MARÍA CUESTA | MADRID/ABC .- El ministerio de Miguel Sebastián, a través de la Secretaría de Estado del sector que preside Francisco Ros, ha hecho llegar tanto a las «telecos», agrupadas en Redtel, como a la Coalición de Creadores e Industrias de Contenido, su deseo de cerrar antes de fin de año un proyecto de regulación de la materia, para lo cual es «absolutamente necesario» que se retome cuanto antes el diálogo entre las parte que se rompió el pasado mes de abril.
Fuentes cercanas a la Coalición que integran las patronales del cine, la música, el software y las sociedades de gestión de derechos como SGAE, aseguran que en el mundo de la cultura hay voluntad por volver a la mesa de negociaciones y lograr así la autorregulación del sector. Sin embargo, las mismas fuentes destacan la rotunda negativa que ha recibido Industria de parte de Telefónica, Vodafone, Orange y Ono (miembros de Redtel) ante la posible reanudación del diálogo, y ello, pese a la insistencia de Industria para que abandonen esta postura. Sin embargo, el sector no volverá a sentarse con los propietarios de contenidos hasta que el Gobierno ponga negro sobre blanco un proyecto del marco legal.
El trasfondo del nuevo requerimiento de Industria conduce directamente a Moncloa. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere llegar a la presidencia europea con un modelo «made in Spain» que dé solución al problema de la propiedad intelectual en internet en el viejo continente. Ya apuntaban en esta dirección las declaraciones de Ros durante el encuentro anual del sector celebrado a principios de septiembre, cuando aseguró que la regulación de las descargas en internet debe hacerse «en un entorno internacional porque las redes están repartidas por todo el mundo».
Modelo sostenible
Además, así se lo habría solicitado el propio Obama, quien exhortó al Ejecutivo español a resolver una situación que se agudiza en nuestro país y que, además de dañar gravemente la cuenta de resultados de las empresas de entretenimiento norteamericanas, estaría propiciando que páginas ilegales cerradas en Estados Unidos utilizaran servidores españoles.
Sin embargo, el ansiado desbloqueo de las posturas que dé vía libre a la construcción consensuada de un modelo de negocio sostenible en internet no parece sencillo. Poco antes de la vacaciones de verano, a mediados de junio, el mundo de la cultura dio en parte su brazo a torcer anunciando su renuncia a la aplicación de cualquier tipo de medida que penalizara a los más de ocho millones de internautas particulares que hoy por hoy realizan descargas por internet. En su lugar, propuso que el Gobierno regulara únicamente la persecución de las páginas web que faciliten los enlaces que permiten que, de hecho, se realicen esas descargas, de tal modo que puedan ser desalojadas o su acceso quede bloqueado.
Sin embargo, las operadoras han seguido insistiendo en que sólo con una oferta de contenidos de pago de calidad y una adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual pueden satisfacerse las demandas de los implicados para crear un marco legal en el que desarrollar el negocio de contenidos digitales en red.
Básicamente, las «telecos» consideran que los propietarios de contenidos deben construir una oferta atractiva en internet y disuadir, mediante campañas de información, del consumo ilegal de estos contenidos. Como complemento, proponen que el Gobierno, los suministradores de contenidos y los operadores de servicios «on line» cooperen en la creación de campañas de sensibilización.
Fuentes cercanas a la Coalición que integran las patronales del cine, la música, el software y las sociedades de gestión de derechos como SGAE, aseguran que en el mundo de la cultura hay voluntad por volver a la mesa de negociaciones y lograr así la autorregulación del sector. Sin embargo, las mismas fuentes destacan la rotunda negativa que ha recibido Industria de parte de Telefónica, Vodafone, Orange y Ono (miembros de Redtel) ante la posible reanudación del diálogo, y ello, pese a la insistencia de Industria para que abandonen esta postura. Sin embargo, el sector no volverá a sentarse con los propietarios de contenidos hasta que el Gobierno ponga negro sobre blanco un proyecto del marco legal.
El trasfondo del nuevo requerimiento de Industria conduce directamente a Moncloa. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, quiere llegar a la presidencia europea con un modelo «made in Spain» que dé solución al problema de la propiedad intelectual en internet en el viejo continente. Ya apuntaban en esta dirección las declaraciones de Ros durante el encuentro anual del sector celebrado a principios de septiembre, cuando aseguró que la regulación de las descargas en internet debe hacerse «en un entorno internacional porque las redes están repartidas por todo el mundo».
Modelo sostenible
Además, así se lo habría solicitado el propio Obama, quien exhortó al Ejecutivo español a resolver una situación que se agudiza en nuestro país y que, además de dañar gravemente la cuenta de resultados de las empresas de entretenimiento norteamericanas, estaría propiciando que páginas ilegales cerradas en Estados Unidos utilizaran servidores españoles.
Sin embargo, el ansiado desbloqueo de las posturas que dé vía libre a la construcción consensuada de un modelo de negocio sostenible en internet no parece sencillo. Poco antes de la vacaciones de verano, a mediados de junio, el mundo de la cultura dio en parte su brazo a torcer anunciando su renuncia a la aplicación de cualquier tipo de medida que penalizara a los más de ocho millones de internautas particulares que hoy por hoy realizan descargas por internet. En su lugar, propuso que el Gobierno regulara únicamente la persecución de las páginas web que faciliten los enlaces que permiten que, de hecho, se realicen esas descargas, de tal modo que puedan ser desalojadas o su acceso quede bloqueado.
Sin embargo, las operadoras han seguido insistiendo en que sólo con una oferta de contenidos de pago de calidad y una adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual pueden satisfacerse las demandas de los implicados para crear un marco legal en el que desarrollar el negocio de contenidos digitales en red.
Básicamente, las «telecos» consideran que los propietarios de contenidos deben construir una oferta atractiva en internet y disuadir, mediante campañas de información, del consumo ilegal de estos contenidos. Como complemento, proponen que el Gobierno, los suministradores de contenidos y los operadores de servicios «on line» cooperen en la creación de campañas de sensibilización.
