Los peligros de la tecnolog铆a
Los peligros de la tecnolog铆a
Tras los atentados del 11-S, el mundo ha cambiado para mal. Poco a poco se nos quitan las libertades. Cobra vigor ahora la frase que, desde EE. UU, hizo Benjamin Franklin, art铆fice de la Declaraci贸n de Independencia y padre de la Constituci贸n: "Aquellos que sacrifican una libertad imprescindible para conseguir una seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad". Nada m谩s producirse los atentados del 11-S se promulg贸 la Patriot Act, que ha supuesto restricciones a las libertades civiles, tanto all铆 como, por extensi贸n, en todo el Mundo. Afortunadamente, esas restricciones ahora est谩n sometidas a revisi贸n por parte del presidente Barack Obama.
La era Bush nos ha tra铆do la sociedad de la vigilancia, control de las comunicaciones, trazas, biometr铆a, localizaci贸n, seguimientos mediante control electr贸nico... Son realidades efectivas, aunque no tangibles. En parte, resulta esencial para facilitar los servicios que necesitamos, pero tambi茅n resulta cuestionable, y puede resultar injustificable y opresiva. De hecho, la mayor铆a de la gente no sabe lo que significa, y la percibe como una historia de ciencia ficci贸n y no de la vida cotidiana.
En Europa, la arrogancia de Bush y Tony Blair impusieron la nueva filosof铆a y la Uni贸n Europea aprob贸 la controvertida Directiva 2006/24/CE, que incorpora aspectos b谩sicos de la Patriot Act al imponer a las compa帽铆as de telecomunicaciones la obligaci贸n de conservar por un periodo de entre 6 y 24 meses numerosos datos de comunicaciones telef贸nicas, incluida informaci贸n sobre la ubicaci贸n, y de Internet. La finalidad de esa directiva es trasponerla a los ordenamientos jur铆dicos de los distintos Estados miembros y as铆 vencer la resistencia de los Parlamentos nacionales. Espa帽a fue de los primeros Estados en incorporarla mediante la Ley sobre Conservaci贸n de datos de las Comunicaciones Electr贸nicas de 18 de octubre de 2007. Fue aprobada sin pol茅mica, y sin que ninguna explicaci贸n haya sido facilitada a los ciudadanos, gracias a que el Gobierno supo desviar la atenci贸n de los medios evitando que se hicieran preguntas.
La poca informaci贸n trasmitida ha sido interesada y sesgada. Interesada porque pretend铆a fomentar la identificaci贸n de los titulares de las tarjetas prepago ante las respectivas compa帽铆as, y sesgada porque casi nada se ha hablado del contenido y la finalidad de la ley.
La primera cuesti贸n tiene implicaciones econ贸micas ya que en noviembre de 2009 vence el plazo para cumplir con el requerimiento legal y las operadoras deber谩n dar de baja a las l铆neas no identificadas. Hasta el momento s贸lo se han identificado un 20%, lo que supone una importante disminuci贸n de los ingresos; sin embargo, la nueva ley origina nuevos gastos derivados del mantenimiento de los equipos de interceptaci贸n y de almacenamiento de datos, a lo que se tiene que a帽adir el nuevo canon sobre el ADSL.
La necesidad de la identificaci贸n se ha justificado en la lucha contra el terrorismo ya que las bombas del 11-M fueron detonadas mediante m贸viles con tarjeta prepago. Pero los veh铆culos desde siempre han estado identificados con placas de matricula y eso no ha supuesto ning煤n obst谩culo para que ETA cometa sanguinarios atentados como est谩 demostrando.
En segundo lugar, se ha encubierto el objetivo pretendido: que no es m谩s que el almacenamiento de los datos de las comunicaciones, tanto de telefon铆a fija, m贸vil, telefon铆a por Internet e Internet, necesarios para rastrear e identificar el origen de la comunicaci贸n y su destino, lo que incluye los nombres y las direcciones de los abonados o usuarios, la fecha, hora y duraci贸n de una comunicaci贸n. Y los necesarios para identificar la localizaci贸n del m贸vil tanto de la parte que efect煤a la llamada, como de quien la recibe. Tambi茅n las conexiones a Internet son controladas y catalogadas.
Toda esta acumulaci贸n de datos se produce sin que el ciudadano haya cometido ning煤n delito, ni de motivo alguno para ser tratado como sospechoso. Muchas personas pueden sentirse observadas, y aunque es preceptiva la autorizaci贸n judicial para la entrega de los datos, no est谩 previsto un control judicial efectivo en relaci贸n con el procedimiento de entrega de la informaci贸n, ni con la utilizaci贸n posterior, ni est谩 prevista la destrucci贸n o anonimato de los datos cuando no sean necesarios, ni se impide su cesi贸n a terceros. Por otra parte, no son organismos estatales, sino compa帽铆as privadas de telefon铆a las encargadas de interceptar y custodiar los datos. Existe un riesgo de abuso y fuga de datos. 驴隆Quis custodiet ipsos custodies隆? (驴Qui茅n guarda a los guardias?)
