.- El máximo responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, arremete en su blog contra las limitaciones de acceso a internet. En ningún momento se nombra a la Ley de Economía Sostenible, o a su polémica disposición primera, la bautizada Ley Sinde, aunque la fecha de publicación y el contenido del post permite establecer muchos lazos de unión.
"Aunque soy consciente de que los economistas dirán que asegurar el acceso universal, suficiente y asequible a Internet, es inviable y enemigo de las leyes del mercado", explica González Pons, "debo sostener que antes que lo rentable está siempre lo mínimo para sobrevivir".
Pons defiende el derecho a la red como fundamental. Internet "es el camino por el que sigue la historia", apunta. "Y muchos políticos, como siempre, no lo ven". Los populares fueron uno de los partidos políticos que ayer votó a favor de las enmiendas a la totalidad contra la Ley de Economía Sostenible y se mostraron muy críticos, cuando salió el anteproyecto, contra la Ley Sinde.
Comisión Internet
"Aunque soy consciente de que los economistas dirán que asegurar el acceso universal, suficiente y asequible a Internet, es inviable y enemigo de las leyes del mercado", explica González Pons, "debo sostener que antes que lo rentable está siempre lo mínimo para sobrevivir".
Pons defiende el derecho a la red como fundamental. Internet "es el camino por el que sigue la historia", apunta. "Y muchos políticos, como siempre, no lo ven". Los populares fueron uno de los partidos políticos que ayer votó a favor de las enmiendas a la totalidad contra la Ley de Economía Sostenible y se mostraron muy críticos, cuando salió el anteproyecto, contra la Ley Sinde.
Comisión Internet
La Ley Sinde contempla la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que actúe, entre otras cosas, como policía de la red. Aún no se sabe quién formará esta comisión, para la que los populares ya han lanzado su propuesta.
El PP quiere sentar a representantes de la Comisión del Mercado de la Telecomunicaciones (CMT), de las entidades de gestión de derechos de autor, de las asociaciones de usuarios y de los operadores.
En total serían cinco miembros, elegidos por un período de seis años y asociados al ministerio de Cultura, según un documento al que ha tenido acceso Europa Press y que recoge la propuesta de los populares.
