La bitácora del Secretario de Estado Ros tiene más de un boceto en manos ajenas, las de los informes del Congreso americano, que consideran a España la segunda red más insegura del mundo y le indican a Moncloa cómo "acabar" con los intercambios del P2P.El primer "examen final" lo pasará en octubre, con la visita de Zapatero a la Casa Blanca, pero varios de sus consejos ya se han cumplido: el Ministerio de Industria volverá a sentar a la mesa a las operadoras de telefonía y la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos que congelaron sus desencuentros desde abril; Moncloa mira al "paquete telecom" que cocina Bruselas y al antecedente británico y ya no se conforma con la "tercera vía" del impulso a nuevas webs de contenidos comerciales. Industria busca recargas para los "cañones" que Zapatero no había querido nutrir hasta ahora de munición administrativa; ni la Secretaría de Estado de Comunicación ni Industria veían con buenos ojos que la CEMA ejecutara cortes de red sin sentencia judicial, pero ahora amenazan con modificaciones de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Ley de Internet. Transita por el desfiladero de todas las batallas: con las telecos, que se niegan a los cortes y con los Creadores, que cierran filas con los informes globales para sacarle los colores de la red de redes a Moncloa.
El ministerio de Industria renunciaba en junio oficialmente a la penalización al usuario de descargas protegidas y se abrazaba sólo a la amenaza con pisarles los talones a los proveedores, para empezar a una "lista negra" de 200 webs a las que acusa del 80% de las descargas españolas. Moncloa le "leyó la cartilla" a González- Sinde y, además de apartarla de todos los escenarios de internet, le dejaba claro que tendría que conformarse con las leyes que ya existen en España. Nada de los "ajustes" en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información o en la Ley de Enjuiciamiento. Menos aún las sanciones sin juez que trataba de colar en la Ley General Audiovisual, en los predios de la CMT o en el perímetro del nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
Pero las urgencias de Barack Obama pueden más. Londres y la UE han resucitado un fantasma que el mercado y el Consejo galo habían convertido ya en cadáver a los pies de Sarkozy: la propuesta, como poco, de cortes directos a instancia administrativa a los usuarios que reincidan en descargas "ilegales". Además, el retorno de las zancadas de la Comisaria Europea Vivianne Reding con el "paquete telecom" en ristre le destapa a Moncloa el horizonte de nuevas gateras legales y sobre todo, nuevos aliados en la UE con los que subirse otra vez al "barco antipirata". Ya no se conformará, como hasta ahora, con ser un segundón, lo más silente posible en el coro de la Unión y esperar a que Bruselas defina la brújula común. Zapatero y Sebastián quieren ser los "embajadores" europeos de la guerra al P2P a partir de 2010, exportar el "made in Spain" de los contenidos de internet a los Veintisiete y engendrar un Plan Europeo de ciberseguridad que supla la orfandad española con las banderas globales.
Zapatero quiere limpiarle los manchones de la mirada de Obama a un sector, el de los contenidos digitales, que facturó en 2008 un total de 15.858 millones de euros -un 15,8% más- que implica a 24,3 millones de personas y que ha hecho de España el segundo país del mundo que más utiliza las redes sociales y el líder mundial en firma electrónica, con entre 14 y15 millones de identificaciones. Ahora que Madrid acoge la III edición del Foro Internacional de Contenidos Digitales (Ficod 2009), la Setsi Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la arropa con el envoltorio del ICEX y el Plan Avanza 2.
El objetivo confeso es impulsar la industria de los contenidos digitales y ponerle puertas al campo de las redes sociales y los contenidos en los medios online. El otro, el ulterior, es sacarle brillo al aura "antipirata" a los ojos de la administración estadounidense. No es otro que EE UU el país invitado a Ficod 2009 ni otros que altos representantes de la Administración y asociaciones latinas de EE UU los que recibirán hasta el 19 de noviembre todas las atenciones y los mensajes del Ministerio de Industria e incluso directamente de Moncloa.
