¿Quién define la política de
Sociedad de la Información en España?
¿Quién define la política de Sociedad de la Información en España?
Reproducimos, por su especial trascendencia y por la gravedad de su contenido, la carta abierta dirigida al ministro de Industria, Turismo y Comercio, de origen y fin puramente viral. Se recomienda encarecidamente su reproducción, suscripción y divulgación.
Excelentísimo Sr. Sebastián, Ministro de Industria, Turismo y Comercio,
Discúlpenos la franqueza de la duda, pero, con el debido respeto y consideración, ¿en verdad está Vd. poniendo en práctica su propia visión política de lo que debe ser la Sociedad de la Información? O dicho de otro modo, ¿lo que está ocurriendo en España referente a las Tecnologías de la Información y la Comunicación es consecuencia directa de sus propias directrices políticas?
Estas preguntas Sr. Ministro, que parecen retóricas, son en realidad una cuestión trascendente que muchos ciudadanos nos hacemos cada vez con más frecuencia. En realidad, no solo nos las hemos hecho desde que Vd., Sr. Sebastián, es el Ministro de Industria, sino que ya vienen de antes de su mandato. Y es que las actuaciones de su Ministerio, en lo que se refiere a la Sociedad de la Información en España, parecen obedecer más a la jesuítica postura de ni una mala palabra, ni una buena acción, que a una verdadera y sólida directriz política acatada sin fisuras por todo su Gabinete.
Permítanos justificarle esta afirmación enumerándole algunos hechos concretos:
Primero, durante la tramitación de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI), en su borrador inicial y posteriormente en el Consejo Asesor Técnico de la Sociedad de la Información (CATSI) , su Secretario de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, el Sr. Francisco Ros Perán, intentó imponer el famoso artículo 17bis en contra de lo sostenido por su antecesor, el Ministro Montilla. Este artículo habilitaba la censura previa en Internet saltándose a la torera tanto la Constitución como la independencia del poder judicial. Al final, el escándalo, la movilización social y la decisión de D. José Montilla, acabaron retirando dicha aberración legal del borrador de ley. Este grave hecho, sin embargo, no tuvo consecuencias políticas para su principal responsable.
Segundo, también durante la tramitación de la LISI, las presiones del Sr. Ros Perán evitaron que la misma recogiera el principio de Neutralidad en la Red (Net Neutrality), algo que es un derecho básico para lograr la confianza y la certidumbre en el comercio electrónico, para avanzar en nuestro desarrollo tecnológico, para la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos en la Red y para llevar a cabo una de las reformas estructurales que España necesita para afrontar la crisis: que las PYMEs y profesionales innovadores puedan competir en mayor régimen de igualdad respecto a los grandes operadores de telecomunicaciones, contenidos y servicios a la hora de proveer su propia oferta electrónica por Internet. Esta censura tampoco tuvo ni ha tenido consecuencias políticas.
Tercero, para terminar con la tramitación LISI, D. Francisco Ros también vetó que en ella se permitiera a las corporaciones locales ofrecer acceso a Internet como un servicio público. Servicio que a día de hoy también sería de inmensa ayuda para sortear la crisis, dado que Internet es una infraestructura básica para el desarrollo de nuestra economía. Este veto se podría perfectamente comparar con prohibir las vías de comunicación públicas para que sólo existieran privadas. ¿Se imagina una ciudad de calles exclusivamente privadas y llenas de peajes? ¿Se imagina una ciudad donde los barrios periféricos no tuvieran calles asfaltadas porque no fueran rentables para el sector privado? Pues tal veto tampoco tuvo consecuencias políticas.
