Lo que pueden dos millones de internautas
Lo que pueden dos millones de internautas
La capacidad de internet para movilizar a la sociedad civil y su potencial como vehículo vertebrador hacia una nueva democracia participativa empiezan a intuirse en esta campaña electoral. Los dos millones de firmas recogidas contra el canon digital y el debate público que han generado las campañas en la Red en torno a esa cuestión han terminado por introducirla con fuerza en el discurso electoral de todos los partidos, por hacer virar la postura inicial de algunos (como el PP) y por provocar un inusual consenso: todos los partidos coinciden en que, como poco, su configuración actual es manifiestamente mejorable.
JOAQUIN MANSO - EL MUNDO.- La tasa para compensar a los artistas todavía no ha entrado en vigor, pero todos los partidos coinciden ya en que no ha sido la mejor opción. La Red se ha rebelado y ha demostrado su fuerza para generar debate.
El canon es una tasa que grava equipos (grabadoras, MP3, móviles, escáneres y fotocopiadoras) y dispositivos (CD, DVD y memorias USB) con capacidad para almacenar o reproducir contenidos audiovisuales protegidos por los derechos de autor. No se aplica ni a los discos duros ni a las líneas ADSL. Su objetivo es compensar a los autores de bienes culturales por el daño que supuestamente sufren cada vez que un particular realiza una copia de un original para su uso privado: por ejemplo, grabarse un CD que tiene en casa para escucharlo en el coche.
Desde 1992, los soportes analógicos (casetes y cintas VHS) soportan ese gravamen. En 2003, la principal patronal de la industria tecnológica (Asimelec) y las entidades de gestión de derechos de autor llegaron a un acuerdo para ampliarlo a algunos soportes digitales (CD y DVD). Y es, por fin, en junio de 2006, cuando la nueva Ley de Propiedad Intelectual consagra y configura, con el voto favorable de PSOE y PP, el canon digital (en aplicación de una directiva de la UE que establece la obligación de compensar a los autores por los daños que provocan las copias privadas, aunque no fija un sistema concreto).
La ley dispone unos beneficiarios -los autores, a través de las sociedades privadas de gestión de derechos (SGAE, Cedro, Egeda, AIE, Aisge, Dama, Agedi y Vegap)- y unos deudores -la industria tecnológica, que repercute el gravamen en los consumidores, con el consiguiente encarecimiento del producto-. La misma regulación apremiaba a los ministerios de Industria y Cultura para que, en el plazo de tres meses, llegasen a un acuerdo sobre la cuantía que debe soportar cada soporte o equipo en función de su capacidad.
Desde entonces, la movilización y las campañas en contra de la tasa, impulsadas desde la plataforma todoscontraelcanon (que agrupa a usuarios, industria y artistas contrarios a las sociedades de gestión) han abierto una fisura social entre consumidores y autores y han retrasado su aprobación definitiva. Los dos departamentos tardaron año y medio en presentar esa orden conjunta, que finalmente evalúa el daño
anual que sufren los autores por las copias privadas en unos 110 millones de euros, cantidad que será el límite que ingresarán las entidades, distribuida como se ve en el gráfico adjunto.
Algunos soportes, como el CD grabable, ven incrementado su precio en un 60%. La orden interministerial todavía no está en vigor: estaba previsto que se publicase en enero, pero quizá los efectos electorales negativos que pudiera producir su aplicación en plena campaña la han retrasado sine die.
En esto tiene mucho que ver el impacto que han tenido algunos cambios de posiciones políticas: el PP y los dos diputados de ICV votaron en diciembre a favor de la supresión del canon en un año y, de la Red, el debate saltó al conjunto de la opinión pública. El principal argumento en contra es que el gravamen, en su configuración actual, están obligados a pagarlo también aquéllos que no graben ningún contenido protegido: por el CD en el que se guardan las fotos de la boda o las vacaciones en la playa se paga el canon. También se dice que se paga dos veces por lo mismo: el copyright por el original, y el canon por su copia.
Pedro Farré, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la SGAE, defiende que «no se trata de una medida por si acaso o que vulnera la presunción de inocencia. Estudios contrastados afirman que ciertos soportes y dispositivos se emplean mayoritariamente para grabar material protegido por la propiedad intelectual».
