1. Este estudio, se divide en cuatro capítulos; tres de análisis (Comparación internacional, Síntesis de las diferencias y Razones para la diferencia) y uno de Conclusiones, en el que pretendemos resumir nuestra modesta contribución en el terreno de los cambios que, a juicio de la Asociación son necesarios para abordar el desarrollo de la Sociedad de la Información y lograr una mayor aproximación al status que nos corresponde por otro tipo de parámetros, como PIB.
DATO: El último índice sintético publicado por el Foro Económico Mundial sobre un conjunto de 102 países, coloca a España en el puesto número 29 de la clasificación, es decir, pierde cuatro posiciones. En la misma posición nos coloca el elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones que evalúa a 187 países. Por su parte los índices elaborados por Economist Intelligencie Unit, sobre 64 países y por IDC - World Times, que analiza a 53 países, sitúan a España en el número 21 de la clasificación.
2. Este estudio no pretende rememorar los planes estratégicos realizados ni, por supuesto, reeditar las críticas que en su día vertimos hacia los mismos; si acaso, con la distancia del tiempo, quizá habría que reconocer el esfuerzo a sus autores por haber intentado plasmar sobre papel unas directrices, equivocadas o no, que permitieran profundizar en el desarrollo de la Sociedad de la Información. Como desde hoy hay que reconocer los esfuerzos que la nueva administración plantea, aunque no siempre estemos de acuerdo.
3. Si algo se ha evidenciado en las páginas de análisis es la necesidad que tiene España de recortar el diferencial digital con otros países de la Unión Europea. Para ello es preciso promover la incorporación de más ciudadanos y hogares a la Sociedad de la Información, así como, un mayor uso de los servicios con ella relacionados por parte de quienes decidan aprovechar sus ventajas.
Dato: El porcentaje de usuarios es uno de los datos conceptualmente más complejos y difíciles de determinar, quizá por eso surgen diferencias significativas entre las distintas fuentes, En cualquier caso, lo realmente significativo respecto al porcentaje de usuarios es, que entre el dato más optimista de las distintas fuentes nacionales y la media europea (UE 25), la distancia es de 8 puntos porcentuales (13 si se adopta el dato más pesimista). La distancia se incrementa a 40 puntos cuando la comparación se establece con Suecia, que presenta un porcentaje de usuarios de Internet próximo al 75%.
4. Este objetivo de incorporar a más ciudadanos a la SI invita a pensar en intervenciones en diversos campos y materias, que permitan vencer las resistencias emocionales o estructurales de los ciudadanos. Los poderes públicos, los agentes sociales, económicos, etc, deberán, deberemos mejor, tomar conciencia de cada una de las motivaciones que inhiben la participación de los ciudadanos en la Sociedad de la Información y tratar de corregirlas. Algunas de las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno, creemos que caminan en la dirección correcta.
5. Los campos en los que hay que intervenir, constituyen el cuerpo de las conclusiones de este estudio y han sido ordenados en epígrafes que permitan una exposición sistemática. A parte de estos campos hay otros motivos para la diferencia con países de la UE que se encuentran en el estudio: el uso de Internet y ordenadores en la empresa, la inversión en TIC, el desarrollo del comercio electrónico, etc.
En materia de Infraestructuras y equipamientos.
Los datos ponen de manifiesto que España presenta un diferencial negativo en el número de líneas de teléfono por 100 habitantes y en el porcentaje de ordenadores por hogares.
DATO: En el número de líneas por 100 habitantes, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) casi 6 puntos porcentuales separaban a España en 2003 de la media de la UE 25. La diferencia se incrementa hasta 13 si la comparación se establece con la UE 15. La diferencia con Luxemburgo es de 37 puntos porcentuales, 31 si se compara con Suecia.
DATO: En el porcentaje de ordenadores por hogares, el estudio de Ipsos en 2004 para la UE, refleja un porcentaje del 49%. Cifra refrendada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en su barómetro de enero del mismo año. Sin embargo, a pesar del incremento en 5 puntos que registra Ipsos para España respecto a los datos de 2003, la diferencia con la UE 15 (53%) se mantiene en un 4%.
DATO: La diferencia en el porcentaje de hogares con Internet crece hasta los 11 puntos. En ningún otro país hay una diferencia de 21 puntos entre el porcentaje de hogares con PC y los hogares con Internet. En esta relación la menor diferencia la ostenta Suecia, sólo siete puntos, situándose en 14 el diferencial entre sendas medias de la UE. Este diferencial da idea del esfuerzo que es preciso realizar por parte de todos los implicados. AI se ofrece a colaborar con las instituciones en el ánimo de atajar las diferencias.
