Juan Ignacio Cabrera Pc Actual.- A mediados de abril, Tim Berners-Lee, uno de los padres de Internet, puso el grito en el cielo al advertir que los planes de las agencias de inteligencia del Gobierno británico para controlar las comunicaciones digitales podían suponer «la destrucción de los derechos humanos».En una entrevista, Berners-Lee, que trabaja como asesor para el mismo gobierno que critica, decía que la cantidad de información sobre una persona a la que pueden acceder policías y funcionarios públicos es mucho mayor que la que tienen sus allegados.
La razón está en que en Internet plasmamos nuestras intimidades y en la Web hacemos búsquedas inconfesables sobre, por ejemplo, la enfermedad que nos preocupa o sobre cuestiones sexuales que, en un cara a cara, nunca abordaríamos. Berners-Lee advertía del peligro de que la información personal cayese en manos de funcionarios corruptos que la usaran para hacer negocio o chantaje.
Aunque PC Actual no ha dado con ningún estudio independiente sobre el grado de intervención de Internet en las distintas zonas del mundo, los expertos consultados señalan que los casos más claros de control son los de China, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, India o Irán. En estos estados, las autoridades disimulan poco a la hora de eliminar cualquier rastro de disidencia.
Asimismo, otros han recurrido temporalmente a violaciones de las libertades fundamentales. El caso más llamativo es el de Egipto, que a finales de enero de 2011 amaneció sin conexión a Internet y los móviles dejaron de funcionar misteriosamente. El presidente Hosni Mubarak decidía así cortar por lo sano una revolución que se había gestado en redes como Facebook y Twitter y que, a la postre, acabó con su dictadura.
Sin embargo, son muchos los que opinan que los países occidentales no son ajenos a este tipo de prácticas. El bloguero Yago Jesús, un experto en seguridad que colabora en el sitio especializado SecurityByDefault, establece tres grupos de países en función del grado de perversión de los derechos individuales en la Web. Por un lado, están Irán, China, Egipto y otros muchos países de Oriente medio donde los derechos no son respetados en absoluto y el control social es la máxima imperante. En un segundo grupo, hay países que, siendo democráticos, tienen gobiernos con patente de corso para filtrar y censurar, también con el fin de controlar a la disidencia. El ejemplo palmario es Rusia. Y, finalmente, están aquellos países donde la industria de contenidos ha promulgado leyes para la regulación de Internet. El ejemplo «más severo», según Jesús, es Australia, pero también tenemos que meter en este grupo a España o Francia. Además de los derechos de autor, en Occidente también justifican el control de las redes otras cuestiones, como la persecución del terrorismo y la pornografía infantil.
«En China, un ejército de más de 30.000 agentes se dedica a peinar Internet en busca de desleales y críticos al régimen»
En cualquier caso, por su tamaño y posición estratégica y económica, China es quizá el caso más sangrante de intervención de las comunicaciones. Allí, las autoridades del Partido Comunista han implantado el llamado el Gran Firewall.
Se trata de un complejo sistema de control ciudadano amparado en decenas de regulaciones, que se pone en marcha desde los operadores de telecomunicaciones (siempre públicos) y con el que tienen que comulgar los ciudadanos y las empresas asentadas en el país. Amnistía Internacional asegura que China es el país con más ciberdisidentes en prisión del mundo. Comunicar con grupos contrarios al régimen comunista en el exterior, firmar peticiones en Internet o simplemente escribir a favor de reformas o del final de la corrupción es motivo
para ir a la cárcel. Según el periodista británico Jonathan Watts, un ejército de más de 30.000 agentes se dedican a peinar Internet en busca de desleales y críticos.
