La SGAE y la ministra estatua
La SGAE y la ministra estatua
Para que la corrupción sea posible no es necesario tanto la presencia del listo como la del tonto. Siempre hay alguien dispuesto a hacerle un butrón a la hucha del niño, pero bastaría con inspeccionar periódicamente al cerdito para evitar el desfalco continuado e, incluso, la tentación misma de robar la calderilla. En el caso de la SGAE, parece que ha funcionado este viejo esquema. De un lado, los saqueadores demuestran su amor por la familia y los amigos haciéndoles beneficiarios de sus atracos; de otro, los encargados de evitarlo miran hacia otro lado silbando una bella melodía exenta de derechos de autor o se quedan dormidos en la ronda nocturna.
PÚBLICO (Juan Carlos Escudier).- Entre estos últimos está la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que tiene el sueño fácil como Blancanieves. Es a su ministerio al que correspondía vigilar que en la SGAE nadie se llevaba a casa en carretilla el dinero que antes había recaudado tanto por la difusión en las BBC (bodas, bautizos y comuniones) de Paquito el Chocolatero como por arbitrios tales como el canon digital. Argumentar que esa competencia de inspección y de auditoría correspondía a las comunidades autónomas tras una sentencia del Constitucional de 1997 es, dicho sea con generosidad, de una inexactitud imperdonable.
Es verdad que la citada sentencia 196/1997 atribuía a Cataluña y País Vasco estas competencias de vigilancia sobre las entidades de gestión, con la salvedad de que hacía responsable a la Administración Central, es decir a Cultura, de la articulación de los mecanismos necesarios de coordinación e información recíproca para que le fueran suministrados y dispusiera de los datos que sean precisos en cuanto titular de la facultad de revocar la autorización, a cuyo ejercicio están ordenadas las actividades de inspección, vigilancia y control. En otras palabras, que Cultura debía coordinar la actividad inspectora de las comunidades, exigirla si ésta no se realizaba y manejar sus conclusiones.
Aquí el más tonto no hace relojes sino que escurre el bulto y hace la estatua. Si de todo tiene la culpa el empedrado, que asfalten de una puñetera vez.
Es verdad que la citada sentencia 196/1997 atribuía a Cataluña y País Vasco estas competencias de vigilancia sobre las entidades de gestión, con la salvedad de que hacía responsable a la Administración Central, es decir a Cultura, de la articulación de los mecanismos necesarios de coordinación e información recíproca para que le fueran suministrados y dispusiera de los datos que sean precisos en cuanto titular de la facultad de revocar la autorización, a cuyo ejercicio están ordenadas las actividades de inspección, vigilancia y control. En otras palabras, que Cultura debía coordinar la actividad inspectora de las comunidades, exigirla si ésta no se realizaba y manejar sus conclusiones.
Aquí el más tonto no hace relojes sino que escurre el bulto y hace la estatua. Si de todo tiene la culpa el empedrado, que asfalten de una puñetera vez.