El Gobierno mete el corte de Red contra la 'pirater铆a' en la Ley de Econom铆a Sostenible
Casi por la puerta de atr谩s, en la disposici贸n adicional primera del anteproyecto de Ley de Econom铆a Sostenible, el Gobierno ha introducido la posibilidad de interrumpir Internet, previa autorizaci贸n judicial, a aquellos abonados que descarguen archivos protegidos por derechos de autor.- (Actualizado) -
Pablo Romero El Mundo.- Para ello, el texto prev茅 modificaciones en otros dos textos, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y la Ley de Servicios para la Sociedad de la Informaci贸n (LSSI).
Se introduce la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" entre las causas para restringir la prestaci贸n de servicios en el art铆culo 8 de la LSSI, un art铆culo que, por otro lado, exige que s贸lo la autoridad judicial competente podr谩 adoptar esta medida "en tanto garante del derecho a la libertad de expresi贸n, del derecho de producci贸n y creaci贸n literaria, art铆stica, cient铆fica y t茅cnica, la libertad de c谩tedra y el derecho de informaci贸n".
Adem谩s, se faculta al Ministerio de Cultura para "velar por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneraci贸n por los responsables de los servicios de la sociedad de la informaci贸n".
Para ello, est谩 prevista la creaci贸n de un 贸rgano dentro del Ministerio a trav茅s de una disposici贸n adicional en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Este 贸rgano, llamado Comisi贸n de Propiedad Intelectual, que tendr谩 funciones "de mediaci贸n y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual".
El texto prev茅 que en cada proceso de mediaci贸n de esta comisi贸n tengan derecho a estar presentes dos representantes de las entidades de gesti贸n de derechos de autor y otros dos de las empresas de distribuci贸n por cable. El procedimiento de arbitraje, al que las partes podr谩n someterse voluntariamente, podr谩 dar soluci贸n a conflictos entre las entidades de gesti贸n y asociaciones de usuarios o entidades de radiodifusi贸n, y fijar谩 una cantidad sustitutoria de compensaci贸n en su caso.
Adem谩s, el texto del anteproyecto de Ley de Econom铆a Sostenible introduce otro punto en el art铆culo 8 de la LSSI en el que habilita a "los 贸rganos competentes" la potestad de exigir a los operadores que identifiquen a aquellos "responsables" que est茅n realizando actividades presuntamente vulneradoras de los derechos de autor. "Los prestadores estar谩n obligados a facilitar los datos que dispongan", afirma el texto.
El Gobierno ha insistido en los 煤ltimos tiempos en que las acciones para atajar el intercambio no autorizado de archivos no ir谩n dirigidos contra quienes los descargan, sino contra aquellos que facilitan dichas descargas, es decir, contra p谩ginas de enlaces, por ejemplo.
Varios procesos judiciales abiertos en Espa帽a indican que el camino contra la llamada 'pirater铆a' parece centrarse, precisamente, contra esos sitios web de enlaces a archivos P2P.
El presidente de la Asociaci贸n de Internautas, V铆ctor Domingo, afirm贸 que permanecer谩n "muy vigilantes". Domingo mostr贸 preocupaci贸n por la posibilidad de que no se defina qui茅nes son los "贸rganos competentes" habilitados para "espiar" comportamientos de los internautas.
"驴Qui茅n vigilar谩 los comportamientos para poder aplicar estos cortes? 驴Ser谩n los propios jueces, o un 贸rgano administrativo", se pregunt贸, preocupado por la salvaguardia del derecho fundamental a la intimidad. Asimismo, mostr贸 su descontento con el actual Gobierno. "Zapatero se est谩 despidiendo de Internet", concluy贸.
Miguel P茅rez Sub铆as, responsable de la Asociaci贸n de Usuarios de Internet, coment贸 que ser铆a una "aberraci贸n" abordar la regulaci贸n de la Red "desde la protecci贸n de un solo derecho", ya que en Internet "confluyen muchos, como el derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, adem谩s de los derechos de autor".
