manuel c. cachafeiro | Diario de León.- Ofelia Tejerina es hija de quien fuera alcalde de Val de San Lorenzo en el anterior mandato por la UPL Guillermo Tejerina. Según declaró ayer a este periódico, toda la vida vivió en Ponferrada hasta que, por motivos de estudios, se trasladó a Valladolid y finalmente a Madrid, donde decidió abrir un despacho especializado en asuntos informáticos. Su padre es berciano y su madre de Val de San Lorenzo.
Ofelia Tejerina redactó la denuncia para la Asociación de Internáutas después de leer en el diario Público un artículo sobre la situación de la SGAE. En base a documentos que extrajo de Internet, puso hace cuatro años el caso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que decidió archivar la denuncia.
Sin embargo, su empeño personal hizo que también se presentara la documentación en abril del 2009, ahora la Audiencia Nacional, cuyo Juzgado Central de Instrucción Número 5 es el que ha ordenado ahora los registros y las detenciones de los principales responsables de la organización que controla en España los derechos de autor, si bien el juez puso ayer a tres de los implicados en libertad con cargos.
En la denuncia que redactó contra los directivos de la SGAE, la letrada leonesa señala que «estamos ante una defraudación coordinada de decenas de millones de euros, cuyas víctimas y engañados son, en primer lugar, los autores y, sin lugar a dudas la Hacienda española».
Basándose en diversas informaciones periodísticas, se advertía de que el reparto de «las múltiples y variadas clases de recaudaciones de la SGAE -incluido el canon digital- se realiza en gran parte de forma ilegal entre sus filiales y no entre sus socios». En concreto, se denunciaba la «relación directa» de directivos de la SGAE, con un entramado societario de distintas compañías, entre ellas Microgénesis, dedicadas a negocios de naturaleza lucrativa, en contra de lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual. Y añadía que desde la SGAE «no sólo se hace un reparto ilegal de beneficios sino que además, se realiza una recaudación fraudulenta, extralimitándose en las competencias que legalmente se le han atribuido».
Ofelia Tejerina se ha convertido en el gran azote no sólo de la SGAE sino de la ministra de Cultura. Gracias también a una denuncia redactada por su despacho profesional, la Audiencia Nacional anuló la orden del canon digital que había elaborado el departamento de Ángeles González Sinde. Fue en marzo de este año y también a instancias de la Asociación de Internáutas. Ofelia Tejerina es secretaria de su junta directiva y responsable del servicio jurídico de la organización.
Ofelia Tejerina se mostró ayer satisfecha por los resultados de la investigación contra los máximos responsables de la SGAE, ya que, en su opinión, habían convertido la organización en un grupo cerrado con otras intenciones. «Será ahora la justicia la que dicte sentencia, pero, de momento, la apertura de la investigación ha servido para poner en entredicho una actuación que no era la correcta», añadió.
Tejerina está especializada en el estudio legal del uso de las nuevas tecnologías y no sólo colabora con la Asociación de Internautas. También asesora a la organización PantallasAmigas en el uso de las nuevas tecnologías por menores y adolescentes. Es, además, miembro de organizaciones como el centro de investigación del Ciberbullying, Legitec, la Asociación para la Promoción de la Investigación y la Consultoría Estratégica o la Asociación para la Conciliación de las Libertades y la Información.
Casos suyos han servido para dictar sentencias contra compañías telefónicas o empresas de la red. En su opinión, las garantías en Internet ante cualquier lesión al derecho al honor o a la intimidad están ya establecidas en la legislación española, por lo que en la red se debe aplicar la ley sin más. Sin embargo, Tejerina reconoce que, a la hora de buscar culpables, las nuevas tecnologías, «por su naturaleza», son más complicadas.
Ofelia Tejerina redactó la denuncia para la Asociación de Internáutas después de leer en el diario Público un artículo sobre la situación de la SGAE. En base a documentos que extrajo de Internet, puso hace cuatro años el caso en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, que decidió archivar la denuncia.
Sin embargo, su empeño personal hizo que también se presentara la documentación en abril del 2009, ahora la Audiencia Nacional, cuyo Juzgado Central de Instrucción Número 5 es el que ha ordenado ahora los registros y las detenciones de los principales responsables de la organización que controla en España los derechos de autor, si bien el juez puso ayer a tres de los implicados en libertad con cargos.
En la denuncia que redactó contra los directivos de la SGAE, la letrada leonesa señala que «estamos ante una defraudación coordinada de decenas de millones de euros, cuyas víctimas y engañados son, en primer lugar, los autores y, sin lugar a dudas la Hacienda española».
Basándose en diversas informaciones periodísticas, se advertía de que el reparto de «las múltiples y variadas clases de recaudaciones de la SGAE -incluido el canon digital- se realiza en gran parte de forma ilegal entre sus filiales y no entre sus socios». En concreto, se denunciaba la «relación directa» de directivos de la SGAE, con un entramado societario de distintas compañías, entre ellas Microgénesis, dedicadas a negocios de naturaleza lucrativa, en contra de lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual. Y añadía que desde la SGAE «no sólo se hace un reparto ilegal de beneficios sino que además, se realiza una recaudación fraudulenta, extralimitándose en las competencias que legalmente se le han atribuido».
Ofelia Tejerina se ha convertido en el gran azote no sólo de la SGAE sino de la ministra de Cultura. Gracias también a una denuncia redactada por su despacho profesional, la Audiencia Nacional anuló la orden del canon digital que había elaborado el departamento de Ángeles González Sinde. Fue en marzo de este año y también a instancias de la Asociación de Internáutas. Ofelia Tejerina es secretaria de su junta directiva y responsable del servicio jurídico de la organización.
Ofelia Tejerina se mostró ayer satisfecha por los resultados de la investigación contra los máximos responsables de la SGAE, ya que, en su opinión, habían convertido la organización en un grupo cerrado con otras intenciones. «Será ahora la justicia la que dicte sentencia, pero, de momento, la apertura de la investigación ha servido para poner en entredicho una actuación que no era la correcta», añadió.
Tejerina está especializada en el estudio legal del uso de las nuevas tecnologías y no sólo colabora con la Asociación de Internautas. También asesora a la organización PantallasAmigas en el uso de las nuevas tecnologías por menores y adolescentes. Es, además, miembro de organizaciones como el centro de investigación del Ciberbullying, Legitec, la Asociación para la Promoción de la Investigación y la Consultoría Estratégica o la Asociación para la Conciliación de las Libertades y la Información.
Casos suyos han servido para dictar sentencias contra compañías telefónicas o empresas de la red. En su opinión, las garantías en Internet ante cualquier lesión al derecho al honor o a la intimidad están ya establecidas en la legislación española, por lo que en la red se debe aplicar la ley sin más. Sin embargo, Tejerina reconoce que, a la hora de buscar culpables, las nuevas tecnologías, «por su naturaleza», son más complicadas.
24-11-2007 - Denunciamos a la SGAE ante la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción los hechos, publicados en diferentes medios de comunicación, sobre supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la Sociedad General de Autores y Editores y además, a poner de manifiesto la subsidiaria culpa in vigilando del Ministerio de Cultura, por ser el principal fiscalizador de la actividad de este tipo de asociaciones.
Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción los hechos, publicados en diferentes medios de comunicación, sobre supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la Sociedad General de Autores y Editores y además, a poner de manifiesto la subsidiaria culpa in vigilando del Ministerio de Cultura, por ser el principal fiscalizador de la actividad de este tipo de asociaciones.
