El informe que no apoyó Ignasi Guardans Cambó
El informe que no apoyó Ignasi Guardans Cambó
El Paquete Telecom llega a un punto decisivo; este miércoles 24 de septiembre tendrá lugar en la sede de Bruselas del Parlamento Europeo la votación definitiva donde se van a retratar todos los Eurodiputados.
Ninguno puede alegar ya desconocimiento, puesto que se les ha informado a lo largo y ancho de Internet, se les han enviado correos electrónicos e incluso activistas de organizaciones pro derechos civiles encabezados y liderados por La Quadrature du Net han hablado en persona con muchos de ellos. Además, algunos han sido contactados directamente via telefónica para saber qué posición mantenÃan al respecto, como mucha gente demandaba saber.
Ninguno puede alegar ya que los internautas seamos unos alarmistas y que el paquete Telecom no sea lesivo para la privacidad y los derechos de la ciudadanÃa. Destacadas voces se han alzado también contra las tristemente famosas “enmiendas Torpedo”, desde la Oficina de Consumidores Europea de Bruselas hasta el Supervisor Europeo de Protección de Datos, pasando por abogados de prestigio en materia de Propiedad Intelectual como la letrada británica Susan Hall y un sin número de asociaciones pro-derechos civiles de todos los paÃses europeos.
Ninguno puede alegar ya que los internautas sólo protestamos sin ofrecer soluciones. Tras un largo y duro esfuerzo de análisis liderado por La Quadrature du Net, que arrancó el dÃa 4 de julio (casualmente coincidiendo con todo un sÃmbolo de libertad) al conocerse los planes liberticidas de los lobbies de la industria musical y videográfica y aún no ha terminado, los eurodiputados conocen las propuestas que les hacen los ciudadanos, cuyos intereses tienen la obligación de representar en Bruselas, enmienda a enmienda sobre lo que es moralmente justo e injusto aprobar o rechazar.
Ninguno puede alegar ya ninguna excusa. Ha llegado el momento de la verdad. El momento en que su voto va a decidir si viviremos en un continente libre o en uno secuestrado por los intereses económicos de determinadas empresas.
Pero este momento crucial tiene su extensión en el mes de mayo del año próximo. En ese mes, se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo. Para algunos eurodiputados que salgan de la Eurocámara en cualquier caso, esta votación puede suponer la diferencia entre acabar su carrera polÃtica como héroes o como villanos. Pero para los que se quedan y esperan además ser reelegidos en mayo, esta votación tampoco va a pasar desapercibida.
Y los miles de internautas cuyas protestas han retumbado en toda Europa este verano también decidirán en mayo con su voto si los eurodiputados han hecho un buen trabajo o por el contrario han tomado decisiones incorrectas dañando a los ciudadanos a los que deben su sueldo, su trabajo y su representación.
Por eso resulta más que difÃcil de comprender la actitud de algunos Eurodiputados que no atienden las quejas de sus jefes, cuales somos todos los ciudadanos europeos que pagamos su nómina, y prefieren representar los oscuros intereses de empresas privadas que los de toda una sociedad que le reclama abiertamente medidas justas.
Como pudo verse en el debate del Parlamento Europeo sobre las “enmiendas torpedo”, eurodiputados españoles como David Hammerstein (Los Verdes) denunciaban que los informes de Harbour y Trautmann eran peligrosos para los ciudadanos. Más allá fue incluso Francisca Pleguezuelos (PSOE) que pidió directamente a Malcolm Harbour que retirara sus propuestas por los mismos motivos que señalaba Hammerstein.
Sin embargo, el también español Ignasi Guardans Cambó no se daba por aludido al respecto de estos peligros y simplemente señalaba que les dejaran trabajar en paz, como si él no se debiera a sus votantes, y como si este tema fuera un mero trámite que no hubiera levantado ninguna polémica. Resulta difÃcil de entender que alguien que se define a sà mismo como liberal no esté en la primera lÃnea de la defensa de las libertades civiles y en su lugar avale los planteamientos y los oscuros intereses de unas empresas privadas que intentan imponer su cuenta de resultados por encima del bien común de los ciudadanos.
Por si quedaba alguna duda, este eurodiputado español es el mismo que se opuso al “Informe Bono”, votando completamente en contra , cuando incluso el mismo Harbour se dio cuenta entonces de que parte de este informe era positivo para Europa. El informe en cuestión trataba de impedir, como ahora vuelve a intentar la industria de la cultura, que se extendiera por toda Europa la práctica de vigilar todo lo que circula por Internet y de considerar al ciudadano sospechoso de realizar comportamientos delictivos a priori “por defecto”.
Para confirmar cuál era su postura al respecto de la votación de las “enmiendas torpedo” nos hemos puesto en contacto con su oficina para confirmar o desmentir su postura y la respuesta que acabamos de recibir es que están a favor de mantener la borrosa expresión “lÃcito” en el texto,y que apoyan la antiguamente conocida como Enmienda Torpedo H1, de Harbour. Además y siempre según su oficina, votarán en contra de la enmienda 138, ideada por el Eurodiputado sueco Christopher Fjellner (representada ahora por la también sueca Eva-Britt Svensson) precisamente para combatir los excesos de las enmiendas torpedo.