Ya hemos dicho (Ciudadanos de cristal. EL PA脥S 12-11-2007) que pocos van a discutir que el Estado utilice la tecnolog铆a para la lucha contra la delincuencia. Pero un Estado democr谩tico exige transparencia y que las medidas a utilizar sean respetuosas con el r茅gimen de garant铆as. Nos estamos adentrando en un modelo de sociedad en el que la desconfianza sustituye a la libertad (se vigila a aquellos de quienes se desconf铆a), integrada por usuarios y consumidores que a su vez suplantan a quien ha sido alma y fundamento del paradigma de la Ilustraci贸n: El ciudadano.
Tribuna de Pedro Mart铆nez, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en El Pa铆s
En Europa, la arrogancia de Bush y Tony Blair impusieron la nueva filosof铆a y la Uni贸n Europea aprob贸 la controvertida Directiva 2006/24/CE, que incorpora aspectos b谩sicos de la Patriot Act al imponer a las compa帽铆as de telecomunicaciones la obligaci贸n de conservar por un periodo de entre 6 y 24 meses numerosos datos de comunicaciones telef贸nicas, incluida informaci贸n sobre la ubicaci贸n, y de Internet. La finalidad de esa directiva es trasponerla a los ordenamientos jur铆dicos de los distintos Estados miembros y as铆 vencer la resistencia de los Parlamentos nacionales. Espa帽a fue de los primeros Estados en incorporarla mediante la Ley sobre Conservaci贸n de datos de las Comunicaciones Electr贸nicas de 18 de octubre de 2007. Fue aprobada sin pol茅mica, y sin que ninguna explicaci贸n haya sido facilitada a los ciudadanos, gracias a que el Gobierno supo desviar la atenci贸n de los medios evitando que se hicieran preguntas.
La poca informaci贸n trasmitida ha sido interesada y sesgada. Interesada porque pretend铆a fomentar la identificaci贸n de los titulares de las tarjetas prepago ante las respectivas compa帽铆as, y sesgada porque casi nada se ha hablado del contenido y la finalidad de la ley.
La primera cuesti贸n tiene implicaciones econ贸micas ya que en noviembre de 2009 vence el plazo para cumplir con el requerimiento legal y las operadoras deber谩n dar de baja a las l铆neas no identificadas. Hasta el momento s贸lo se han identificado un 20%, lo que supone una importante disminuci贸n de los ingresos; sin embargo, la nueva ley origina nuevos gastos derivados del mantenimiento de los equipos de interceptaci贸n y de almacenamiento de datos, a lo que se tiene que a帽adir el nuevo canon sobre el ADSL.
La necesidad de la identificaci贸n se ha justificado en la lucha contra el terrorismo ya que las bombas del 11-M fueron detonadas mediante m贸viles con tarjeta prepago. Pero los veh铆culos desde siempre han estado identificados con placas de matricula y eso no ha supuesto ning煤n obst谩culo para que ETA cometa sanguinarios atentados como est谩 demostrando.
En segundo lugar, se ha encubierto el objetivo pretendido: que no es m谩s que el almacenamiento de los datos de las comunicaciones, tanto de telefon铆a fija, m贸vil, telefon铆a por Internet e Internet, necesarios para rastrear e identificar el origen de la comunicaci贸n y su destino, lo que incluye los nombres y las direcciones de los abonados o usuarios, la fecha, hora y duraci贸n de una comunicaci贸n. Y los necesarios para identificar la localizaci贸n del m贸vil tanto de la parte que efect煤a la llamada, como de quien la recibe. Tambi茅n las conexiones a Internet son controladas y catalogadas.
Toda esta acumulaci贸n de datos se produce sin que el ciudadano haya cometido ning煤n delito, ni de motivo alguno para ser tratado como sospechoso. Muchas personas pueden sentirse observadas, y aunque es preceptiva la autorizaci贸n judicial para la entrega de los datos, no est谩 previsto un control judicial efectivo en relaci贸n con el procedimiento de entrega de la informaci贸n, ni con la utilizaci贸n posterior, ni est谩 prevista la destrucci贸n o anonimato de los datos cuando no sean necesarios, ni se impide su cesi贸n a terceros. Por otra parte, no son organismos estatales, sino compa帽铆as privadas de telefon铆a las encargadas de interceptar y custodiar los datos. Existe un riesgo de abuso y fuga de datos. 驴隆Quis custodiet ipsos custodies隆? (驴Qui茅n guarda a los guardias?)
Ya hemos dicho (Ciudadanos de cristal. EL PA脥S 12-11-2007) que pocos van a discutir que el Estado utilice la tecnolog铆a para la lucha contra la delincuencia. Pero un Estado democr谩tico exige transparencia y que las medidas a utilizar sean respetuosas con el r茅gimen de garant铆as. Nos estamos adentrando en un modelo de sociedad en el que la desconfianza sustituye a la libertad (se vigila a aquellos de quienes se desconf铆a), integrada por usuarios y consumidores que a su vez suplantan a quien ha sido alma y fundamento del paradigma de la Ilustraci贸n: El ciudadano.
Tribuna de Pedro Mart铆nez, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en El Pa铆s