Hispanidad.- Este jueves entraba en vigor la Ley Sinde-Wert, el sapo que se ha tragado el Gobierno de Rajoy, legado en herencia por el PSOE, que no quiso aprobarla en su momento por su tremenda impopularidad.
Wert, en un tono triunfalista, manifestó que era un gran día y había motivos para celebrarlo. El ministro sociólogo, que recientemente manifestó en el Foro de la Nueva Sociedad su firme compromiso con el desarrollo digital y su deseo de conciliarlo con las leyes de protección intelectual, debería tomarse en serio sus palabras y revisar la seguridad informática y de certificados de su Ministerio, que al menos hace unos días, actualizado.
Es más que probable que muchos ciudadanos se pregunten con qué derecho se atreven a prohibir nada, si ellos mismos no pueden cumplir con la seguridad informática de los usuarios y ciudadanos.
Quien quiera denunciar sitios webs o contenidos que supuestamente infrinjan la ley de propiedad intelectual deberá hacerlo, en principio, mediante la utilización de medios electrónicos. Así lo exige el Ministerio de Cultura, la casa sin cuchillos de palo del hombre que presume de haber estudiado en El Pilar.
Es la llamada firma electrónica. Pues bien, la Asociación de Internautas que preside Víctor Domingo envió una carta al ministro en protesta por la Ley Sinde-Wert que, después de interminables intentos, ha tenido que ser presentada en el registro físico del Ministerio ante la imposibilidad de hacerlo en registro online del Ministerio, a pesar de que la asociación cuenta con firma electrónica.
Desde la Asociación no se limitan a señalar las limitaciones del Ministerio. Declaran también que están muy preocupados, según Víctor Domingo, porque se haya hecho buena la iniciativa de González-Sinde. No nos creemos que sea sólo por el tema de las descargas. Se está poniendo en libertad condicional y en tela de juicio lo que da más sentido a Internet, que es el enlace, el hipervínculo.
La Asociación de Internautas ha recurrido ante el Supremo una ley que en su opinión es poco creíble en sus fundamentos argumentales y liberticida. Cuando ya se habla del posible cierre de 30 páginas web, recuerdan que muchas páginas han sido denunciadas ante los juzgados y el proceso ha sido archivado, ningún magistrado ha señalado que se estuviera cometiendo un delito. A partir de ahora, afirman, una comisión administrativa, afín al Ministerio de Cultura, podrá cerrar páginas cuya clausura fue anteriormente desestimada por un juez.
Sara Olivo
sara@hispanidad.com
Wert, en un tono triunfalista, manifestó que era un gran día y había motivos para celebrarlo. El ministro sociólogo, que recientemente manifestó en el Foro de la Nueva Sociedad su firme compromiso con el desarrollo digital y su deseo de conciliarlo con las leyes de protección intelectual, debería tomarse en serio sus palabras y revisar la seguridad informática y de certificados de su Ministerio, que al menos hace unos días, actualizado.
Es más que probable que muchos ciudadanos se pregunten con qué derecho se atreven a prohibir nada, si ellos mismos no pueden cumplir con la seguridad informática de los usuarios y ciudadanos.
Quien quiera denunciar sitios webs o contenidos que supuestamente infrinjan la ley de propiedad intelectual deberá hacerlo, en principio, mediante la utilización de medios electrónicos. Así lo exige el Ministerio de Cultura, la casa sin cuchillos de palo del hombre que presume de haber estudiado en El Pilar.
Es la llamada firma electrónica. Pues bien, la Asociación de Internautas que preside Víctor Domingo envió una carta al ministro en protesta por la Ley Sinde-Wert que, después de interminables intentos, ha tenido que ser presentada en el registro físico del Ministerio ante la imposibilidad de hacerlo en registro online del Ministerio, a pesar de que la asociación cuenta con firma electrónica.
Desde la Asociación no se limitan a señalar las limitaciones del Ministerio. Declaran también que están muy preocupados, según Víctor Domingo, porque se haya hecho buena la iniciativa de González-Sinde. No nos creemos que sea sólo por el tema de las descargas. Se está poniendo en libertad condicional y en tela de juicio lo que da más sentido a Internet, que es el enlace, el hipervínculo.
La Asociación de Internautas ha recurrido ante el Supremo una ley que en su opinión es poco creíble en sus fundamentos argumentales y liberticida. Cuando ya se habla del posible cierre de 30 páginas web, recuerdan que muchas páginas han sido denunciadas ante los juzgados y el proceso ha sido archivado, ningún magistrado ha señalado que se estuviera cometiendo un delito. A partir de ahora, afirman, una comisión administrativa, afín al Ministerio de Cultura, podrá cerrar páginas cuya clausura fue anteriormente desestimada por un juez.
Sara Olivo
sara@hispanidad.com