Ambos aspectos (líneas y ordenadores) tienen una importancia singular en el desarrollo de la Sociedad de la Información ya que, independientemente de la de la tecnología empleada, el ordenador sigue siendo el dispositivo de acceso más usado, casi el 93% de los hogares que pueden acceder a Internet. Además, la multitud de aplicaciones, presentes o futuras requerirán modos de conexión con el ordenador, al margen del dispositivo que las inicie.
Por otra parte, el dinamismo que está demostrado la tecnología ADSL, así como, la dificultad de otros sistemas de acceso de lograr una cobertura universal, demuestra que la incorporación de muchos segmentos de población a la Sociedad de la Información requerirá una conexión telefónica.
DATO: . El acceso DSL es mayoritario en todos los países a excepción de Holanda, Austria y Portugal, donde domina el cable, aunque en porcentajes muy inferiores al de hogares con televisión por cable. En España, el ADSL representa casi un 75% de las conexiones de banda ancha.
Por tanto, en materia de infraestructuras y equipamientos, proponemos: .
* La creación de un fondo de ayudas públicas que facilite la adquisición de equipamiento o la conexión de banda ancha en los hogares, al modo del sistema establecido por otros países de la UE, algunas comunidades autónomas o las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno.
* Que la CMT, aborde la justificación del Coste Neto del Servicio Universal y se cree, en consecuencia el Fondo de Financiación del mismo, tal y como está previsto en la legislación.
DATO: . La comparación con los países que integran la UE 15 ponen de manifiesto, en relación con las viviendas con acceso a Internet en la zona rural una distancia de 11 respecto a la media comunitaria. Cierto que es muy semejante a la que existe en las zonas urbanas y metropolitanas, pero la diferencia porcentual de España se acrecienta en las zonas rurales, tanto respecto al país que tiene un mejor comportamiento, como al que inmediatamente le antecede en la clasificación.
* Liberalización del coste de conexión de línea o sujeción del mismo a un sistema de precios máximos autorizados.
* Mayor implicación de los fabricantes de programas y equipos en la atención a los usuarios mediante sistemas de ayuda telefónica o mediante web. De nada servirán los esfuerzos en infraestructuras o aplicaciones si el soporte informático es poco fiable, está pensado para usuarios avanzados o los sistemas de atención son caros y muy limitados. Esta necesidad de atención es más acuciante aún para quienes hacen un uso profesional.
Mercado y competencia.
El desarrollo de la Sociedad de la Información entendiendo por tal la incorporación de nuevos usuarios y el mayor aprovechamiento de sus servicios por quienes ya están incorporados requiere, además, de actuar sobre las infraestructuras y equipamientos, hacerlo sobre el modelo de regulación, abordando los cambios que posibilitan el desenvolvimiento del mercado y la competencia. Creemos que esta nueva fase que se abre en la CMT permite albergar expectativas.
En este apartado, proponemos: .
* La completa liberalización de precios de ADSL, permitiendo de este modo, crear las bases para una competencia entre plataformas, que posibilite el desarrollo de más y mejores servicios, la diversificación de productos y la reducción de precios de la conexión a banda ancha, que en la actualidad refleja el sobre coste artificial provocado por la intervención del regulador y los márgenes que trata de garantizar a los operadores entrantes. En este escenario propuesto, ganar cuota de mercado es una consecuencia lógica de la eficiencia de los precios y las prestaciones y no de la protección del regulador.
DATO: . Analizando la evolución de la banda ancha en España, cabe afirmar que los dos momentos que se asocian con un mayor dinamismo del mercado, coinciden con la autorización por parte del regulador a Telefónica de actuar en el mercado minorista y más recientemente de incrementar la velocidad.
* En este recorrido hacía la competencia real, es preciso eliminar los vínculos entre los precios minoristas y la oferta mayorista de Telefónica. Con ello, se dinamizaría el mercado, pero, sobre todo, se contribuirá a evitar ese sobre coste artificial al que se aludía anteriormente. A día de hoy se ha demostrado que todos los operadores son capaces de replicar cualquier servicio del mayorista mediante el bucle desagregado. Por su puesto que este precio deberá seguir fijado por OBA, como se indicará a continuación.