Cuarto, en la ejecución de la LISI, y a pesar de que la misma es clara en cuanto a que la banda ancha es y debe ser un servicio universal, de nuevo el Sr. D. Francisco Ros, escudándose en que no está contemplado en la normativa de la UE como tal (sic.), sostiene que ni operadoras ni Gobierno tienen obligación de cumplir con esa Ley. A esto hay que sumar el hecho de que su Ministerio, por decisión de su secretario de estado, tiene una definición de «banda ancha» interesadamente obsoleta que, más propia de la época de Bush padre y de las retrógradas ideas de la Comisión Soto, es absolutamente distinta a la que manejan el resto de países europeos. Mientras en Europa no se considera «banda ancha» a nada inferior a 1 Mb/s de bajada o de subida, la Administración Española aún considera «banda ancha» a unos ridículos 256 Kb/s de bajada y 128 Kb/s de subida. Sin duda algo más propio del África subsahariana que de quien se postula como la 8ª potencia mundial. Si a eso se suma una desorbitada asimetría de nuestros ADSL con objeto de impedir que nadie pueda proveer servicios electrónicos contratando una línea normal de Internet, estamos ante una situación que impide a cualquier ciudadano prácticamente aportar nada a la Red, así como a cualquiera de nuestras PYMEs y profesionales dar servicios electrónicos mínimamente innovadores y competitivos. Esta falta de aplicación de la LISI tampoco ha tenido consecuencias políticas.
Quinto, recientemente se eliminó de la normativa que regula la banda ancha en España cualquier línea de ADSL con velocidad superior a 30 Mb/s. Fue decisión también de D. Francisco Ros. Una decisión que la Unión Europea obligó a retirar por ser una traba a la competencia en el mercado español. Esto tampoco tuvo consecuencias políticas.
En resumen, Sr. Ministro, da la sensación de que ciertos grupos de presión están hablando por boca y hechos de su Secretario de Estado, sin considerar que sus intereses son claramente contrarios a los de la ciudadanía y la economía nacional. El problema es que parece que es él quien marca esa política independientemente de la opinión que Vd. tenga. Es evidente que su Ministerio debería dar un golpe de timón y eliminar esas presiones y desviaciones, dirigiendo su rumbo a lo que debería ser una política social, moderna y progresista. Una nueva política que además incite a que surjan negocios por parte de PYMEs y profesionales, facilite un acceso de calidad y permita que los españoles colaboren y participen en la red de redes aportando ideas y contenidos, con la libertad que se le presupone a un estado de derecho democrático y moderno.
Sr. Ministro, usted mantuvo de forma clara y sin fisuras, que «No aplicaremos restricción ni regulación alguna que impida la expansión, o desincentive el uso de Internet, ni estableceremos límites a las herramientas de libre circulación de la información», porque «Esa libertad ha sido, y es, la clave de la red de redes, de su crecimiento y de su popularidad». Pero lo cierto, es que a pesar de tan buenas palabras, negros nubarrones se otean en el horizonte de las libertades públicas de la Internet española. ¿Se considera Vd. responsable de esos nubarrones?
Según Karel Vasak, primer Secretario General del Instituto Internacional de Derechos Humanos, Ningún derecho se consiguió sin lucha: todos ellos fueron conquistados arrancándoselos al poder establecido. Sin embargo ahora vemos peligrar nuestros derechos básicos en su vertiente moderna, la electrónica. Derechos que ya estaban asentados y consagrados en nuestras constituciones desde el Siglo XVIII como la libertad de expresión, pensamiento y conciencia, y que el pueblo ganó con sangre, sudor y lágrimas. Dicho en palabras de Benjamín Franklin, «Quienes pueden renunciar a su libertad esencial para obtener una pequeña seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad».
Lo que más nos preocupa Sr. Ministro es que esas afirmaciones suyas, tan acordes a lo que es una verdadera política moderna y progresista, no son seguidas ni ejecutadas por miembros de su Gabinete como el Sr. Ros que, como puede comprobar, parece que mantiene idearios y proyectos completamente opuestos a los suyos y a los de la gran mayoría de la ciudadanía española. No por ello dudamos que el Sr. Ros sea un buen profesional. Nos consta que lo es y lo ha sido. Pero también nos consta que no nos conviene ya porque sus políticas son de alto riesgo. Riesgo que en los últimos meses hemos visto como se materializaba.
