Expansion Las tiendas de venta directa al público han comenzado a recibir la visita de los auditores la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) dota de poder de auditoría a estas sociedades privadas solicitando documentación y facturas, así como cartas certificadas exigiendo el pago del denominado canon digital.
Actualmente, cerca de 200 empresas se encuentran inmersas en pleno proceso judicial por negarse a pagar o facilitar dicha información. El presidente de la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit), Josep Jover, afirma que las sociedades de gestión reclaman a los distribuidores unos doce millones de euros, aunque muchos pagan para no ir a juicio y evitarse problemas.
Esta asociación, creada en febrero ante la avalancha de quejas por parte de los distribuidores, ofrece asistencia jurídica y una amplia base de datos para poder hacer frente a los problemas que se derivan del pago del canon. En apenas dos años el 3% de los minoristas se ha visto obligado a cerrar por no poder hacer frente al pago de las cantidades exigidas.
A algunas empresas de las más de 20.000 que constituyen el sector se le están reclamando, como a una de Murcia, hasta 600.000 euros por el concepto de copia privada.
A otra de Huelva le solicitan más de 450.000 euros. Las cantidades derivan del carácter retroactivo del canon y del concepto de idoneidad que recoge la normativa, de tal forma que es susceptible de pago cualquier soporte idóneo para la reproducción de los contenidos CDs, DVDs, grabadoras, mp3, etc.
El 1 de septiembre de 2003 entró en vigor un acuerdo privado entre el sector de los soportes de grabación y las entidades de gestión para regular la remuneración compensatoria por copia privada, pero tan sólo para los CD y DVD. El acuerdo contemplaba, además, que los productos adquiridos en España con anterioridad a su entrada en vigor estaban formalmente exentos.
Sin embargo, las tiendas se están encontrando ante una realidad bien distinta. La ley contemplaba entonces al fabricante o importador como deudor principal, siendo el resto de eslabones del sector distribuidores, mayoristas y minoristas responsables solidarios del pago en caso de que la factura de sus proveedores no contemple desglosado el importe de dicho gravamen.
Las auditorías a empresas
En algunos casos, los auditores contabilizan en sus inspecciones la adquisición de productos desde el año 2000. A pesar de lo que dice expresamente la letra impresa del acuerdo sobre la citada exención, algunas tiendas se han encontrado con la reclamación del canon por productos que provenían de restos de almacén anteriores a la firma del documento. Pero no sólo de CDs y DVDs. También contemplan otro tipo de productos, como mp3, auspiciándose en el concepto de idoneidad.
Según el servicio jurídico de Apemit, las entidades de gestión aplican tres vías de actuación: Iniciando una auditoría, luego una reclamación extrajudicial y, finalmente, una demanda en función de la cuantía; mediante un procedimiento de exhibición de libros y documentación a mayoristas o minoristas; o bien, iniciando, directamente, una demanda de juicio ordinario, sin auditoría previa, sirviéndose de datos obtenidos por el mayorista.
Algunos minoristas se encuentran con el envío directo de un burofax por parte de alguna de estas sociedades en el que, sin inspección previa, le vienen detallados los productos y cuantía a pagar por los mismos. Datos que, tan sólo, pudieron obtener a través de la denuncia de sus proveedores o importadores, a cambio de que a éstos les perdonasen la deuda, afirma Jover.
NOTA DE LA ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS:
Ana María Mendez, Afectada por esta nueva ofensiva de la Sgae. Fundadora de la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit). Participará como ponente en el1er Encuentro Nacional de Internautas. E.N.I. Los días 13 y 14 de julio en León.
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Actualmente, cerca de 200 empresas se encuentran inmersas en pleno proceso judicial por negarse a pagar o facilitar dicha información. El presidente de la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit), Josep Jover, afirma que las sociedades de gestión reclaman a los distribuidores unos doce millones de euros, aunque muchos pagan para no ir a juicio y evitarse problemas.
Esta asociación, creada en febrero ante la avalancha de quejas por parte de los distribuidores, ofrece asistencia jurídica y una amplia base de datos para poder hacer frente a los problemas que se derivan del pago del canon. En apenas dos años el 3% de los minoristas se ha visto obligado a cerrar por no poder hacer frente al pago de las cantidades exigidas.
A algunas empresas de las más de 20.000 que constituyen el sector se le están reclamando, como a una de Murcia, hasta 600.000 euros por el concepto de copia privada.
A otra de Huelva le solicitan más de 450.000 euros. Las cantidades derivan del carácter retroactivo del canon y del concepto de idoneidad que recoge la normativa, de tal forma que es susceptible de pago cualquier soporte idóneo para la reproducción de los contenidos CDs, DVDs, grabadoras, mp3, etc.
El 1 de septiembre de 2003 entró en vigor un acuerdo privado entre el sector de los soportes de grabación y las entidades de gestión para regular la remuneración compensatoria por copia privada, pero tan sólo para los CD y DVD. El acuerdo contemplaba, además, que los productos adquiridos en España con anterioridad a su entrada en vigor estaban formalmente exentos.
Sin embargo, las tiendas se están encontrando ante una realidad bien distinta. La ley contemplaba entonces al fabricante o importador como deudor principal, siendo el resto de eslabones del sector distribuidores, mayoristas y minoristas responsables solidarios del pago en caso de que la factura de sus proveedores no contemple desglosado el importe de dicho gravamen.
Las auditorías a empresas
En algunos casos, los auditores contabilizan en sus inspecciones la adquisición de productos desde el año 2000. A pesar de lo que dice expresamente la letra impresa del acuerdo sobre la citada exención, algunas tiendas se han encontrado con la reclamación del canon por productos que provenían de restos de almacén anteriores a la firma del documento. Pero no sólo de CDs y DVDs. También contemplan otro tipo de productos, como mp3, auspiciándose en el concepto de idoneidad.
Según el servicio jurídico de Apemit, las entidades de gestión aplican tres vías de actuación: Iniciando una auditoría, luego una reclamación extrajudicial y, finalmente, una demanda en función de la cuantía; mediante un procedimiento de exhibición de libros y documentación a mayoristas o minoristas; o bien, iniciando, directamente, una demanda de juicio ordinario, sin auditoría previa, sirviéndose de datos obtenidos por el mayorista.
Algunos minoristas se encuentran con el envío directo de un burofax por parte de alguna de estas sociedades en el que, sin inspección previa, le vienen detallados los productos y cuantía a pagar por los mismos. Datos que, tan sólo, pudieron obtener a través de la denuncia de sus proveedores o importadores, a cambio de que a éstos les perdonasen la deuda, afirma Jover.
NOTA DE LA ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS:
Ana María Mendez, Afectada por esta nueva ofensiva de la Sgae. Fundadora de la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (Apemit). Participará como ponente en el1er Encuentro Nacional de Internautas. E.N.I. Los días 13 y 14 de julio en León.
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