Del copyright al copyleft
MADRID.- «Antes, la gente tenía que ir a buscar el agua a la fuente, con un cántaro o un botijo. Cuando se inventó el agua corriente, la industria del botijo quebró. ¿Vamos a dejar de usar el grifo por eso?». Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, resume con ese paralelismo el dilema al que se enfrenta el mercado cultural: su necesaria adaptación a la evolución tecnológica y la cada vez mayor implantación de las herramientas de la Sociedad de la Información.
Ahora es posible disfrutar al momento de una canción, de una película o de un libro sin moverse de casa. Para algunos expertos, instrumentos como el canon sólo sirven para perpetuar un modelo anacrónico de mercado, superado por los usos sociales de consumo cultural, y para retrasar el acceso de muchos a las nuevas tecnologías. En definitiva, opinan que daña el intercambio y la difusión de información y creatividad.
Martín Pérez, presidente de Asimelec, señala que la «desproporción» entre el canon y el precio de algunos productos «da lugar a que muchos consumidores los busquen en el mercado pirata, favoreciéndose una
competencia desleal que perjudica el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación».
Ni Pérez ni Domingo cuestionan abiertamente el derecho de los creadores a ser compensados por las copias privadas, pero proponen otros caminos, como gravar directamente los originales , implantar sistemas anticopia más eficaces y, desde luego, excluir del pago a las empresas y a las Administraciones .
Pedro Farré, de la SGAE, piensa, en cambio, que el canon «beneficia claramente al consumidor, que tiene un acceso más fácil y menos gravoso a la cultura, por la posibilidad que se le concede de hacer copias sin necesidad de solicitar en cada caso autorización al titular de las creaciones».
Frente a esta postura basada en la defensa del modelo clásico de copyright, muchos autores ya se están adaptando a la nueva realidad, distribuyendo libremente sus creaciones en la Red. Cientos de autores en España, contrarios a la SGAE, utilizan licencias copyleft. Perfectamente legales, garantizan el reconocimiento de la autoría y permiten que la
obra fluya por la Red sin más derechos reservados que los que libremente disponga el creador y, casi siempre, gratis.
La creación se distribuye así con un coste mínimo, sin intermediarios, y llega a todo el mundo. Algunos ingresos disminuyen, pero el movimiento copyleft entiende que se compensan con otros, derivados de la amplísima difusión que alcanzan las obras: es más fácil vender un libro o una entrada para un concierto si te has dado a conocer por internet que si nadie sabe quién diablos eres.
LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS
La fórmula no contenta a nadie
PSOE. «Deben compensarse los daños que se producen a los creadores por la copia privada. En todos los países en los que existe ese derecho, el método que han encontrado es el del canon. Podría encontrarse un sistema más eficiente. La capacidad de internet para generar debate ha superado al legislador», dice David Cierco, director general de Sociedad de la Información.
PP. «Lo eliminaremos en un año. Es indiscriminado, porque afecta a todos los compradores de soportes digitales, hagan el uso que hagan. Persigue un fin justo, retribuir la propiedad intelectual, por medios injustos. Se paga por lo mismo dos veces, perjudica a administraciones y empresas y frena nuevos modelos de negocio», precisa el diputado Juan Ignacio
Echániz.
IU. «Estamos con los creadores, debe remunerarse la copia privada. Pero no nos satisface la situación actual. Nuestro sí fue un sí para reformarlo: no debe ser gestionado por una entidad privada ni aplicarse a todos los formatos, y debe pagarse de forma discriminada», considera José Francisco Mendi, responsable de Comunicación Electoral.
Las alternativas, por definir
PSOE. «Debe abrirse un debate a nivel europeo, que implique a usuarios, productores, fabricantes y sociedades, para encontrar el sistema más eficiente, teniendo en cuenta la evolución del mercado por el progreso tecnológico. Favorecemos que los creadores que deseen utilizar sistemas de protección de su propiedad intelectual distintos del copyright puedan hacerlo», señala Cierco.
PP. «Deben desarrollarse medidas que permitan la identificación del uso efectivo de la obra de un autor y estudiar los sistemas que favorezcan las descargas legales de contenidos culturales en internet. Crearemos una Agencia Nacional de Propiedad Intelectual para estudiar los modelos más efectivos», puntualiza Echániz.
IU. «Es necesario reformarlo. Proponemos sustituir la gestión privada por entidades con ánimo de lucro por un modelo de gestión pública sobre la creación audiovisual, la única que asegura control, transparencia y la finalidad social de lo recaudado», aclara Mendi.