Cómo se ejerce el control
El bloguero Chema Alonso nos comenta que controlar todas las comunicaciones no es una tarea sencilla técnicamente, pero sí posible. «Solo es cuestión de ir poniendo tecnología de monitorización en cada punto de la red», explica. Para Enrique Dans, profesor el Instituto de Empresa y autor de Todo va a cambiar, los gobiernos adoptan dos vías para el control: una técnica, basada en la implantación de tecnologías que ejercen un control mediante muestreo o técnicas de Deep Packet Inspection (DPI); y otra más social y psicológica, que consiste en el reclutamiento de miles de personas que simulan apoyo a las instituciones o amenazan a los opositores, dando lugar a que la sensación de vigilancia, de control o de miedo se extienda entre la población.
Por su parte, Vicente Díaz, técnico de Kaspersky, cree que hoy es fácil controlar Internet en un país. Para demostrarlo hace números: «Cada vez hay más tecnologías, como proxies o VPN para burlar el cerco, pero el 99% de la población no puede acceder a la misma. Solo los terroristas o los mafiosos son capaces. En este sentido, creo que pagamos todos con nuestra libertad por el mal comportamiento de unos pocos».
Los políticos no son tan pesimistas. Fuentes del Partido Popular en España reconocen casos de control de las comunicaciones por parte de algunas dictaduras como China o Cuba, pero añaden que Internet es «sinónimo de libertad, de comunicación, de información y que sería muy difícil intentar controlar la información en la Red al igual que es muy difícil poner diques al mar».
Al contrario, Sofía Boscá, una española que trabaja en Pekín, sufre cada día la censura en Internet. «Aquí no puedo acceder a Facebook, Picasa o YouTube, o a aplicaciones como Google Docs». Además, cuando hay algún asunto delicado en política internacional que afecta a China, Boscá nota cómo se ralentiza el acceso a los buzones de Gmail o Hotmail.
Sin embargo, muchos burlan la censura conectándose a servidores (proxy) que no operan en la China continental y sí en lugares cercanos, como Hong-Kong. Las empresas extranjeras que operan en el país se cuidan mucho de cumplir a rajatabla con las normas del Gobierno.
Esto significa aceptar una lista de sitios a los que no pueden acceder, con el peligro de que, si lo hacen, el servidor bloquee el acceso durante 48 horas. En algunos casos, recuerda Boscá, el trabajador «díscolo» puede ser incluso despedido. Dans asegura que el problema no es que China o Irán vulneren los derechos de sus ciudadanos, «pues en realidad nadie esperaba que los respetasen». A su parecer, la gran tragedia reside en que «gobiernos supuestamente democráticos como Estados Unidos, el Reino Unido o España miran a esos países y directamente copian sus actitudes y herramientas».
El día a día en España
En este punto, cabe preguntarse: ¿Es tan grave la cosa en España? Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, dice que hay motivos para la preocupación, toda vez que «la lucha por los derechos civiles ha comenzado desde Internet y es en la Red donde se está librando la batalla por la defensa de las libertades». A estas alturas, nadie duda de que, sin las redes sociales, la «primavera árabe» no habría sido posible, pero tampoco movimientos sociales como el 15-M o el estadounidense Occupy Wall Street habrían tenido el seguimiento que alcanzaron. Luis Corrons, director técnico de Panda, dice que el asunto es serio y que, si la ciudadanía no toma conciencia del mismo, «corremos el riesgo de que, en no mucho tiempo, Internet, tal y como la conocemos, desaparezca». Se refiere Corrons a que, para controlar un entorno tan anárquico, libre y cambiante, los poderes podrían exigir un pasaporte digital, al estilo del DNI, y que haría muy fácil seguir el rastro digital del internauta. Vicente Díaz dice que cada vez la cosa se pone más fea para los internautas y que «ha llegado el momento de decir basta». «Para justificar los cortapisas a la libertad, se enarbola la bandera de la seguridad y la lucha terrorista, pero es difícilmente demostrable que el control de Internet ayude a resolver estos problemas», explica. Dans dice que Internet rompe la asimetría informativa y la unidireccionalidad.