* Sólo la protección de los derechos de los usuarios, la garantía de acceso al bucle de abonado en condiciones de neutralidad para el conjunto de operadores y el establecimiento de un precio máximo deben actuar como límites en este escenario de liberalización, porque, en definitiva, liberalización y desregulación son dos conceptos diferentes.
* Una regulación tendente a promover la competencia debería favorecer la consecución de acuerdos comerciales entre operadores, desarrolladores de contenidos y aplicaciones, y fabricantes de programas y equipos, con la finalidad de dar satisfacción a las necesidades de los usuarios y permitir un mayor ritmo de desarrollo de la Sociedad de la Información.
Derechos de los usuarios.
En un nuevo escenario como el que se plantea en los puntos previos ya se ha comentado que los límites deben venir dados por el respeto a los derechos de los usuarios. La reciente regulación de la materia por el Ministerio de Industria, ha iniciado el camino en la dirección correcta y recoge ya algunas de las propuestas que aquí se plantean.
En este apartado, proponemos: .
* Evitar las prácticas fraudulentas de preasignación o slamming.
* Reforzar la reciente regulación sobre la verificación verbal de la preasignación habilitada por la CMT, para evitar que sea fuente añadida de conflictos a los generados por el propio organismo con las permanentes devaluaciones de los mecanismos de control (verificación de firma por el operador que pierde al usuario) establecidos originalmente respecto a la preasignación. Esta devaluación, en el caso del ADSL ha sido absoluta, al no permitirse ni la verificación del exiguo 5% de los contratos al que se limitó la verificación en telefonía.
* A este respecto proponemos que se establezcan las medidas necesarias para garantizar la independencia de las entidades verificadoras y el resto de procedimientos que inspiran la verificación verbal.
Igualmente, mientras este estado de cosas continúe, es necesario que la administración competente habilite el derecho de los usuarios a prevenir la preasignación mediante escrito dirigido a su actual operador de acceso que regirá hasta que el propio usuario comunique un cambio de voluntad.
Toda la normativa desplegada para habilitar el alta por parte del regulador debe tener como contrapunto el derecho de los usuarios a darse de baja de cualquier servicio o con el operador de acceso de forma ágil, gratuita y veraz.
El usuario tiene derecho a gozar de la protección administrativa frente a la vulneración de los derechos básicos que le asisten, entre otros, como el de la información veraz y la libre elección de operador.
La protección administrativa, para ser eficaz en la salvaguarda los derechos de los usuarios, debe integrar un régimen sancionador que determine las sanciones correspondientes y las compensaciones a los usuarios, por una deficiente prestación del servicio (interrupción del mismo, pérdida de calidad), o lesión de derechos (publicidad engañosa, slamming, etc.)
Calidad.
Junto con el precio, la calidad de la prestación es un factor relevante en la toma de decisiones de los usuarios. La Sociedad de la Información, en una fase casi embrionaria, en relación con otros ámbitos de la sociedad más consolidados y maduros, no puede abstraerse de este axioma. La calidad tal y como la consideramos forma parte de los derechos de los usuarios, si bien, para facilitar una exposición más sistemática hemos habilitado un apartado específico.
En este apartado, proponemos:
El derecho de los usuarios a conocer por contrato la calidad mínima a la que se compromete el prestador del servicio.
El derecho de los usuarios a que la Administración competente determine un régimen de calidad mínimo exigible, respecto al acceso, el correo electrónico, la voz sobre IP.
Nuevos servicios.
El desarrollo de la Sociedad de la Información, entendido como la incorporación de nuevos usuarios a la misma y un mayor aprovechamiento de sus posibilidades, requiere infraestructuras y equipamientos, pero también mayores y mejores servicios que resultan atractivos a los tipos de usuarios.
En consecuencia, es necesario que la regulación deberá favorecer la aparición de nueva oferta de servicios de banda ancha para todos los ciudadanos sin restricciones.
En este apartado, proponemos:
Profundizar en el desarrollo de la tecnología de VoIP, porque ésta será previsiblemente uno de los motores que impulsen el desarrollo de la Sociedad de la Información.
Favorecer desde la regulación, como ya se ha mencionado, el desarrollo de acuerdos comerciales entre los diferentes subsectores que concurren en la Sociedad de la Información (operadores, proveedores de contenidos, programadores y fabricantes), al objeto de elaborar ofertas que satisfagan las expectativas de los usuarios.
En este sentido resultan relevantes todos aquellos acuerdos tendentes a auspiciar el crecimiento del teletrabajo y la teleeducación.
