Hace falta habilidad para colocar a las empresas telefónicas y a los internautas del mismo lado, pero la ministra de Cultura española Carmen Calvo lo consigue sin apenas despeinarse. En una reciente reunión con la mitad de la industria cultural del país (sólo los productores e intermediarios, no los consumidores) la ministra decidió presentar al gobierno para su aprobación un borrador de nueva 'Ley de Internet'. Tras la reunión los representantes de las fonográficas anunciaron que la ley contendrá una modificación clave: los transmisores de contenidos ilegales serán hechos responsables de esos contenidos. O, en román paladino: las empresas telefónicas deberán censurar los contenidos de Internet, o se verán llevadas a los tribunales acusadas de piratería.
Es una pésima idea, que ya ha sido propuesta y denegada en numerosas ocasiones en los organismos internacionales y en otros países.
No ha quedado registrada la opinión de la industria de las telecomunicaciones, que es probable que no vea la idea con buenos ojos. Incluso es probable que la ministra Calvo se encuentre con una seria e intensa llamada de atención por parte de una industria mucho mayor, más influyente y rica que la cultura, y además en vigoroso crecimiento.
Las telefónicas deberían evitar la distribución de contenidos ilegales, lo cual supondría mirar todo lo que se mueve por sus redes y decidir qué es legal y qué no. El coste de semejante sistema y los problemas tecnológicos son impresionantes. Por ejemplo, ¿quién y en qué punto se controlarán los contenidos que vengan de otros países? ¿Y que ley se aplicará, la del país de origen o la del destino?
Los internautas debemos hacer saber a la ministra Calvo que también nos oponemos. Poner el control de los contenidos en manos de empresas privadas, que van a intentar evitarse problemas legales, es una medida que cualquier persona realmente preocupada por la cultura debería abominar. Establecer un sistema de (en la práctica) censura previa es repugnante. Y para colmo no sólo los contenidos se resentirían, sino que el acceso a la Red se encarecería notablemente; no pensará la señora ministra que el batallón de censores va a salir gratis, o del bolsillo de las telefónicas. Saldrá de nuestros bolsillos, los de los consumidores de Red y de cultura, que estaremos pagando para que nos maltraten.
Pero la señora ministra no escucha a los usuarios, a los consumidores de cultura. Su interés es otro: garantizar a la industria medios para que continúe con su enloquecida cruzada a favor de sus ingresos, caiga quien caiga. Aunque la víctima sea la racionalidad, o la misma cultura.
El problema de las fonográficas y de los intermediarios culturales no se resuelve con más cerrojos que ponen en peligro la creatividad. Se resuelve cambiando el modo de vender cultura, colaborando con los consumidores, permitiendo variantes diferentes de modos de venta. La industria no parece inclinada a ello, y quiere resolver los problemas a tortas legales; si es necesario, endureciendo las leyes hasta el absurdo y más allá. Piense la señora ministra a quién sirve, si a quien desea estrangular la cultura o a los millones de españoles que desea disfrutarla. Y piense a quién molesta con leyes así.
Porque puede encontrarse a las telefónicas de la mano de los internautas pidiendo que se coma esa ley.
Jose Cervera. El Mundo.es
Es una pésima idea, que ya ha sido propuesta y denegada en numerosas ocasiones en los organismos internacionales y en otros países.
No ha quedado registrada la opinión de la industria de las telecomunicaciones, que es probable que no vea la idea con buenos ojos. Incluso es probable que la ministra Calvo se encuentre con una seria e intensa llamada de atención por parte de una industria mucho mayor, más influyente y rica que la cultura, y además en vigoroso crecimiento.
Las telefónicas deberían evitar la distribución de contenidos ilegales, lo cual supondría mirar todo lo que se mueve por sus redes y decidir qué es legal y qué no. El coste de semejante sistema y los problemas tecnológicos son impresionantes. Por ejemplo, ¿quién y en qué punto se controlarán los contenidos que vengan de otros países? ¿Y que ley se aplicará, la del país de origen o la del destino?
Los internautas debemos hacer saber a la ministra Calvo que también nos oponemos. Poner el control de los contenidos en manos de empresas privadas, que van a intentar evitarse problemas legales, es una medida que cualquier persona realmente preocupada por la cultura debería abominar. Establecer un sistema de (en la práctica) censura previa es repugnante. Y para colmo no sólo los contenidos se resentirían, sino que el acceso a la Red se encarecería notablemente; no pensará la señora ministra que el batallón de censores va a salir gratis, o del bolsillo de las telefónicas. Saldrá de nuestros bolsillos, los de los consumidores de Red y de cultura, que estaremos pagando para que nos maltraten.
Pero la señora ministra no escucha a los usuarios, a los consumidores de cultura. Su interés es otro: garantizar a la industria medios para que continúe con su enloquecida cruzada a favor de sus ingresos, caiga quien caiga. Aunque la víctima sea la racionalidad, o la misma cultura.
El problema de las fonográficas y de los intermediarios culturales no se resuelve con más cerrojos que ponen en peligro la creatividad. Se resuelve cambiando el modo de vender cultura, colaborando con los consumidores, permitiendo variantes diferentes de modos de venta. La industria no parece inclinada a ello, y quiere resolver los problemas a tortas legales; si es necesario, endureciendo las leyes hasta el absurdo y más allá. Piense la señora ministra a quién sirve, si a quien desea estrangular la cultura o a los millones de españoles que desea disfrutarla. Y piense a quién molesta con leyes así.
Porque puede encontrarse a las telefónicas de la mano de los internautas pidiendo que se coma esa ley.
Jose Cervera. El Mundo.es
