PÚBLICO (Juan Carlos Escudier).- Entre estos últimos está la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que tiene el sueño fácil como Blancanieves. Es a su ministerio al que correspondía vigilar que en la SGAE nadie se llevaba a casa en carretilla el dinero que antes había recaudado tanto por la difusión en las BBC (bodas, bautizos y comuniones) de Paquito el Chocolatero como por arbitrios tales como el canon digital. Argumentar que esa competencia de inspección y de auditoría correspondía a las comunidades autónomas tras una sentencia del Constitucional de 1997 es, dicho sea con generosidad, de una inexactitud imperdonable.
Es verdad que la citada sentencia 196/1997 atribuía a Cataluña y País Vasco estas competencias de vigilancia sobre las entidades de gestión, con la salvedad de que hacía responsable a la Administración Central, es decir a Cultura, de la articulación de los mecanismos necesarios de coordinación e información recíproca para que le fueran suministrados y dispusiera de los datos que sean precisos en cuanto titular de la facultad de revocar la autorización, a cuyo ejercicio están ordenadas las actividades de inspección, vigilancia y control. En otras palabras, que Cultura debía coordinar la actividad inspectora de las comunidades, exigirla si ésta no se realizaba y manejar sus conclusiones.
Aquí el más tonto no hace relojes sino que escurre el bulto y hace la estatua. Si de todo tiene la culpa el empedrado, que asfalten de una puñetera vez.
Es verdad que la citada sentencia 196/1997 atribuía a Cataluña y País Vasco estas competencias de vigilancia sobre las entidades de gestión, con la salvedad de que hacía responsable a la Administración Central, es decir a Cultura, de la articulación de los mecanismos necesarios de coordinación e información recíproca para que le fueran suministrados y dispusiera de los datos que sean precisos en cuanto titular de la facultad de revocar la autorización, a cuyo ejercicio están ordenadas las actividades de inspección, vigilancia y control. En otras palabras, que Cultura debía coordinar la actividad inspectora de las comunidades, exigirla si ésta no se realizaba y manejar sus conclusiones.
Aquí el más tonto no hace relojes sino que escurre el bulto y hace la estatua. Si de todo tiene la culpa el empedrado, que asfalten de una puñetera vez.