En relación al teletrabajo es imprescindible contar con que los acuerdos que se puedan desplegar incorporen la asistencia técnica en el ámbito de las aplicaciones y de los equipos y la conexión.
Respecto a la tele educación es preciso alentar, tal y como se pretende hacer por medio de programas específicos, la incorporación y la formación del profesorado; y, contemplar la asistencia técnica.
Especial significación tiene el desarrollo de la oferta de televisión (los operadores de cable ya empaquetan este servicio) y ocio a través de ADSL, porque representa uno de los principales segmentos de consumo de las familias españolas.
En general debe realizarse un esfuerzo de prescripción adecuada para los hogares no tecnológicos o antitecnológicos, con campañas destinadas a explicar la dimensión práctica de la Sociedad de la Información.
Por último, es necesario profundizar en la e-administración facilitando la búsqueda de información que, en la actualidad salvo raras excepciones, resulta excesivamente compleja, a veces inadecuada y, en algunas ocasiones inútil.
Además es preciso profundizar en la comunicación telemática para la realización de consultas, solventar dudas, realizar peticiones, etc.
Con todo, es el incremento de las gestiones que se pueden completar vía Internet el que cobra mayor interés desde la perspectiva de los ciudadanos (pago de impuestos, certificados, reclamaciones, etc.)
DATO: . Según Eurostat en el e-gobierno, la media de la UE evolucionó en 9 puntos porcentuales en el ejercicio 2003 respecto al año anterior. Frente a este porcentaje, España, permaneció estabilizada en el 40%, es decir, 5 puntos por debajo de la media de la UE.
Según los datos de Accenture, sobre liderazgo en la Administración Electrónica, España se encuentra a 31 puntos de diferencia de Canadá, a 29 de Suecia (primer Estado de la UE que aparece en la clasificación y que, como se recordará, mantiene ratios de liderazgo en casi todos los parámetros que componen la Sociedad de la Información). España se sitúa por delante de Italia, Portugal y Grecia (que no aparece en la clasificación).
Dada la distribución de competencias entre las diferentes administraciones es del todo imprescindible un impulso de la e-administración local, que es la que presenta un mayor desfase en su oferta de servicios a los ciudadanos.
DATO: . Según el estudio de IDC 2004 los motivos de inhibición para el uso de las tecnologías de la información presentan valores muy diferentes en función del tipo de administración considerado.
En la Administración General del Estado, por ejemplo, con porcentajes prácticamente idénticos (28%) se señalan, sobre todo, la falta de personal adecuado, la falta de apoyo político y la resistencia interna al cambio.
Por su parte, en la Administración local, cobra un peso muy destacado el capítulo de las limitaciones presupuestarias, aproximadamente un 70%. Situándose casi a 57 puntos de diferencia la segunda causa alegada: falta de personal adecuado.
Seguridad.
La desconfianza, en general, y la seguridad en particular se revelan en todos los estudios de opinión, como uno de los principales inhibidores de la incorporación a la Sociedad de la Información o para el despegue de determinados servicios.
No hay recetas mágicas en este terreno, si acaso reclamar:
El incremento de los servidores web seguros por 100.000 habitantes.
DATO: Según los datos de Netcraft el número de servidores expresado en relación con la población era 6,6 en 2002 (último dato disponible), muy lejos del 37,9 de la UE.
En 2003, en España, el número de servidores web seguros por cada 100.000 habitantes era de 4,80 (un punto y medio más que en 2002), mientras, en la UE había 9,25 (0,7 más que en el ejercicio anterior). En cualquier caso ratios muy alejados de los que presenta EE.UU (45,50).
Una mayor implicación de los operadores y servidores en la detección y eliminación de virus.
Difusión y promoción de la certificación y la firma digital.
Implicación de los operadores e ISPs en la política de protección de los usuarios frente a virus y otros códigos maliciosos, así como frente al spam. Sin que de ello se derive ni responsabilidad por los contenidos que circulan por sus redes ni violación del secreto de las telecomunicaciones.
Mayor autoexigencia de los fabricantes de software, sobre todo, de los de uso masivo, en relación con la estabilidad y la seguridad de sus programas.
Mayor información y formación destinada a los usuarios y disponibilidad de servicios de atención técnica en red y vía telefónica.
Utilización sistemas cifrados, en aquellas páginas que contengan datos de carácter personal y exigencia de contraseñas de al menos ocho caracteres alfa numéricos para el acceso a la información personal o la trasmisión de datos por Internet.
Mayor agilidad de respuesta y transparencia de las entidades privadas o públicas que estén siendo objeto de phishing.
