Si alguien necesitara una nueva prueba para confirmar que el Gobierno de Mariano Rajoy sigue a pies juntillas la senda del Gobierno de Zapatero, examinando el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual presentado ayer en Consejo de Ministros no le cabrá duda alguna de esta afirmación.
Aunque Rajoy cuando estaba en la oposición nos prometió a los 3.000.000 de firmantes contra el canon digital que lo eliminaría si llegaba a presidir el Gobierno, hoy vemos que lejos de cumplir aquella promesa lo institucionaliza en este proyecto legislativo pasándolo a ser pagado por los Presupuestos Generales del Estado: ahora seremos todos los contribuyentes los que, hagamos copia privada o no, pagaremos el canon a las sociedades de gestión de los derechos de autor por este nuevo imperativo legal.
Pero no queda ahí el entuerto en el que nos mete este anteproyecto de Ley y así, a pesar de obligar de forma universal al pago de un canon en concepto de compensación por copia privada, el texto restringe el concepto de "copia privada" cuando se amenaza de esta manera "permanecen amparadas por el límite de copia privada las reproducciones de CD o DVD comprados y las grabaciones de fuentes de televisión o radio para un visionado o escucha posteriores". Dicho esto, el mismo texto asegura que la copia "no puede ser objeto de compensación equitativa". Se marca en definitiva la anulación de la copia privada tal y como ahora la entendemos, a pesar de que por la vía de los Presupuestos Generales del Estado pagamos todos por una compensación inexistente.
En cuanto a los enlaces, dice la nueva redacción "facilitar de manera específica y masiva la localización de contenidos protegidos ofrecidos ilícitamente" (listados de enlaces) . "hayan causado o sean susceptibles de causar un daño patrimonial". Esta calculada indeterminación e imprecisión de términos en el texto, bajo mi punto de vista , establece los cauces legales para iniciar la persecución de los usuarios que utilicen P2P.
Pero esa vaguedad de los términos llega a su máxima expresión cuando se refiere a la ampliación de poderes de la denominada Comisión Sinde que el ministro Wert llevó al BOE en diciembre de 2011, para saltarse las decisiones judiciales en esta materia; y no lo digo yo, lo dijo el Consejo de Estado: "se evite el empleo de conceptos jurídicos indeterminados de difícil precisión - vulneración de forma significativa o requerimiento infructuoso, entre otros-; que se determine con claridad y de manera excepcional los sujetos en su caso excluidos del procedimiento de restablecimiento de la legalidad, que se valore el mantenimiento del requerimiento previo por el titular; que se corrija la previsión relativa a la caducidad del procedimiento; que se revise la configuración actual de las medidas de colaboración con la Sección Segunda y, en especial, la previsión del bloqueo como medida de último recurso; que se articulen adecuadamente con arreglo a la jurisprudencia constitucional las competencias de las Administraciones Públicas en materia de entidades de gestión; o que se revise la modificación de la LEC a la vista de la jurisprudencia europea". Pues nada, la Ley Lasalle, ha hecho el mismo caso al Consejo de Estado que a los internautas ¿para qué?.
Por último, la guinda a este despropósito jurídico unilateral, arbitrario y muy seguramente anticonstitucional, lo pone la denominada tasa Google, que todavía no sabemos de qué forma y cómo tendrá que pagar el buscador a los medios de comunicación que son beneficiarios de miles de visitas a sus contenidos. Inexplicable. Aunque lo peor es que la misma Ley promete que en un año se reformará de nuevo.
Las leyes deben servir para regular la solución de problemas y es evidente que conjugar los usos y derechos de propiedad intelectual en este nuevo mundo digital es uno de ellos, pero sin debate y actuando de parte y de espaldas al interés general y el sentido común, los problemas crecerán en vez de arreglarse y en estas circunstancias es un lujo que no nos podemos permitir.
Opinión de Víctor Domingo en Libertad Digital.
