Asociación de Internautas

Xornal.com - Por ello, han establecido un plan de acción mediante grupos de trabajo para contestar esta medida y hacer presión para la elaboración de una ley orgánica que recoja sus demandas.

En una reunión celebrada en Madrid, manifestaron la “preocupación” que siente este colectivo por esta disposición normativa, según explicó la coordinadora de Mujeres en Red, Montse Boix, que indicó que también temen que la presidencia española de la UE pueda repercutir en las medidas que tomen otros países.

Los internautas denunciaron además que la disposición incluida en el anteproyecto de ley, que contempla el cierre o bloqueo de páginas de descargas ilegales se ha elaborado “sin contar con la sociedad civil”, por lo que pidieron que algo que va a afectar a los ciudadanos se lleve a debate.

Consideran el articulado de la norma un “apaño” y un “atajo” que, a su juicio, afecta a derechos fundamentales, pues “espiar comunicaciones electrónicas o decidir si hay que cerrar o no una página web, tiene que ir bajo la regulación de una ley orgánica, cuanto menos”.

MEDIDAS LEGALES

El servicio jurídico de estas asociaciones revisará el proyecto la semana que viene, ya que por ahora no disponen del texto íntegro, que se publicará el lunes o el martes, según indicaron sus representantes tras la reunión que mantuvieron ayer.

Por su parte, Javier Maestre, abogado experto en propiedad intelectual y nuevas tecnologías, indicó que la inciativa del Gobierno se “acerca al secuestro administrativo de la época franquista”.

“Partimos de las declaraciones que hizo tras el Consejo de Ministros el titular de Justicia [Francisco Caamaño] porque todavía no tenemos el texto legal, y según estas afirmaciones las medidas suponen un retroceso en los derechos y libertades conseguidos”, dijo.

El Consejo de Ministros aprobó ayer remitir a los órganos consultivos –Poder Judicial y Consejo de Estado– el anteproyecto de ley según el cual se crearía la Comisión de Propiedad Intelectual, que podría enviar a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional las denuncias recibidas contra páginas de descargas ilegales. Estas webs podrían ser bloqueadas o cerradas por orden de un juez una vez oídas las partes implicadas.

González Sinde señalaba ayer que las medidas legales aprobadas por el Gobierno se aplicarán “proporcionalmente” y que afectarán a entre cien y doscientos portales de descarga ilegal. Además, recordó que todas las semanas Sanidad ordena bloquear el acceso desde España a webs que venden medicamentos no autorizados o falsificados sin ningún tipo de crítica hacia esa labor.

En su caso concreto, la ministra de Cultura quiso insistir en que se trataba de “páginas que se lucran y perjudican a alguien porque explotan un producto para el que no tiene licencia ni contrato de ningún tipo y eso no tiene nada que ver con un blog que cita un fragmento o pone un videoclip de una canción”.