Permítanos retomar la anterior enumeración de hechos
Sexto: uno de los ejemplos más flagrantes lo tenemos en la consagración de una indiscriminada recaudación para la compensación por copia privada (canon) de las obras sujetas a derechos de autor. Éste acaba siendo repartido de forma discrecional y sin control alguno entre unos pocos, en su mayoría grandes multinacionales del entretenimiento. En este caso, se ha elegido una modalidad que supone un autentico impuesto recaudado y gestionado por una entidad privada a lo que representa el actual papiro de nuestra Era Informacional: el soporte digital. Algo equivalente a si en la época de Joannes Gutenberg se hubiera cobrado un canon por cada hoja de papel fabricada. ¿Qué hubiera sido del Renacimiento? Le recordamos además que dicho impuesto a la transmisión de conocimientos, software y cultura, ha sido establecido mano a mano por su Ministerio y el de Cultura. Sr. Ministro, ¿quién ha sido el responsable de ello en su Ministerio? ¿Es ésta la política moderna y progresista que pretende seguir su Ministerio? En caso contrario, ¿tampoco merece consecuencias políticas ese abuso?
Actualmente están en juego valores que son muy importantes para la ciudadanía y para las empresas. En especial, la seguridad jurídica. Es decir, la seguridad de que las reglas en Internet son y serán claras, estables, e iguales para todos. Los ciudadanos deben estar seguros de que nadie se va a escudar en el management de la Red, en la propiedad intelectual o en la comisión de delitos, para criminalizar la tecnología, o para tomar el control y eliminar la Neutralidad en la Red.
Ha sido el caso del P2P y en su día en EEUU lo fue, valdíamente, de la criptografía GPG/PGP. Seamos realistas Sr. Ministro, lejos de ser un problema para la seguridad ha sido la Red la que ha permitido, como es el caso de la pornografía infantil, la detección y detención de los culpables de estos delitos.
Pero no es ese el único caso en el que la Red se lo ha puesto fácil a la Justicia. Son delitos que cuando se practicaban en el hermetismo de un sórdido club o en la intimidad de un grupo cerrado de iniciados no eran detectados ni condenados. «Ojos que no ven, corazón que no siente». Pero, Sr. Ministro, el problema no está en la tecnología ni en la Red. Está en la sociedad y es en la sociedad, es decir, en el mundo real, no en el virtual, en el que hay que tomar medidas correctivas y preventivas. La Red no es mejor ni peor que la vida real. Es solamente su reflejo virtual. No es la Red el origen y la causa del delito, como tampoco lo es un cuchillo que se puede usar para cocinar o para ejercer la más abyecta violencia doméstica. Es evidente que el problema no es el cuchillo. Es la persona que lo esgrime y la solución al problema está en la prevención y no en la prohibición de los cuchillos de cocina. Si ponemos trabas a la Red estos delincuentes simplemente se buscarán otros medios. Pero Vd. habrá coartado la principal vía de comunicación y de oportunidad de innovación y de generar nuevo negocio de los españoles.
Séptimo y esperemos que último: a pesar de que Vd., Sr. Ministro, insiste en que no prevé cambios en el horizonte de la Internet española, lo cierto es que su Secretario de Estado, el Sr. D. Francisco Ros, mano a mano con el ministerio de Cultura, sigue empujando a las principales empresas de telecomunicaciones de España, agrupadas en REDTEL, para que lleguen a un acuerdo con las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y con él se recorten de nuevo derechos básicos de los ciudadanos. Recorte que se materializaría en favor de un grupo de presión minoritario y de dudosa legitimidad para dicho acuerdo. Un acuerdo que además será el precedente y la excusa para la petición de un cambio legislativo que convierta en delito compartir ficheros mediante las redes P2P. Algo absolutamente legal hoy en España. Un acuerdo que, desgraciadamente, también tendría grandes y negativas repercusiones para la cultura y la economía de este país. En lo económico se vería reflejado en la respuesta de los ciudadanos que, como ya se ha avisado por los expertos, solicitarán la baja masiva de los servicios de banda ancha o, como poco, continuos cambios de operador, lo que afectará a las inversiones en infraestructuras y con ello a que la Internet española siga a la cola de Europa. En lo cultural, le recuerdo Sr. Ministro, que en su inmensa mayoría la cultura es de dominio público o de carácter público, con lo que no está sometida a restricción alguna de derechos de autor. Desgraciadamente, esa cultura pública, que para nosotros es la verdadera Cultura no gusta a algunos porque no es fácilmente mercantilizable. Pero con las restricciones tecnológicas a las que incita su secretario de estado se producirá una apropiación indebida de esos bienes públicos. ¿Hasta cuándo Sr. Ministro? ¿Cómo consiente Vd. que se negocien este tipo de abusos a sus espaldas y sean incitados por miembros de su propio Gabinete? ¿Tampoco eso merece consecuencias políticas?
