Ya en mayo de este mismo año, cuando aparecieron los primeros borradores de la reforma, hablamos sobre la posibilidad de criminalizar el enlace. Por entonces decíamos que sería necesario esperar a las nuevas versiones del texto para determinar si se iba a producir un endurecimiento de la actual legislación, pero todo parece indicar que sí.
Estos nuevos delitos por enlazar a contenidos _piratas_ serán castigados con hasta seis años de prisión, la retirada de los contenidos y, en determinadas circunstancias, el bloqueo de la página web en cuestión. Dice El País que en ningún caso se perseguirá al usuario sino al prestador de este tipo de servicios de intermediación, que podría enfrentarse a condenas de cárcel de entre seis y cuatro años dependiendo de la gravedad del caso (dinero generado y/o número de las obras).
Penas de cárcel para no hacer nada
Durante años varios jueces españoles defendieron a las páginas web de enlaces y a sus administradores por entender que actuaban como intermediarios y en ningún caso eran los responsables de haber subido dichas obras a la red. Sin embargo, con la Ley Sinde y demás iniciativas arcaicas de los diferentes gobiernos españoles la situación ha dado un giro de 180 grados hasta el posible ingreso en prisión de los responsables de este tipo de páginas.
Lo peor de todo, más allá de la gravedad de estas condenas, es que la piratería no dejará de existir sólo porque el Código Penal se endurezca. La piratería siempre ha existido y no será eliminada por la implantación de una serie de leyes restrictivas ni por el empeño de otras instituciones como la RIAA americana. El efecto de la piratería puede minimizarse con una oferta de contenidos legales adecuada (tanto en precio como en cantidad), no con amenazas y con la cárcel.
Dice Antonio Guisasola, de Promusicae, en declaraciones a El País que la reforma del Código Penal supondría un espaldarazo para la defensa de los derechos de autor. Guisasola debería haber dicho que es un espaldarazo para los intereses de unos pocos, incluidos los nuestros.
Vía | El País
