MERCÈ MOLIST EL PAÍS - 04-05-2006 "Nuestro objetivo es defendernos de las entidades de gestión de derechos de autor", afirma Ana M. Méndez, impulsora de la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT), que reúne 1.800 tiendas de informática y franquicias. Una campaña de demandas de la SGAE, por irregularidades en el pago del canon, ha encendido los ánimos en el sector. Es la primera vez que las tiendas de informática españolas se unen para algo más que comprar material.
Todo empezó en junio de 2004, cuando la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) reclamó a Ana M. Méndez, copropietaria de la tienda Traxtore de Barcelona, 48.000 euros en concepto del canon sobre los CD y DVD vírgenes que había comprado a varios distribuidores. Méndez aclara: "Algunos pertenecían a la patronal ASIMELEC y me aseguraron que el material estaba exento, por ser restos de almacén".
Traxtore se negó a pagar, la SGAE la demandó y, en marzo de 2006, un juez sobreseyó la causa. La entidad le ha puesto otra demanda, por otro cauce, y a cinco tiendas más. Otras 12 han sido invitadas a pagar o ser auditadas y demandadas. "A Informarket (Murcia) le piden 65.000 euros; a Revolution (Barcelona), 48.000. Todos son negocios familiares".
Efectos retroactivos
Pedro Farré, director de Relaciones Institucionales de la SGAE, lo explica: "Llevamos años poniendo demandas por impago del canon, pero en los últimos seis meses nos hemos puesto más severos porque la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) nos lo exige. Si ellos pagan el canon y el resto no, hay una desventaja competitiva".
Méndez se queja de los métodos: "Un inspector de Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) compró cedés en una tienda sin identificarse, para ver si se lo cobraban. En otra, pidieron que no se lo cobrasen y les grabaron". Pero el principal problema es que se les reclama el canon con efectos retroactivos: "Nadie nos mandó un carta para decirnos cuándo debíamos empezar a pagarlo".
El nuevo caballo de batalla son los reproductores MP3: "Su canon ha sido aprobado ahora, pero nos lo reclaman de años anteriores. Nadie sabe a cuánto asciende. Los distribuidores, algunos miembros de ASIMELEC, venden grabadoras sin canon y se niegan a desglosarlo en la factura".
La confusión es general. El canon o "remuneración compensatoria por copia privada" está previsto en la Ley de Propiedad Intelectual desde 1987, para "todos los equipos, aparatos y materiales idóneos para la grabación de obras musicales y/o audiovisuales". Entonces no existía la copia digital y, hasta 2001, las entidades de gestión no lo exigieron por este concepto.
En 2003, ASIMELEC, tras varias sentencias desfavorables, firmó un acuerdo con seis entidades en el que se pactaban las tarifas del canon sobre determinados soportes digitales. Este pacto se interpretó como el inicio de la obligación de pagar el canon cuando, según Farré, "por ley, tanto tiendas como mayoristas debían pagarlo desde el principio".
En busca del distribuidor
Quien debe abonar el canon son los fabricantes, importadores e intermediarios; pero, dice Farré, "si ellos no lo hacen, la ley nos faculta a ir a por el distribuidor final, que debe asegurarse que compra a empresas que lo han pagado". Farré dice que "hay tiendas que son también importadoras, traen material del sureste asiático, sin pasar controles, y venden los CD a 10 céntimos. Eso nos lleva a ser muy severos".
Méndez recuerda que, cuando fue demandada, vendía el CD más económico, a 21 céntimos: "Ahora ya no vendo nada con canon. Por su culpa, he pasado tres años gastando dinero en abogados, con mucha impotencia, sabiendo que pagar significaba cerrar el negocio y viendo cómo nadie auditaba a los que me vendieron material sin canon". Su asociación, explica, servirá para "llegar a Bruselas, si es necesario". Su abogado, Josep Jover, dice: "No queremos pactar, sino ejercer nuestros derechos". Farré apostilla: "Lo que tienen que hacer es pagar. Vamos a exigirles el canon por todos los medios".
ASIMELEC, en boca de su director, José Pérez, niega haber pedido la campaña: "Nosotros no creamos el canon. Pretendíamos no pagar, porque la ley era confusa, pero si no llegábamos a un acuerdo era la quiebra, los jueces habían condenado a empresas y iban a embargarlas". Pero añade: "No nos parece justo que otras empresas no paguen, pero no hemos pedido que se vaya contra las tiendas".