Descargar informe Desarrollo de la Sociedad de la Información desde la perspectiva de la Asociación de Internautas en formato .pdf (4 MB)
Asociación de Internautas
DATO: El último índice sintético publicado por el Foro Económico Mundial sobre un conjunto de 102 países, coloca a España en el puesto número 29 de la clasificación, es decir, pierde cuatro posiciones. En la misma posición nos coloca el elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones que evalúa a 187 países. Por su parte los índices elaborados por Economist Intelligencie Unit, sobre 64 países y por IDC - World Times, que analiza a 53 países, sitúan a España en el número 21 de la clasificación.
2. Este estudio no pretende rememorar los planes estratégicos realizados ni, por supuesto, reeditar las críticas que en su día vertimos hacia los mismos; si acaso, con la distancia del tiempo, quizá habría que reconocer el esfuerzo a sus autores por haber intentado plasmar sobre papel unas directrices, equivocadas o no, que permitieran profundizar en el desarrollo de la Sociedad de la Información. Como desde hoy hay que reconocer los esfuerzos que la nueva administración plantea, aunque no siempre estemos de acuerdo.
3. Si algo se ha evidenciado en las páginas de análisis es la necesidad que tiene España de recortar el diferencial digital con otros países de la Unión Europea. Para ello es preciso promover la incorporación de más ciudadanos y hogares a la Sociedad de la Información, así como, un mayor uso de los servicios con ella relacionados por parte de quienes decidan aprovechar sus ventajas.
Dato: El porcentaje de usuarios es uno de los datos conceptualmente más complejos y difíciles de determinar, quizá por eso surgen diferencias significativas entre las distintas fuentes, En cualquier caso, lo realmente significativo respecto al porcentaje de usuarios es, que entre el dato más optimista de las distintas fuentes nacionales y la media europea (UE 25), la distancia es de 8 puntos porcentuales (13 si se adopta el dato más pesimista). La distancia se incrementa a 40 puntos cuando la comparación se establece con Suecia, que presenta un porcentaje de usuarios de Internet próximo al 75%.
4. Este objetivo de incorporar a más ciudadanos a la SI invita a pensar en intervenciones en diversos campos y materias, que permitan vencer las resistencias emocionales o estructurales de los ciudadanos. Los poderes públicos, los agentes sociales, económicos, etc, deberán, deberemos mejor, tomar conciencia de cada una de las motivaciones que inhiben la participación de los ciudadanos en la Sociedad de la Información y tratar de corregirlas. Algunas de las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno, creemos que caminan en la dirección correcta.
5. Los campos en los que hay que intervenir, constituyen el cuerpo de las conclusiones de este estudio y han sido ordenados en epígrafes que permitan una exposición sistemática. A parte de estos campos hay otros motivos para la diferencia con países de la UE que se encuentran en el estudio: el uso de Internet y ordenadores en la empresa, la inversión en TIC, el desarrollo del comercio electrónico, etc.
En materia de Infraestructuras y equipamientos.
Los datos ponen de manifiesto que España presenta un diferencial negativo en el número de líneas de teléfono por 100 habitantes y en el porcentaje de ordenadores por hogares.
DATO: En el número de líneas por 100 habitantes, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) casi 6 puntos porcentuales separaban a España en 2003 de la media de la UE 25. La diferencia se incrementa hasta 13 si la comparación se establece con la UE 15. La diferencia con Luxemburgo es de 37 puntos porcentuales, 31 si se compara con Suecia.
DATO: En el porcentaje de ordenadores por hogares, el estudio de Ipsos en 2004 para la UE, refleja un porcentaje del 49%. Cifra refrendada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en su barómetro de enero del mismo año. Sin embargo, a pesar del incremento en 5 puntos que registra Ipsos para España respecto a los datos de 2003, la diferencia con la UE 15 (53%) se mantiene en un 4%.
DATO: La diferencia en el porcentaje de hogares con Internet crece hasta los 11 puntos. En ningún otro país hay una diferencia de 21 puntos entre el porcentaje de hogares con PC y los hogares con Internet. En esta relación la menor diferencia la ostenta Suecia, sólo siete puntos, situándose en 14 el diferencial entre sendas medias de la UE. Este diferencial da idea del esfuerzo que es preciso realizar por parte de todos los implicados. AI se ofrece a colaborar con las instituciones en el ánimo de atajar las diferencias.