El miércoles veremos finalmente qué vota cada uno y los ciudadanos sabremos en consecuencia a qué atenernos con las personas cuya obligación es defender los intereses de sus votantes por encima de cualquier otro.
Ninguno puede alegar ya que los internautas seamos unos alarmistas y que el paquete Telecom no sea lesivo para la privacidad y los derechos de la ciudadanÃa. Destacadas voces se han alzado también contra las tristemente famosas “enmiendas Torpedo”, desde la Oficina de Consumidores Europea de Bruselas hasta el Supervisor Europeo de Protección de Datos, pasando por abogados de prestigio en materia de Propiedad Intelectual como la letrada británica Susan Hall y un sin número de asociaciones pro-derechos civiles de todos los paÃses europeos.
Ninguno puede alegar ya que los internautas sólo protestamos sin ofrecer soluciones. Tras un largo y duro esfuerzo de análisis liderado por La Quadrature du Net, que arrancó el dÃa 4 de julio (casualmente coincidiendo con todo un sÃmbolo de libertad) al conocerse los planes liberticidas de los lobbies de la industria musical y videográfica y aún no ha terminado, los eurodiputados conocen las propuestas que les hacen los ciudadanos, cuyos intereses tienen la obligación de representar en Bruselas, enmienda a enmienda sobre lo que es moralmente justo e injusto aprobar o rechazar.
Ninguno puede alegar ya ninguna excusa. Ha llegado el momento de la verdad. El momento en que su voto va a decidir si viviremos en un continente libre o en uno secuestrado por los intereses económicos de determinadas empresas.
Pero este momento crucial tiene su extensión en el mes de mayo del año próximo. En ese mes, se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo. Para algunos eurodiputados que salgan de la Eurocámara en cualquier caso, esta votación puede suponer la diferencia entre acabar su carrera polÃtica como héroes o como villanos. Pero para los que se quedan y esperan además ser reelegidos en mayo, esta votación tampoco va a pasar desapercibida.
Y los miles de internautas cuyas protestas han retumbado en toda Europa este verano también decidirán en mayo con su voto si los eurodiputados han hecho un buen trabajo o por el contrario han tomado decisiones incorrectas dañando a los ciudadanos a los que deben su sueldo, su trabajo y su representación.
Por eso resulta más que difÃcil de comprender la actitud de algunos Eurodiputados que no atienden las quejas de sus jefes, cuales somos todos los ciudadanos europeos que pagamos su nómina, y prefieren representar los oscuros intereses de empresas privadas que los de toda una sociedad que le reclama abiertamente medidas justas.
Como pudo verse en el debate del Parlamento Europeo sobre las “enmiendas torpedo”, eurodiputados españoles como David Hammerstein (Los Verdes) denunciaban que los informes de Harbour y Trautmann eran peligrosos para los ciudadanos. Más allá fue incluso Francisca Pleguezuelos (PSOE) que pidió directamente a Malcolm Harbour que retirara sus propuestas por los mismos motivos que señalaba Hammerstein.
Sin embargo, el también español Ignasi Guardans Cambó no se daba por aludido al respecto de estos peligros y simplemente señalaba que les dejaran trabajar en paz, como si él no se debiera a sus votantes, y como si este tema fuera un mero trámite que no hubiera levantado ninguna polémica. Resulta difÃcil de entender que alguien que se define a sà mismo como liberal no esté en la primera lÃnea de la defensa de las libertades civiles y en su lugar avale los planteamientos y los oscuros intereses de unas empresas privadas que intentan imponer su cuenta de resultados por encima del bien común de los ciudadanos.
Por si quedaba alguna duda, este eurodiputado español es el mismo que se opuso al “Informe Bono”, votando completamente en contra , cuando incluso el mismo Harbour se dio cuenta entonces de que parte de este informe era positivo para Europa. El informe en cuestión trataba de impedir, como ahora vuelve a intentar la industria de la cultura, que se extendiera por toda Europa la práctica de vigilar todo lo que circula por Internet y de considerar al ciudadano sospechoso de realizar comportamientos delictivos a priori “por defecto”.
Para confirmar cuál era su postura al respecto de la votación de las “enmiendas torpedo” nos hemos puesto en contacto con su oficina para confirmar o desmentir su postura y la respuesta que acabamos de recibir es que están a favor de mantener la borrosa expresión “lÃcito” en el texto,y que apoyan la antiguamente conocida como Enmienda Torpedo H1, de Harbour. Además y siempre según su oficina, votarán en contra de la enmienda 138, ideada por el Eurodiputado sueco Christopher Fjellner (representada ahora por la también sueca Eva-Britt Svensson) precisamente para combatir los excesos de las enmiendas torpedo.
El miércoles veremos finalmente qué vota cada uno y los ciudadanos sabremos en consecuencia a qué atenernos con las personas cuya obligación es defender los intereses de sus votantes por encima de cualquier otro.