Moncloa sigue los consejos de Washington, deja las riendas en manos del Ministerio de Industria del arbitraje en la batalla del P2P y le niega a la ministra de Cultura sitio en el diálogo de sordos entre los operadores de internet y los propietarios de contenidos. Fernández de la Vega hace de González- Sinde la directora sin batuta de una partitura que ha tenido como único intérprete al Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros. A la ministra sólo le han dejado plantarle cara a los consumidores y prometer que las descargas de internet servirán, además, para cuantificar las ayudas al cine. Eso es todo. El Ejecutivo español cocina ya bajo presión un modelo "made in Spain", no sólo con la intención de que marque un nuevo horizonte a los contenidos de internet en España, sino con la aspiración de que sirva de bitácora a toda la UE. Pero las lanzas del desencuentro entre los operadores de telecomunicaciones, agrupados en Redtel y la industria audiovisual, representada por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido no se han movido desde el 16 de abril.
Las urgencias las pone sobre la mesa Rodríguez Zapatero: las de la visita del presidente del Gobierno a Obama el 16 de octubre, los informes de la Casa Blanca sobre el mercado español y la presidencia de la UE le marcan el paso y ponen en rojo este trimestre en el calendario. Se asoma a la foto de Alejo Vidal-Quadras, por encima de los recelos de Genova, que se niega a los cortes y las sanciones sin juicio a los usuarios de internet. Aunque tenga que saltarse los colores políticos allende los Pirineos, Zapatero tratará de aprovechar que el diputado del PP es, desde la semana pasada, el presidente de la Comisión que negociará desde noviembre el futuro de las descargas de contenidos en la Unión Europea.
Ahora que los Veintisiete han retomado la sintonía sobre el "paquete telecom" que habían alcanzado en junio, el futuro de internet vuelve a ser el único fleco pendiente para la mayor regulación del sector de las telecomunicaciones europeo. Fue justamente la propuesta de protección jurídica para los usuarios de internet con cerca de un 90% de votos a favor en el Europarlamento lo que devolvió de nuevo a la mesa de negociación "antes de los comicios europeos- todo el corpus legislativo. Pero Vivianne Reding está de regreso. Esta vez Moncloa está dispuesta a hacer lobby hasta con la Comisaria Reding si hace falta para que los eurodiputados no aborten en el último segundo la nueva propuesta. Siguiendo la bitácora de Washington también, no será ya Sinde, ni siquiera el Secretario de Estado Ros los que proclamen las líneas maestras del Made in Spain para internet. Miguel Sebastián ha cogido las riendas, al menos el megáfono, para que lo oigan en Washington.
CON LA BITÁCORA DE WASHINGTON
España está ya casi sola entre los Veintisiete, en el banco de los pocos estados que siguen aún sin pronunciarse con una regulación sobre las descargas de internet. No es sólo el repudio europeo, el muro del Constitucional galo y la amenaza del PP de llevar al Tribunal Constitucional español cualquier futura ley similar a la de Sarkozy lo que ha acabado por abortar las posibilidades del plan A de González-Sinde, el corte de Internet como penalización a las descargas, con el que desembarcó en el Ministerio. La SGAE y los creadores de contenidos ya han rendido ese sable. Lo hicieron antes del desencuentro que cercenó los hilos del diálogo con las operadoras en abril. Les marca las líneas rojas el Partido Socialista Europeo y los eurodiputados del PSOE.
La Casa Blanca aprieta las clavijas de González-Sinde, de Sebastián y de Ros. Ni la mediación del ministro Blanco ni los esfuerzos del lobby de la cultura española y las cifras de la industria nacional han podido evitar que el Congreso de los EE UU, a través de su Caucus Antipiratería Internacional, vea a España en su reciente lista global como la cuna de una "pandemia alarmante", uno de los cinco grandes reinos de la piratería mundial a través de internet, junto a China, Rusia, México y Canadá.