Lo cierto es que, sabiendo que donde hay patrón no manda marinero, no entendemos que pueda ser su Secretario de Estado, D. Francisco Ros, el que esté marcando ya desde hace años la (mala) política de su Ministerio en asuntos tan críticos. Y ello en contra de la opinión de los propios Ministros que han llevado y llevan la Cartera, de su partido político y de la mayor parte de base social a la que representan. Estamos convencidos Sr. Ministro, de que las decisiones de su Ministerio son muy importantes para la economía de este país y más en un momento en el que la crisis atenaza con garras de acero a la sociedad española. Le recordamos que es Vd., Sr. Ministro, el único responsable último de marcar dicha política y, por ende, de obtener los resultados positivos.
En base a todo lo expuesto le pedimos, Sr. Ministro Sebastián, que lo antes que le sea posible proceda a reemplazar a su Secretario de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, D. Francisco Ros Perán, por un profesional que siga la línea política que Vd. públicamente ha trazado con sus declaraciones respecto a no aplicar, ni establecer «límites a las herramientas de libre circulación de la información».
Una parte significativa de la economía española, la innovación y las libertades ciudadanas nos van en ese reemplazo. Es imprescindible para nuestro desarrollo económico, cultural y democrático que las infraestructuras informacionales sigan gozando de plena libertad en España.
Muchas gracias de antemano, Sr. Ministro.
Más informaciones en:
twitter.com/molinapirate
molinapirate.blogspot.com/
exgae.net/baja-de-adsl
Discúlpenos la franqueza de la duda, pero, con el debido respeto y consideración, ¿en verdad está Vd. poniendo en práctica su propia visión política de lo que debe ser la Sociedad de la Información? O dicho de otro modo, ¿lo que está ocurriendo en España referente a las Tecnologías de la Información y la Comunicación es consecuencia directa de sus propias directrices políticas?
Estas preguntas Sr. Ministro, que parecen retóricas, son en realidad una cuestión trascendente que muchos ciudadanos nos hacemos cada vez con más frecuencia. En realidad, no solo nos las hemos hecho desde que Vd., Sr. Sebastián, es el Ministro de Industria, sino que ya vienen de antes de su mandato. Y es que las actuaciones de su Ministerio, en lo que se refiere a la Sociedad de la Información en España, parecen obedecer más a la jesuítica postura de ni una mala palabra, ni una buena acción, que a una verdadera y sólida directriz política acatada sin fisuras por todo su Gabinete.
Permítanos justificarle esta afirmación enumerándole algunos hechos concretos:
Primero, durante la tramitación de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI), en su borrador inicial y posteriormente en el Consejo Asesor Técnico de la Sociedad de la Información (CATSI) , su Secretario de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, el Sr. Francisco Ros Perán, intentó imponer el famoso artículo 17bis en contra de lo sostenido por su antecesor, el Ministro Montilla. Este artículo habilitaba la censura previa en Internet saltándose a la torera tanto la Constitución como la independencia del poder judicial. Al final, el escándalo, la movilización social y la decisión de D. José Montilla, acabaron retirando dicha aberración legal del borrador de ley. Este grave hecho, sin embargo, no tuvo consecuencias políticas para su principal responsable.