En cuanto al canon de los reproductores MP3, confirma: "Entendemos que no se debe pagar porque la ley no lo recoge. Tenemos a socios denunciados por eso y estamos luchando. Esperamos que la nueva ley lo aclare".
Ana M. Méndez es autora de la Carta a Ramoncín
Contra el canon. Tu firma cuenta.
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Todo empezó en junio de 2004, cuando la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) reclamó a Ana M. Méndez, copropietaria de la tienda Traxtore de Barcelona, 48.000 euros en concepto del canon sobre los CD y DVD vírgenes que había comprado a varios distribuidores. Méndez aclara: "Algunos pertenecían a la patronal ASIMELEC y me aseguraron que el material estaba exento, por ser restos de almacén".
Traxtore se negó a pagar, la SGAE la demandó y, en marzo de 2006, un juez sobreseyó la causa. La entidad le ha puesto otra demanda, por otro cauce, y a cinco tiendas más. Otras 12 han sido invitadas a pagar o ser auditadas y demandadas. "A Informarket (Murcia) le piden 65.000 euros; a Revolution (Barcelona), 48.000. Todos son negocios familiares".
Efectos retroactivos
Pedro Farré, director de Relaciones Institucionales de la SGAE, lo explica: "Llevamos años poniendo demandas por impago del canon, pero en los últimos seis meses nos hemos puesto más severos porque la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) nos lo exige. Si ellos pagan el canon y el resto no, hay una desventaja competitiva".
Méndez se queja de los métodos: "Un inspector de Egeda (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) compró cedés en una tienda sin identificarse, para ver si se lo cobraban. En otra, pidieron que no se lo cobrasen y les grabaron". Pero el principal problema es que se les reclama el canon con efectos retroactivos: "Nadie nos mandó un carta para decirnos cuándo debíamos empezar a pagarlo".
El nuevo caballo de batalla son los reproductores MP3: "Su canon ha sido aprobado ahora, pero nos lo reclaman de años anteriores. Nadie sabe a cuánto asciende. Los distribuidores, algunos miembros de ASIMELEC, venden grabadoras sin canon y se niegan a desglosarlo en la factura".
La confusión es general. El canon o "remuneración compensatoria por copia privada" está previsto en la Ley de Propiedad Intelectual desde 1987, para "todos los equipos, aparatos y materiales idóneos para la grabación de obras musicales y/o audiovisuales". Entonces no existía la copia digital y, hasta 2001, las entidades de gestión no lo exigieron por este concepto.
En 2003, ASIMELEC, tras varias sentencias desfavorables, firmó un acuerdo con seis entidades en el que se pactaban las tarifas del canon sobre determinados soportes digitales. Este pacto se interpretó como el inicio de la obligación de pagar el canon cuando, según Farré, "por ley, tanto tiendas como mayoristas debían pagarlo desde el principio".
En busca del distribuidor
Quien debe abonar el canon son los fabricantes, importadores e intermediarios; pero, dice Farré, "si ellos no lo hacen, la ley nos faculta a ir a por el distribuidor final, que debe asegurarse que compra a empresas que lo han pagado". Farré dice que "hay tiendas que son también importadoras, traen material del sureste asiático, sin pasar controles, y venden los CD a 10 céntimos. Eso nos lleva a ser muy severos".
Méndez recuerda que, cuando fue demandada, vendía el CD más económico, a 21 céntimos: "Ahora ya no vendo nada con canon. Por su culpa, he pasado tres años gastando dinero en abogados, con mucha impotencia, sabiendo que pagar significaba cerrar el negocio y viendo cómo nadie auditaba a los que me vendieron material sin canon". Su asociación, explica, servirá para "llegar a Bruselas, si es necesario". Su abogado, Josep Jover, dice: "No queremos pactar, sino ejercer nuestros derechos". Farré apostilla: "Lo que tienen que hacer es pagar. Vamos a exigirles el canon por todos los medios".
ASIMELEC, en boca de su director, José Pérez, niega haber pedido la campaña: "Nosotros no creamos el canon. Pretendíamos no pagar, porque la ley era confusa, pero si no llegábamos a un acuerdo era la quiebra, los jueces habían condenado a empresas y iban a embargarlas". Pero añade: "No nos parece justo que otras empresas no paguen, pero no hemos pedido que se vaya contra las tiendas".
En cuanto al canon de los reproductores MP3, confirma: "Entendemos que no se debe pagar porque la ley no lo recoge. Tenemos a socios denunciados por eso y estamos luchando. Esperamos que la nueva ley lo aclare".
Ana M. Méndez es autora de la Carta a Ramoncín
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