Los últimos datos del informe Recording Industry in Numbers: 2009, de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés) sitúan a España entre los 10 mercados con más piratería"; según sus cálculos, el 81% de los usuarios de Internet menores de 24 descargaban obras de páginas P2P, muy por encima de la media europea, de un 52%. Washington no sólo señala, le pone apellidos a su mapa internacional: el Gobierno de ZP "carece en gran parte de voluntad política" para resolver el problema. Respiran por las venas de la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA) -que representa a la industria cultural de EEUU, genera un 0,7% del PIB y elabora informes anuales para el Departamento de Comercio de Estados Unidos- y el rosario de sus recomendaciones: el liderazgo de la lucha contra "la piratería en internet" debe pasar a Industria de manos de un Ministerio de Cultura al que el Congreso y la IIPA le sacan todos los colores. A pesar de que el Parlamento hizo una petición formal en diciembre de 2008 al Ejecutivo para que estableciera un plan anti piratería, "la Administración aún no ha respondido".
En España, el bloqueo o la intervención de las páginas web sólo pueden ser decididos por un juez. Una línea roja que sintoniza con la última decisión del Parlamento Europeo con el paquete telecom. Además, las descargas de archivos por Internet hoy -incluyendo las sujetas a derechos de autor- son legales bajo la legislación española siempre que no se demuestre el ánimo de lucro. Por lo penal, la mayoría de procesos contra las páginas de enlaces han acabado con el sobreseimiento, como en el emblemático caso de Sharemula. Los jueces han considerado que estas páginas no almacenan archivos y da igual si tienen o no ánimo de lucro, ya que no existe comunicación pública. Además, es un requisito que no suele darse (y menos demostrarse) con nitidez. Y en los escasos procedimientos civiles que se han adelantado en España, los jueces han negado los procedimientos cautelares al considerar que no hay indicios a priori de que se esté infringiendo la ley de propiedad intelectual.
Por eso, agotadas la penal y la civil, la industria de los creadores se aferra a la vía administrativa. Pero incluso ese atajo -el cierre por vía no judicial de las páginas- requerirá cambios legislativos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), en un artículo de la ley de enjuiciamiento civil o, en su defecto, una gatera en la nueva Ley General Audiovisual. Ni los recelos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones "a la que apuntaba la Coalición- a convertirse en sheriff de internet (menos aún ahora que sabe que quedará huérfana de competencias audiovisuales) ni el empeño de Moncloa y el Ministerio de Industria por dar a luz el nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) lo más inmaculado posible obran a favor de los planes de Obama.
Por eso la bitácora de Washington le canta a Moncloa que tendrá que rematar un plan de acción conjunto contra las descargas ilícitas, reformar la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y la de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y retirar la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, que recuerda a los fiscales que compartir archivos sin ánimo de lucro no es delito. Como ha desvelado Público, la IIPA recomienda al Departamento de Comercio de EEUU hacer una revisión especial de la situación de España en agosto, para examinar si ha cumplido el plan sugerido. La secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (SETSI), que es la que ahora impulsa las conversaciones entre las operadoras (Redtel) y la Coalición de Contenidos, fue durante el 2008 la mala de la película a los ojos del Congreso y el lobby antipirata estadounidenses. Y no quiere seguir siéndolo. No, desde luego, ahora que EE UU busca aliados de este lado del Atlántico y que todos sus ojos mirarán a la presidencia española de la UE.
LA CARRERA DE LA CIBERSEGURIDAD
El informe de la empresa de seguridad Sophos le deja a España un sillón propio entre los "Dirty Dozen", la docena de países más emisores de "basura" en internet. Es responsable del 3,4% del spam mundial -el octavo "líder"mundial- y los informes de la Comisión Europea alertan de que los españoles se resisten a comprar por internet por miedo al fraude: sólo el 20% de los españoles ha realizado algún tipo de compra virtual en los últimos meses, frente al 32 % de media en la Unión Europea.