Segundo, también durante la tramitación de la LISI, las presiones del Sr. Ros Perán evitaron que la misma recogiera el principio de Neutralidad en la Red (Net Neutrality), algo que es un derecho básico para lograr la confianza y la certidumbre en el comercio electrónico, para avanzar en nuestro desarrollo tecnológico, para la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos en la Red y para llevar a cabo una de las reformas estructurales que España necesita para afrontar la crisis: que las PYMEs y profesionales innovadores puedan competir en mayor régimen de igualdad respecto a los grandes operadores de telecomunicaciones, contenidos y servicios a la hora de proveer su propia oferta electrónica por Internet. Esta censura tampoco tuvo ni ha tenido consecuencias políticas.
Tercero, para terminar con la tramitación LISI, D. Francisco Ros también vetó que en ella se permitiera a las corporaciones locales ofrecer acceso a Internet como un servicio público. Servicio que a día de hoy también sería de inmensa ayuda para sortear la crisis, dado que Internet es una infraestructura básica para el desarrollo de nuestra economía. Este veto se podría perfectamente comparar con prohibir las vías de comunicación públicas para que sólo existieran privadas. ¿Se imagina una ciudad de calles exclusivamente privadas y llenas de peajes? ¿Se imagina una ciudad donde los barrios periféricos no tuvieran calles asfaltadas porque no fueran rentables para el sector privado? Pues tal veto tampoco tuvo consecuencias políticas.
Cuarto, en la ejecución de la LISI, y a pesar de que la misma es clara en cuanto a que la banda ancha es y debe ser un servicio universal, de nuevo el Sr. D. Francisco Ros, escudándose en que no está contemplado en la normativa de la UE como tal (sic.), sostiene que ni operadoras ni Gobierno tienen obligación de cumplir con esa Ley. A esto hay que sumar el hecho de que su Ministerio, por decisión de su secretario de estado, tiene una definición de «banda ancha» interesadamente obsoleta que, más propia de la época de Bush padre y de las retrógradas ideas de la Comisión Soto, es absolutamente distinta a la que manejan el resto de países europeos. Mientras en Europa no se considera «banda ancha» a nada inferior a 1 Mb/s de bajada o de subida, la Administración Española aún considera «banda ancha» a unos ridículos 256 Kb/s de bajada y 128 Kb/s de subida. Sin duda algo más propio del África subsahariana que de quien se postula como la 8ª potencia mundial. Si a eso se suma una desorbitada asimetría de nuestros ADSL con objeto de impedir que nadie pueda proveer servicios electrónicos contratando una línea normal de Internet, estamos ante una situación que impide a cualquier ciudadano prácticamente aportar nada a la Red, así como a cualquiera de nuestras PYMEs y profesionales dar servicios electrónicos mínimamente innovadores y competitivos. Esta falta de aplicación de la LISI tampoco ha tenido consecuencias políticas.
Quinto, recientemente se eliminó de la normativa que regula la banda ancha en España cualquier línea de ADSL con velocidad superior a 30 Mb/s. Fue decisión también de D. Francisco Ros. Una decisión que la Unión Europea obligó a retirar por ser una traba a la competencia en el mercado español. Esto tampoco tuvo consecuencias políticas.
En resumen, Sr. Ministro, da la sensación de que ciertos grupos de presión están hablando por boca y hechos de su Secretario de Estado, sin considerar que sus intereses son claramente contrarios a los de la ciudadanía y la economía nacional. El problema es que parece que es él quien marca esa política independientemente de la opinión que Vd. tenga. Es evidente que su Ministerio debería dar un golpe de timón y eliminar esas presiones y desviaciones, dirigiendo su rumbo a lo que debería ser una política social, moderna y progresista. Una nueva política que además incite a que surjan negocios por parte de PYMEs y profesionales, facilite un acceso de calidad y permita que los españoles colaboren y participen en la red de redes aportando ideas y contenidos, con la libertad que se le presupone a un estado de derecho democrático y moderno.
