Carmen Calvo aprovechó para anunciar una campaña publicitaria informativa, a partir del 19 de diciembre y hasta mediados de marzo, en todos los soportes publicitarios posibles, tal y como se recogía en el Plan Antipiratería aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de octubre.
La ministra, que destacó que este tipo de comisiones 'abren expectativas a los países de nuestro entorno y de Iberoamérica', señaló que lo que se pretende es 'debatir un modelo de trabajo con el que atajar los problemas actuales de la conocida como piratería y abordar la situación tecnológica que sobre el mismo pueda ocurrir en el futuro'.
Carmen Calvo destacó que, por primera vez, el Gobierno ha encargado al Instituto Nacional de Estadística un informe sobre la situación de la cultura española, cuyos niveles de producción pueden rondar entre el cuatro o el cinco por ciento del Producto Interior Bruto.
La ministra hizo referencia a alguna de las políticas que ya han puesto en marcha los Ministerios de Justicia e Interior como es la difusión de una circular de la Fiscalía General de Estado que establece pautas de comportamiento en temas de prevención y judicialización de estos delitos, y un convenio firmado por la Federación Española de Municipios, el pasado 14 de octubre, sobre campañas locales de sensibilización, así como la colaboración de los ayuntamientos en la creación del Mapa de la Piratería.
Esta Comisión Intersectorial, adscrita al Ministerio de Cultura y cuyo fin es coordinar a las distintas Administraciones Públicas con competencia en la materia y a las organizaciones representativas de los sectores afectados, está compuesta por 38 miembros.
Entre ellos, figuran representantes de los 11 Ministerios involucrados en el Plan Antipiratería; tres de Comunidades Autónomas, uno del Ayuntamiento de Madrid y otro del Ayuntamiento de Barcelona, un representante de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), otro del Consejo de Usuarios y Consumidores, y ocho de las sociedades de gestión.
Además, habrá cinco representantes de asociaciones representativas de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones, dos asociaciones de defensa de la propiedad intelectual y una organización empresarial.
Carmen Calvo y el subsecretario del Ministerio de Cultura, Antonio J. Hidalgo López, serán, respectivamente la presidenta y el vicepresidente del Pleno de la Comisión Intersectorial, que se reunirá al menos una vez al año, mientras que la Comisión Permanente mantendrá encuentros al menos tres veces al año.
Entre todas las organizaciones incluidas en este nuevo organismo, figuran la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual (FAP), la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE) y Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).
Por otra parte, también estarán representadas la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicación (ASIMELEC), la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), entre otras.
Entre los cometidos de este organismo están, entre otros, el seguimiento del Plan Antipiratería, el estudio, la propuesta y la ejecución de las actuaciones destinadas a eliminar las conductas vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual. EFE
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Carmen Calvo destacó que, por primera vez, el Gobierno ha encargado al Instituto Nacional de Estadística un informe sobre la situación de la cultura española, cuyos niveles de producción pueden rondar entre el cuatro o el cinco por ciento del Producto Interior Bruto.
La ministra hizo referencia a alguna de las políticas que ya han puesto en marcha los Ministerios de Justicia e Interior como es la difusión de una circular de la Fiscalía General de Estado que establece pautas de comportamiento en temas de prevención y judicialización de estos delitos, y un convenio firmado por la Federación Española de Municipios, el pasado 14 de octubre, sobre campañas locales de sensibilización, así como la colaboración de los ayuntamientos en la creación del Mapa de la Piratería.
Esta Comisión Intersectorial, adscrita al Ministerio de Cultura y cuyo fin es coordinar a las distintas Administraciones Públicas con competencia en la materia y a las organizaciones representativas de los sectores afectados, está compuesta por 38 miembros.
Entre ellos, figuran representantes de los 11 Ministerios involucrados en el Plan Antipiratería; tres de Comunidades Autónomas, uno del Ayuntamiento de Madrid y otro del Ayuntamiento de Barcelona, un representante de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), otro del Consejo de Usuarios y Consumidores, y ocho de las sociedades de gestión.
Además, habrá cinco representantes de asociaciones representativas de la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones, dos asociaciones de defensa de la propiedad intelectual y una organización empresarial.
Carmen Calvo y el subsecretario del Ministerio de Cultura, Antonio J. Hidalgo López, serán, respectivamente la presidenta y el vicepresidente del Pleno de la Comisión Intersectorial, que se reunirá al menos una vez al año, mientras que la Comisión Permanente mantendrá encuentros al menos tres veces al año.
Entre todas las organizaciones incluidas en este nuevo organismo, figuran la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual de la Obra Audiovisual (FAP), la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE) y Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).
Por otra parte, también estarán representadas la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicación (ASIMELEC), la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), entre otras.
Entre los cometidos de este organismo están, entre otros, el seguimiento del Plan Antipiratería, el estudio, la propuesta y la ejecución de las actuaciones destinadas a eliminar las conductas vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual. EFE
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