La Comisión Europea calcula que las amenazas digitales podrían costar 250.000 millones de euros a Europa en los próximos diez años, y Obama ha reconocido que en sólo dos años los ciberataques han costado 8.000 millones de dólares a los EEUU. Se lo recordaba en junio en persona a Zapatero la Secretaria de Seguridad Seguridad Nacional de EE UU, Janet Napolitano, durante su gira a Europa; el mismo mensaje que la Ministra de Defensa Carme Chacón se trajo de Estados Unidos: la ciberseguridad es una de las obsesiones de Barack Obama ha dedicado 90.000 funcionarios del Pentágono y 40 millones de dólares a ella sólo en el último semestre y quiere aliados de este lado del Atlántico. Italia ya ha comenzado a y tiene en Raoul Chiesa, ex hacker italiano, la jefatura técnica en ciberseguridad del Instituto Interregional de Investigación sobre Crimen y Justicia (UNICRI) de la ONU y ha firmado recientemente un acuerdo con Estados Unidos para luchar contra la ciberdelincuencia, que es un ejemplo del tipo de colaboración por el que abogan organizaciones como IMPACT (International Multilateral Partnership Against Cyber Threats.
Barak Obama se quedó sin su 'ciberzar', Melissa Hathaway, la, antigua responsable de los servicios de inteligencia con la administración Bush, y ha aprovechado para llevar al Senado una ley que podría entregar al presidente Barack Obama una especie de llave para apagar internet en determinados sectores privados, la versión mejorada del Cybersecurity Act of 2009 del congresista demócrata por West Virginia, Jay Rockefeller. Para irritación de Silicon Valley, la nueva legislación permitiría que, eventualmente, Obama declare estado de alerta para el sistema no gubernamental de computadoras y active un plan de contingencia para responder al supuesto peligro.
Moncloa comienza a hacer oídos para las advertencias de los analistas: la defensa del ciberespacio requiere una estrategia integral como país, y no solamente por parte de organismos públicos sino también de empresas, personas, y procesos. No quiere perder un tren que ya han seguido Francia o Reino Unido, con planes de ciberseguridad similares al estadounidense. Trata de hacer de la necesidad virtud: en junio, fue el Senado español el que le sacó los colores a la orfandad de una estrategia nacional y una autoridad centralizada y exigió al Gobierno que mejore la seguridad del ciberespacio, aprovechando la presidencia española de la UE y dé a luz un Plan Estratégico de Seguridad Nacional.
El barómetro de seguridad de Interoute, que mide los ataques en tiempo real, muestra que España es junto a Gran Bretaña el país más ciberatacado del mundo -en torno a 200.000 acciones hasta ahora- y Madrid la primera ciudad por alertas de riesgo, pero no hay un responsable claro que aúne todos los esfuerzos. Por un lado, los Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información (CERT, en inglés). Hay seis, tres de ámbito nacional. Por el otro, el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC). De la Vega y Ros sangran por las heridas de la dispersión de competencias. Tanto que, a pesar de seis CERT -en tres ministerios diferentes, Defensa, Industria e Interior- le han pedido a una entidad privada que marque la bitácora del Senado. Son los analistas privados los que le soplan al oído del Senado y de Moncloa las urgencias y las bitácoras del futuro.
