En concreto, a la Asociación de Internautas Españoles (AI), una de las más importantes en el sector, junto con la Asociación Pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (ADECES) y la Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL), critican que estas nuevas premisas dejan al arbitrio de las tecnológicas decidir la veracidad de las noticias si el usuario pone una simple reclamación en la plataforma porque piensa que una noticia es falsa. «Existe un derecho a la rectificación que cualquiera puede ejercer, pero que tiene que pasar por la justicia para ser determinado. Con la proposición del PSOE, se deja en manos de las empresas, no de los tribunales», explica Víctor Domingo, presidente de AI, que alerta sobre el hecho de que «se junten cuestiones del derecho fundamental que no se deberían abarcar desde una ley general, porque necesitan más debate».
Fin del rastro digital
Afirman que si una plataforma online elimina una información solo a petición de una persona, le concede «la capacidad de neutralizar cualquier contenido informativo y desnaturalizando el propio derecho a la información».
También rechazan el planteamiento en cuando al derecho al olvido de la enmienda del PSOE, que recoge que se podrán cancelar de los motores de búsqueda los datos personales «cuando sean inadecuados, no pertinentes o excesivos». «Se podría dar el caso de que alguien que, efectivamente, ha cometido un crimen, borrase toda la huella digital de ese hecho, lo que habría que valorar después de un amplio debate», señala Domingo, que se pregunta entonces en qué afectaría a las hemerotecas digitales.
«Si, efectivamente, esto sale adelante, tendrá muchos más detractores», anticipa el presidente de la AI.
