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(EUROPA PRESS).- La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ratifica este martes el informe elaborado por la subcomisión de Redes Sociales que ha pedido al Gobierno que adapte el entorno digital a la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, así como a la propia imagen, con el objetivo de evitar el acoso en las redes sociales.

El informe ya fue aprobado, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, en la citada subcomisión de Redes Sociales, después de un trabajo de dos años. El informe contiene 50 medidas orientadas a mejorar la seguridad en Internet de los usuarios, y en él se incluyen también las conclusiones elaboradas en otra subcomisión de redes sociales del Senado, aunque centrada en la protección a los menores.

Crear un centro nacional de seguridad en internet

Entre otras, destaca la propuesta para crear un centro nacional de seguridad en Internet, en línea con lo promovido en el seno de la UE o se subraya la necesidad de fomentar la autorregulación en el sector y la existencia de códigos de conducta frente "a corsés legales o técnicos".

Igualmente, alerta de los peligros de la "sobrerregulación", se pide una mayor colaboración entre administraciones y el sector público y privado, trabajar desde edades tempranas y en los colegios sobre los peligros de Internet y un mal uso de las redes sociales; o se abre la puerta a una futura regulación sobre la suplantación de identidad en Internet y redes sociales.

Preservar la seguridad del usuario 

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Interior, Conrado Escobar, destacó tras su aprobación que el informe plantea que la necesaria cooperación internacional para preservar la seguridad de los usuarios en Internet y por eso, entre otros puntos, urge al Gobierno a crear un centro nacional de seguridad en Internet.

La actividad de este centro iría en la línea de la red 'INSAFE-INHOPE' de la Comisión Europea, un programa que promueve un uso más seguro y responsable de Internet, así como de los dispositivos móviles en los menores, y que trabaja por identificar y erradicar contenidos ilegales 'on line'.

Igualmente, resaltó la propuesta de simplificar los trámites de denuncia por parte del usuario y la de reforzar los filtros de seguridad, además de permitir la cesión de datos de tráfico por operadores a agentes facultados en la investigación de delitos, o recomendar mecanismos de verificación de la edad para restringir el acceso de los menores a sitios web que ofrezcan contenidos para adultos.

Reforzar la colaboración entre TIC y Policía

José Ignacio Sánchez Amor, del PSOE, valoró por su parte las medidas relativas a la coordinación entre las propias fuerzas de seguridad y las empresas proveedoras de servicios TIC y las líneas de denuncia de organizaciones privadas. "Otro bloque estaría centrado en las garantías para luchar contra todos los fenómenos delictivos como la pornografía infantil, o los nocivos y relacionados con la anorexia o bulímica, pero hacerlo con garantías.

Se incorporan siempre garantías judiciales para el uso de troyanos o del agente encubierto, o para el acceso de metadatos con autorización judicial previa y específica para esos casos", indicó. Así, se plantea reforzar los recursos policiales destinados por ejemplo a la lucha contra la pornografía infantil en Internet o garantizar que la información que retienen las empresas sólo se entrega a terceros mediante orden judicial expresa y previa.

Educar en la escuela

Se propone también la necesidad de educar en la escuela en el uso apropiado de las redes sociales, basado en valores como la responsabilidad de los propios actos; lecciones en Primaria sobre los usos y riesgos de la Red; acciones formativas en centros escolares para prevenir prácticas como el 'sexting' o cualquier forma de acoso (Bullying, grooming, entre otros) a través de las TIC; así como formación de profesores. Además, señaló que se abre la puerta a una futura regulación sobre la suplantación de identidad en Internet y redes sociales.

"Decimos que hay que estudiar la tipificación penal de esta conducta porque está siendo parte sustancial de inseguridad de las redes, también con las redes de seguridad de wifi", apostilló. Mientras, Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, celebró que este grupo de trabajo no haya seguido la dinámica de "reforzamiento" emprendida en la Ley de Seguridad Ciudadana o del Código Penal, uno de sus miedos, según confesó, y el hecho de que las conclusiones ahonden más en cuestiones de modificación de leyes o en más penalización para desarrollos.