Es decir, cualquiera con voz y unos pocos medios puede expresarse sobre cualquier asunto de interés público, «y eso irrita enormemente al poder». Desde UPyD, Dolores González, coordinadora del grupo de trabajo de propiedad intelectual, ve que hay una tendencia y una intención de distintos intereses públicos y privados por controlar Internet. «Hemos de estar vigilantes con cada nueva legislación que imponga una censura, aunque sea velada», advierte.
El bloguero Yago Jesús sostiene que el debate de seguridad versus libertad se ha polarizado en exceso. «El escenario ideal», en su opinión, sería aquel donde «existan los suficientes medios como para perseguir al delincuente que robe una tarjeta e igualmente sea posible que hechos como el affaire del Rey en Bostwana sean debatidos sin censuras en las redes sociales». Para Vicente Díaz, de Kaspersky, las medidas preventivas en Internet no tienen justificación. «Todo el dinero que gastan los Gobiernos debería dedicarse a reparar daños o educar a la sociedad».
Amenazas reales
¿Cuáles son las amenazas reales para un internauta en España? Muchos de los consultados han sido incapaces de concretar y hablan de un peligro cierto, pero difuso. Enrique Dans argumenta que, al no haber «una ley de transparencia en condiciones, resulta muy difícil saber hasta qué punto se están violando los derechos fundamentales de los usuarios de Internet». A continuación, señala que la verdadera amenaza para los cibernautas españoles proviene de esos políticos «ignorantes o malintencionados que solo son capaces de ver la Red como un cojunto de terribles amenazas y no como
una fuente de riqueza».
Sin embargo, Víctor Domingo habla de Sitel (Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas), una tecnología fabricada por Ericsson que permite a la Policía, previa autorización judicial, pinchar cualquier comunicación que se produce en el país y cuyo uso no está amparado por una ley orgánica, a pesar de atentar contra derechos fundamentales como el de la privacidad. Ofelia Tejerina, abogada especializada en nuevas tecnologías, asegura que ya ha habido denuncias de particulares que han sido controlados por este mecanismo.
A vueltas con la Ley Sinde
En cualquier caso, el intento de poner orden en Internet y en las comunicaciones en un país como España no ha venido tanto de las fuerzas de seguridad como de la industria cultural. Es en este punto cuando hay que hablar de la polémica Ley Sinde (o Sinde-Wert).
De todos modos, el de los derechos de autor e Internet es un debate de escala planetaria, aunque cada país lo está abordando de forma diferente.
La Ley Sinde, impulsada por el Gobierno de Zapatero y desarrollada finalmente por el PP, preocupa a muchos. Ofelia Tejerina dice que la deficiente redacción del texto legal y del reglamento que la desarrolla «abre una vía muy grande a la censura». La abogada cree la ley da mucho poder a la Comisión de Propiedad Intelectual, el órgano administrativo (formado por funcionarios que son designados a instancias de varios ministerios)
que decide cuándo y cómo se está vulnerando la Ley de Propiedad Intelectual.
En su opinión, la participación del juez, que interviene en dos momentos del proceso, es «simbólica», pues no «puede entrar a valorar si el contenido que se investiga es ilegal o no».
«El P2P no ha estado perseguido en España. Sin embargo, la Ley Sinde da poder al órgano administrativo para ir contra estas páginas», apostilla la abogada. En este punto incide Enrique Dans, declarado detractor de la ley, que dice que el Gobierno ha creado un «espacio libre de jueces» para cerrar páginas a su antojo. En cualquier caso, Tejerina cree que la Comisión de la Propiedad Intelectual no podrá actuar en mucho tiempo por cuanto la ley está recurrida ante el Supremo. No obstante, las últimas informaciones hablan de que el Ministerio de Cultura había recibido a principios de abril más de 300 demandas contra páginas que vulneran derechos de autor.
También están preocupados en UPyD. Para este partido, la ley, que más que proteger al creador, defiende los derechos de los intermediarios (las distribuidoras), no va a resolver el problema de la piratería y va a impedir la transformación de la industria del entretenimiento.