Ambos aspectos (líneas y ordenadores) tienen una importancia singular en el desarrollo de la Sociedad de la Información ya que, independientemente de la de la tecnología empleada, el ordenador sigue siendo el dispositivo de acceso más usado, casi el 93% de los hogares que pueden acceder a Internet. Además, la multitud de aplicaciones, presentes o futuras requerirán modos de conexión con el ordenador, al margen del dispositivo que las inicie.
Por otra parte, el dinamismo que está demostrado la tecnología ADSL, así como, la dificultad de otros sistemas de acceso de lograr una cobertura universal, demuestra que la incorporación de muchos segmentos de población a la Sociedad de la Información requerirá una conexión telefónica.
DATO: . El acceso DSL es mayoritario en todos los países a excepción de Holanda, Austria y Portugal, donde domina el cable, aunque en porcentajes muy inferiores al de hogares con televisión por cable. En España, el ADSL representa casi un 75% de las conexiones de banda ancha.
Por tanto, en materia de infraestructuras y equipamientos, proponemos: .
* La creación de un fondo de ayudas públicas que facilite la adquisición de equipamiento o la conexión de banda ancha en los hogares, al modo del sistema establecido por otros países de la UE, algunas comunidades autónomas o las medidas anunciadas recientemente por el Gobierno.
* Que la CMT, aborde la justificación del Coste Neto del Servicio Universal y se cree, en consecuencia el Fondo de Financiación del mismo, tal y como está previsto en la legislación.
DATO: . La comparación con los países que integran la UE 15 ponen de manifiesto, en relación con las viviendas con acceso a Internet en la zona rural una distancia de 11 respecto a la media comunitaria. Cierto que es muy semejante a la que existe en las zonas urbanas y metropolitanas, pero la diferencia porcentual de España se acrecienta en las zonas rurales, tanto respecto al país que tiene un mejor comportamiento, como al que inmediatamente le antecede en la clasificación.
* Liberalización del coste de conexión de línea o sujeción del mismo a un sistema de precios máximos autorizados.
* Mayor implicación de los fabricantes de programas y equipos en la atención a los usuarios mediante sistemas de ayuda telefónica o mediante web. De nada servirán los esfuerzos en infraestructuras o aplicaciones si el soporte informático es poco fiable, está pensado para usuarios avanzados o los sistemas de atención son caros y muy limitados. Esta necesidad de atención es más acuciante aún para quienes hacen un uso profesional.
Mercado y competencia.
El desarrollo de la Sociedad de la Información entendiendo por tal la incorporación de nuevos usuarios y el mayor aprovechamiento de sus servicios por quienes ya están incorporados requiere, además, de actuar sobre las infraestructuras y equipamientos, hacerlo sobre el modelo de regulación, abordando los cambios que posibilitan el desenvolvimiento del mercado y la competencia. Creemos que esta nueva fase que se abre en la CMT permite albergar expectativas.
En este apartado, proponemos: .
* La completa liberalización de precios de ADSL, permitiendo de este modo, crear las bases para una competencia entre plataformas, que posibilite el desarrollo de más y mejores servicios, la diversificación de productos y la reducción de precios de la conexión a banda ancha, que en la actualidad refleja el sobre coste artificial provocado por la intervención del regulador y los márgenes que trata de garantizar a los operadores entrantes. En este escenario propuesto, ganar cuota de mercado es una consecuencia lógica de la eficiencia de los precios y las prestaciones y no de la protección del regulador.
DATO: . Analizando la evolución de la banda ancha en España, cabe afirmar que los dos momentos que se asocian con un mayor dinamismo del mercado, coinciden con la autorización por parte del regulador a Telefónica de actuar en el mercado minorista y más recientemente de incrementar la velocidad.
* En este recorrido hacía la competencia real, es preciso eliminar los vínculos entre los precios minoristas y la oferta mayorista de Telefónica. Con ello, se dinamizaría el mercado, pero, sobre todo, se contribuirá a evitar ese sobre coste artificial al que se aludía anteriormente. A día de hoy se ha demostrado que todos los operadores son capaces de replicar cualquier servicio del mayorista mediante el bucle desagregado. Por su puesto que este precio deberá seguir fijado por OBA, como se indicará a continuación.
* Sólo la protección de los derechos de los usuarios, la garantía de acceso al bucle de abonado en condiciones de neutralidad para el conjunto de operadores y el establecimiento de un precio máximo deben actuar como límites en este escenario de liberalización, porque, en definitiva, liberalización y desregulación son dos conceptos diferentes.
