En septiembre de 2004, el consejo de la CMT decidió sancionar al ayuntamiento de Ponteareas, tras comprobar que había cometido una infracción muy grave, con una multa de 9.225 euros, equivalente al número de viviendas del municipio, que constituía la totalidad del mercado afectado por la explotación de la red Wi-Fi.
En su nueva resolución, el regulador mantiene que el ayuntamiento debió notificar la puesta en marcha de la red, a pesar de que ésta se encontraba en un período de pruebas, durante el que 'no se sabe con certeza si se va a poder poner en funcionamiento de manera definitiva', según alegó el consistorio.
No obstante, la CMT estima los argumentos del ayuntamiento de la localidad pontevedresa en lo que respecta al número de viviendas de las calles y barrios a los que daba cobertura la red Wi-Fi, que ascendía a 788 unidades, y rebaja por ello el importe de la multa a 788 euros.
Esta no es la única multa impuesta a un ayuntamiento por prestar servicios de telecomunicaciones sin comunicarlo al regulador. En enero de este año, el consejo de la CMT confirmó la sanción de 5.024 euros impuesta a Proyecto Atarfe, una empresa dependiente del ayuntamiento de la localidad granadina del mismo nombre, por este motivo.
Terra Actualidad - Europa Press
En su nueva resolución, el regulador mantiene que el ayuntamiento debió notificar la puesta en marcha de la red, a pesar de que ésta se encontraba en un período de pruebas, durante el que 'no se sabe con certeza si se va a poder poner en funcionamiento de manera definitiva', según alegó el consistorio.
No obstante, la CMT estima los argumentos del ayuntamiento de la localidad pontevedresa en lo que respecta al número de viviendas de las calles y barrios a los que daba cobertura la red Wi-Fi, que ascendía a 788 unidades, y rebaja por ello el importe de la multa a 788 euros.
Esta no es la única multa impuesta a un ayuntamiento por prestar servicios de telecomunicaciones sin comunicarlo al regulador. En enero de este año, el consejo de la CMT confirmó la sanción de 5.024 euros impuesta a Proyecto Atarfe, una empresa dependiente del ayuntamiento de la localidad granadina del mismo nombre, por este motivo.
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