Desde el PP se defienden asegurando que la ley ha querido dejar claro cuáles era las líneas que separaban los derechos individuales de los usuarios y los derechos de autor de los profesionales. «No podemos olvidar que los derechos de una persona terminan cuando colisionan con los de otra».
Por su parte, Yago Jesús cree que la Ley Sinde es «bastante blandita» y que se creó únicamente para satisfacer las presiones de Estados Unidos y de su industria audiovisual. «Probablemente se lleve por delante las páginas web más famosas del intercambio de enlaces, pero en ningún caso frenará el intercambio P2P».
Para Enrique Dans, no sido la presión explícita del Gobierno de Obama la que forzó al ministro José Ignacio Wert a dar salida a la ley,sino la de la IFPI,una entidad en la que están representados productores de música y cine de todo el mundo.
¿Buenos sentimientos de Google?
En su último desahogo público, además de ir contra los gobiernos y la industria del cine o la música, el fundador de Google Sergey Brin cargaba contra aquellos que ponen puertas a Internet, como Facebook
o Apple. Son firmas, en su opinión, que basan su éxito en servicios y aplicaciones cerrados y donde los datos están cautivos. Muchos ven en la protesta de Brin intereses claramente comerciales. De hecho, no hay que olvidar que Facebook se ha erigido como el mayor competidor del buscador en el goloso pastel de la publicidad on-line. «Pensar que Google es una organización que se preocupa por la libertad en la Red es tener una visión bastante irreal. Google hace dinero invadiendo la privacidad del usuario, aunque emplee muchos eufemismos para referirse a ello», asegura el experto en seguridad Yago Jesús.
Por su parte, Víctor Domingo, de la Asociación de Internautas, reprocha a Google que, al tiempo que hace este tipo de denuncias, esté tratando de romper la neutralidad en la red, en connivencia con las operadoras de telefonía. Por su parte, Luis Corrons, de Panda, se desmarca y no cree que Apple o Facebook socaven la libertad de nadie. «Son empresas que ofrecen una serie de servicios y el usuario es libre de usarlos o no. Tener un entorno cerrado es una opción legítima y a quien no le interese no entrará en él».
La razón está en que en Internet plasmamos nuestras intimidades y en la Web hacemos búsquedas inconfesables sobre, por ejemplo, la enfermedad que nos preocupa o sobre cuestiones sexuales que, en un cara a cara, nunca abordaríamos. Berners-Lee advertía del peligro de que la información personal cayese en manos de funcionarios corruptos que la usaran para hacer negocio o chantaje.
Aunque PC Actual no ha dado con ningún estudio independiente sobre el grado de intervención de Internet en las distintas zonas del mundo, los expertos consultados señalan que los casos más claros de control son los de China, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, India o Irán. En estos estados, las autoridades disimulan poco a la hora de eliminar cualquier rastro de disidencia.
Asimismo, otros han recurrido temporalmente a violaciones de las libertades fundamentales. El caso más llamativo es el de Egipto, que a finales de enero de 2011 amaneció sin conexión a Internet y los móviles dejaron de funcionar misteriosamente. El presidente Hosni Mubarak decidía así cortar por lo sano una revolución que se había gestado en redes como Facebook y Twitter y que, a la postre, acabó con su dictadura.
Sin embargo, son muchos los que opinan que los países occidentales no son ajenos a este tipo de prácticas. El bloguero Yago Jesús, un experto en seguridad que colabora en el sitio especializado SecurityByDefault, establece tres grupos de países en función del grado de perversión de los derechos individuales en la Web. Por un lado, están Irán, China, Egipto y otros muchos países de Oriente medio donde los derechos no son respetados en absoluto y el control social es la máxima imperante. En un segundo grupo, hay países que, siendo democráticos, tienen gobiernos con patente de corso para filtrar y censurar, también con el fin de controlar a la disidencia. El ejemplo palmario es Rusia. Y, finalmente, están aquellos países donde la industria de contenidos ha promulgado leyes para la regulación de Internet. El ejemplo «más severo», según Jesús, es Australia, pero también tenemos que meter en este grupo a España o Francia. Además de los derechos de autor, en Occidente también justifican el control de las redes otras cuestiones, como la persecución del terrorismo y la pornografía infantil.