La situación en Europa
CON CANON. En Italia, Hungría, Suecia o Polonia se gravan tanto equipos como soportes, como en España. En Francia o Alemania, también discos duros externos. En Dinamarca, Portugal y Holanda, sólo los dispositivos.
SIN CANON. En EEUU se permite la copia privada si no hay lucro. Así ocurre también en Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Reino Unido.
El canon es una tasa que grava equipos (grabadoras, MP3, móviles, escáneres y fotocopiadoras) y dispositivos (CD, DVD y memorias USB) con capacidad para almacenar o reproducir contenidos audiovisuales protegidos por los derechos de autor. No se aplica ni a los discos duros ni a las líneas ADSL. Su objetivo es compensar a los autores de bienes culturales por el daño que supuestamente sufren cada vez que un particular realiza una copia de un original para su uso privado: por ejemplo, grabarse un CD que tiene en casa para escucharlo en el coche.
Desde 1992, los soportes analógicos (casetes y cintas VHS) soportan ese gravamen. En 2003, la principal patronal de la industria tecnológica (Asimelec) y las entidades de gestión de derechos de autor llegaron a un acuerdo para ampliarlo a algunos soportes digitales (CD y DVD). Y es, por fin, en junio de 2006, cuando la nueva Ley de Propiedad Intelectual consagra y configura, con el voto favorable de PSOE y PP, el canon digital (en aplicación de una directiva de la UE que establece la obligación de compensar a los autores por los daños que provocan las copias privadas, aunque no fija un sistema concreto).
La ley dispone unos beneficiarios -los autores, a través de las sociedades privadas de gestión de derechos (SGAE, Cedro, Egeda, AIE, Aisge, Dama, Agedi y Vegap)- y unos deudores -la industria tecnológica, que repercute el gravamen en los consumidores, con el consiguiente encarecimiento del producto-. La misma regulación apremiaba a los ministerios de Industria y Cultura para que, en el plazo de tres meses, llegasen a un acuerdo sobre la cuantía que debe soportar cada soporte o equipo en función de su capacidad.
Desde entonces, la movilización y las campañas en contra de la tasa, impulsadas desde la plataforma todoscontraelcanon (que agrupa a usuarios, industria y artistas contrarios a las sociedades de gestión) han abierto una fisura social entre consumidores y autores y han retrasado su aprobación definitiva. Los dos departamentos tardaron año y medio en presentar esa orden conjunta, que finalmente evalúa el daño
anual que sufren los autores por las copias privadas en unos 110 millones de euros, cantidad que será el límite que ingresarán las entidades, distribuida como se ve en el gráfico adjunto.
Algunos soportes, como el CD grabable, ven incrementado su precio en un 60%. La orden interministerial todavía no está en vigor: estaba previsto que se publicase en enero, pero quizá los efectos electorales negativos que pudiera producir su aplicación en plena campaña la han retrasado sine die.
En esto tiene mucho que ver el impacto que han tenido algunos cambios de posiciones políticas: el PP y los dos diputados de ICV votaron en diciembre a favor de la supresión del canon en un año y, de la Red, el debate saltó al conjunto de la opinión pública. El principal argumento en contra es que el gravamen, en su configuración actual, están obligados a pagarlo también aquéllos que no graben ningún contenido protegido: por el CD en el que se guardan las fotos de la boda o las vacaciones en la playa se paga el canon. También se dice que se paga dos veces por lo mismo: el copyright por el original, y el canon por su copia.
Pedro Farré, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la SGAE, defiende que «no se trata de una medida por si acaso o que vulnera la presunción de inocencia. Estudios contrastados afirman que ciertos soportes y dispositivos se emplean mayoritariamente para grabar material protegido por la propiedad intelectual».
Del copyright al copyleft
MADRID.- «Antes, la gente tenía que ir a buscar el agua a la fuente, con un cántaro o un botijo. Cuando se inventó el agua corriente, la industria del botijo quebró. ¿Vamos a dejar de usar el grifo por eso?». Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, resume con ese paralelismo el dilema al que se enfrenta el mercado cultural: su necesaria adaptación a la evolución tecnológica y la cada vez mayor implantación de las herramientas de la Sociedad de la Información.
