Es una de los proyectos legales más liberticidas del Gobierno Zapatero, realizado bajo el pomposo título de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información. Para ser exactos, hablamos del Anteproyecto de Ley de Impulso de la Sociedad de la Información en el que se introducen una serie de modificaciones de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
En primer lugar, en el borrador de anteproyecto figuraba la norma según la cual todo ente administrativo -incluida una concejalía- podía cerrar una página web, sea un blog o un periódico electrónico, sin autorización judicial, siempre que se diera, o el señor concejal creyera que se daba un atentado contra la salud o la seguridad.
El escándalo fue mayúsculo, por lo que el Gobierno decidió, no eliminar esta censura de Internet, sino soterrar el borrador. El Gobierno se alarmó ante las protestas de los internautas, entre otras cosas porque una pieza de ese estilo podría ser impugnada por anticonstitucional.
Luego, al parecer, dado que es imposible saber cuál es el texto que se llevará al Consejo de Ministros del viernes 13, se añadió un aditamento menos liberticida pero igualmente peligroso, según el cual, las operadoras de telecomunicaciones estarían obligadas a hacer de gendarme contra aquellos sitios de la red en los que se estuviera vulnerando la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Y por cierto, quien definiría cuándo se atenta contra la propiedad intelectual serían los intermediarios de la propiedad intelectual las SGAEs- y las telecos estarían obligadas a actuar. Nuevo escándalo, con los internautas y las operadoras jurando en arameo contra la norma.
De hecho, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, se opuso a norma tan absurda, pero desde que el ministro Joan Clos ocupa la cartera de Industria, lo cierto es que Cultura, con Carmen Calvo, a la cabeza, manda más. Eso sí, Calvo está controlada por las SGAEs.
Pues bien, los intermediarios de derechos de autor han encontrado un especial aliado en la vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, quien ha decidido que, a pesar de las reticencias de la Comisión de Subsecretarios, el anteproyecto irá el viernes 20 al Consejo de ministros. A fin de cuentas, siempre se puede cambiar el texto en el Parlamento.
Por de pronto, la Asociación de Internautas ha solicitado la Convocatoria urgente del Consejo Asesor de Telecomunicaciones para ampliar el anteproyecto y, además, para hablar de otra de las supermedidas del Gobierno ZP en materia de Sociedad de la Información: el canon digital, cuya regulación ha generado un verdadero caos: ni se sabe qué soportes se verán afectados ni en qué media.
Reproducido de hispanidad.tv -
En primer lugar, en el borrador de anteproyecto figuraba la norma según la cual todo ente administrativo -incluida una concejalía- podía cerrar una página web, sea un blog o un periódico electrónico, sin autorización judicial, siempre que se diera, o el señor concejal creyera que se daba un atentado contra la salud o la seguridad.
El escándalo fue mayúsculo, por lo que el Gobierno decidió, no eliminar esta censura de Internet, sino soterrar el borrador. El Gobierno se alarmó ante las protestas de los internautas, entre otras cosas porque una pieza de ese estilo podría ser impugnada por anticonstitucional.
Luego, al parecer, dado que es imposible saber cuál es el texto que se llevará al Consejo de Ministros del viernes 13, se añadió un aditamento menos liberticida pero igualmente peligroso, según el cual, las operadoras de telecomunicaciones estarían obligadas a hacer de gendarme contra aquellos sitios de la red en los que se estuviera vulnerando la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Y por cierto, quien definiría cuándo se atenta contra la propiedad intelectual serían los intermediarios de la propiedad intelectual las SGAEs- y las telecos estarían obligadas a actuar. Nuevo escándalo, con los internautas y las operadoras jurando en arameo contra la norma.
De hecho, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, se opuso a norma tan absurda, pero desde que el ministro Joan Clos ocupa la cartera de Industria, lo cierto es que Cultura, con Carmen Calvo, a la cabeza, manda más. Eso sí, Calvo está controlada por las SGAEs.
Pues bien, los intermediarios de derechos de autor han encontrado un especial aliado en la vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, quien ha decidido que, a pesar de las reticencias de la Comisión de Subsecretarios, el anteproyecto irá el viernes 20 al Consejo de ministros. A fin de cuentas, siempre se puede cambiar el texto en el Parlamento.
Por de pronto, la Asociación de Internautas ha solicitado la Convocatoria urgente del Consejo Asesor de Telecomunicaciones para ampliar el anteproyecto y, además, para hablar de otra de las supermedidas del Gobierno ZP en materia de Sociedad de la Información: el canon digital, cuya regulación ha generado un verdadero caos: ni se sabe qué soportes se verán afectados ni en qué media.
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