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La proposición de los populares responde al compromiso del Gobierno de, a cambio del apoyo parlamentario de PP y CiU para sacar adelante la ley Sinde contra las descargas no autorizadas en Internet, establecer un real decreto en el plazo de tres meses que modificara el canon digital para adaptarlo a la normativa de la UE. Como la entrada en vigor de la ley Sinde se produjo el 5 de marzo pasado, el plazo para que el Ejecutivo cumpliera su compromiso expiró el 6 de junio del presente año.

Vencido ese plazo y con el canon actual vigente, el PP ha vuelto a instar ahora al Gobierno a suprimirlo y a sustituirlo "por otras fórmulas menos arbitrarias e indiscriminadas y, por tanto, más justas y equitativas, de remuneración de la propiedad intelectual basadas en el uso efectivo de las obras y prestaciones".

Además, y como subrayó en el debate el portavoz del PP, José María Lasalle, el Gobierno está también obligado a modificar el actual modelo del canon para adaptarlo a los "reveses judiciales" que ha sufrido por las sentencias tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal de Justicia de la UE que han declarado nula gran parte de la regulación del gravamen.

La que dictó el Tribunal europeo el 21 de octubre de 2010 declaraba contrario al derecho comunitario la aplicación del canon digital en España a los soportes de reproducción adquiridos por empresas, administraciones y profesionales para fines distintos de la copia privada. El fallo establecía que ese gravamen solo puede cargarse a los soportes que se destinarán a copias privadas hechas por particulares.

Por su parte, el fallo de la Audiencia de 22 de marzo de este año, declaró nula la orden reguladora aprobada en junio de 2008 con las tarifas del canon que gravan a los distintos soportes y aparatos, desde móviles, memorias a CD y DVD, entre otros.

Lasalle, en declaraciones a este diario, explicó que "la compensación por copia está agotada y es ineficiente en términos de compensación económica a los creadores. Debe tener un carácter transitorio que no impida el desarrollo de los nuevos modelos de negocio, que van a permitir que esa remuneración no sea por copia privada sino por el acceso a los contenidos en la Red".

Respecto al modelo alternativo que propone el PP, Lasalle no se mostró muy concreto. "No tengo que plantear ahora mismo una sustitución del modelo, lo que digo es que hace falta abrir un debate político que el Gobierno tiene que afrontar en estos momentos".

La postura del Grupo Popular podría ir en la línea de la propuesta de la patronal electrónica Ametic que pide que se incluya un sobreprecio en la obra original, especificando que se debe al canon.

El portavoz socialista, José Andrés Torres Mora, acusó al PP de oportunismo y de buscar solo el titular, aunque justificó su apoyo a la proposición "porque no insta solo a suprimir el canon sino también a sustituirlo por otra fórmula". "El PP no está pensando en legislar esta semana, pero busca lo de siempre, un titular de prensa que diga 'El Congreso vota la supresión del canon digital', y que sea verdad o no les parece un asunto menos importante, porque la verdad es menos importante que el titular", ha defendido.

Torres Mora recalcó que "el derecho de propiedad intelectual tiene un límite en el derecho de la copia privada, que genera un perjuicio objetivo al creador, y hay que compensarle equitativamente".

La controversia

- 1987. La Ley de Propiedad Intelectual española recoge por primera vez el canon.

- 1996. Las entidades de gestión de derechos de autor pasan a ejercitar el cobro.

- 2003. La tasa se aplica a CD y DVD vírgenes en virtud de un pacto entre la patronal y entidades de gestión.

- 2008. Se aprueban nuevas tarifas que gravan aparatos de almacenamiento de datos.

- 2010. La Justicia europea falla que personas jurídicas y la Administración quedan exentas de pagar el gravamen.

- 2011. La Audiencia Nacional anula las tarifas del canon.