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SITEL: Cuando la tecnolog铆a supera a la Ley

SITEL: Cuando la tecnolog铆a supera a la Ley


Desde su puesta en funcionamiento, el SITEL (Sistema de Interceptaci贸n Legal de las Comunicaciones) ha mejorado el potencial de investigaci贸n de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, siendo una herramienta m谩s en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo.

Este sistema ha supuesto una aut茅ntica revoluci贸n tecnol贸gica, incorporando funcionalidades antes inexistentes como, por ejemplo, la ubicaci贸n de un terminal telef贸nico.

Sin embargo, en los 煤ltimos d铆as, la creciente pol茅mica entre Gobierno y Oposici贸n por el empleo de este sistema, ha generado ciertas dudas en la sociedad, cuestion谩ndose las garant铆as jur铆dicas en la utilizaci贸n del SITEL.

Desde Uni贸n de Oficiales Guardia Civil Profesional, entendemos que la actuaci贸n de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en temas tan importantes y sensibles como el terrorismo no puede quedar ensombrecida por ning煤n g茅nero de duda.


En nuestra opini贸n, el gran problema surge cuando la tecnolog铆a supera a la legislaci贸n. Un caso muy similar lo tenemos con la regulaci贸n de los ficheros de datos. Siempre hubo una regulaci贸n que protegiese el honor y el mal uso que pudiera hacerse de los datos en ellos contenidos.

Sin embargo, el potencial de riesgo que introdujo la inform谩tica y el tratamiento automatizado de datos motiv贸 la aparici贸n de la famosa Ley Org谩nica de Regulaci贸n del Tratamiento Automatizado de Datos de Car谩cter Personal (LORTAD), sustituida por la actual L.O. 15/1999 de Protecci贸n de Datos de Car谩cter Personal.

Aunque se trataba de los mismos datos y los mismos ficheros, lo que provoc贸 la aprobaci贸n de estas leyes fue la posibilidad del tratamiento automatizado de estos datos, que aumentaba considerablemente la capacidad de gesti贸n de los mismos.

Con SITEL nos enfrentamos al mismo problema. De hecho, en esencia, hablamos de las mismas intervenciones telef贸nicas que, autorizaci贸n judicial mediante, se vienen realizando en el marco de una investigaci贸n judicial desde hace bastante tiempo.

Sin embargo, ahora se cuenta con un sistema inform谩tico y unas funcionalidades que permiten un tratamiento mucho m谩s potente de los datos, pero reguladas por una Ley de Enjuiciamiento Criminal que data de 1882 y que, pese a las adaptaciones realizadas, es cuanto menos cuestionable a la hora de garantizar los derechos de los ciudadanos.

Por estos motivos, Uni贸n de Oficiales demanda el reconocimiento de su utilidad en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, al tiempo que EXIGE una normativa moderna y garantista que impida cuestionar la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas de Seguridad Estatales y aporte la necesaria tranquilidad y seguridad jur铆dica a los ciudadanos a los que defendemos.

Madrid 20 de Noviembre de 2009

LA JUNTA DIRECTIVA DE UNI脫N DE OFICIALES GUARDIA CIVIL PROFESIONAL