Los senadores han presentado más de 80 enmiendas al texto remitido por el Congreso de los Diputados, donde se aprobó sin ningún voto en contra y con acuerdo del PSOE y el PP.
Este texto legislativo fue impulsado por el Gobierno el verano pasado para trasponer la directiva europea de la Sociedad de la Información a la legislación española y atender a los retos que plantean las nuevas tecnologías en la protección de los derechos de los autores.
Por ello, distingue entre el entorno analógico -ya regulado y que se mantiene sin apenas modificaciones- y el digital, donde se producen los cambios más importantes.
El texto define qué es la copia privada de una obra -aquella que realiza un particular a partir de un original y para uso privado- y establece el pago por compensación en los soportes digitales, es decir, que extiende el 'canon' por copia privada al mundo digital.
No obstante, el listado concreto de los equipos, aparatos y soportes sujetos al pago de la compensación lo establecerán en una orden ministerial conjunta, de carácter bianual, Cultura e Industria.
En ella se recogerá el acuerdo al que hayan llegado las entidades de gestión y las empresas del sector para determinar lo que está sujeto al pago del canon y su cuantía, pues el Gobierno ha optado, según la titular de Cultura, Carmen Calvo, por el entendimiento de las partes.
En cualquier caso, quedan exentos del pago los discos duros de ordenador y las líneas de ADSL, según la reforma, que establece además unos 'límites' a los derechos de los creadores con el fin de mantener un equilibrio con el interés general, es decir, lo referido a bibliotecas, enseñanza o investigación.
Sin embargo, y a partir de que el texto fuera aprobado en el Congreso -donde se pactaron el 90 por ciento de las enmiendas de los grupos- se han suscitado opiniones contrarias, dado que enfrenta diversos intereses: el acceso a la cultura, los derechos de los autores y la implantación de la Sociedad de la Información.
Las entidades de gestión, entre ellas la Sociedad General de Autores de España (SGAE), reaccionaron al texto que resultó del debate en el Congreso, por considerarlo 'regresivo' respecto del estatus actual de los derechos de propiedad intelectual.
Por su parte, los representantes de los consumidores, internautas, sindicatos y empresas de las nuevas tecnologías -una veintena de colectivos agrupados en la Plataforma Todoscontraelcanon- presentaron el pasado miércoles casi 100.000 firmas en contra del canon en los soportes digitales.
Para ellos, que advierten del freno que supondrá el pago de la remuneración compensatoria en el desarrollo de la Sociedad de la Información, el canon 'es indiscriminado' porque se impone a todos los soportes con independencia del uso que se haga de ellos y aseguran que afectará a cualquier aparato con memoria o transmisión, desde un teléfono móvil a un MP3.
La regulación de los resúmenes de prensa ha despertado también una fuerte polémica entre la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que agrupa a más de 80 periódicos, y la Asociación de Empresas de Seguimiento de Información y Publicidad (AESIP).
La AEDE ha pedido a los grupos parlamentarios que la ley evite que las empresas de resúmenes de prensa puedan seguir haciendo negocio con la reproducción comercial no autorizada del contenido de los periódicos y lo califican de 'piratería comercial'.
La AESIP replica que la ley debe mantener, como figura en su redacción actual y no como proponen las enmiendas de CiU y PNV, la consideración de 'citas' para esas recopilaciones de prensa. Terra Actualidad - EFE
Este texto legislativo fue impulsado por el Gobierno el verano pasado para trasponer la directiva europea de la Sociedad de la Información a la legislación española y atender a los retos que plantean las nuevas tecnologías en la protección de los derechos de los autores.
Por ello, distingue entre el entorno analógico -ya regulado y que se mantiene sin apenas modificaciones- y el digital, donde se producen los cambios más importantes.
El texto define qué es la copia privada de una obra -aquella que realiza un particular a partir de un original y para uso privado- y establece el pago por compensación en los soportes digitales, es decir, que extiende el 'canon' por copia privada al mundo digital.
No obstante, el listado concreto de los equipos, aparatos y soportes sujetos al pago de la compensación lo establecerán en una orden ministerial conjunta, de carácter bianual, Cultura e Industria.
En ella se recogerá el acuerdo al que hayan llegado las entidades de gestión y las empresas del sector para determinar lo que está sujeto al pago del canon y su cuantía, pues el Gobierno ha optado, según la titular de Cultura, Carmen Calvo, por el entendimiento de las partes.
En cualquier caso, quedan exentos del pago los discos duros de ordenador y las líneas de ADSL, según la reforma, que establece además unos 'límites' a los derechos de los creadores con el fin de mantener un equilibrio con el interés general, es decir, lo referido a bibliotecas, enseñanza o investigación.
Sin embargo, y a partir de que el texto fuera aprobado en el Congreso -donde se pactaron el 90 por ciento de las enmiendas de los grupos- se han suscitado opiniones contrarias, dado que enfrenta diversos intereses: el acceso a la cultura, los derechos de los autores y la implantación de la Sociedad de la Información.
Las entidades de gestión, entre ellas la Sociedad General de Autores de España (SGAE), reaccionaron al texto que resultó del debate en el Congreso, por considerarlo 'regresivo' respecto del estatus actual de los derechos de propiedad intelectual.
Por su parte, los representantes de los consumidores, internautas, sindicatos y empresas de las nuevas tecnologías -una veintena de colectivos agrupados en la Plataforma Todoscontraelcanon- presentaron el pasado miércoles casi 100.000 firmas en contra del canon en los soportes digitales.
Para ellos, que advierten del freno que supondrá el pago de la remuneración compensatoria en el desarrollo de la Sociedad de la Información, el canon 'es indiscriminado' porque se impone a todos los soportes con independencia del uso que se haga de ellos y aseguran que afectará a cualquier aparato con memoria o transmisión, desde un teléfono móvil a un MP3.
La regulación de los resúmenes de prensa ha despertado también una fuerte polémica entre la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), que agrupa a más de 80 periódicos, y la Asociación de Empresas de Seguimiento de Información y Publicidad (AESIP).
La AEDE ha pedido a los grupos parlamentarios que la ley evite que las empresas de resúmenes de prensa puedan seguir haciendo negocio con la reproducción comercial no autorizada del contenido de los periódicos y lo califican de 'piratería comercial'.
La AESIP replica que la ley debe mantener, como figura en su redacción actual y no como proponen las enmiendas de CiU y PNV, la consideración de 'citas' para esas recopilaciones de prensa. Terra Actualidad - EFE
