Cinco Días - Madrid .- La frase hecha dice que las promesas se las lleva el viento. En este caso, no ha sido así. La intención del Gobierno de que cualquier ciudadano tenga acceso a una banda ancha de un mega de velocidad como mínimo viva donde viva se mantiene intacta. Pero la realidad es tozuda y los plazos están tardando mucho más de lo previsto.
En principio, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró que la banda ancha formaría parte de las obligaciones que tienen las operadoras de dar servicio universal -proporcionar acceso al margen de la ubicación geográfica del cliente- desde el primer día de este año. Pero la normativa en la que se decidió incluir esta exigencia fue la Ley de Economía Sostenible, que se está retrasando más de lo previsto. Ahora, el ministerio admite en un documento oficial que la espera no será cuestión de días y que puede tardar todavía un año en hacerse realidad.
Así lo reconoce en la orden en la que prorroga hasta el 31 de diciembre próximo la designación de Telefónica como operadora encargada de dar el servicio universal de telefonía. Industria explica que ha optado por prolongar esta designación y no revisarla porque tiene intención de incluir a corto plazo cambios en la regulación para introducir la banda ancha universal.
Pero a continuación señala que el periodo de un año de prórroga que se ha dado a Telefónica "tiene en cuenta el plazo estimado para la finalización de la actual fase de revisión normativa, así como el necesario para la convocatoria y resolución de los correspondientes procesos de licitación", dice la orden, firmada por Sebastián el 28 de diciembre.
Fuentes cercanas a Industria explican que se trata de un plazo máximo, establecido para tener margen y no volver a retrasarlo. Y es que para que la banda ancha universal sea una realidad queda pendiente todavía la aprobación de la Ley de Economía Sostenible y de un reglamento del servicio universal donde se incluya la nueva exigencia. Cuando ambas regulaciones estén listas, Industria deberá preparar la licitación para sacar a concurso el servicio universal, que las operadoras que lo deseen presenten su solicitud para ser las prestadoras y resolver estos concursos.
Algunos de los temas pendientes, además, dependen directamente de Industria, pero otros no, lo que hace más complejo cumplir los plazos, añaden estas fuentes.
En todo caso, el ministerio está decidido a impulsar al máximo y con la mayor rapidez la mejora del acceso a internet de los ciudadanos. En la misma orden, se establecen fechas tope con el objetivo de acelerar el proceso. Por ejemplo, la disposición adicional da un plazo máximo de tres meses para convocar las licitaciones una vez que esté aprobado el nuevo reglamento del servicio universal.
Además, la norma permite que se revoque la actual designación de Telefónica como prestadora del servicio universal si los concursos se adjudican antes de que termine el año, para que los usuarios puedan disfrutar de la banda ancha a un mega en cuanto sea posible.
Hitos, críticas y una cuestión de precio
La decisión del Gobierno de incluir la banda ancha en el servicio universal cuenta con la oposición de las operadoras de telecomunicaciones. Mientras que el Ministerio de Industria considera que este avance colocará a España a la cabeza de Europa, porque solo Finlandia ha adoptado una decisión parecida, las operadoras han hecho frente común contra esta medida a través de la patronal Redtel, que agrupa a Telefónica, Vodafone, Orange y Ono.
Su principal crítica es el coste que tendrá esta decisión y quién será el encargado de sufragarlo. En España, el pago corre a cuenta de las operadoras, que resarcen los costes que acarrea el servicio universal a la compañía encargada de darlo -Telefónica, hasta ahora- a través de un fondo al que contribuyen en función de su cuota de mercado.
Si la banda ancha se suma al servicio universal de telefonía, este coste se disparará, dicen las operadoras, que recuerdan que las normativas comunitarias permiten que se pague con cargo a fondos públicos. Solo siete países de la UE -España, entre ellos- han optado porque sean las operadoras las que financien todo el coste, lo que demuestra que esta elección es minoritaria. Fuentes de Redtel también señalan que no hay un servicio universal de electricidad o de agua. En todo caso, desde la patronal se insiste en que las compañías están dispuestas a ayudar a la extensión de la banda ancha, pero siempre que la financiación sea pública.
Existe, además, otro conflicto: el precio que puede tener esta banda ancha a un mega.
El Gobierno tiene la capacidad de fijar las tarifas del servicio universal. Hasta el momento siempre han coincidido con los precios de mercado, pero las operadoras temen que ahora se fije uno más bajo.
Obligaciones
-El servicio universal permite que los españoles tengan acceso a determinados productos de telecomunicaciones a un precio y calidad razonables vivan donde vivan.
