SERVIMEDIA .- Para los populares, la Ley Audiovisual es necesaria y llega con mucho retraso, pero estamos ante "un proyecto muy malo, que representa una amenaza a la libertad de expresión por la censura que establecerá a través del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA)", en palabras del diputado Miguel Angel Cortés.
"Este Gobierno quiere mantener el control de los medios creando una base de inseguridad jurídica que estará en manos de un órgano administrativo", afirmó Cortés.
A juicio del PP, todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión "sólo puede tener como límite el Código Penal y la intervención judicial", y no una institución administrativa como el CEMA.
El principal partido de la oposición también enmenderá el proyecto a la totalidad porque extiende el régimen sancionador a "internautas y redes sociales, incluyéndolos dentro de una gran denominación de comunicación audiovisual", y porque no incorpora los mecanismos idóneos de protección a los colectivos de consumidores más vulnerables frente a las nuevas tecnologías de la información.
El PP echa en falta la ausencia de suficiente negociación con la que llega el redactado al Congreso. "El Gobierno sólo la ha negociado con Uteca, que ahora parece que dice sentirse engañada por la vicepresidenta De la Vega. A nosotros ni se han dirigido hasta ahora", añadió Cortés.
Por Izquierda Unida, su diputado, Gaspar Llamazares, ha denunciado que es un proyecto que atiende sobre todo a los intereses de Uteca y que llega "troceado", después de haberse aprobado con anterioridad medidas que recoge ahora el articulado como la TDT de pago o la liberalización accionarial de las cadenas privadas.
Para Joan Ridao, de ERC, el proyecto constituye un "hostigamiento de los medios de comunicación privados a los públicos" y "llega al Parlamento sin que guste a nadie". "Una cosa es la trasposición de una directiva comunitaria, y otra lo que se ha perpetrado, que es un auténtico ornitorrinco audiovisual". Para Joan Herrera, de ICV, la ley "crea un servicio público residual".
"Este Gobierno quiere mantener el control de los medios creando una base de inseguridad jurídica que estará en manos de un órgano administrativo", afirmó Cortés.
A juicio del PP, todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión "sólo puede tener como límite el Código Penal y la intervención judicial", y no una institución administrativa como el CEMA.
El principal partido de la oposición también enmenderá el proyecto a la totalidad porque extiende el régimen sancionador a "internautas y redes sociales, incluyéndolos dentro de una gran denominación de comunicación audiovisual", y porque no incorpora los mecanismos idóneos de protección a los colectivos de consumidores más vulnerables frente a las nuevas tecnologías de la información.
El PP echa en falta la ausencia de suficiente negociación con la que llega el redactado al Congreso. "El Gobierno sólo la ha negociado con Uteca, que ahora parece que dice sentirse engañada por la vicepresidenta De la Vega. A nosotros ni se han dirigido hasta ahora", añadió Cortés.
Por Izquierda Unida, su diputado, Gaspar Llamazares, ha denunciado que es un proyecto que atiende sobre todo a los intereses de Uteca y que llega "troceado", después de haberse aprobado con anterioridad medidas que recoge ahora el articulado como la TDT de pago o la liberalización accionarial de las cadenas privadas.
Para Joan Ridao, de ERC, el proyecto constituye un "hostigamiento de los medios de comunicación privados a los públicos" y "llega al Parlamento sin que guste a nadie". "Una cosa es la trasposición de una directiva comunitaria, y otra lo que se ha perpetrado, que es un auténtico ornitorrinco audiovisual". Para Joan Herrera, de ICV, la ley "crea un servicio público residual".
