleft, para superar la brecha digital, de forma que ante el temor de que las operadoras de telefonía no llevaran la banda ancha al mundo rural, se emprendió el desarrollo de un sistema operativo basado en LINUX (software libre) que dio lugar a Linex, y ( software que bajo licencia Copyleft, se esta exportando a otros Países como Brasil) y una intranet propia que, en la actualidad cuenta con mas 1400 puntos de banda ancha y 78.000 ordenadores, Linex en la escuela, lo que equivale a un ordenador por cada dos alumnos muy por encima, del uno por ocho, que es la media de la Unión Europea.
Por todo lo que Usted ha hecho, en esta legislatura, le damos las gracias, pero si esa es su visión del progreso tecnológico, del modo de salir de la brecha digital, de a la sociedad del conocimiento, de Internet como espacio de libertad global, le pedimos que no se esfuerce más y descanse, nos da pánico imaginar el futuro que tienen proyectado.
Asociación de Internautas
