Rosalía Sánchez - El Mundo- El Gobierno se verá obligado a reformar la legislación aprobada en 2008 después de que el Tribunal Constitucional haya dado la razón a los alrededor de 35.000 ciudadanos que han hecho llegar hasta él sus quejas.
El Constitucional alemán ha declarado que el almacenamiento masivo de datos telefónicos y de Internet que actualmente permite la ley en este país viola el derecho a la privacidad de las telecomunicaciones y es, por tanto, insconstitucional.
El alto tribunal de Karlsruhe dictamina, en una sentencia largamente esperada, que la ley sobre retención de datos, en su forma actual, es incompatible con la Constitución por lo que deberá ser reformada cuanto antes.
Todos los datos almacenados hasta ahora, todas las conversaciones grabadas y fichas de navegación por Internet que se hayan obtenido al amparo de la actual legislación, deben ser suprimidos de forma inmediata, sin importar su importancia o el proceso de investigación a que correspondan.
Retención hasta la fecha
De acuerdo con una ley aprobada en 2008, las conexiones desde el teléfono fijo o móvil, el correo electrónico y el uso de Internet, así como los datos de localización de teléfonos móviles podían ser grabados en Alemania sin permiso previo de los afectados y almacenados durante seis meses por las fuerzas de seguridad y autoridades implicadas en las investigaciones.
Estos datos podían ser intercambiados entre Policía y Servicios de Información en la persecución y lucha contra el terrorismo.
El anterior ministro de Interior y que hoy ocupa la cartera de Finanzas, Wolfgang Schauble, defendió esta legislación con el propósito de aumentar el grado de seguridad en Alemania ante las constantes amenazas terroristas y ha sido, desde el principio, una ley muy contestada por la sociedad alemana.
De hecho, éste el mayor litigio que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, ante el que se han quejado alrededor de 35.000 ciudadanos.
El Tribunal sentencia que esta legislación no observa el principio de proporcionalidad y que su aplicación carece de un sistema que garantice la seguridad para los datos procesados.
Para permitir semejante práctica, establece la sentencia, es necesario que las autoridades que la lleven a cabo especifiquen ante un juez para qué deben ser utilizados los datos obtenidos. Además, el juez criticó la falta de transparencia de la ley.
El Constitucional alemán ha declarado que el almacenamiento masivo de datos telefónicos y de Internet que actualmente permite la ley en este país viola el derecho a la privacidad de las telecomunicaciones y es, por tanto, insconstitucional.
El alto tribunal de Karlsruhe dictamina, en una sentencia largamente esperada, que la ley sobre retención de datos, en su forma actual, es incompatible con la Constitución por lo que deberá ser reformada cuanto antes.
Todos los datos almacenados hasta ahora, todas las conversaciones grabadas y fichas de navegación por Internet que se hayan obtenido al amparo de la actual legislación, deben ser suprimidos de forma inmediata, sin importar su importancia o el proceso de investigación a que correspondan.
Retención hasta la fecha
De acuerdo con una ley aprobada en 2008, las conexiones desde el teléfono fijo o móvil, el correo electrónico y el uso de Internet, así como los datos de localización de teléfonos móviles podían ser grabados en Alemania sin permiso previo de los afectados y almacenados durante seis meses por las fuerzas de seguridad y autoridades implicadas en las investigaciones.
Estos datos podían ser intercambiados entre Policía y Servicios de Información en la persecución y lucha contra el terrorismo.
El anterior ministro de Interior y que hoy ocupa la cartera de Finanzas, Wolfgang Schauble, defendió esta legislación con el propósito de aumentar el grado de seguridad en Alemania ante las constantes amenazas terroristas y ha sido, desde el principio, una ley muy contestada por la sociedad alemana.
De hecho, éste el mayor litigio que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, ante el que se han quejado alrededor de 35.000 ciudadanos.
El Tribunal sentencia que esta legislación no observa el principio de proporcionalidad y que su aplicación carece de un sistema que garantice la seguridad para los datos procesados.
Para permitir semejante práctica, establece la sentencia, es necesario que las autoridades que la lleven a cabo especifiquen ante un juez para qué deben ser utilizados los datos obtenidos. Además, el juez criticó la falta de transparencia de la ley.