Será el Consejo Nacional Consultivo de CiberSeguridad (CNCCS) -el "lobby" que reúne a las principales empresas españolas de "seguridad informática" (Panda Security, S21Sec, Hispasec y Secuware)- el padrino de la gestación del programa nacional y la creación de la figura de un "ciberzar", pero tratarán de subirse a la obligación asumida por la comisaria Reding y engendrar con apellidos propios un "Plan Europeo de Ciberseguridad", antes que el español aprovechando la presidencia de la UE en 2010. El presidente del Gobierno se conforma por ahora con elevar a su León natal a la categoría de epicentro de la ciberseguridad, al menos la europea, ahora que España acaba de sumarse, a través del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) al grupo de miembros permanentes de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) y colaborará de forma activa en el diseño de la estrategia europea de ciberseguridad. Moncloa busca que su retraso permita hacer un plan nacional a medida del de la UE, impulsar con la presidencia el sector -a la vista de las pérdidas en seguridad de millones de euros que descuentan los analistas- y trata de darle la vuelta a los galones de líder mundial en ciber-riesgos. Después de Estados Unidos y Alemania, España podría ser la tercera potencia en empresas de ciberseguridad.
El ministerio de Industria renunciaba en junio oficialmente a la penalización al usuario de descargas protegidas y se abrazaba sólo a la amenaza con pisarles los talones a los proveedores, para empezar a una "lista negra" de 200 webs a las que acusa del 80% de las descargas españolas. Moncloa le "leyó la cartilla" a González- Sinde y, además de apartarla de todos los escenarios de internet, le dejaba claro que tendría que conformarse con las leyes que ya existen en España. Nada de los "ajustes" en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información o en la Ley de Enjuiciamiento. Menos aún las sanciones sin juez que trataba de colar en la Ley General Audiovisual, en los predios de la CMT o en el perímetro del nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.
Pero las urgencias de Barack Obama pueden más. Londres y la UE han resucitado un fantasma que el mercado y el Consejo galo habían convertido ya en cadáver a los pies de Sarkozy: la propuesta, como poco, de cortes directos a instancia administrativa a los usuarios que reincidan en descargas "ilegales". Además, el retorno de las zancadas de la Comisaria Europea Vivianne Reding con el "paquete telecom" en ristre le destapa a Moncloa el horizonte de nuevas gateras legales y sobre todo, nuevos aliados en la UE con los que subirse otra vez al "barco antipirata". Ya no se conformará, como hasta ahora, con ser un segundón, lo más silente posible en el coro de la Unión y esperar a que Bruselas defina la brújula común. Zapatero y Sebastián quieren ser los "embajadores" europeos de la guerra al P2P a partir de 2010, exportar el "made in Spain" de los contenidos de internet a los Veintisiete y engendrar un Plan Europeo de ciberseguridad que supla la orfandad española con las banderas globales.
Zapatero quiere limpiarle los manchones de la mirada de Obama a un sector, el de los contenidos digitales, que facturó en 2008 un total de 15.858 millones de euros -un 15,8% más- que implica a 24,3 millones de personas y que ha hecho de España el segundo país del mundo que más utiliza las redes sociales y el líder mundial en firma electrónica, con entre 14 y15 millones de identificaciones. Ahora que Madrid acoge la III edición del Foro Internacional de Contenidos Digitales (Ficod 2009), la Setsi Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la arropa con el envoltorio del ICEX y el Plan Avanza 2.
El objetivo confeso es impulsar la industria de los contenidos digitales y ponerle puertas al campo de las redes sociales y los contenidos en los medios online. El otro, el ulterior, es sacarle brillo al aura "antipirata" a los ojos de la administración estadounidense. No es otro que EE UU el país invitado a Ficod 2009 ni otros que altos representantes de la Administración y asociaciones latinas de EE UU los que recibirán hasta el 19 de noviembre todas las atenciones y los mensajes del Ministerio de Industria e incluso directamente de Moncloa.
Moncloa sigue los consejos de Washington, deja las riendas en manos del Ministerio de Industria del arbitraje en la batalla del P2P y le niega a la ministra de Cultura sitio en el diálogo de sordos entre los operadores de internet y los propietarios de contenidos. Fernández de la Vega hace de González- Sinde la directora sin batuta de una partitura que ha tenido como único intérprete al Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros. A la ministra sólo le han dejado plantarle cara a los consumidores y prometer que las descargas de internet servirán, además, para cuantificar las ayudas al cine. Eso es todo. El Ejecutivo español cocina ya bajo presión un modelo "made in Spain", no sólo con la intención de que marque un nuevo horizonte a los contenidos de internet en España, sino con la aspiración de que sirva de bitácora a toda la UE. Pero las lanzas del desencuentro entre los operadores de telecomunicaciones, agrupados en Redtel y la industria audiovisual, representada por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido no se han movido desde el 16 de abril.
