Beatriz Toribio / lainformación.com.- Aunque el propio presidente del Gobierno anunció hace poco más de una semana que la solución respecto a la polémica sobre Internet estaba "cerca" y sería "positiva", lo cierto es que aún no se sabe qué hará el Ejecutivo para acabar con una cuestión que ha generado una auténtica rebelión en la Red.
El Partido Popular no ha querido dejar pasar esta nueva oportunidad para poner en evidencia los deslices del Gobierno. Por ello, hoy presentará una pregunta en la sesión de control a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega sobre las "rectificaciones" del Gobierno respecto a la Ley de Economía Sostenible. Y, por otro lado, llevará a cabo una interpelación urgente para que el Ejecutivo "aclare su postura en torno a la posibilidad de cerrar páginas web sin autorización judicial", reza el texto de la iniciativa que será debatida en el Pleno.
Pero pese a que esta polémica ha sido generada por el Ministerio de Cultura, de quien dependerá la comisión administrativa que podría instar al cierre de páginas web que atenten contra la propiedad intelectual sin autorización de un juez, Ángeles González-Sinde no estará presente en la sesión plenaria de hoy por "problemas de agenda". Según el PP, la ministra acude a Santander a la inauguración de la Biblioteca del Archivo Provincial de Cantabria. Un evento que para los populares debería haber sido pospuesto ante la polémica generada por este asunto.
José María Lacalle, el diputado del PP que presentará la interpelación urgente, censuró que la ministra "no considere prioritario comparecer en el Parlamentario cuando hay un debate social abierto" en torno a Internet y la acusó de "esconderse detrás de la agenda" para no asistir a la Cámara Baja. "No puede esconderse. Se niega a responder públicamente de su pésima gestión, que ha sido desautorizada doblemente por el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia", añadió Lasalle.
Sin grandes efectos, pero con repercusión
La interpelación de hoy no tendrá grandes efectos, ya que no insta al Gobierno a nada y no supone que el resto de grupos tenga que pronunciarse al respecto. Pero sí obliga a que un miembro del Ejecutivo tenga que dar explicaciones al PP sobre un asunto que ha tenido gran trascendencia social. El Grupo Popular había pedido que ante la ausencia de Sinde fuera el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien respondiera a su iniciativa ante la ausencia de González-Sinde.
Esta interpelación dará lugar a la presentación de una moción que se votará en la siguiente sesión plenaria o en la de febrero, cuando se reanude la actividad ordinaria del Parlamento. En ese momento el PP vería con qué apoyos cuenta en esta iniciativa, aunque podría ser que para entonces el Gobierno ya haya cambiado este controvertido punto de la futura Ley de Economía Sostenible.
El origen de todo
La polémica sobre el posible cierre de páginas web empezó cuando la prensa dio a conocer que el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, la que parece que va a ser la ley estrella la presente legislatura, incluía en una de sus disposiciones adicionales la posibilidad de que una comisión dependiente del ministerio de Cultura pudiera instar a ello sin autorización de un juez.
La polémica fue tal que desde diferentes sectores se promovió un manifiesto en defensa de los derechos en Internet que tuvo un amplio respaldo social y que obligó a varios miembros del Gobierno a reaccionar. Pero mientras que unos mantenían la postura defendida por Sinde, otros intentaron suavizar la polémica.
Fue el caso del ministro de Justicia, quien insistió en que pese a que un órgano administrativo, en este caso la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, decida el cierre, esa decisión contará con controles posteriores inmediatos.
Finalmente fue el presidente José Luis Rodríguez Zapatero quien, ante el revuelo generado dentro y fuera de la Red, anunció que "no se cerrará nada". Pero a día de hoy no se saben cuáles serán los cambios finales.
El Partido Popular no ha querido dejar pasar esta nueva oportunidad para poner en evidencia los deslices del Gobierno. Por ello, hoy presentará una pregunta en la sesión de control a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega sobre las "rectificaciones" del Gobierno respecto a la Ley de Economía Sostenible. Y, por otro lado, llevará a cabo una interpelación urgente para que el Ejecutivo "aclare su postura en torno a la posibilidad de cerrar páginas web sin autorización judicial", reza el texto de la iniciativa que será debatida en el Pleno.
Pero pese a que esta polémica ha sido generada por el Ministerio de Cultura, de quien dependerá la comisión administrativa que podría instar al cierre de páginas web que atenten contra la propiedad intelectual sin autorización de un juez, Ángeles González-Sinde no estará presente en la sesión plenaria de hoy por "problemas de agenda". Según el PP, la ministra acude a Santander a la inauguración de la Biblioteca del Archivo Provincial de Cantabria. Un evento que para los populares debería haber sido pospuesto ante la polémica generada por este asunto.
José María Lacalle, el diputado del PP que presentará la interpelación urgente, censuró que la ministra "no considere prioritario comparecer en el Parlamentario cuando hay un debate social abierto" en torno a Internet y la acusó de "esconderse detrás de la agenda" para no asistir a la Cámara Baja. "No puede esconderse. Se niega a responder públicamente de su pésima gestión, que ha sido desautorizada doblemente por el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia", añadió Lasalle.
Sin grandes efectos, pero con repercusión
La interpelación de hoy no tendrá grandes efectos, ya que no insta al Gobierno a nada y no supone que el resto de grupos tenga que pronunciarse al respecto. Pero sí obliga a que un miembro del Ejecutivo tenga que dar explicaciones al PP sobre un asunto que ha tenido gran trascendencia social. El Grupo Popular había pedido que ante la ausencia de Sinde fuera el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien respondiera a su iniciativa ante la ausencia de González-Sinde.
Esta interpelación dará lugar a la presentación de una moción que se votará en la siguiente sesión plenaria o en la de febrero, cuando se reanude la actividad ordinaria del Parlamento. En ese momento el PP vería con qué apoyos cuenta en esta iniciativa, aunque podría ser que para entonces el Gobierno ya haya cambiado este controvertido punto de la futura Ley de Economía Sostenible.
El origen de todo
La polémica sobre el posible cierre de páginas web empezó cuando la prensa dio a conocer que el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, la que parece que va a ser la ley estrella la presente legislatura, incluía en una de sus disposiciones adicionales la posibilidad de que una comisión dependiente del ministerio de Cultura pudiera instar a ello sin autorización de un juez.
La polémica fue tal que desde diferentes sectores se promovió un manifiesto en defensa de los derechos en Internet que tuvo un amplio respaldo social y que obligó a varios miembros del Gobierno a reaccionar. Pero mientras que unos mantenían la postura defendida por Sinde, otros intentaron suavizar la polémica.
Fue el caso del ministro de Justicia, quien insistió en que pese a que un órgano administrativo, en este caso la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, decida el cierre, esa decisión contará con controles posteriores inmediatos.
Finalmente fue el presidente José Luis Rodríguez Zapatero quien, ante el revuelo generado dentro y fuera de la Red, anunció que "no se cerrará nada". Pero a día de hoy no se saben cuáles serán los cambios finales.