Asimismo, mostr贸 su preocupaci贸n acerca de que se "est茅 privilegiando a los intermediarios, como la industria cultural -que defienden un modelo econ贸mico obsoleto- o las entidades de gesti贸n, en lugar de a los extremos, es decir, a los autores y los consumidores".
Se introduce la "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" entre las causas para restringir la prestaci贸n de servicios en el art铆culo 8 de la LSSI, un art铆culo que, por otro lado, exige que s贸lo la autoridad judicial competente podr谩 adoptar esta medida "en tanto garante del derecho a la libertad de expresi贸n, del derecho de producci贸n y creaci贸n literaria, art铆stica, cient铆fica y t茅cnica, la libertad de c谩tedra y el derecho de informaci贸n".
Adem谩s, se faculta al Ministerio de Cultura para "velar por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneraci贸n por los responsables de los servicios de la sociedad de la informaci贸n".
Para ello, est谩 prevista la creaci贸n de un 贸rgano dentro del Ministerio a trav茅s de una disposici贸n adicional en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Este 贸rgano, llamado Comisi贸n de Propiedad Intelectual, que tendr谩 funciones "de mediaci贸n y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual".
El texto prev茅 que en cada proceso de mediaci贸n de esta comisi贸n tengan derecho a estar presentes dos representantes de las entidades de gesti贸n de derechos de autor y otros dos de las empresas de distribuci贸n por cable. El procedimiento de arbitraje, al que las partes podr谩n someterse voluntariamente, podr谩 dar soluci贸n a conflictos entre las entidades de gesti贸n y asociaciones de usuarios o entidades de radiodifusi贸n, y fijar谩 una cantidad sustitutoria de compensaci贸n en su caso.
Identificaci贸n de prestadores de servicios
Adem谩s, el texto del anteproyecto de Ley de Econom铆a Sostenible introduce otro punto en el art铆culo 8 de la LSSI en el que habilita a "los 贸rganos competentes" la potestad de exigir a los operadores que identifiquen a aquellos "responsables" que est茅n realizando actividades presuntamente vulneradoras de los derechos de autor. "Los prestadores estar谩n obligados a facilitar los datos que dispongan", afirma el texto.
El Gobierno ha insistido en los 煤ltimos tiempos en que las acciones para atajar el intercambio no autorizado de archivos no ir谩n dirigidos contra quienes los descargan, sino contra aquellos que facilitan dichas descargas, es decir, contra p谩ginas de enlaces, por ejemplo.
Varios procesos judiciales abiertos en Espa帽a indican que el camino contra la llamada 'pirater铆a' parece centrarse, precisamente, contra esos sitios web de enlaces a archivos P2P.
Usuarios preocupados
El presidente de la Asociaci贸n de Internautas, V铆ctor Domingo, afirm贸 que permanecer谩n "muy vigilantes". Domingo mostr贸 preocupaci贸n por la posibilidad de que no se defina qui茅nes son los "贸rganos competentes" habilitados para "espiar" comportamientos de los internautas.
"驴Qui茅n vigilar谩 los comportamientos para poder aplicar estos cortes? 驴Ser谩n los propios jueces, o un 贸rgano administrativo", se pregunt贸, preocupado por la salvaguardia del derecho fundamental a la intimidad. Asimismo, mostr贸 su descontento con el actual Gobierno. "Zapatero se est谩 despidiendo de Internet", concluy贸.
Miguel P茅rez Sub铆as, responsable de la Asociaci贸n de Usuarios de Internet, coment贸 que ser铆a una "aberraci贸n" abordar la regulaci贸n de la Red "desde la protecci贸n de un solo derecho", ya que en Internet "confluyen muchos, como el derecho a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, adem谩s de los derechos de autor".
Asimismo, mostr贸 su preocupaci贸n acerca de que se "est茅 privilegiando a los intermediarios, como la industria cultural -que defienden un modelo econ贸mico obsoleto- o las entidades de gesti贸n, en lugar de a los extremos, es decir, a los autores y los consumidores".