Las urgencias las pone sobre la mesa Rodríguez Zapatero: las de la visita del presidente del Gobierno a Obama el 16 de octubre, los informes de la Casa Blanca sobre el mercado español y la presidencia de la UE le marcan el paso y ponen en rojo este trimestre en el calendario. Se asoma a la foto de Alejo Vidal-Quadras, por encima de los recelos de Genova, que se niega a los cortes y las sanciones sin juicio a los usuarios de internet. Aunque tenga que saltarse los colores políticos allende los Pirineos, Zapatero tratará de aprovechar que el diputado del PP es, desde la semana pasada, el presidente de la Comisión que negociará desde noviembre el futuro de las descargas de contenidos en la Unión Europea.
Ahora que los Veintisiete han retomado la sintonía sobre el "paquete telecom" que habían alcanzado en junio, el futuro de internet vuelve a ser el único fleco pendiente para la mayor regulación del sector de las telecomunicaciones europeo. Fue justamente la propuesta de protección jurídica para los usuarios de internet con cerca de un 90% de votos a favor en el Europarlamento lo que devolvió de nuevo a la mesa de negociación "antes de los comicios europeos- todo el corpus legislativo. Pero Vivianne Reding está de regreso. Esta vez Moncloa está dispuesta a hacer lobby hasta con la Comisaria Reding si hace falta para que los eurodiputados no aborten en el último segundo la nueva propuesta. Siguiendo la bitácora de Washington también, no será ya Sinde, ni siquiera el Secretario de Estado Ros los que proclamen las líneas maestras del Made in Spain para internet. Miguel Sebastián ha cogido las riendas, al menos el megáfono, para que lo oigan en Washington.
CON LA BITÁCORA DE WASHINGTON
España está ya casi sola entre los Veintisiete, en el banco de los pocos estados que siguen aún sin pronunciarse con una regulación sobre las descargas de internet. No es sólo el repudio europeo, el muro del Constitucional galo y la amenaza del PP de llevar al Tribunal Constitucional español cualquier futura ley similar a la de Sarkozy lo que ha acabado por abortar las posibilidades del plan A de González-Sinde, el corte de Internet como penalización a las descargas, con el que desembarcó en el Ministerio. La SGAE y los creadores de contenidos ya han rendido ese sable. Lo hicieron antes del desencuentro que cercenó los hilos del diálogo con las operadoras en abril. Les marca las líneas rojas el Partido Socialista Europeo y los eurodiputados del PSOE.
La Casa Blanca aprieta las clavijas de González-Sinde, de Sebastián y de Ros. Ni la mediación del ministro Blanco ni los esfuerzos del lobby de la cultura española y las cifras de la industria nacional han podido evitar que el Congreso de los EE UU, a través de su Caucus Antipiratería Internacional, vea a España en su reciente lista global como la cuna de una "pandemia alarmante", uno de los cinco grandes reinos de la piratería mundial a través de internet, junto a China, Rusia, México y Canadá.
Los últimos datos del informe Recording Industry in Numbers: 2009, de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés) sitúan a España entre los 10 mercados con más piratería"; según sus cálculos, el 81% de los usuarios de Internet menores de 24 descargaban obras de páginas P2P, muy por encima de la media europea, de un 52%. Washington no sólo señala, le pone apellidos a su mapa internacional: el Gobierno de ZP "carece en gran parte de voluntad política" para resolver el problema. Respiran por las venas de la Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA) -que representa a la industria cultural de EEUU, genera un 0,7% del PIB y elabora informes anuales para el Departamento de Comercio de Estados Unidos- y el rosario de sus recomendaciones: el liderazgo de la lucha contra "la piratería en internet" debe pasar a Industria de manos de un Ministerio de Cultura al que el Congreso y la IIPA le sacan todos los colores. A pesar de que el Parlamento hizo una petición formal en diciembre de 2008 al Ejecutivo para que estableciera un plan anti piratería, "la Administración aún no ha respondido".