Sr. Ministro, usted mantuvo de forma clara y sin fisuras, que «No aplicaremos restricción ni regulación alguna que impida la expansión, o desincentive el uso de Internet, ni estableceremos límites a las herramientas de libre circulación de la información», porque «Esa libertad ha sido, y es, la clave de la red de redes, de su crecimiento y de su popularidad». Pero lo cierto, es que a pesar de tan buenas palabras, negros nubarrones se otean en el horizonte de las libertades públicas de la Internet española. ¿Se considera Vd. responsable de esos nubarrones?
Según Karel Vasak, primer Secretario General del Instituto Internacional de Derechos Humanos, Ningún derecho se consiguió sin lucha: todos ellos fueron conquistados arrancándoselos al poder establecido. Sin embargo ahora vemos peligrar nuestros derechos básicos en su vertiente moderna, la electrónica. Derechos que ya estaban asentados y consagrados en nuestras constituciones desde el Siglo XVIII como la libertad de expresión, pensamiento y conciencia, y que el pueblo ganó con sangre, sudor y lágrimas. Dicho en palabras de Benjamín Franklin, «Quienes pueden renunciar a su libertad esencial para obtener una pequeña seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad».
Lo que más nos preocupa Sr. Ministro es que esas afirmaciones suyas, tan acordes a lo que es una verdadera política moderna y progresista, no son seguidas ni ejecutadas por miembros de su Gabinete como el Sr. Ros que, como puede comprobar, parece que mantiene idearios y proyectos completamente opuestos a los suyos y a los de la gran mayoría de la ciudadanía española. No por ello dudamos que el Sr. Ros sea un buen profesional. Nos consta que lo es y lo ha sido. Pero también nos consta que no nos conviene ya porque sus políticas son de alto riesgo. Riesgo que en los últimos meses hemos visto como se materializaba.
Permítanos retomar la anterior enumeración de hechos
Sexto: uno de los ejemplos más flagrantes lo tenemos en la consagración de una indiscriminada recaudación para la compensación por copia privada (canon) de las obras sujetas a derechos de autor. Éste acaba siendo repartido de forma discrecional y sin control alguno entre unos pocos, en su mayoría grandes multinacionales del entretenimiento. En este caso, se ha elegido una modalidad que supone un autentico impuesto recaudado y gestionado por una entidad privada a lo que representa el actual papiro de nuestra Era Informacional: el soporte digital. Algo equivalente a si en la época de Joannes Gutenberg se hubiera cobrado un canon por cada hoja de papel fabricada. ¿Qué hubiera sido del Renacimiento? Le recordamos además que dicho impuesto a la transmisión de conocimientos, software y cultura, ha sido establecido mano a mano por su Ministerio y el de Cultura. Sr. Ministro, ¿quién ha sido el responsable de ello en su Ministerio? ¿Es ésta la política moderna y progresista que pretende seguir su Ministerio? En caso contrario, ¿tampoco merece consecuencias políticas ese abuso?
Actualmente están en juego valores que son muy importantes para la ciudadanía y para las empresas. En especial, la seguridad jurídica. Es decir, la seguridad de que las reglas en Internet son y serán claras, estables, e iguales para todos. Los ciudadanos deben estar seguros de que nadie se va a escudar en el management de la Red, en la propiedad intelectual o en la comisión de delitos, para criminalizar la tecnología, o para tomar el control y eliminar la Neutralidad en la Red.
Ha sido el caso del P2P y en su día en EEUU lo fue, valdíamente, de la criptografía GPG/PGP. Seamos realistas Sr. Ministro, lejos de ser un problema para la seguridad ha sido la Red la que ha permitido, como es el caso de la pornografía infantil, la detección y detención de los culpables de estos delitos.
