Madrid, (EFE).- La reforma del canon digital tuvo como fecha tope inicial el pasado junio, después de que el Gobierno acordara con el PP que adaptaría antes de ese mes su regulación a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea..
El tribunal europeo declaró que la aplicación indiscriminada del canon, en particular a equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, no era conforme con el derecho comunitario.
Posteriormente, la Audiencia Nacional anuló la orden ministerial del canon digital. al considerar que, al ser un reglamento, deberían haberse realizado determinados trámites como memorias justificativas y económica y un dictamen del Consejo de Estado que no se llevaron a cabo.
El Gobierno ha asegurado en varias ocasiones que estaba ultimando la nueva regulación sobre el canon que debía adaptarse a la directiva que preparaba la Comisión Europea y que, finalmente, no ha podido llegar al Consejo de Ministros.
Tampoco el Reglamento que desarrolla la Ley Sinde. ha visto la luz al finalizar la legislatura.
Después de que se aprobara, dentro de la Ley de Economía Sostenible, la norma que permite por orden judicial el cierre de páginas web de descarga de contenidos ilegales, se inició su desarrollo normativo a través de un reglamento, que ha sido sometido a consulta en el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y la Comisión Europea.
En esta norma se regula el funcionamiento técnico de las dos secciones de la Comisión de Propiedad Intelectual, el órgano que ejercerá las funciones de mediación y arbitraje, así como las de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.
Y la reforma de Ley de Propiedad Intelectual tampoco ha llegado a tiempo al Consejo de Ministros.
A raíz de la crisis vivida en la SGAE .tras la investigación judicial puesta en marcha por la Audiencia Nacional, la ministra de Cultura anunció en el Congreso una modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual que impidiera a las entidades de gestión la creación indiscriminada de fundaciones y sociedades mercantiles.
El pasado 19 de julio y antes de que se adelantara la convocatoria de las elecciones, el pleno del Congreso aprobó una moción del grupo popular en la que se instaba al Gobierno a presentar, antes de que finalizara octubre, una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual en relación a la vigilancia de las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.
El tribunal europeo declaró que la aplicación indiscriminada del canon, en particular a equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, no era conforme con el derecho comunitario.
Posteriormente, la Audiencia Nacional anuló la orden ministerial del canon digital. al considerar que, al ser un reglamento, deberían haberse realizado determinados trámites como memorias justificativas y económica y un dictamen del Consejo de Estado que no se llevaron a cabo.
El Gobierno ha asegurado en varias ocasiones que estaba ultimando la nueva regulación sobre el canon que debía adaptarse a la directiva que preparaba la Comisión Europea y que, finalmente, no ha podido llegar al Consejo de Ministros.
Tampoco el Reglamento que desarrolla la Ley Sinde. ha visto la luz al finalizar la legislatura.
Después de que se aprobara, dentro de la Ley de Economía Sostenible, la norma que permite por orden judicial el cierre de páginas web de descarga de contenidos ilegales, se inició su desarrollo normativo a través de un reglamento, que ha sido sometido a consulta en el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y la Comisión Europea.
En esta norma se regula el funcionamiento técnico de las dos secciones de la Comisión de Propiedad Intelectual, el órgano que ejercerá las funciones de mediación y arbitraje, así como las de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.
Y la reforma de Ley de Propiedad Intelectual tampoco ha llegado a tiempo al Consejo de Ministros.
A raíz de la crisis vivida en la SGAE .tras la investigación judicial puesta en marcha por la Audiencia Nacional, la ministra de Cultura anunció en el Congreso una modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual que impidiera a las entidades de gestión la creación indiscriminada de fundaciones y sociedades mercantiles.
El pasado 19 de julio y antes de que se adelantara la convocatoria de las elecciones, el pleno del Congreso aprobó una moción del grupo popular en la que se instaba al Gobierno a presentar, antes de que finalizara octubre, una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual en relación a la vigilancia de las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual.