En España, el bloqueo o la intervención de las páginas web sólo pueden ser decididos por un juez. Una línea roja que sintoniza con la última decisión del Parlamento Europeo con el paquete telecom. Además, las descargas de archivos por Internet hoy -incluyendo las sujetas a derechos de autor- son legales bajo la legislación española siempre que no se demuestre el ánimo de lucro. Por lo penal, la mayoría de procesos contra las páginas de enlaces han acabado con el sobreseimiento, como en el emblemático caso de Sharemula. Los jueces han considerado que estas páginas no almacenan archivos y da igual si tienen o no ánimo de lucro, ya que no existe comunicación pública. Además, es un requisito que no suele darse (y menos demostrarse) con nitidez. Y en los escasos procedimientos civiles que se han adelantado en España, los jueces han negado los procedimientos cautelares al considerar que no hay indicios a priori de que se esté infringiendo la ley de propiedad intelectual.
Por eso, agotadas la penal y la civil, la industria de los creadores se aferra a la vía administrativa. Pero incluso ese atajo -el cierre por vía no judicial de las páginas- requerirá cambios legislativos en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), en un artículo de la ley de enjuiciamiento civil o, en su defecto, una gatera en la nueva Ley General Audiovisual. Ni los recelos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones "a la que apuntaba la Coalición- a convertirse en sheriff de internet (menos aún ahora que sabe que quedará huérfana de competencias audiovisuales) ni el empeño de Moncloa y el Ministerio de Industria por dar a luz el nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) lo más inmaculado posible obran a favor de los planes de Obama.
Por eso la bitácora de Washington le canta a Moncloa que tendrá que rematar un plan de acción conjunto contra las descargas ilícitas, reformar la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y la de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y retirar la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, que recuerda a los fiscales que compartir archivos sin ánimo de lucro no es delito. Como ha desvelado Público, la IIPA recomienda al Departamento de Comercio de EEUU hacer una revisión especial de la situación de España en agosto, para examinar si ha cumplido el plan sugerido. La secretaría de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (SETSI), que es la que ahora impulsa las conversaciones entre las operadoras (Redtel) y la Coalición de Contenidos, fue durante el 2008 la mala de la película a los ojos del Congreso y el lobby antipirata estadounidenses. Y no quiere seguir siéndolo. No, desde luego, ahora que EE UU busca aliados de este lado del Atlántico y que todos sus ojos mirarán a la presidencia española de la UE.
LA CARRERA DE LA CIBERSEGURIDAD
El informe de la empresa de seguridad Sophos le deja a España un sillón propio entre los "Dirty Dozen", la docena de países más emisores de "basura" en internet. Es responsable del 3,4% del spam mundial -el octavo "líder"mundial- y los informes de la Comisión Europea alertan de que los españoles se resisten a comprar por internet por miedo al fraude: sólo el 20% de los españoles ha realizado algún tipo de compra virtual en los últimos meses, frente al 32 % de media en la Unión Europea.