«En China, un ejército de más de 30.000 agentes se dedica a peinar Internet en busca de desleales y críticos al régimen»
En cualquier caso, por su tamaño y posición estratégica y económica, China es quizá el caso más sangrante de intervención de las comunicaciones. Allí, las autoridades del Partido Comunista han implantado el llamado el Gran Firewall.
Se trata de un complejo sistema de control ciudadano amparado en decenas de regulaciones, que se pone en marcha desde los operadores de telecomunicaciones (siempre públicos) y con el que tienen que comulgar los ciudadanos y las empresas asentadas en el país. Amnistía Internacional asegura que China es el país con más ciberdisidentes en prisión del mundo. Comunicar con grupos contrarios al régimen comunista en el exterior, firmar peticiones en Internet o simplemente escribir a favor de reformas o del final de la corrupción es motivo
para ir a la cárcel. Según el periodista británico Jonathan Watts, un ejército de más de 30.000 agentes se dedican a peinar Internet en busca de desleales y críticos.
Cómo se ejerce el control
El bloguero Chema Alonso nos comenta que controlar todas las comunicaciones no es una tarea sencilla técnicamente, pero sí posible. «Solo es cuestión de ir poniendo tecnología de monitorización en cada punto de la red», explica. Para Enrique Dans, profesor el Instituto de Empresa y autor de Todo va a cambiar, los gobiernos adoptan dos vías para el control: una técnica, basada en la implantación de tecnologías que ejercen un control mediante muestreo o técnicas de Deep Packet Inspection (DPI); y otra más social y psicológica, que consiste en el reclutamiento de miles de personas que simulan apoyo a las instituciones o amenazan a los opositores, dando lugar a que la sensación de vigilancia, de control o de miedo se extienda entre la población.
Por su parte, Vicente Díaz, técnico de Kaspersky, cree que hoy es fácil controlar Internet en un país. Para demostrarlo hace números: «Cada vez hay más tecnologías, como proxies o VPN para burlar el cerco, pero el 99% de la población no puede acceder a la misma. Solo los terroristas o los mafiosos son capaces. En este sentido, creo que pagamos todos con nuestra libertad por el mal comportamiento de unos pocos».
Los políticos no son tan pesimistas. Fuentes del Partido Popular en España reconocen casos de control de las comunicaciones por parte de algunas dictaduras como China o Cuba, pero añaden que Internet es «sinónimo de libertad, de comunicación, de información y que sería muy difícil intentar controlar la información en la Red al igual que es muy difícil poner diques al mar».
Al contrario, Sofía Boscá, una española que trabaja en Pekín, sufre cada día la censura en Internet. «Aquí no puedo acceder a Facebook, Picasa o YouTube, o a aplicaciones como Google Docs». Además, cuando hay algún asunto delicado en política internacional que afecta a China, Boscá nota cómo se ralentiza el acceso a los buzones de Gmail o Hotmail.
Sin embargo, muchos burlan la censura conectándose a servidores (proxy) que no operan en la China continental y sí en lugares cercanos, como Hong-Kong. Las empresas extranjeras que operan en el país se cuidan mucho de cumplir a rajatabla con las normas del Gobierno.
Esto significa aceptar una lista de sitios a los que no pueden acceder, con el peligro de que, si lo hacen, el servidor bloquee el acceso durante 48 horas. En algunos casos, recuerda Boscá, el trabajador «díscolo» puede ser incluso despedido. Dans asegura que el problema no es que China o Irán vulneren los derechos de sus ciudadanos, «pues en realidad nadie esperaba que los respetasen». A su parecer, la gran tragedia reside en que «gobiernos supuestamente democráticos como Estados Unidos, el Reino Unido o España miran a esos países y directamente copian sus actitudes y herramientas».