- Hasta ahora, las obligaciones incluían la telefonía fija, la existencia de una oferta suficiente de cabinas de pago y la entrega de las guías telefónicas a los ciudadanos.
- Más tarde se incluyó el acceso funcional a internet -banda estrecha-, que ahora se quiere elevar a banda ancha.
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En principio, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró que la banda ancha formaría parte de las obligaciones que tienen las operadoras de dar servicio universal -proporcionar acceso al margen de la ubicación geográfica del cliente- desde el primer día de este año. Pero la normativa en la que se decidió incluir esta exigencia fue la Ley de Economía Sostenible, que se está retrasando más de lo previsto. Ahora, el ministerio admite en un documento oficial que la espera no será cuestión de días y que puede tardar todavía un año en hacerse realidad.
Así lo reconoce en la orden en la que prorroga hasta el 31 de diciembre próximo la designación de Telefónica como operadora encargada de dar el servicio universal de telefonía. Industria explica que ha optado por prolongar esta designación y no revisarla porque tiene intención de incluir a corto plazo cambios en la regulación para introducir la banda ancha universal.
Pero a continuación señala que el periodo de un año de prórroga que se ha dado a Telefónica "tiene en cuenta el plazo estimado para la finalización de la actual fase de revisión normativa, así como el necesario para la convocatoria y resolución de los correspondientes procesos de licitación", dice la orden, firmada por Sebastián el 28 de diciembre.
Fuentes cercanas a Industria explican que se trata de un plazo máximo, establecido para tener margen y no volver a retrasarlo. Y es que para que la banda ancha universal sea una realidad queda pendiente todavía la aprobación de la Ley de Economía Sostenible y de un reglamento del servicio universal donde se incluya la nueva exigencia. Cuando ambas regulaciones estén listas, Industria deberá preparar la licitación para sacar a concurso el servicio universal, que las operadoras que lo deseen presenten su solicitud para ser las prestadoras y resolver estos concursos.
Algunos de los temas pendientes, además, dependen directamente de Industria, pero otros no, lo que hace más complejo cumplir los plazos, añaden estas fuentes.
En todo caso, el ministerio está decidido a impulsar al máximo y con la mayor rapidez la mejora del acceso a internet de los ciudadanos. En la misma orden, se establecen fechas tope con el objetivo de acelerar el proceso. Por ejemplo, la disposición adicional da un plazo máximo de tres meses para convocar las licitaciones una vez que esté aprobado el nuevo reglamento del servicio universal.
Además, la norma permite que se revoque la actual designación de Telefónica como prestadora del servicio universal si los concursos se adjudican antes de que termine el año, para que los usuarios puedan disfrutar de la banda ancha a un mega en cuanto sea posible.
Hitos, críticas y una cuestión de precio
La decisión del Gobierno de incluir la banda ancha en el servicio universal cuenta con la oposición de las operadoras de telecomunicaciones. Mientras que el Ministerio de Industria considera que este avance colocará a España a la cabeza de Europa, porque solo Finlandia ha adoptado una decisión parecida, las operadoras han hecho frente común contra esta medida a través de la patronal Redtel, que agrupa a Telefónica, Vodafone, Orange y Ono.
Su principal crítica es el coste que tendrá esta decisión y quién será el encargado de sufragarlo. En España, el pago corre a cuenta de las operadoras, que resarcen los costes que acarrea el servicio universal a la compañía encargada de darlo -Telefónica, hasta ahora- a través de un fondo al que contribuyen en función de su cuota de mercado.
Si la banda ancha se suma al servicio universal de telefonía, este coste se disparará, dicen las operadoras, que recuerdan que las normativas comunitarias permiten que se pague con cargo a fondos públicos. Solo siete países de la UE -España, entre ellos- han optado porque sean las operadoras las que financien todo el coste, lo que demuestra que esta elección es minoritaria. Fuentes de Redtel también señalan que no hay un servicio universal de electricidad o de agua. En todo caso, desde la patronal se insiste en que las compañías están dispuestas a ayudar a la extensión de la banda ancha, pero siempre que la financiación sea pública.
Existe, además, otro conflicto: el precio que puede tener esta banda ancha a un mega.
El Gobierno tiene la capacidad de fijar las tarifas del servicio universal. Hasta el momento siempre han coincidido con los precios de mercado, pero las operadoras temen que ahora se fije uno más bajo.
Obligaciones
-El servicio universal permite que los españoles tengan acceso a determinados productos de telecomunicaciones a un precio y calidad razonables vivan donde vivan.
- Hasta ahora, las obligaciones incluían la telefonía fija, la existencia de una oferta suficiente de cabinas de pago y la entrega de las guías telefónicas a los ciudadanos.
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