Pero no es ese el único caso en el que la Red se lo ha puesto fácil a la Justicia. Son delitos que cuando se practicaban en el hermetismo de un sórdido club o en la intimidad de un grupo cerrado de iniciados no eran detectados ni condenados. «Ojos que no ven, corazón que no siente». Pero, Sr. Ministro, el problema no está en la tecnología ni en la Red. Está en la sociedad y es en la sociedad, es decir, en el mundo real, no en el virtual, en el que hay que tomar medidas correctivas y preventivas. La Red no es mejor ni peor que la vida real. Es solamente su reflejo virtual. No es la Red el origen y la causa del delito, como tampoco lo es un cuchillo que se puede usar para cocinar o para ejercer la más abyecta violencia doméstica. Es evidente que el problema no es el cuchillo. Es la persona que lo esgrime y la solución al problema está en la prevención y no en la prohibición de los cuchillos de cocina. Si ponemos trabas a la Red estos delincuentes simplemente se buscarán otros medios. Pero Vd. habrá coartado la principal vía de comunicación y de oportunidad de innovación y de generar nuevo negocio de los españoles.
Séptimo y esperemos que último: a pesar de que Vd., Sr. Ministro, insiste en que no prevé cambios en el horizonte de la Internet española, lo cierto es que su Secretario de Estado, el Sr. D. Francisco Ros, mano a mano con el ministerio de Cultura, sigue empujando a las principales empresas de telecomunicaciones de España, agrupadas en REDTEL, para que lleguen a un acuerdo con las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y con él se recorten de nuevo derechos básicos de los ciudadanos. Recorte que se materializaría en favor de un grupo de presión minoritario y de dudosa legitimidad para dicho acuerdo. Un acuerdo que además será el precedente y la excusa para la petición de un cambio legislativo que convierta en delito compartir ficheros mediante las redes P2P. Algo absolutamente legal hoy en España. Un acuerdo que, desgraciadamente, también tendría grandes y negativas repercusiones para la cultura y la economía de este país. En lo económico se vería reflejado en la respuesta de los ciudadanos que, como ya se ha avisado por los expertos, solicitarán la baja masiva de los servicios de banda ancha o, como poco, continuos cambios de operador, lo que afectará a las inversiones en infraestructuras y con ello a que la Internet española siga a la cola de Europa. En lo cultural, le recuerdo Sr. Ministro, que en su inmensa mayoría la cultura es de dominio público o de carácter público, con lo que no está sometida a restricción alguna de derechos de autor. Desgraciadamente, esa cultura pública, que para nosotros es la verdadera Cultura no gusta a algunos porque no es fácilmente mercantilizable. Pero con las restricciones tecnológicas a las que incita su secretario de estado se producirá una apropiación indebida de esos bienes públicos. ¿Hasta cuándo Sr. Ministro? ¿Cómo consiente Vd. que se negocien este tipo de abusos a sus espaldas y sean incitados por miembros de su propio Gabinete? ¿Tampoco eso merece consecuencias políticas?
Lo cierto es que, sabiendo que donde hay patrón no manda marinero, no entendemos que pueda ser su Secretario de Estado, D. Francisco Ros, el que esté marcando ya desde hace años la (mala) política de su Ministerio en asuntos tan críticos. Y ello en contra de la opinión de los propios Ministros que han llevado y llevan la Cartera, de su partido político y de la mayor parte de base social a la que representan. Estamos convencidos Sr. Ministro, de que las decisiones de su Ministerio son muy importantes para la economía de este país y más en un momento en el que la crisis atenaza con garras de acero a la sociedad española. Le recordamos que es Vd., Sr. Ministro, el único responsable último de marcar dicha política y, por ende, de obtener los resultados positivos.
En base a todo lo expuesto le pedimos, Sr. Ministro Sebastián, que lo antes que le sea posible proceda a reemplazar a su Secretario de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, D. Francisco Ros Perán, por un profesional que siga la línea política que Vd. públicamente ha trazado con sus declaraciones respecto a no aplicar, ni establecer «límites a las herramientas de libre circulación de la información».
Una parte significativa de la economía española, la innovación y las libertades ciudadanas nos van en ese reemplazo. Es imprescindible para nuestro desarrollo económico, cultural y democrático que las infraestructuras informacionales sigan gozando de plena libertad en España.
Muchas gracias de antemano, Sr. Ministro.
Más informaciones en:
twitter.com/molinapirate
molinapirate.blogspot.com/
exgae.net/baja-de-adsl