La magistrada ha constatado en su auto, que las entidades de gestión demandantes habían intentado ocultar al tribunal un procedimiento previo contra PCG que está suspendido por motivo de la sentencia sobre el canon digital, y que se espera en fechas próximas por el TRIBUNAL DE LA UNION EUROPEA, de Luxemburgo.
Constata la magistrada además, que no pueden argüir desconocimiento porque han sido dos asuntos llevados por el mismo letrado y el mismo procurador, coincidiendo además SGAE como demandante en ambos casos.
El letrado Josep Jover, defensor de PCG, afirma que ha quedado, de nuevo, al descubierto la política de "cartel" de EGEDA, AGEDI, AIE, AISGE, DAMA Y SGAE. Esta es una política habitual de acoso de las entidades de gestión que se aprovechan de la circunstancia de que cuando a ellas les conviene, los mismos abogados, inspectores y liquidadores, coordinándose, representan sólo a una entidad... y cuando interesaba, a todas.
Añade que esta política de amedrentamiento, basada en el privilegio legal que supone el poder obligar a un profesional o empresa a presentar y exhibir sus libros a estas entidades privadas, sin más control que su "real discrecionalidad", se ha seguido también frente a comercios, bares, gimnasios, restaurantes, hoteles y salas de conciertos.
Por los numerosos procedimientos vistos, añade, estamos en el caso de una real y única dirección de todas las entidades de gestión (cartel), que va más allá de la mera estrategia judicial, con reuniones periódicas para ordenar estrategias comunes de a quien y cómo se le reclama.
Resolución en PDF
Constata la magistrada además, que no pueden argüir desconocimiento porque han sido dos asuntos llevados por el mismo letrado y el mismo procurador, coincidiendo además SGAE como demandante en ambos casos.
El letrado Josep Jover, defensor de PCG, afirma que ha quedado, de nuevo, al descubierto la política de "cartel" de EGEDA, AGEDI, AIE, AISGE, DAMA Y SGAE. Esta es una política habitual de acoso de las entidades de gestión que se aprovechan de la circunstancia de que cuando a ellas les conviene, los mismos abogados, inspectores y liquidadores, coordinándose, representan sólo a una entidad... y cuando interesaba, a todas.
Añade que esta política de amedrentamiento, basada en el privilegio legal que supone el poder obligar a un profesional o empresa a presentar y exhibir sus libros a estas entidades privadas, sin más control que su "real discrecionalidad", se ha seguido también frente a comercios, bares, gimnasios, restaurantes, hoteles y salas de conciertos.
Por los numerosos procedimientos vistos, añade, estamos en el caso de una real y única dirección de todas las entidades de gestión (cartel), que va más allá de la mera estrategia judicial, con reuniones periódicas para ordenar estrategias comunes de a quien y cómo se le reclama.
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