La Comisión Europea calcula que las amenazas digitales podrían costar 250.000 millones de euros a Europa en los próximos diez años, y Obama ha reconocido que en sólo dos años los ciberataques han costado 8.000 millones de dólares a los EEUU. Se lo recordaba en junio en persona a Zapatero la Secretaria de Seguridad Seguridad Nacional de EE UU, Janet Napolitano, durante su gira a Europa; el mismo mensaje que la Ministra de Defensa Carme Chacón se trajo de Estados Unidos: la ciberseguridad es una de las obsesiones de Barack Obama ha dedicado 90.000 funcionarios del Pentágono y 40 millones de dólares a ella sólo en el último semestre y quiere aliados de este lado del Atlántico. Italia ya ha comenzado a y tiene en Raoul Chiesa, ex hacker italiano, la jefatura técnica en ciberseguridad del Instituto Interregional de Investigación sobre Crimen y Justicia (UNICRI) de la ONU y ha firmado recientemente un acuerdo con Estados Unidos para luchar contra la ciberdelincuencia, que es un ejemplo del tipo de colaboración por el que abogan organizaciones como IMPACT (International Multilateral Partnership Against Cyber Threats.
Barak Obama se quedó sin su 'ciberzar', Melissa Hathaway, la, antigua responsable de los servicios de inteligencia con la administración Bush, y ha aprovechado para llevar al Senado una ley que podría entregar al presidente Barack Obama una especie de llave para apagar internet en determinados sectores privados, la versión mejorada del Cybersecurity Act of 2009 del congresista demócrata por West Virginia, Jay Rockefeller. Para irritación de Silicon Valley, la nueva legislación permitiría que, eventualmente, Obama declare estado de alerta para el sistema no gubernamental de computadoras y active un plan de contingencia para responder al supuesto peligro.
Moncloa comienza a hacer oídos para las advertencias de los analistas: la defensa del ciberespacio requiere una estrategia integral como país, y no solamente por parte de organismos públicos sino también de empresas, personas, y procesos. No quiere perder un tren que ya han seguido Francia o Reino Unido, con planes de ciberseguridad similares al estadounidense. Trata de hacer de la necesidad virtud: en junio, fue el Senado español el que le sacó los colores a la orfandad de una estrategia nacional y una autoridad centralizada y exigió al Gobierno que mejore la seguridad del ciberespacio, aprovechando la presidencia española de la UE y dé a luz un Plan Estratégico de Seguridad Nacional.
El barómetro de seguridad de Interoute, que mide los ataques en tiempo real, muestra que España es junto a Gran Bretaña el país más ciberatacado del mundo -en torno a 200.000 acciones hasta ahora- y Madrid la primera ciudad por alertas de riesgo, pero no hay un responsable claro que aúne todos los esfuerzos. Por un lado, los Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información (CERT, en inglés). Hay seis, tres de ámbito nacional. Por el otro, el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC). De la Vega y Ros sangran por las heridas de la dispersión de competencias. Tanto que, a pesar de seis CERT -en tres ministerios diferentes, Defensa, Industria e Interior- le han pedido a una entidad privada que marque la bitácora del Senado. Son los analistas privados los que le soplan al oído del Senado y de Moncloa las urgencias y las bitácoras del futuro.
Será el Consejo Nacional Consultivo de CiberSeguridad (CNCCS) -el "lobby" que reúne a las principales empresas españolas de "seguridad informática" (Panda Security, S21Sec, Hispasec y Secuware)- el padrino de la gestación del programa nacional y la creación de la figura de un "ciberzar", pero tratarán de subirse a la obligación asumida por la comisaria Reding y engendrar con apellidos propios un "Plan Europeo de Ciberseguridad", antes que el español aprovechando la presidencia de la UE en 2010. El presidente del Gobierno se conforma por ahora con elevar a su León natal a la categoría de epicentro de la ciberseguridad, al menos la europea, ahora que España acaba de sumarse, a través del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) al grupo de miembros permanentes de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) y colaborará de forma activa en el diseño de la estrategia europea de ciberseguridad. Moncloa busca que su retraso permita hacer un plan nacional a medida del de la UE, impulsar con la presidencia el sector -a la vista de las pérdidas en seguridad de millones de euros que descuentan los analistas- y trata de darle la vuelta a los galones de líder mundial en ciber-riesgos. Después de Estados Unidos y Alemania, España podría ser la tercera potencia en empresas de ciberseguridad.
