La patronal tecnol贸gica carga contra el Gobierno por el cierre de p谩ginas web
La patronal tecnol贸gica carga contra el Gobierno por el cierre de p谩ginas web
La pol茅mica est谩 servida. El anteproyecto de ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Informaci贸n (LISI), que est谩 elaborando el Ministerio de Industria, ha levantado una oleada de cr铆ticas entre las empresas del sector tecnol贸gico y los usuarios de Internet.
Manuel Llamas Expansion Tal y como adelant贸 este peri贸dico, el Gobierno pretende, a trav茅s de esta norma, que la Administraci贸n P煤blica goce de plena potestad para 聯interrumpir la prestaci贸n聰 de servicios en la Red. Es decir, que los 聯贸rganos competentes聰 聳incluidos los administrativos聳 puedan cerrar p谩ginas web, sin la necesidad de resoluci贸n judicial.
El Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Informaci贸n (Catsi) 聳贸rgano asesor de Industria聳, en una reuni贸n mantenida el pasado 1 de diciembre con representantes del Ministerio, ya expuso claramente su rechazo a esta intenci贸n del Gobierno. A partir de entonces, se abri贸 un periodo de alegaciones que culmin贸 el pasado d铆a 27.
Las cr铆ticas no s贸lo se mantienen sino que, incluso, se endurecen. As铆, la Asociaci贸n Multisectorial de Empresas Espa帽olas de Electr贸nica y Comunicaciones (Asimelec) valora de forma positiva la mayor铆a de reformas que introduce la norma.
Competencias
Sin embargo, la patronal tecnol贸gica incide en que la alusi贸n a un 聯贸rgano competente聰, como entidad controladora, que hace el proyecto 聯supone incurrir en un riesgo cierto de administrativizaci贸n de competencias que, en Espa帽a, la Constituci贸n reserva en exclusiva al Poder Judicial聰. Seg煤n se帽ala en el documento enviado a Industria 聳al que ha tenido acceso este peri贸dico聳, la Administraci贸n carece de legitimidad para intervenir 聯en cuestiones que pueden afectar a la libertad de expresi贸n e informaci贸n聰.
Pues, en tales materias es 聯imperativo聰 cumplir el art铆culo 20.5 de la Constituci贸n: s贸lo podr谩 acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de informaci贸n en virtud de resoluci贸n judicial. Seg煤n la patronal, el Gobierno 聯aparentemente聰 pretende aclarar en el proyecto los supuestos en que dicho 贸rgano competente es la Autoridad Judicial.
Inconstitucional
Sin embargo, la actual redacci贸n refuerza la idea de que la autoridad jurisdiccional 聯es la excepci贸n y no la regla聰. El problema es que resulta 聯dif铆cil聰 que las restricciones a la libertad en Internet 聳como es el caso del cierre de p谩ginas de contenidos聳 聯no afecten a los derechos y libertades de expresi贸n y de informaci贸n聰, seg煤n las alegaciones. Los internautas tambi茅n coinciden en el diagn贸stico que realiza la industria tecnol贸gica.
La Asociaci贸n de Internautas (AI), miembro del Catsi, va incluso m谩s all谩, al tildar el proyecto de 聯inconstitucional聰. Los art铆culos 8 y 11 de la nueva norma establecer铆an un sistema de 聯censura administrativa previa聰 en Internet, algo que contradice el ordenamiento jur铆dico espa帽ol. En el texto enviado a Industria, esta asociaci贸n remarca que 聯la Administraci贸n P煤blica no puede, por mandato constitucional [nuevamente el art铆culo 20], intervenir publicaciones sin una orden judicial聰.
De este modo, en ning煤n caso un 贸rgano administrativo 聳desde un ayuntamiento hasta un ministerio聳, en ejercicio de sus competencias, puede 聯ordenar la interrupci贸n o cese de una publicaci贸n 聳en papel o digital聳聰 sin que ello vulnere el derecho a 聯recibir informaci贸n聰 y a 聯la libertad de expresi贸n聰, seg煤n expone esta asociaci贸n al Ministerio.
El Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Informaci贸n (Catsi) 聳贸rgano asesor de Industria聳, en una reuni贸n mantenida el pasado 1 de diciembre con representantes del Ministerio, ya expuso claramente su rechazo a esta intenci贸n del Gobierno. A partir de entonces, se abri贸 un periodo de alegaciones que culmin贸 el pasado d铆a 27.
Las cr铆ticas no s贸lo se mantienen sino que, incluso, se endurecen. As铆, la Asociaci贸n Multisectorial de Empresas Espa帽olas de Electr贸nica y Comunicaciones (Asimelec) valora de forma positiva la mayor铆a de reformas que introduce la norma.
Competencias
Sin embargo, la patronal tecnol贸gica incide en que la alusi贸n a un 聯贸rgano competente聰, como entidad controladora, que hace el proyecto 聯supone incurrir en un riesgo cierto de administrativizaci贸n de competencias que, en Espa帽a, la Constituci贸n reserva en exclusiva al Poder Judicial聰. Seg煤n se帽ala en el documento enviado a Industria 聳al que ha tenido acceso este peri贸dico聳, la Administraci贸n carece de legitimidad para intervenir 聯en cuestiones que pueden afectar a la libertad de expresi贸n e informaci贸n聰.
Pues, en tales materias es 聯imperativo聰 cumplir el art铆culo 20.5 de la Constituci贸n: s贸lo podr谩 acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de informaci贸n en virtud de resoluci贸n judicial. Seg煤n la patronal, el Gobierno 聯aparentemente聰 pretende aclarar en el proyecto los supuestos en que dicho 贸rgano competente es la Autoridad Judicial.
Inconstitucional
Sin embargo, la actual redacci贸n refuerza la idea de que la autoridad jurisdiccional 聯es la excepci贸n y no la regla聰. El problema es que resulta 聯dif铆cil聰 que las restricciones a la libertad en Internet 聳como es el caso del cierre de p谩ginas de contenidos聳 聯no afecten a los derechos y libertades de expresi贸n y de informaci贸n聰, seg煤n las alegaciones. Los internautas tambi茅n coinciden en el diagn贸stico que realiza la industria tecnol贸gica.
La Asociaci贸n de Internautas (AI), miembro del Catsi, va incluso m谩s all谩, al tildar el proyecto de 聯inconstitucional聰. Los art铆culos 8 y 11 de la nueva norma establecer铆an un sistema de 聯censura administrativa previa聰 en Internet, algo que contradice el ordenamiento jur铆dico espa帽ol. En el texto enviado a Industria, esta asociaci贸n remarca que 聯la Administraci贸n P煤blica no puede, por mandato constitucional [nuevamente el art铆culo 20], intervenir publicaciones sin una orden judicial聰.
De este modo, en ning煤n caso un 贸rgano administrativo 聳desde un ayuntamiento hasta un ministerio聳, en ejercicio de sus competencias, puede 聯ordenar la interrupci贸n o cese de una publicaci贸n 聳en papel o digital聳聰 sin que ello vulnere el derecho a 聯recibir informaci贸n聰 y a 聯la libertad de expresi贸n聰, seg煤n expone esta asociaci贸n al Ministerio.