El día a día en España
En este punto, cabe preguntarse: ¿Es tan grave la cosa en España? Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, dice que hay motivos para la preocupación, toda vez que «la lucha por los derechos civiles ha comenzado desde Internet y es en la Red donde se está librando la batalla por la defensa de las libertades». A estas alturas, nadie duda de que, sin las redes sociales, la «primavera árabe» no habría sido posible, pero tampoco movimientos sociales como el 15-M o el estadounidense Occupy Wall Street habrían tenido el seguimiento que alcanzaron. Luis Corrons, director técnico de Panda, dice que el asunto es serio y que, si la ciudadanía no toma conciencia del mismo, «corremos el riesgo de que, en no mucho tiempo, Internet, tal y como la conocemos, desaparezca». Se refiere Corrons a que, para controlar un entorno tan anárquico, libre y cambiante, los poderes podrían exigir un pasaporte digital, al estilo del DNI, y que haría muy fácil seguir el rastro digital del internauta. Vicente Díaz dice que cada vez la cosa se pone más fea para los internautas y que «ha llegado el momento de decir basta». «Para justificar los cortapisas a la libertad, se enarbola la bandera de la seguridad y la lucha terrorista, pero es difícilmente demostrable que el control de Internet ayude a resolver estos problemas», explica. Dans dice que Internet rompe la asimetría informativa y la unidireccionalidad.
Es decir, cualquiera con voz y unos pocos medios puede expresarse sobre cualquier asunto de interés público, «y eso irrita enormemente al poder». Desde UPyD, Dolores González, coordinadora del grupo de trabajo de propiedad intelectual, ve que hay una tendencia y una intención de distintos intereses públicos y privados por controlar Internet. «Hemos de estar vigilantes con cada nueva legislación que imponga una censura, aunque sea velada», advierte.
El bloguero Yago Jesús sostiene que el debate de seguridad versus libertad se ha polarizado en exceso. «El escenario ideal», en su opinión, sería aquel donde «existan los suficientes medios como para perseguir al delincuente que robe una tarjeta e igualmente sea posible que hechos como el affaire del Rey en Bostwana sean debatidos sin censuras en las redes sociales». Para Vicente Díaz, de Kaspersky, las medidas preventivas en Internet no tienen justificación. «Todo el dinero que gastan los Gobiernos debería dedicarse a reparar daños o educar a la sociedad».
Amenazas reales
¿Cuáles son las amenazas reales para un internauta en España? Muchos de los consultados han sido incapaces de concretar y hablan de un peligro cierto, pero difuso. Enrique Dans argumenta que, al no haber «una ley de transparencia en condiciones, resulta muy difícil saber hasta qué punto se están violando los derechos fundamentales de los usuarios de Internet». A continuación, señala que la verdadera amenaza para los cibernautas españoles proviene de esos políticos «ignorantes o malintencionados que solo son capaces de ver la Red como un cojunto de terribles amenazas y no como
una fuente de riqueza».
Sin embargo, Víctor Domingo habla de Sitel (Sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas), una tecnología fabricada por Ericsson que permite a la Policía, previa autorización judicial, pinchar cualquier comunicación que se produce en el país y cuyo uso no está amparado por una ley orgánica, a pesar de atentar contra derechos fundamentales como el de la privacidad. Ofelia Tejerina, abogada especializada en nuevas tecnologías, asegura que ya ha habido denuncias de particulares que han sido controlados por este mecanismo.
A vueltas con la Ley Sinde
En cualquier caso, el intento de poner orden en Internet y en las comunicaciones en un país como España no ha venido tanto de las fuerzas de seguridad como de la industria cultural. Es en este punto cuando hay que hablar de la polémica Ley Sinde (o Sinde-Wert).
