"Por primera vez estamos donde tenemos que estar y cuando tenemos que estar. Vivimos en un país que se saltó el siglo XVIII, que llegó muy tarde al siglo XIX y que en el siglo XX le llovieron por todos lados. (...) Éste es el nuevo urbanismo, éstas son las nuevas ciudades. Ahí está el futuro de la democracia... Nos pasamos mucho tiempo reconstruyendo la vida social. En los años noventa nos dedicamos a organizar los servicios públicos. A partir de ahora toca hacer sociedad del conocimiento. Ésa es la única forma. Ya no valen los planes de ordenación territoriales, sino los planes de ordenación comunicacional".
Antonio Rojo, concejal del Ayuntamiento de Atarfe.
Con la total privatización de Telefónica en el año 1997, el Gobierno español vendió a dos millones de accionistas las infraestructuras de telecomunicaciones públicas del Estado desarrolladas con la contribución de tres generaciones de españoles. Era el pistoletazo de salida para la malograda liberalización de las telecomunicaciones, cuyos máximos logros se pueden sintetizar en la reventa de los productos de la privatizada Telefónica en función de porcentajes que pagamos los ciudadanos y el cambio del concepto "derechos de los ciudadanos" por el de "prestación de servicios a usuarios".
Las infraestructuras de telecomunicaciones fijas quedan en poder de una sola compañía rodeada de entidades privadas con escasa vocación inversora, más pendientes de sus cuentas de resultados que del interés general, y cuya actividad mercantil es regulada a medida de sus necesidades empresariales por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Así las cosas, ante la ausencia de criterios políticos gubernamentales a favor del interés general, quedan al albur del mercado los derechos ciudadanos de asequibilidad, accesibilidad, universalización del acceso y calidad de las telecomunicaciones en plena carrera por la integración ciudadana en la sociedad de la información. Es en el ámbito municipal donde se enciende la luz de alarma. Ayuntamientos como el de Atarfe, en Granada; Ponteareas,en Pontevedra, y Barcelona se embarcan en ofrecer a sus administrados los derechos que para el mercado no existen y el Estado les niega.
Estas iniciativas, que tendrían que ser observadas como el inicio de un debate necesario, son tratadas por el organismo regulador con la interpretación menos social posible del código legislativo y ora los multa a razón de un euro por habitante, como en los casos de Atarfe y Ponteareas, ora amenaza con la multa como en el caso de Barcelona, ¿Motivos?
Fundamentalmente, la CMT considera que los proyectos en materia de telecomunicaciones de estos ayuntamientos suponen competencia desleal a las operadoras telefónicas.
Es preciso constatar que en esta era global, de liberalización y mercado a ultranza, la frontera entre la esfera privada y pública se ha convertido en una "delgada línea roja" que tolera una permeabilidad entre ambos círculos peligrosa para los intereses generales.
A lo largo de esa línea, cada vez más borrosa, cruzar de un lado al otro es una práctica que se realiza con más frecuencia de la deseable y puede generar una confusión de intereses que, cuando se produce y aflora públicamente, nos escandaliza, como ocurre en la actualidad. Parece como si se pretendiese tener una coartada, la que facilita el órgano regulador con sus razonamientos para adoptar decisiones que corresponde al órgano político adoptar, o bien pudiera pensarse que el órgano regulador está para tomar determinadas decisiones en función de un interés político, mientras el aparato del Estado, aparentemente, carece de responsabilidades. En definitiva, el Gobierno no puede abstenerse cuando los derechos de los ciudadanos son comparados a simples servicios empresariales, al menos este Gobierno no.
Tribuna de Víctor Domingo en El País de Cataluña
Para firmar la carta a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)
Antonio Rojo, concejal del Ayuntamiento de Atarfe.
Con la total privatización de Telefónica en el año 1997, el Gobierno español vendió a dos millones de accionistas las infraestructuras de telecomunicaciones públicas del Estado desarrolladas con la contribución de tres generaciones de españoles. Era el pistoletazo de salida para la malograda liberalización de las telecomunicaciones, cuyos máximos logros se pueden sintetizar en la reventa de los productos de la privatizada Telefónica en función de porcentajes que pagamos los ciudadanos y el cambio del concepto "derechos de los ciudadanos" por el de "prestación de servicios a usuarios".
Las infraestructuras de telecomunicaciones fijas quedan en poder de una sola compañía rodeada de entidades privadas con escasa vocación inversora, más pendientes de sus cuentas de resultados que del interés general, y cuya actividad mercantil es regulada a medida de sus necesidades empresariales por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Así las cosas, ante la ausencia de criterios políticos gubernamentales a favor del interés general, quedan al albur del mercado los derechos ciudadanos de asequibilidad, accesibilidad, universalización del acceso y calidad de las telecomunicaciones en plena carrera por la integración ciudadana en la sociedad de la información. Es en el ámbito municipal donde se enciende la luz de alarma. Ayuntamientos como el de Atarfe, en Granada; Ponteareas,en Pontevedra, y Barcelona se embarcan en ofrecer a sus administrados los derechos que para el mercado no existen y el Estado les niega.
Estas iniciativas, que tendrían que ser observadas como el inicio de un debate necesario, son tratadas por el organismo regulador con la interpretación menos social posible del código legislativo y ora los multa a razón de un euro por habitante, como en los casos de Atarfe y Ponteareas, ora amenaza con la multa como en el caso de Barcelona, ¿Motivos?
Fundamentalmente, la CMT considera que los proyectos en materia de telecomunicaciones de estos ayuntamientos suponen competencia desleal a las operadoras telefónicas.
Es preciso constatar que en esta era global, de liberalización y mercado a ultranza, la frontera entre la esfera privada y pública se ha convertido en una "delgada línea roja" que tolera una permeabilidad entre ambos círculos peligrosa para los intereses generales.
A lo largo de esa línea, cada vez más borrosa, cruzar de un lado al otro es una práctica que se realiza con más frecuencia de la deseable y puede generar una confusión de intereses que, cuando se produce y aflora públicamente, nos escandaliza, como ocurre en la actualidad. Parece como si se pretendiese tener una coartada, la que facilita el órgano regulador con sus razonamientos para adoptar decisiones que corresponde al órgano político adoptar, o bien pudiera pensarse que el órgano regulador está para tomar determinadas decisiones en función de un interés político, mientras el aparato del Estado, aparentemente, carece de responsabilidades. En definitiva, el Gobierno no puede abstenerse cuando los derechos de los ciudadanos son comparados a simples servicios empresariales, al menos este Gobierno no.
Tribuna de Víctor Domingo en El País de Cataluña
Para firmar la carta a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)