* Una regulación tendente a promover la competencia debería favorecer la consecución de acuerdos comerciales entre operadores, desarrolladores de contenidos y aplicaciones, y fabricantes de programas y equipos, con la finalidad de dar satisfacción a las necesidades de los usuarios y permitir un mayor ritmo de desarrollo de la Sociedad de la Información.
Derechos de los usuarios.
En un nuevo escenario como el que se plantea en los puntos previos ya se ha comentado que los límites deben venir dados por el respeto a los derechos de los usuarios. La reciente regulación de la materia por el Ministerio de Industria, ha iniciado el camino en la dirección correcta y recoge ya algunas de las propuestas que aquí se plantean.
En este apartado, proponemos: .
* Evitar las prácticas fraudulentas de preasignación o slamming.
* Reforzar la reciente regulación sobre la verificación verbal de la preasignación habilitada por la CMT, para evitar que sea fuente añadida de conflictos a los generados por el propio organismo con las permanentes devaluaciones de los mecanismos de control (verificación de firma por el operador que pierde al usuario) establecidos originalmente respecto a la preasignación. Esta devaluación, en el caso del ADSL ha sido absoluta, al no permitirse ni la verificación del exiguo 5% de los contratos al que se limitó la verificación en telefonía.
* A este respecto proponemos que se establezcan las medidas necesarias para garantizar la independencia de las entidades verificadoras y el resto de procedimientos que inspiran la verificación verbal.
Igualmente, mientras este estado de cosas continúe, es necesario que la administración competente habilite el derecho de los usuarios a prevenir la preasignación mediante escrito dirigido a su actual operador de acceso que regirá hasta que el propio usuario comunique un cambio de voluntad.
Toda la normativa desplegada para habilitar el alta por parte del regulador debe tener como contrapunto el derecho de los usuarios a darse de baja de cualquier servicio o con el operador de acceso de forma ágil, gratuita y veraz.
El usuario tiene derecho a gozar de la protección administrativa frente a la vulneración de los derechos básicos que le asisten, entre otros, como el de la información veraz y la libre elección de operador.
La protección administrativa, para ser eficaz en la salvaguarda los derechos de los usuarios, debe integrar un régimen sancionador que determine las sanciones correspondientes y las compensaciones a los usuarios, por una deficiente prestación del servicio (interrupción del mismo, pérdida de calidad), o lesión de derechos (publicidad engañosa, slamming, etc.)
Calidad.
Junto con el precio, la calidad de la prestación es un factor relevante en la toma de decisiones de los usuarios. La Sociedad de la Información, en una fase casi embrionaria, en relación con otros ámbitos de la sociedad más consolidados y maduros, no puede abstraerse de este axioma. La calidad tal y como la consideramos forma parte de los derechos de los usuarios, si bien, para facilitar una exposición más sistemática hemos habilitado un apartado específico.
En este apartado, proponemos:
El derecho de los usuarios a conocer por contrato la calidad mínima a la que se compromete el prestador del servicio.
El derecho de los usuarios a que la Administración competente determine un régimen de calidad mínimo exigible, respecto al acceso, el correo electrónico, la voz sobre IP.
Nuevos servicios.
El desarrollo de la Sociedad de la Información, entendido como la incorporación de nuevos usuarios a la misma y un mayor aprovechamiento de sus posibilidades, requiere infraestructuras y equipamientos, pero también mayores y mejores servicios que resultan atractivos a los tipos de usuarios.
En consecuencia, es necesario que la regulación deberá favorecer la aparición de nueva oferta de servicios de banda ancha para todos los ciudadanos sin restricciones.
En este apartado, proponemos:
Profundizar en el desarrollo de la tecnología de VoIP, porque ésta será previsiblemente uno de los motores que impulsen el desarrollo de la Sociedad de la Información.
Favorecer desde la regulación, como ya se ha mencionado, el desarrollo de acuerdos comerciales entre los diferentes subsectores que concurren en la Sociedad de la Información (operadores, proveedores de contenidos, programadores y fabricantes), al objeto de elaborar ofertas que satisfagan las expectativas de los usuarios.
En este sentido resultan relevantes todos aquellos acuerdos tendentes a auspiciar el crecimiento del teletrabajo y la teleeducación.
En relación al teletrabajo es imprescindible contar con que los acuerdos que se puedan desplegar incorporen la asistencia técnica en el ámbito de las aplicaciones y de los equipos y la conexión.