De todos modos, el de los derechos de autor e Internet es un debate de escala planetaria, aunque cada país lo está abordando de forma diferente.
La Ley Sinde, impulsada por el Gobierno de Zapatero y desarrollada finalmente por el PP, preocupa a muchos. Ofelia Tejerina dice que la deficiente redacción del texto legal y del reglamento que la desarrolla «abre una vía muy grande a la censura». La abogada cree la ley da mucho poder a la Comisión de Propiedad Intelectual, el órgano administrativo (formado por funcionarios que son designados a instancias de varios ministerios)
que decide cuándo y cómo se está vulnerando la Ley de Propiedad Intelectual.
En su opinión, la participación del juez, que interviene en dos momentos del proceso, es «simbólica», pues no «puede entrar a valorar si el contenido que se investiga es ilegal o no».
«El P2P no ha estado perseguido en España. Sin embargo, la Ley Sinde da poder al órgano administrativo para ir contra estas páginas», apostilla la abogada. En este punto incide Enrique Dans, declarado detractor de la ley, que dice que el Gobierno ha creado un «espacio libre de jueces» para cerrar páginas a su antojo. En cualquier caso, Tejerina cree que la Comisión de la Propiedad Intelectual no podrá actuar en mucho tiempo por cuanto la ley está recurrida ante el Supremo. No obstante, las últimas informaciones hablan de que el Ministerio de Cultura había recibido a principios de abril más de 300 demandas contra páginas que vulneran derechos de autor.
También están preocupados en UPyD. Para este partido, la ley, que más que proteger al creador, defiende los derechos de los intermediarios (las distribuidoras), no va a resolver el problema de la piratería y va a impedir la transformación de la industria del entretenimiento.
Desde el PP se defienden asegurando que la ley ha querido dejar claro cuáles era las líneas que separaban los derechos individuales de los usuarios y los derechos de autor de los profesionales. «No podemos olvidar que los derechos de una persona terminan cuando colisionan con los de otra».
Por su parte, Yago Jesús cree que la Ley Sinde es «bastante blandita» y que se creó únicamente para satisfacer las presiones de Estados Unidos y de su industria audiovisual. «Probablemente se lleve por delante las páginas web más famosas del intercambio de enlaces, pero en ningún caso frenará el intercambio P2P».
Para Enrique Dans, no sido la presión explícita del Gobierno de Obama la que forzó al ministro José Ignacio Wert a dar salida a la ley,sino la de la IFPI,una entidad en la que están representados productores de música y cine de todo el mundo.
¿Buenos sentimientos de Google?
En su último desahogo público, además de ir contra los gobiernos y la industria del cine o la música, el fundador de Google Sergey Brin cargaba contra aquellos que ponen puertas a Internet, como Facebook
o Apple. Son firmas, en su opinión, que basan su éxito en servicios y aplicaciones cerrados y donde los datos están cautivos. Muchos ven en la protesta de Brin intereses claramente comerciales. De hecho, no hay que olvidar que Facebook se ha erigido como el mayor competidor del buscador en el goloso pastel de la publicidad on-line. «Pensar que Google es una organización que se preocupa por la libertad en la Red es tener una visión bastante irreal. Google hace dinero invadiendo la privacidad del usuario, aunque emplee muchos eufemismos para referirse a ello», asegura el experto en seguridad Yago Jesús.
Por su parte, Víctor Domingo, de la Asociación de Internautas, reprocha a Google que, al tiempo que hace este tipo de denuncias, esté tratando de romper la neutralidad en la red, en connivencia con las operadoras de telefonía. Por su parte, Luis Corrons, de Panda, se desmarca y no cree que Apple o Facebook socaven la libertad de nadie. «Son empresas que ofrecen una serie de servicios y el usuario es libre de usarlos o no. Tener un entorno cerrado es una opción legítima y a quien no le interese no entrará en él».
