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El Gobierno tiene decidido, sin embargo, que sea Red Eléctrica de España (REE), la compañía gestora del sistema eléctrico que preside el ex alcalde de Tres Cantos y exsecretario de Estado de Economía, José Folgado (PP), la que gestione todo el caudal de información.

La nueva normativa de facturación por horas estipula que las compañías eléctricas distribuidoras trasladen los datos de consumo, desagregado por horas, al Sistema de Medición Eléctrico (SIME), dependiente de REE. La decisión ha desatado la guerra.

Hasta la fecha, las empresas proporcionaban a REE datos de consumo de sus clientes de forma agregada. De esta forma, REE podía realizar las estimaciones de demanda de energía de cada día. Lo van a seguir haciendo así hasta que REE reclame los datos de la forma, más precisa, que exige la nueva norma. En ese caso, sostienen fuentes de las eléctricas, no descartan acudir a la vía de los tribunales.

La polémica es intensa porque saber al segundo el consumo de los hogares implica conocer los hábitos de los usuarios, desde la hora a la que desayunan o se acuestan al consumo de televisión y ordenadores o el uso del congelador. Es una mina a partir de la cual las empresas pueden refinar sus ofertas de servicio, ajustar sus necesidades de personal o plantear nuevos negocios con empresas complementarias como aseguradoras o empresas de mantenimiento.

Factura por horas

El cambio de aparatos de medición antiguos por contadores inteligentes es un proceso que tiene que estar finalizado en 2018. El cambio, realizado en un 40%, ha permitido al Ministerio de Industria modificar el recibo de la luz para imponer la factura por horas, ajustando la tarifa regulada al precio de la energía consumida por el usuario cada hora. Pero ha traído también polémica. La media docena de procedimientos aprobados por el Ministerio de Industria para facilitar la nueva facturación por horas no concretan hasta qué punto las compañías que prestan el servicio son dueñas de los datos que les proporcionan los aparatos de medición. Fuentes de las empresas sostienen que, a falta de mayor concreción, el papel de control de los datos parece otorgado a Red Eléctrica, en la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) controla un 20% del capital.

En el nuevo sistema de facturación, Red Eléctrica es la encargada publicar, cada día a las 21.30 horas, los precios que tendrá la energía eléctrica cada hora del día siguiente. La pugna por los datos entre las empresas y Red Eléctrica confirma el riesgo del que advirtió en 2012 el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD): los datos de los nuevos contadores eléctricos podrían ser utilizados, sin las salvaguardas adecuadas, para algo más que facilitar mecanismos de ahorro al usuario.

La versión de REE es que el nuevo sistema de compilación de datos "hará más eficiente" el propio sistema eléctrico nacional. A la compañía no le constan polémicas. Según su portavoz "se celebraron reuniones con las empresas en el Ministerio de Industria y se adoptó la decisión más eficiente". Desde su punto de vista, no cabe polémica ni sospechas ?porque los datos que se reciban estarán asociados a un contador, sin identificar a usuarios concretos?.

El debate sobre los límites de la cesión de datos de los consumidores llegó a la Agencia de Protección de Datos en 2014. Un ciudadano, a través de la Oficina del Defensor del Pueblo, cuestionó la obligación que tienen las empresas eléctricas de trasladar los datos de consumo a la Agencia Tributaria (Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre) sin que el interesado dé su consentimiento. La Agencia concluyó que esa obligación se ajustaba a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, por lo que no cabía la reclamación.