Ahora es posible disfrutar al momento de una canción, de una película o de un libro sin moverse de casa. Para algunos expertos, instrumentos como el canon sólo sirven para perpetuar un modelo anacrónico de mercado, superado por los usos sociales de consumo cultural, y para retrasar el acceso de muchos a las nuevas tecnologías. En definitiva, opinan que daña el intercambio y la difusión de información y creatividad.
Martín Pérez, presidente de Asimelec, señala que la «desproporción» entre el canon y el precio de algunos productos «da lugar a que muchos consumidores los busquen en el mercado pirata, favoreciéndose una
competencia desleal que perjudica el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación».
Ni Pérez ni Domingo cuestionan abiertamente el derecho de los creadores a ser compensados por las copias privadas, pero proponen otros caminos, como gravar directamente los originales , implantar sistemas anticopia más eficaces y, desde luego, excluir del pago a las empresas y a las Administraciones .
Pedro Farré, de la SGAE, piensa, en cambio, que el canon «beneficia claramente al consumidor, que tiene un acceso más fácil y menos gravoso a la cultura, por la posibilidad que se le concede de hacer copias sin necesidad de solicitar en cada caso autorización al titular de las creaciones».
Frente a esta postura basada en la defensa del modelo clásico de copyright, muchos autores ya se están adaptando a la nueva realidad, distribuyendo libremente sus creaciones en la Red. Cientos de autores en España, contrarios a la SGAE, utilizan licencias copyleft. Perfectamente legales, garantizan el reconocimiento de la autoría y permiten que la
obra fluya por la Red sin más derechos reservados que los que libremente disponga el creador y, casi siempre, gratis.
La creación se distribuye así con un coste mínimo, sin intermediarios, y llega a todo el mundo. Algunos ingresos disminuyen, pero el movimiento copyleft entiende que se compensan con otros, derivados de la amplísima difusión que alcanzan las obras: es más fácil vender un libro o una entrada para un concierto si te has dado a conocer por internet que si nadie sabe quién diablos eres.
LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS
La fórmula no contenta a nadie
PSOE. «Deben compensarse los daños que se producen a los creadores por la copia privada. En todos los países en los que existe ese derecho, el método que han encontrado es el del canon. Podría encontrarse un sistema más eficiente. La capacidad de internet para generar debate ha superado al legislador», dice David Cierco, director general de Sociedad de la Información.
PP. «Lo eliminaremos en un año. Es indiscriminado, porque afecta a todos los compradores de soportes digitales, hagan el uso que hagan. Persigue un fin justo, retribuir la propiedad intelectual, por medios injustos. Se paga por lo mismo dos veces, perjudica a administraciones y empresas y frena nuevos modelos de negocio», precisa el diputado Juan Ignacio
Echániz.
IU. «Estamos con los creadores, debe remunerarse la copia privada. Pero no nos satisface la situación actual. Nuestro sí fue un sí para reformarlo: no debe ser gestionado por una entidad privada ni aplicarse a todos los formatos, y debe pagarse de forma discriminada», considera José Francisco Mendi, responsable de Comunicación Electoral.
Las alternativas, por definir
PSOE. «Debe abrirse un debate a nivel europeo, que implique a usuarios, productores, fabricantes y sociedades, para encontrar el sistema más eficiente, teniendo en cuenta la evolución del mercado por el progreso tecnológico. Favorecemos que los creadores que deseen utilizar sistemas de protección de su propiedad intelectual distintos del copyright puedan hacerlo», señala Cierco.
PP. «Deben desarrollarse medidas que permitan la identificación del uso efectivo de la obra de un autor y estudiar los sistemas que favorezcan las descargas legales de contenidos culturales en internet. Crearemos una Agencia Nacional de Propiedad Intelectual para estudiar los modelos más efectivos», puntualiza Echániz.
IU. «Es necesario reformarlo. Proponemos sustituir la gestión privada por entidades con ánimo de lucro por un modelo de gestión pública sobre la creación audiovisual, la única que asegura control, transparencia y la finalidad social de lo recaudado», aclara Mendi.
La situación en Europa
CON CANON. En Italia, Hungría, Suecia o Polonia se gravan tanto equipos como soportes, como en España. En Francia o Alemania, también discos duros externos. En Dinamarca, Portugal y Holanda, sólo los dispositivos.
SIN CANON. En EEUU se permite la copia privada si no hay lucro. Así ocurre también en Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Reino Unido.