Respecto a la tele educación es preciso alentar, tal y como se pretende hacer por medio de programas específicos, la incorporación y la formación del profesorado; y, contemplar la asistencia técnica.
Especial significación tiene el desarrollo de la oferta de televisión (los operadores de cable ya empaquetan este servicio) y ocio a través de ADSL, porque representa uno de los principales segmentos de consumo de las familias españolas.
En general debe realizarse un esfuerzo de prescripción adecuada para los hogares no tecnológicos o antitecnológicos, con campañas destinadas a explicar la dimensión práctica de la Sociedad de la Información.
Por último, es necesario profundizar en la e-administración facilitando la búsqueda de información que, en la actualidad salvo raras excepciones, resulta excesivamente compleja, a veces inadecuada y, en algunas ocasiones inútil.
Además es preciso profundizar en la comunicación telemática para la realización de consultas, solventar dudas, realizar peticiones, etc.
Con todo, es el incremento de las gestiones que se pueden completar vía Internet el que cobra mayor interés desde la perspectiva de los ciudadanos (pago de impuestos, certificados, reclamaciones, etc.)
DATO: . Según Eurostat en el e-gobierno, la media de la UE evolucionó en 9 puntos porcentuales en el ejercicio 2003 respecto al año anterior. Frente a este porcentaje, España, permaneció estabilizada en el 40%, es decir, 5 puntos por debajo de la media de la UE.
Según los datos de Accenture, sobre liderazgo en la Administración Electrónica, España se encuentra a 31 puntos de diferencia de Canadá, a 29 de Suecia (primer Estado de la UE que aparece en la clasificación y que, como se recordará, mantiene ratios de liderazgo en casi todos los parámetros que componen la Sociedad de la Información). España se sitúa por delante de Italia, Portugal y Grecia (que no aparece en la clasificación).
Dada la distribución de competencias entre las diferentes administraciones es del todo imprescindible un impulso de la e-administración local, que es la que presenta un mayor desfase en su oferta de servicios a los ciudadanos.
DATO: . Según el estudio de IDC 2004 los motivos de inhibición para el uso de las tecnologías de la información presentan valores muy diferentes en función del tipo de administración considerado.
En la Administración General del Estado, por ejemplo, con porcentajes prácticamente idénticos (28%) se señalan, sobre todo, la falta de personal adecuado, la falta de apoyo político y la resistencia interna al cambio.
Por su parte, en la Administración local, cobra un peso muy destacado el capítulo de las limitaciones presupuestarias, aproximadamente un 70%. Situándose casi a 57 puntos de diferencia la segunda causa alegada: falta de personal adecuado.
Seguridad.
La desconfianza, en general, y la seguridad en particular se revelan en todos los estudios de opinión, como uno de los principales inhibidores de la incorporación a la Sociedad de la Información o para el despegue de determinados servicios.
No hay recetas mágicas en este terreno, si acaso reclamar:
El incremento de los servidores web seguros por 100.000 habitantes.
DATO: Según los datos de Netcraft el número de servidores expresado en relación con la población era 6,6 en 2002 (último dato disponible), muy lejos del 37,9 de la UE.
En 2003, en España, el número de servidores web seguros por cada 100.000 habitantes era de 4,80 (un punto y medio más que en 2002), mientras, en la UE había 9,25 (0,7 más que en el ejercicio anterior). En cualquier caso ratios muy alejados de los que presenta EE.UU (45,50).
Una mayor implicación de los operadores y servidores en la detección y eliminación de virus.
Difusión y promoción de la certificación y la firma digital.
Implicación de los operadores e ISPs en la política de protección de los usuarios frente a virus y otros códigos maliciosos, así como frente al spam. Sin que de ello se derive ni responsabilidad por los contenidos que circulan por sus redes ni violación del secreto de las telecomunicaciones.
Mayor autoexigencia de los fabricantes de software, sobre todo, de los de uso masivo, en relación con la estabilidad y la seguridad de sus programas.
Mayor información y formación destinada a los usuarios y disponibilidad de servicios de atención técnica en red y vía telefónica.
Utilización sistemas cifrados, en aquellas páginas que contengan datos de carácter personal y exigencia de contraseñas de al menos ocho caracteres alfa numéricos para el acceso a la información personal o la trasmisión de datos por Internet.
Mayor agilidad de respuesta y transparencia de las entidades privadas o públicas que estén siendo objeto de phishing.
Descargar informe Desarrollo de la Sociedad de la Información desde la perspectiva de la Asociación de Internautas en formato .pdf (4 MB)
Asociación de Internautas
